Legislando a golpe de mazo

Tribunal Constitucional | tribunalconstitucional.es

El descrédito que sufren las instituciones no es nada nuevo. Ni la del país. Cada día, se conocen nuevos datos que avalan el descrédito del sistema democrático. El último, el del CIS, según el cual, más de 6 de cada 10 españoles dicen estar descontentos con la democracia española. El indicador es un varapalo sin paliativos al gobierno, las instituciones, la situación de precariedad laboral, las medidas económicas, el funcionamiento de la justicia y, sobre todo, a las políticas y los políticos. 

Cuando se conocen datos de este tipo, automática salta la pregunta: ¿de quién es la culpa? La respuesta es más complicada de formular pero existen culpables y responsables; los que han sido condenados por delitos y han lastrado la credibilidad institucional y los que, sin haber cometido delitos, han sido partícipes de esta erosión democrática a través de su (no) hacer. 

 Una vez pronunciada la justicia, tiene poco sentido hablar de culpables, más allá del daño que han provocado a la marca España. Y no son desahuciados, ni pensionistas, ni inmigrantes, sino empresarios, banqueros o políticos. Aunque aparte de algunos culpables, los representantes políticos, por cuanto son y por cuanto han hecho, sí son responsables de la pésima situación y de que nuestro país está entre los 30 más corruptos del mundo y el cuarto en riesgo de pobreza de la Unión Europea. 

En esta vorágine destructora en la que nos encontramos, diputados y senadores se han encargado de judicializar la política española. Siendo incapaces de afrontar con honestidad y altura de miras las cuestiones de Estado, PP, PSOE y algún otro están haciendo política a golpe de mazo, con el irreversible lastre que esta práctica supone para la justicia y la política. Y aún más, están convirtiendo al tribunal garante de los derechos constitucionales, en juez y partido de decisiones que deberían ser exclusivamente políticas. 

Aunque esta práctica no viene de ahora. Desde 2010, los recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional han aumentado por la litigiosidad entre el Estado y las comunidades autónomas. Este año, sin cerrarse aún, se tiene visos de incrementar la cifra de años pasados a tenor de los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la reforma laboral, el decreto sanitario, las tasas judiciales y, si prospera, la nueva ley de educación. Todas estas cuestiones, sin embargo, se derivan a un órgano ajeno cuando deben resolverse a través de la política. De lo contrario, se pervierte el sistema democrático y se instrumentaliza al garante de la Constitución con fines partidistas, contribuyendo a su inexorable pérdida de legitimidad y la de sus decisiones. 

Si queremos que las sentencias del Tribunal Constitucional se tomen como la máxima expresión del Estado, el primer paso es no denigrarlo a través de decisiones que corresponden a sus gestores. Sin embargo, la incapacidad de los representantes actuales para alejarse de la disputa de partidos y conformar grandes acuerdos de Estado, están destruyendo la forma constructiva de hacer política. Unas consecuencias que ya estamos sufriendo y que, de no remediarlo, lastrarán la credibilidad de las políticas, los políticos y las instituciones, si cabe, aún más. El fondo puede estar aún más profundo.

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Yo aquí y ellos en las antípodas

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Esta semana se ha puesto de manifiesto algo que ya se conocía. El PSOE no está resquebrajado, está roto, hundido y con una base social que huye hacia fuerzas políticas del entorno. No debe ser ninguna sorpresa porque es un fenómeno que ya se constató hace meses, con la mayor derrota electoral de su historia. Sin embargo, el desapego ¿es exclusivo del PSOE o afecta por igual al resto de representantes políticos? 

La tensión en las cúpulas del PP y del PSOE debe ser máxima. Desde hace tiempo saben que están lejos de los ciudadanos, más allá de sus aférrimos seguidores, pero aún no han hecho nada por invertir esta situación. El PP, gracias a sus medidas "en favor de la recuperación económica", está abriendo una inmensa brecha con la ciudadanía a un ritmo inaudito. Por si fuera poco, su campaña recentralizadora, defensora de la unidad nacional y su todos a una, está haciendo un favor increíble a las fuerzas nacionalistas, que se convertirán en adalides de movimientos independentistas en los próximos meses. Se salvan, de momento, gobiernos regionales como el de Feijoó que han matizado el férreo programa impuesto por la dirección nacional y se han encontrado sin una oposición capaz de hacerle sombra. 

Por su parte, en el PSOE están observando cómo el barco se hunde sin saber dónde está la fisura y sin averiguar con qué materiales pueden sellarla. El principio del fin comenzó en 2008 y se aceleró a partir de mayo de 2010. Desde entonces, los votantes ya no saben si el PSOE es un partido socialista, de izquierdas, de centro, europeísta o simplemente, antiMerkelista. Tampoco ha servido, a la luz de los acontecimientos, la regeneración exprés que se hizo en el último congreso federal situando en uno de los baluartes de Zapatero a la cabeza del partido. La sombra de ZP es todavía muy alargada. 

Mientras en estos partidos se suceden los estudios y las encuestas sobre cómo afrontar sus respectivos problemas, otros como Izquierda Unida, a medio camino entre lo constitucional y lo revolucionario, siguen aumentando su respaldo. ¿Se puede extraer alguna conclusión de este fenómeno? La proliferación de votantes hacia posiciones nacionalistas y otras más reformadoras evidencia algo obvio: la gente quiere alternativas a lo conocido. Todavía no la inmensa mayoría, pero sí, una buena parte de los españoles cada vez más nutrida. 

Hay otros datos muy importantes que están en la base de todo este fenómeno. La abstención electoral. En las últimas elecciones vascas y gallegas, el porcentaje de población que no se acercó a las urnas superó el 34%, más alto que en los últimos comicios regionales y tres puntos más que la abstención de las elecciones generales de 2011. Una ausencia de votos que empieza a ser significativa y que se está canalizando en otras formas de participación en política que, no obstante, están siendo criminalizadas por el Gobierno. 

Los ‘Rodea el Congreso’ que se están produciendo en estas semanas, son una forma más de presión hacia el enemigo identificado: los representantes políticos. Sus reclamaciones tienen mucho que ver con la crisis financiera y la forma en la que los gobiernos están afrontando las medidas, cargando la gran parte del coste económico, sobre la clase media. Pero en lugar de informar de forma transparente y tender una mano a los ciudadanos más críticos con el fin de rebajar la tensión, gran parte del arco parlamentario se enroca en discursos indescifrables y establecen la etiqueta de 'golpista' a todo aquel que protesta a las puertas del Parlamento. 

Los partidos tradicionales no están respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y están demostrando no estar a la altura para lidiar con la mayor crisis de la Historia. La connivencia más o menos consciente con la especulación inmobiliaria y financiera, la corrupción política, la incapacidad para frenar el padecimiento de la clase media y la falta de alternativas reales a la situación actual, están provocando que la distancia entre pueblo y políticos sea abismal. Y lo peor de esta crisis está aún por venir. O cambia la actitud negacionista y lejana de los representantes políticos, comenzando por el Gobierno de la nación, o la fractura social llegará a un punto irreversible que coqueteará con lo peligroso. Una situación que puede estar más cerca de lo esperado.

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Una conferencia de presidentes ausentes

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Los presidentes autonómicos faltaron a su cita en la Conferencia de Presidentes. En su lugar, al Senado acudieron sombras espectrales o dobles magníficamente camuflados que, en ningún momento, tuvieron la capacidad de negociación política que se presume a los originales. Los genuinos líderes populares fueron los únicos que estuvieron corpóreamente para bailar al son que marcaba el presidente del Gobierno. Del resto, no se sabe nada. 

Lo extraño es que estaban citados todos. Los que reclaman el independentismo de las regiones, un mayor autogobierno y una revisión del modelo fiscal autonómico. Los que denuncian el incumplimiento de los estatutos de autonomía. Los que se quejan del reparto del déficit y solicitan una revisión inmediata. Y aquellos que abogan por establecer políticas de crecimiento y no modificar las pensiones. A todos se les invitó, pero ninguno de ellos, acudió. 

Sólo así se puede entender el resultado de la Conferencia de Presidentes. Una reunión buena para la imagen exterior pero inútil para la realidad de España porque más allá del manido compromiso del déficit y una vaga promesa de modificar los criterios de reparto del déficit para 2014, todo sigue y seguirá igual. 

 La responsabilidad institucional y la altura de miras se hacen necesarias. En estos momentos, la ciudadanía solicita acuerdos entre los grupos políticos, sean del grupo que sea. En este sentido, la unidad mostrada hacia Europa es más que positiva para los intereses nacionales. Aunque, resulta sintomático, que el único acuerdo celebrado entre políticos de distinto signo, se refiera al cumplimiento del déficit y a una futura e indeterminada revisión del sistema de reparto del mismo. Una política marcada desde Bruselas, que desatiende las necesidades y las reclamaciones de los ciudadanos que gritan a viva voz diariamente en las calles. Cualquier persona de a pie podría pensar que en lo único en lo que PP, PSOE o CIU estarían de acuerdo es en cumplir con Europa. ¿Y con los españoles, qué? 

A pesar de la satisfacción con la que todos los presidentes regionales abandonaron la conferencia, las autonomías tendrán que seguir haciendo frente durante los dos próximos años a las competencias con mayor gasto –Sanidad y Educación- mirando de soslayo la sombra de la soga para intentar evitar la asfixia. Tampoco se acordó ningún plan de empleo conjunto, prioridad absoluta para todos los gobiernos en sus discursos políticos. Y, puestos a negociar, antes de fijar nuevos criterios de reparto, ni siquiera se mencionó la posibilidad de revisar desde la base el sistema fiscal autonómico. 

Todo ha quedado en la anécdota. En la foto. Pero los líderes regionales continúan con sus discursos y su crítica al Ejecutivo central, solicitando más autogobierno y más federalismo “cooperativo”, en palabras del propio Griñán. Sin embargo, se ausentan del máximo órgano conjunto de negociación entre autonomías y Gobierno Central donde ninguno de ellos –ni siquiera, Mas, el más rebelde de todos- fue capaz de poner sobre la mesa unos problemas que afectan a todo el país. 

No estaría de más recordar esta cita a aquellos presidentes autonómicos que en las próximas semanas atribuyan al Gobierno Central por enésima vez los problemas con los que conviven sus ciudadanos. El presidente del Gobierno tiene la mayor cuota de responsabilidad en esta situación pero los líderes autonómicos junto a sus reclamaciones de autogobierno y revisión fiscal, deben acompañar una carta de asunción de responsabilidades en la proporción que les corresponde.

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Visto para sentencia

Las instituciones no están en su mejor momento. A la crisis política, social y económica se suma la judicial, que lleva coleando desde hace algunos años. Aunque ha sido ahora con la dimisión obligada de Dívar como representante del Supremo y del órgano de los jueces, cuando se ha abierto una fisura en el poder judicial. La grieta se acrecienta cuando es el propio Tribunal Constitucional el que queda cuestionado. Todos los pasos que se están dando en mitad de esta crisis institucional están provocando una desconfianza absoluta de los ciudadanos hacia las instituciones que los presentan. 

La huida de Carlos Dívar, hasta ahora presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha provocado que ambos órganos jurisdiccionales queden descabezados. Dívar ha sido la segunda figura judicial en caer, la primera fue Garzón aunque por motivos bien distintos. La utilización de fondos públicos para viajes privados a Marbella ha contagiado al poder judicial del recelo con el que los ciudadanos observan a la clase política. La justicia ha quedado manchada. Aunque existen más órganos afectados. 

El Tribunal Constitucional era, hasta tiempos recientes, uno de los pocos reductos que gozaba de cierto prestigio institucional. Aunque en España la justicia nunca ha sido bien valorada por los ciudadanos, el Alto tribunal, rodeado de un halo de magnificencia entre el misterio y la admiración, conservaba una imagen respetable que en los últimos años PP y PSOE se han encargado de destruir. En estas semanas, mientras España observa con recelo el rescate financiero y espera la llegada de los hombres de negro para tutelar nuestra economía, el Constitucional ha entrado en crisis. 

La legalización de Sortu no ha sentado nada bien en el Gobierno de Mariano Rajoy y sus compañeros de partido se han armado para declarar la guerra al Alto Tribunal. La avanzadilla inicial corrió a cargo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que discrepó de la sentencia, aunque la artillería pesada estuvo dirigida por Esperanza Aguirre que impulsó la ofensiva abogando por la desaparición del tribunal. Objetivo: acabar con un tribunal al que ahora consideran deslegitimado. Atrás queda ya el año 2005 cuando el PP recurrió al Constitucional la ley de matrimonios homosexuales. Entonces, era un órgano legitimado para contradecir al gobierno de Zapatero. Cuanto menos resulta curioso que ahora, en 2012, cuando sus sentencias chocan ideológicamente con el partido en el poder, carezca de legitimidad. 

Si el prestigio del Constitucional está bajo mínimos es a causa del excesivo uso político que han efectuado los partidos en el gobierno. Una tendencia que, lejos de desaparecer, está en auge. Recientemente, el PSOE ha presentado dos recursos al Alto Tribunal. Uno, destinado a frenar la amnistía fiscal del Gobierno. El segundo, impulsado por el PSOE de Andalucía, pretende detener los cambios que anuncia la reforma sanitaria. 

El Partido Socialista quiere abanderar la lucha por el progreso y el estado de bienestar pero, al carecer de los suficientes apoyos políticos, introduce a un nuevo jugador, el Constitucional. Pero ambos casos se deben leer en clave política puesto que el PSOE es co-responsable del bloqueo en la renovación del Constitucional, donde aún residen cuatro miembros con mandatos vencidos desde 2010. Resulta paradójico que mientras el Alto Tribunal está bloqueado, se recurra a él para dirimir sobre cuestiones que poseen un tufo electoralista bastante evidente. 

No hay duda de que las instituciones poseen una salud muy frágil. La vorágine destructora en la que estamos insertos está consumiendo los poderes clásicos del Estado. Legislativo y Ejecutivo aguardan en un estado catatónico del que sólo despertarán con un electroshock democrático impulsado desde la ciudadanía. Ahora es turno del Judicial. Por encima de todos ellos está el Tribunal Constitucional, creado para garantizar del orden democrático del Estado, pero que también se ha contagiado de la crisis institucional en la que está inmerso el país. 

La solución no es buscar a los culpables sino restaurar la confianza en las instituciones. En ese sentido, las declaraciones de Aguirre hacen un flaco favor para conseguirlo, más aún cuando PP y PSOE durante años han considerando al Alto Tribunal como un aliado para sus intereses políticos. Unas guerras políticas que han acabado por transformar en un actor político a un órgano cuya misión se sitúa por encima de revanchas partidistas. 

A partir de aquí, los dos grandes partidos pueden dejar morir lentamente al órgano siguiendo la doctrina actual, basada en la politización y el bloqueo. O pueden reconstituir su confianza y otorgarle la legitimidad perdida acelerando el desbloqueo y cambiando su modo de hacer política. Los hechos están probados, las pruebas, sobre la mesa. El asunto queda visto para sentencia.

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Fin de ciclo

Javier Arenas ha renunciado a presidir el Partido Popular de Andalucía a partir del próximo congreso regional. Para algunos, es una decisión que llega muy tarde. Para otros, aún tiene recorrido como líder de los populares andaluces. Lo indiscutible es que Arenas abre un nuevo ciclo político del PP de Andalucía del que poco se sabe salvo que su líder provisional será José Ignacio Zoido. 

Javier Arenas nunca podrá presidir la Junta de Andalucía. Su anuncio de que no volverá a presentarse a la reelección de la presidencia del PP en Andalucía, pese a ser previsible, no ha dejado indiferente a nadie. Hasta el propio presidente de la Junta le ha dedicado las típicas palabras de reconocimiento que se ofrece a los que están cerrando su carrera profesional. Aunque Arenas no se va la política. De hecho, tras la noticia, comenzaron las quinielas sobre un posible paso por la Moncloa debido a su amistad con Mariano Rajoy. 

La historia de Arenas es la del antihéroe. Aquel que lucha por una causa pero nunca la consigue. Desde que asumió la jefatura del PP en Andalucía en 1993, hasta en cuatro ocasiones ha intentado alcanzar la presidencia de la Junta. Pero primero Chaves (en tres ocasiones) y luego Griñán se han interpuesto en su camino. La última ha sido la oportunidad más cercana en las que todas las encuestas le daban como ganador. Y ganó. Pero no gobernó porque Andalucía se resiste a dejar de ser el bastión socialista por excelencia. Arenas deja el partido con la primera victoria del PP en unas elecciones parlamentarias en Andalucía. Pero no ha conseguido quitarse la piedra que siempre le ha incomodado accediendo a la presidencia de la Junta. En cualquier caso, para los populares, Arenas se marcha por la puerta grande. 

Ahora comienza el cambio de ciclo. Arenas parece estar mirando a la capital de España como lugar para desarrollar su futuro político pero no quiere que el PP de Andalucía se agriete y pierda lo conseguido en las elecciones. Por eso ha señalado a José Ignacio Zoido para que presente su candidatura a la presidencia del partido. Arenas no está por la labor de rejuvenecer la cúpula de su partido, una estrategia que ya está iniciando el PSOE. 

Prefiere la veteranía a la juventud, por eso elige a un político de su misma edad, curtido en mil batallas y una de las cabezas del partido en Andalucía al conseguir la alcaldía de Sevilla. El gesto de Arenas le otorga cierta ventaja y, además, goza de un honorable cartel en la región. Aunque el mayor inconveniente de Zoido es, precisamente, su multifuncionalidad. En la actualidad, ocupa tres cargos públicos, si bien el propio Zoido ha confirmado que si finalmente sale elegido para la jefatura del PP-A, renunciará a la presidencia de la FEMP. Aun así, ¿es compatible el cargo de alcalde de Sevilla con el de presidente de los populares andaluces? 

Sea quien fuere, el sustituto de Arenas afrontará una ardua tarea por delante. De un lado, tendrá que mantener la imagen del PP que le ha permitido ser el partido más votado. No obstante, contará con dos grandes hándicaps. El primero, la pérdida de credibilidad que está sufriendo el gobierno de Mariano Rajoy y, por ende, los dirigentes populares. En segundo lugar, tendrá que luchar para conseguir lo que hasta ahora nadie ha logrado: que el Partido Popular gobierne en Andalucía. ¿Conseguirá algún dirigente del PP romper con la actual maldición de Javier Arenas?

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Locura helena

Después de todo lo escrito, escuchado y visto en todos los medios de comunicación sobre las elecciones en Grecia, existe un pensamiento colectivo, que yo mismo escuché en boca de un conocido: “los griegos están locos”. Una expresión que resume la fría interpretación que realizamos a 2.400 kilómetros de distancia de una situación de represión que ahoga a los ciudadanos y que no es propia del segundo corpus mundial, como es la Unión Europea, sino que se aproxima a la identidad de los regímenes totalitarios. 

Esta situación de hartazgo de la población helena se ha representado fidedignamente en las últimas elecciones donde los dos partidos mayoritarios – PSOK (socialista) y Nueva Democracia (conservador)- han caído estrepitosamente por ser los máximos exponentes del empobrecimiento que sufre el país. Por el contrario, han florecido fuerzas políticas que se sitúan a la izquierda y a la derecha de los mayoritarios. El caso más sonado ha sido el ascenso (con una representación parlamentaria de 21 escaños) de un partido filonazi, protonazi, neonazi o, simplemente, nazi que ha reunido las simpatías de cerca de medio millón de griegos. 

Ya hemos conocido algunos de los recaditos enviados por los nazis de 'Amanecer Dorado' y sus intimidatorias prácticas con periodistas. En todo aquel amante de la libertad y la democracia provoca una repulsa y una indignación incalificables que preceden a la pregunta “¿cómo han podido llegar unos nazis hasta ahí?”. Y tras pensar y pensar, difícilmente conseguiremos una respuesta satisfactoria más allá de la que escuché a ese conocido mío: “los griegos están locos”. 

Cierto. Los diez millones de griegos que podían acudir a las urnas estaban extraordinariamente locos por buscar una solución a su asfixia. Locos por entender cómo pueden haber perdido un 30% de su salario mientras se encarecen servicios básicos como la sanidad, la educación o el transporte. Locos por explicarse cómo se destruye una cantidad de empleo que deja a más de un millón de personas sin trabajo en un país donde la población activa no supera los cuatro millones. Y locos, en definitiva, por cambiar la política que le está empobreciendo día a día. 

Así es. Los griegos están locos porque la mitad de los que votaron –la abstención superó el 30%- lo hicieron a partidos políticos más radicales. La cuna de la democracia está dividida en una mitad que tiene miedo a que la situación sea peor, de ahí su respaldo a los dos grandes partidos. Y otra mitad que considera que el país ha tocado fondo y solicita una respuesta urgente de las diferentes opciones políticas –incluso nazis-que prometen frenar la muerte asistida que está viviendo Grecia de manos europeas. 

Son unos dementes estos griegos que han votado a los que han hundido el país en la crisis. Y más aún son los que han elegido a fuerzas políticas distintas al binomio conservador-progresista que aceptó los mandamientos de la troika sin paliar el coste social que provocaban esas medidas. Castigar a los inútiles y buscar alternativas es una locura que no tiene cabida en esta Europa de primas, rescates y deudas donde todo debe seguir un orden lógico. Bien sabido es que todo lo que escapa del guión de la productora Merkozy es un ataque a la cordura. 

¡Pobres helenos que no saben lo que hacen! Ellos y sólo ellos son los culpables de haber votado a lo loco, causa de que ahora no se pueda formar un gobierno de salvación nacional como el anterior. Ese liderado por tecnócratas con el respaldo de PASOK y Nueva Democracia, cuya gran gestión común ha provocado una convocatoria anticipada de elecciones ante la quiebra del país. 

Los griegos han hablado y han dicho que Grecia debe refundarse para sobrevivir y lo tendrá que hacer fuera del euro. La locura de los helenos obliga a formar un gobierno legítimo que congele las imposiciones europeas y encamine al país hacia la única opción posible: salir de la moneda única e iniciar una reconstrucción casi desde cero. No se puede apretar más la soga. Esa es la respuesta que han votado los griegos. Cobra forma de comunismo, izquierda radical, conservadores acérrimos o neonazis pero se trata de la misma cuestión. Una locura de elecciones que esconde una increíble cordura y sensatez ciudadana: crear una nueva Grecia gobernada por griegos.

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El gran reto de la izquierda

El resultado de las elecciones andaluzas ha sorprendido a propios y extraños. La victoria pírrica del Partido Popular ha supuesto un duro golpe en la sede de Génova y convierte a Andalucía en la gran excepción española, en la única isla roja. Precisamente, será la más roja, ya que el PSOE sólo podría acceder al Gobierno a través de una coalición con Izquierda Unida, la gran ganadora. Un partido que, desde los últimos años, se está revitalizando y que tiene que recuperar la capacidad de gobierno que había dejado a un lado después de tanto tiempo como oposición.

Las elecciones autonómicas en Andalucía de 2012 pasarán a la historia por varios motivos, pero todos ellos comparten un sesgo: la excepcionalidad. Los comicios han otorgado un fuerte revés a los sondeos y encuestas que se hacían públicos a pocos días de su celebración y que daban como ganador al Partido Popular, casi todos ellos, por mayoría absoluta. Se ha roto –al menos momentáneamente- con la tendencia adivinatoria que tenían estos sondeos en los resultados electorales, algo que evidencia que las encuestas no siempre instan a la tendencia de voto dominante. Andalucía ha sido la excepción.

Otro de los motivos definitorios de estos comicios ha sido la victoria del Partido Popular por casi 44.000 votos de diferencia, una cantidad pírrica que, no obstante, sirve para otorgarle tres escaños más que su directo rival, el PSOE-Andalucía. El escándalo de los ERE fraudulentos, la corrupción dentro de la Consejería de Empleo y las acusaciones de enchufismo en el seno de la Junta han pasado una importante factura al gobierno socialista que se contabiliza en más de medio millón de votos perdidos. Sin embargo, todo ello no ha supuesto la sangría que se preveía y que se constató en las elecciones generales del pasado noviembre. Andalucía, vuelve a ser la excepción.

Al igual de excepcional ha sido el comportamiento de los votantes andaluces, un millón menos que en las dos últimas elecciones que evidencia el motivo de coincidencia entre comicios generales y autonómicos. No puede deducirse si las razones radican en la idiosincrasia andaluza o en los últimos movimientos del gobierno popular de Mariano Rajoy, pero mientras hace cinco meses la población española daba un giro a la derecha, los andaluces han querido cambiar el signo y han virado a la izquierda. Sólo así puede explicarse que, de los nueve escaños perdidos por el PSOE-A, tres hayan ido a parar al PP-A y seis a IU-LV-CA. La comunidad andaluza se convierte en la única de toda España que tendrá en su gobierno a la coalición de izquierdas. Una nueva excepción.

Más allá de los resultados, el análisis debe centrarse en cómo se materializa los pactos. Izquierda Unida no ha accedido nunca al gobierno autonómico y siempre se ha mostrado como la oposición de izquierdas que, sin embargo, no le impidió unirse en 1996 al PP en la famosa “pinza” para provocar la caída del gobierno socialista de Manuel Chaves y la convocatoria de elecciones anticipadas.  Un gesto cuyo lastre estaban arrastrando y que sobrevoló todas la cabezas el pasado año, cuando la abstención de IU en Extremadura permitió al PP ocupar la presidencia de la Junta Extremeña.

Desde los grandes momentos de Anguita como coordinador federal, Izquierda Unida ha sufrido una travesía por el desierto que se ha reflejado en los resultados electorales, sobre todo de 2008, donde redujo su presencia en el Congreso de los Diputados a dos escaños, mientras en Andalucía conservaba su cifra estable, los seis parlamentarios. Su heterogeneidad interna unido a su discurso revolucionario, han sido dos de sus características que se han convertido en puntos negros. Todo ello unido a la época del socialismo de Zapatero, que asumió parte de ese progresismo social y el crecimiento del voto conservador en Europa, hacía perder fuerza a la coalición.

Pero en plena marea azul, Andalucía se ha posicionado del lado de la izquierda. Es momento ahora para que IU aleje fantasmas del pasado y afronte un reto cuyo éxito o fracaso puede dilucidar el futuro próximo del partido. Por un lado, debe hacer frente al medio millón de votantes que han asumido el lema tan manido en campaña electoral de su coordinador regional, Diego Valderas que postulaba a Izquierda Unida como el único cambio al neoliberalismo. Pero, pese a ser la llave del gobierno andaluz, el PSOE no va a ofrecer un cheque en blanco a la coalición.

Ante el nuevo gobierno, surgen muchas dudas: ¿qué capacidad de influencia tendrá IU en el nuevo gobierno? ¿Podrá llevar a cabo las reformas económicas y sociales que tanto han promulgado en campaña? ¿Cómo compaginará su discurso revolucionario con el centrista del PSOE? ¿Qué peso tendrá Sánchez Gordillo? Para dar respuesta a todos estos interrogantes, Izquierda Unida tiene se encontrará en una encrucijada.

 En un lado de la balanza, IU tiene la gran oportunidad y el difícil reto de imponer su programa para ser la alternativa real que dice ser al bipartidismo. Si consigue que los ciudadanos conciban que el modelo de izquierdas puede superar el modelo popular, basado en recortes y austeridad a toda costa, será un logro que supondrá un impulso renovador a la coalición.

Pero en el lado contrario se sitúa el pragmatismo que puede obligar a Valderas a difuminar su discurso para facilitar la gobernanza y a ser partícipe de los errores de la Junta de Andalucía. Mucho tendrá que presionar para tener un margen de maniobra real que le permita sortear con cierto éxito las imposiciones orquestadas desde Bruselas y Moncloa, con evidente carácter conservador. Los andaluces han dado la oportunidad a Izquierda Unida de jugar en el partido. Su juego puede basarse en dejar jugar al contrario o pararlo mediante faltas. La efectividad  de cada modelo permitirá saber si puede luchar por la zona noble o si quedará relegada a los puestos de descenso. 

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Los trapos sucios de La Pepa

Tras 200 años de historia, la Constitución de 1812 no puede quejarse. Ha tenido homenajes de todo tipo y celebraciones más grandilocuentes que las que tuvo en su origen. El bicentenario de la Pepa ha sido una gran fiesta para gaditanos y españoles. Pero, ¿qué hay que celebrar? Pese a los dos siglos, el sistema político español contiene grandes vacíos y el orden social sigue vertebrado de forma deficitaria. Pese a la apariencia de modernidad y cambio, existe una profunda crisis social que aún no se ha conseguido solucionar. Pero es más fácil celebrar, que analizar.

El 19 de marzo de 2012 pasará a la Historia por conmemorar los doscientos años del nacimiento de la primera Constitución nacida del pueblo español con loas, cánticos y celebraciones que han intentado recordar con más o menos fortuna el tiempo de los doceañistas. 

El homenaje era de rigor. En plena decadencia española, con una crisis económica acuciante y un desprestigio brutal del sistema político democrático, no hay mejor fórmula para olvidar las penas que hacer una alegoría al espíritu patrio de los padres de la primera constitución española y al deber del ciudadano ejemplar que tantas vicisitudes tuvo que afrontar para conseguir el reconocimiento de sus derechos. 

Y así se hizo. Pero como la crisis está encima, hasta el homenaje ha sido prudente. Se ha echado en falta un reconocimiento nacional a la Carta Magna motivado quizás porque más allá de Cádiz, el resto de españoles no aprecian como suya la constitución, una postura más que razonable teniendo en cuenta la escasa repercusión en la vida de los españoles que tuvo La Pepa y su fuerte vinculación a Cádiz, epicentro del mundo liberal en la primera década del siglo XIX.

Pero aún así, las instituciones se encargaron de hacer bonito el día. Y lo consiguieron. El Rey y los miembros del Gobierno español y andaluz, no quisieron ausentarse de la foto, máxime cuando las elecciones están a un suspiro. Un homenaje solemne que aderezaron con un poco de fervor popular para dar sensación de que al pueblo le importa algo este día. 

El 19 de marzo de 2012 no ha sido importante porque la plana mayor del Estado haya acudido a Cádiz, ni siquiera, porque se celebra un bicentenario. Si hay que señalar esa fecha en rojo es para corroborar que, después de 200 años, la situación en España se parece bastante a la que impulsó a firmar la Carta Magna.

Más allá de los detalles históricos, hay varios elementos que cuestionan si La Pepa merecía un homenaje como si de una reliquia se tratase, o si es necesario leearla para comprender que podría seguir vigente en la actualidad. Entonces, ¿es que La Pepa es muy buena o es que la sociedad no ha evolucionado tanto como se cree?

Repasemos. Lo que por entonces se llamaba absolutismo, centrado en la figura de Fernando VII el Deseado (un adjetivo que perfectamente podría aplicarse al actual Presidente del Gobierno), ahora ha mutado hasta denominarse mercados, cuya imagen ilustrativa es la canciller Angela Merkel. No existe ninguna diferencia –más allá de las formales- entre los efectos que tenía el Rey absolutista del siglo XIX y el que poseen dos siglos después, los mercados financieros y la jefa del Gobierno alemán. En ambos casos, las decisiones de uno y otro han sido incuestionables y han dictado sentencia en el resto del mundo. 

La Constitución de 1812 recogía también la soberanía nacional, como el derecho de la nación a decidir sobre los asuntos del país a través de un sistema electoral basado en el sufragio indirecto y censitario. El efecto de esto es que las capas más amplias de población no podían intervenir en el proceso político, que estaba reducida a una élite ilustrada y adinerada, que era la artífice del proceso político. Actualmente, se reconoce la soberanía popular y el sufragio universal. Esta es la parte bonita. Lo feo es que está generando un sistema político bipartidista, basado en listas cerradas donde el ciudadano sólo puede elegir a un candidato predeterminado. 

No hay que ser erudito para observar cómo tanto en la Constitución de 1812 como en la de 1978, se busca constreñir la participación directa del pueblo que sólo puede intervenir en el proceso político a través de la elección de candidatos predefinidos ya que la fórmula del referéndum no se contemplaba en la Carta Magna del siglo XIX y no es vinculante para la toma de decisiones en la actual. Ese lema del despotismo ilustrado no queda tan lejos. Ahora se podría gritar eso de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” a viva voz y no se estaría cayendo en demagogia ni engaños. 

Pero aún hay más. Uno de los grandes elogios a La Pepa es su carácter aperturista que garantizó la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Sin embargo, era una libertad con matices que, según el Decreto de Imprenta de 1810, perseguía a “libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buena costumbre”. Asimismo, se establecía una censura previa para cuestiones religiosas y un tribunal para evaluar las posibles extralimitaciones de la libertad de imprenta, la Junta Suprema de Censura. 

En la actualidad, la libertad de imprenta ha evolucionado a la libertad de información, que se garantiza hasta el punto donde colisiona con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, los libelos calumniosos y la censura previa del siglo XIX ya no están presentes, pero se han transformado en un nuevo mecanismo de coacción que se articula a través de la autocensura, la espiral del silencio y la sobresaturación. 

En pleno siglo XXI no puede existir censura material (pese a que también esté presente en muchos puntos del globo), sino que se camufla bajo el paraguas del miedo a los posibles efectos de sus publicaciones, sobre todo entre profesionales de información –autocensura-. Esto se complementa con un fenómeno mucho más amplio donde los temas y las informaciones que se consumen, son proporcionadas por grandes conglomerados comunicativos que obvian informaciones que debilitan sus intereses económicos y, por el contrario, abruman con informaciones banales que, finalmente, serán consumidas y retroalimentadas por los espectadores. ¿Es casualidad el importante aumento de los espacios deportivos y de ficción en las televisiones?

La Pepa ya ha cumplido doscientos años y es de recibo conmemorar un documento con indiscutible valor histórico. Pero dejemos los homenajes para otro momento y hagamos autocrítica. Las llamadas a la patria y la utilización del espíritu reformista de los diputados doceañistas para legitimar cambios en el sistema laboral son herramientas chabacanas dignas de discursos retrógrados que no conducen a fin alguno. Las debilidades y deficiencias del sistema político de principios del siglo XIX no sólo no han desaparecido sino que han evolucionado. Actualmente nos encontramos con una sociedad regida por una Constitución avanzada pero que conserva unos problemas estructurales similares a la de 1812. Basta de discursos retóricos, es hora de buscar la pragmática y el cambio real de un sistema deficitario. 

Los gritos de Viva la Pepa podrían ahogarse con esta gran frase de un artista, Víctor Hugo: “La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad; la cobardía es un consentimiento; existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer”. ¿Seguimos gritando eso de Viva la Pepa?

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El antes se hace ahora

Manifestaciones, estudiantes en la calle, cargas policiales y decenas de detenidos y heridos, son imágenes que se sucedían hace un par de décadas en este país. Lo acontecido en Valencia, se asemeja peligrosamente a las actuaciones de un estado paramilitar que reabren una vieja herida abierta entre ciudadanos y políticos y contribuye a desprestigiar la democracia actual. 

Ayer, el jefe superior de la Policía de Valencia, Antonio Moreno, revivió un Deja Vú y se inspiró en actuaciones que no hace tanto, realizaban sus progenitores. Su enajenación mental comenzó cuando calificó de “enemigos” a unos jóvenes manifestantes que ejercían de forma pacífica dos derechos recogidos en la Constitución: el de la libertad de expresión y el de asociación (artículos 20 y 22 de la C.E). Después, la incapacidad se hizo total y un misterioso espíritu totalitarista y dictatorial tomó forma a través de la represión de las consideradas Fuerzas de Seguridad del Estado, que se convirtieron durante unas horas en agentes de coacción que sometieron las críticas y las protestas al poder de la fuerza bruta. 

La actuación policial desatada obedeció a unas claras directrices que apuntan, en primera instancia, el jefe superior de Policía de Valencia, cuyas afirmaciones evidencian la consideración que posee de los valencianos, pero alcanzan cotas mayores. ¿Existieron órdenes políticas para aplacar a través de la violencia la manifestación? ¿Obedece esto a una nueva línea de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante el nuevo gobierno? No en vano, el 30 de diciembre del pasado año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, relevó a toda la cúpula policial, situando como director general de la Policía, a Ignacio Cosidó, en una estrategia que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó como “politización de la cúpula policial”. 

Casualmente, la manifestación del día después a la represión, contó con una presencia muy inferior de policías y se saldó sin ningún incidente. Nuevas instrucciones. Pero la utilización política de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no es exclusivo de un signo político ¿Alguien piensa que en la permisividad de la actuación policial en las manifestaciones del movimiento 15 M no tuvo una incidencia directa la proximidad de las elecciones locales y el miedo del denostado gobierno del PSOE a perder mayor popularidad? 

Más allá de la instrumentalización política que se está extendiendo en las fuerza de seguridad, la pregunta que todo el mundo se hace es obvia: ¿en qué beneficia a un gobierno recién elegido que se reprima tan violentamente una manifestación que habían comenzado pacíficamente estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia, contra los recortes en Educación? Obviamente, en muy poco. Sin embargo, la actuación no ha sido aún censurada por el Gobierno. El carrusel de declaraciones al respecto es insólita: 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno: “Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a expresar sus opiniones", pero "todo el mundo tiene que entender" que la Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tienen unas funciones que cumplir". "Creo que si todo el mundo actúa con mesura y con sentido común este tipo de cosas no se va a repetir" .

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior: “Nosotros estamos para controlar los excesos y no para excedernos en el control. Ya lo he dicho y está dicho para personas inteligentes, pero que quede claro que cuando hablo de los excesos, estoy hablando de manera muy especial de aquellos radicales y violentos que aprovechan determinadas circunstancias que no deben hacer en ningún momento”.

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia: “No llevemos nuestras simpatías a los que atacan, a los que hacen posible que usted y yo seamos personas libres en una nación libre”. Los agentes de la Policía Nacional “han sido violentamente agredidos”. 

Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana: “Se trata de que (los manifestantes) cometieron un acto que la Policía no podía dejar que ocurriera que era la alteración del tráfico y el corte del tráfico durante muchas horas y en una calle muy importante de la ciudad”. 

Todas ellas tienen en común una omisión de responsabilidades hacia los mandos que ordenaron este tipo de acción policial. Hablando llano, “el enemigo” la compone una masa de estudiantes –radicales y exaltados- enfurecidos. Pero se echa en falta un poco de autocrítica. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana también ha anunciado una investigación y una apertura de expedientes disciplinarios en los casos que lo requieran. ¿Lo hará también con los mandos policiales que ordenaron la carga policial? 

Según las autoridades, exaltados y radicales, una manifestación no autorizada, cortes de tráfico no comunicados y actuaciones agresivas de los estudiantes, fueron las causantes de una respuesta “proporcionada” para el jefe de la Policía Valenciana. Bajo este paraguas de medias verdades y discursos políticamente correctos se esconden, como en la mayoría de manifestaciones, insultos y actitudes desafiantes de los manifestantes hacia la Policía que, durante unos instantes, se autoerigen en protagonistas de una revolución. 

Pero el follaje no debe impedir ver el bosque. Una de las claves de este asunto la aporta el Sindicato Unificado de Policía. Según el SUP, “el fin que se pretendía, (restablecer una calle al tráfico), era menos importante” que evitar “un clima de crispación, heridos, y violencia”. Y añade en su comunicado que “el principio de autoridad (la gestión de los espacios públicos) debe interpretarse con la suficiente flexibilidad como para no crear interviniendo la Policía un problema mayor que el que se pretende resolver”. Por tanto, ¿está justificada la actuación policial sobre personas no armadas? 

Huyendo de tópicos y demagogia, existe en el Estado de Derecho un principio que rige su funcionamiento: la proporcionalidad. Se trata de un axioma, que junto con el de la equidad, impregna el carácter del Estado y la actuación de todos los trabajadores públicos. La proporcionalidad es clave para que un estado democrático funcione con normalidad. Actitudes como la de cuerpo policial en Valencia, a instancias de sus mandos superiores, y la respuesta política generada, no hacen sino perjudicar a un estado democrático y hacen revivir fantasmas del pasado que parecen, no estar enterrados del todo.

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La mala educación

José Ignacio Wert, ministro de Educación

El Gobierno de España ha anunciado nuevas medidas educativas que, pese a no conocerse con exactitud, parecen generar unas expectativas contradictorias. Junto a ello, las últimas actuaciones del Ministerio con las oposiciones a profesor de Secundaria en Andalucía, hacen prever unas política educativa que tendrá un fuerte componente ideológico revanchista detrás de ella.

Hace meses que dejé de escribir el blog por falta de tiempo al comenzar otros proyectos. Sin embargo, las nuevas circunstancias que están sucediendo han provocado que el que suscribe estas líneas, alcance un nivel de hartazgo que sólo tiene una salida positiva: la opinión a través de la palabra escrita. Y he considerado que este blog es el vehículo perfecto para ello. No determinaré días ni plazos, un blog es un cuaderno de bitácora muy personal, y a él acudiré para expresar mi indignación y mis emociones con todo lo que nos rodea. Alegría para mis seguidores, pesadumbre para mis detractores.

La película realizada por el fructífero cineasta español, Pedro Almodóvar en 2004, ilustra muy bien el asunto que me ha traído de vuelta aquí. Un ámbito que me atrae desde hace tiempo y que considero el baluarte indispensable de cualquier civilización. La Educación, eso que en España, se pisotea, se manipula, se adoctrina y se destruye para generar una sociedad más aburguesada, menos crítica y más gilipollas, hablemos claro.

El anuncio del Gobierno de España de la modificación de la Ley Orgánica de Educación no supone ninguna novedad. Gobierno nuevo, ley nueva, es la tónica en este país desde la implantación de la LOGSE en 1990. Y, con los nuevos rumbos que ha tomado el país, era cuestión de tiempo un anuncio de estas características. Sin embargo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sin concretar las nuevas medidas que recogerá la futura ley de educación (ya se verá si será orgánica) avanzó algunas pinceladas a modo de globo sonda para ir comprobando la reacción de la ciudadanía en un ámbito que puede generar una fuerte impopularidad en cuestión de segundos a través de las redes sociales (como así ha sido).

La ampliación del Bachillerato a tres años, sorprende, por ser una medida que retoma los viejos estudios secundarios, pero da un giro con aires renovadores, y los europeíza. Al estilo alemán, el Gobierno del Partido Popular, pretende adelantar la edad de decisión de los jóvenes a los 15 años, donde ya se decidirá si seguir estudiando Bachillerato u optar por la Formación Profesional. Aunque, siendo los 16 años, la edad mínima obligatoria para abandonar los estudios, este avance adolece de cierta consistencia práctica y jurídica, a la vez que genera no pocas duda, entre ellas: ¿será 1º de Bachillerato o el primer curso de FP obligatorio? ¿Se acortará la edad legal para dejar de estudiar?

Otra de las medidas avanzadas ha sido el futuro de becas. Con un recorte estimado en el Ministerio de Educación de más de 400 millones de euros, el ministro ha asegurado que este logro social, no se resentirá. Eso sí, ha avanzado cambios en las becas tal y como las conocemos. Sin querer profundizar más (quizás por miedo a introducirse en un fangoso charco), Wert afirmó que se intentará dotar a las becas de un criterio de excelencia. Es decir, considerar el currículum del estudiante y las calificaciones como eje para su concesión, unas declaraciones que suenan a un recorte velado de la partida para becas escudadas en el lema "privilegios para los mejores".

Pero ni el Bachillerato de tres años, ni el recorte en becas, ni siquiera  la sustitución de la adoctrinadora asignatura Educación para la Ciudadanía por otra similar, Educación Cívica y Constitucional, (ECC) pero con la carga ideológica a la diestra, ha generado tanta polémica como el anuncio del cambio de materias en las oposiciones a Secundaria en Andalucía. 

Se trata de una muestra más del fuerte componente ideológico que está impregnando este nuevo Gobierno. Su compromiso por desmarcarse a velocidad de vértigo de todo lo que huele a socialista, es tal, que se están tomando medidas improvisadas e ilógicas de todo punto por parte de un gobierno recién elegido. El cambio en los temarios a las oposiciones no obedece a criterios de calidad como argumenta el ministro, es imposible mantener este discurso cuando se vuelve a unos contenidos aprobados entre 1993 y 1996. No porque la educación de antes fuera mala, sino porque el cambio social que se produce desde entonces obliga a afrontar los contenidos educativos a través de formas más innovadoras.

La pregunta es saber los motivos del castigo de Wert. ¿Se trata de un zarpazo al Gobierno de la Junta de Andalucía para debiliarlo de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo? ¿Es una vendetta del Gobierno central, amparándose en que las Comunidades Autónomas (14 de las 19 autonomías están gobernadas por el PP) decidieron no convocar oposiciones hasta 2013 para mantener los compromisos de déficit y fiscales estipulados por el Gobierno, mientras el Gobierno andaluz les retó ofertando más de 2.000 plazas?

Es evidente que el PP no ha comenzado su andadura con actitud conciliadora y pactista, sino todo lo contrario. Esta actitud revanchista, encuentra a la Educación como una arma arrojadiza para castigar fallos ajenos y elogiar aciertos propios. Pero desde la ciudadanía, en este ámbito se reclama lo que se espera de los dirigentes políticos: compromiso y conciliación para generar un diálogo constructivo que permita unificar criterios y estabilizar a la Educación, alejándola de la inseguridad jurídica y política que la cobija. Las ideologías, para los mítines, la verdadera actitud que se reclama al Gobierno es un comportamiento que garantice un pacto de estado definitivo que permita incrementar los niveles de calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los jóvenes españoles. ¿Es mucho pedir, señor Wert?

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Hablando de trajes, ERES, borreguismo y políticos

Hace 36 años, España reclamaba una revolución, una caída del régimen establecido. La dictadura de Franco había sometido a millones de españoles durante casi cuarenta años e, inconscientemente, había dotado a muchos españoles de un arma que, finalmente, conseguiría acabar con el franquismo: el pensamiento crítico. La movilización ciudadana era sorprendentemente alta –lo ocurrido en Egipto y en otras partes del mundo árabe recuerdan las ansias de cambio que buscaba la población en España- y, dejando de un lado sus diferencias económicas o políticas, luchaban de un lado para cambiar la realidad.

Sin querer pecar de una visión romántica, es cierto que de la España del 75 poco queda más que los recuerdos. Ni siquiera la sociedad es la misma. Es más, podemos decir que la sociedad es otra radicalmente distinta a la de entonces. Muchos cambios, algunos buenos otros mucho peores. Pero en general, la ciudadanía de hoy ha dejado de lado la lucha por el cambio. Pero ¿qué cambio? ¿No es España un país democrático, medianamente rico, que posee paz social y ofrece un buen nivel de vida a los ciudadanos? Indudablemente sí. Entonces, ¿ya se ha acabado el control y la necesidad de mejora? Tajantemente no.

Y la actualidad nos muestra continuos ejemplos de ello. Observamos tramas urdidas desde el poder que generan situaciones de corrupción, tráfico de influencias y abusos de poder. Ahora, en Andalucía, los Expedientes de Regulación de Empleo concedidos de manera irregular a ex-miembros socialistas. Antes, en Valencia, una supuesta red de financiación ilegal del Partido Popular. A nivel nacional, Gobierno y oposición se fusilan desde sus tribunas a cuenta de un chivatazo de la Policía a miembros de ETA. Y así, un sinfín de casos en las administraciones locales, autonómicas y estatales. Fuera de las fronteras, mencionar a Berlusconi, ofrece una visión de los representantes políticos de difícil calificación. 

Son razones más que de sobra para generar un movimiento social a favor de la transparencia y el cambio en países democráticos y desarrollados. Pero no ocurre. El pueblo, que debe liderar esa revolución, está cansado, ha perdido su espíritu crítico y emprendedor. Se ha perdido la cohesión social y la unión como ejes impulsores de los cambios. El ciudadano de a pie, cuando llega de trabajar, acude a casa y cree informarse de lo que hacen sus representantes. Critica cuando no le gusta algo. Pero pronto se va a dormir porque dentro de escasas horas tendrá que acudir de nuevo a su puesto laboral –si lo tiene-.

La sociedad está aburguesada y cansada. Existe un nivel de vida lo suficientemente alto para que el conservadurismo innato de las personas evite la incertidumbre de los cambios. A esto, se une un individualismo cada vez más exacerbado, alimentado por las entrañas del sistema capitalista, y un pesimismo resignado de que, a estas alturas, nada puede cambiar. Por todo ello se genera un hastío que favorece que la clase política actúe, cada vez, con mayor permisividad y menor diligencia profesional. Mirar a izquierda o derecha es, a día de hoy, elegir por tendencias similares. Los colores se han difuminado. La sociedad no sabe qué hacer.

Como si se tratara de un pacto no escrito, los ciudadanos observan cómo sus representantes adoptan medidas erróneas o contrarias a sus intereses e intentan, resignadamente, que tengan las menores consecuencias posibles. Se ha confeccionado un sistema donde la soberanía popular no existe, puesto que el pueblo no decide en absoluto sus designios. Sólo puede elegir qué tipo de personaje aplicará las reglas ya impuestas. 

Echar la vista atrás no es un ejercicio romántico, sino necesario para intentar resucitar el espíritu optimista de las reformas. Es necesario criticar y alzar la voz de la sociedad. Aún queda mucho por cambiar. Pero es vital recuperar las fuerzas para utilizar los instrumentos adecuados con los que reformar los aspectos más calamitosos del sistema. Ahora se hace más necesario que nunca el lema de “luz y taquígrafos”. El periodismo debe descontaminarse, dejar de ofrecer pseduoinformaciones y apostar por un ejercicio sano. La época de las grandes revoluciones políticas ha pasado. Pero puede comenzar otra.

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La nueva estrategia de ETA: palabras en lugar de armas

La última declaración de ETA advirtiendo de un alto el fuego general, permanente y verificable no ha sido acogido desde Madrid con las pretensiones que solicitaba la izquierda abertzale. Para el Gobierno, se trata de una estrategia más de ETA y no aceptan otra condición que no sea el abandono de las armas. En el entorno de la izquierda nacionalista vasca, es una declaración sin precedentes que evidencia un compromiso de ETA por construir un futuro democrático de Euskadi.

Había rumores, pareceres, corrillos e infinidad de teorías que tenían el mismo interrogante. ¿Cuándo ofrecerá ETA un alto al fuego y qué condiciones presentaría para ello? Ya hay respuesta: la organización realizó una declaración pública difundida por el diario GARA, de la que rápidamente se hicieron ecos la mayoría de medios nacionales e internacionales.

ETA anunció un alto el fuego permanente, general y verificable. El comunicado difundido por la banda se parece al emitido en 2006 cuando anunciaba “un alto al fuego permanente” a partir del 24 de marzo. Sin embargo, ETA rompió su palabra cuando en diciembre de ese mismo año, provocó un atentado en los aparcamientos de la T-4 del aeropuerto de Barajas, que se saldó con la muerte de dos personas.

De este modo, el término “permanente” es difícilmente creíble si se atiende a los antecedentes. Pero es esta ocasión, la organización añade los términos “general” y “verificable”. Esto quiere decir, por un lado, que ETA abandonará toda actividad relacionada con la lucha armada, lo que incluye atentados, robos o extorsiones. Además, este compromiso podría ser verificado por observadores internacionales que aseguraran que el proceso se está cumpliendo con plenas garantías.

Un nuevo paso, sin duda, en la desarticulación de la banda terrorista que no ha sido tomado en consideración por la mayoría de partidos políticos. Comenzando por el Gobierno, el ministro de Interior y portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, valoró ayer el comunicado con una frase lapidaria: “es una buena noticia, pero no es la noticia”. Rubalcaba consideró que no era la respuesta que desde Moncloa estaban esperando, resaltó que la banda pretendía “que el fin de la violencia tuviera precio” y rechazó la internacionalización del proceso, que daría una perspectiva mucho mayor al conflicto y restaría créditos al maltrecho gobierno socialista.

Las mayoría de reacciones fueron similares. La misma línea siguió la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal que avisó que el único comunicado aceptado por el PP sería el que anuncie la disolución de ETA. Cayo Lara, coordinador general de Izquiera Unida, declaró que lo único aceptable sería el compromiso de “irreversibilidad” de la violencia por parte de ETA. Y el lehendakari vasco, Paxti López, lamentó que la banda no hubiera decidido acabar con su actividad.

Un sinfín de reacciones que tienen un denominador común: que no se repita el optimismo general y la disposición a la negociación cuando ETA declaró el alto el fuego en 2006. Por entonces, muchos anunciaban el fin de la banda, de ahí las buenas intenciones y los acercamientos del Gobierno para dar una salida más o menos consensuada al conflicto. Sin embargo, la ruptura unilateral de la tregua en diciembre por parte de ETA con el atentado de Barajas, demostró que detrás de la intención de cesar la lucha armada había una estrategia de revitalización.

Fue un duro golpe para todos los estamentos políticos ya que sólo un día antes del atentado que acabó con la vida de dos personas en la T-4 de Barajas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró convencido de que la negociación política con ETA daría sus frutos. “Hoy estamos mejor que hace un año pero dentro de un año estaremos mejor”, declaró el 29 de diciembre de 2006 en una comparecencia de un Consejo de Ministros. El atentado demostró que con la estrategia de diálogo había sido una hábil artimaña de la banda terrorista.

ABANDONO PROGRESIVO DE LAS ARMAS, CAMBIO DE ESTRATEGIA

Ahora la situación se repite aunque con matices. La organización ha hecho un nuevo anuncio de intenciones pero el diálogo de 2006 se ha traducido en un escepticismo generalizado y un rechazo frontal a todo comunicado que no sea el abandono de las armas. Es lo que solicitan y esperan desde todos los estamentos políticos y las asociaciones de víctimas del terrorismo. Aunque desde el entorno de la izquierda abertzale, la postura del Gobierno es incomprensible porque aseguran que el comunicado de la banda ha cumplido con las expectativas recogidas en la Declaración de Bruselas y el Acuerdo de Gernika –un pacto entre agentes sociales y fuerzas políticas vascas para dar una salida consensuada al conflicto-.

El comunicado responde a una nueva estrategia de ETA. Los últimos mensajes de la banda van suavizando sus actividades terroristas y abogan por el fin de la lucha y el diálogo con interlocutores políticos. La asfixia a la que ha sido sometida la organización – gracias a la desarticulación de los principales mandos- ha podido motivar la nueva actitud de ETA. Junto a ello, la ilegalización de las facciones más radicales de la izquierda abertzale –que comenzó con Batasuna y siguió con nuevas firmas como Acción Nacionalista Vasca o EHAK- han restado créditos a la actividad violenta y ha generado un debate interno en el que la negociación política va sustituyendo al terrorismo. Por eso, la actitud de ETA parece encaminarse más bien a contentar a su brazo político –contando con la proximidad de las futuras elecciones municipales- con un mensaje más pacificador que le permita obtener más adeptos y más votos en los próximos meses.

Por eso, desde el sector aberzale, solicitan al Gobierno una respuesta que muestre un compromiso de negociación al igual que el realizado por ETA. La autorización de verificación a observadores internacionales o la legalización de la izquierda abertzale son algunos de los gestos que exigen a Zapatero. Pero para el Ejecutivo es una petición demasiado elevada que no ofrece las suficientes garantías de cumplimiento. Aceptar el texto de la organización supondría otorgar a ETA la condición de interlocutor principal, con capacidad para iniciar y guiar el proceso de abandono de la lucha armada. Un coste inasumible en la actualidad.

Fuentes

El País 

Gara 1 y 2

El Mundo 1 y 2

Público

ABC

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Sahara, guerra entre la indiferencia de los estados

Marruecos desaloja el campamento de Gdem Izik asentado en territorio saharaui como forma de presión para la autodeterminación del territorio. Las fuerzas de Rabat asedian el campamento y la batalla se salda, según el Gobierno marroquí, con cinco policías y un saharaui muerto. La comunidad internacional no condena el ataque.

El conflicto entre Marruecos y el Sahara ha saltado a la palestra informativa, como viene siendo habitual, por los desagraciados incidentes ocurridos. El ejército marroquí ha desmantelado el campamento de Gdem Izik, también denominado, ‘Campamento Dignidad’, donde unos 20.000 saharauis reclamaban el cumplimiento de derechos básicos como la vivienda, la salud o el trabajo. 

Según los principales medios, el ejército marroquí inició un asalto al campamento por la fuerza, obligando a su desalojo obligatorio. Rápidamente, las reacciones se desencadenaron en El Aaiún, capital del Sáhara occidental. Los enfrentamientos entre los saharauis y las fuerzas marroquíes se prolongaron durante casi toda la noche de ayer y se saldaron con un balance de víctimas difuso. El Gobierno de Rabat habla de seis fallecidos – cinco policías y un saharaui- y decenas de heridas mientras que el Frente Polisario, el movimiento independentista del Sahara, habla de 11 muertos saharauis, 723 heridos y 159 desaparecidos.

Tras 35 años de conflictos en la zona, el desalojo del campamento no es casual. Marruecos lo ha ordenado coincidiendo con unas negociaciones informales que se iban a producir en Nueva York entre representantes de Rabat y del Frente Polisario para avanzar en el diálogo sobre el conflicto. Los incidentes no han hecho más que recrudecer las posturas y constreñir las conversaciones a los acontecimientos que se van sucediendo. De hecho, el ministro de Exteriores saharaui, Mohamed Uld Salek, había asegurado horas antes que las negociaciones con Marruecos "no pueden avanzar en circunstancias tan graves”. La reunión se ha producido pero es previsible que no habrá conclusiones que permitan avanzar en el conflicto. 

Sin embargo, es alarmante la reacción de la comunidad internacional. Ni la Unión Europea, ni Estados Unidos y, sólo y tibiamente la ONU, ha lamentado los hechos. El portavoz de la ONU, Martin Nesirky ha dicho que es especialmente desafortunado que los incidentes ocurran en este momento y ha abogado por la contención en ambos bandos. La ministra de Exteriores de España, Trinidad Jiménez, también se ha mostrado excesivamente cauta en sus declaraciones y evitó una valoración de los hechos aludiendo a la “confusión de lo ocurrido”.

Pero, ¿por qué tantas cautelas cuando ha habido víctimas por ambos bandos? Según los estados porque no se conoce con seguridad qué ha ocurrido, entre otras cosas, porque Marruecos no permite el paso a la prensa. Pero, en términos históricos, no es nuevo el trato de favor que la comunidad internacional mantiene hacia Marruecos. Principalmente, con Francia y Estados Unidos, dos de las principales potencias en la Unión Europea y la ONU. 

Son muchos los intereses que mantienen los estados con Marruecos, lo que parece haber impedido una condena formal y una intervención en el asunto. En primer lugar se sitúan los económicos. Francia y Estados Unidos poseen un alto interés en los fosfatos marroquíes y las reservas de petróleo que existen bajo el territorio del Sahara. De hecho, a finales de 2001, Marruecos otorgó permisos de exploración a dos compañías, la francesa ‘Total Fina Elf’ y la norteamericana ‘Kerr McGee’ para que iniciaran los trabajos en territorio saharaui, que abandonarían posteriormente después de cartografiar los recursos y vender los mapas a otra compañía estadounidense, Kosmos Energy, que manifestó su intención de construir un pozo petrolífero en terreno del Sahara. Aparte de esto, la costa saharaui tiene un importante caladero que sirve de materia prima para barcos de muchos estados, entre ellos, los de las dos potencias. 

Pero también existen intereses geoestratégicos. La alianza entre el reino de Mohamed VI y Estados Unidos y Francia convierte a Marruecos un buen contenedor de las expansiones fundamentalistas islámicas hacia Occidente y en un privilegiado aliado de las dos potencias en un territorio estratégico. 

Por su parte, España mantiene multitud de intereses con Marruecos entre los que destacan los acuerdos de pesca, las fronteras de Ceuta y Melilla y la inmigración. España fue el que, literalmente, entregó el Sahara a Marruecos y Mauritania y, posteriormente, siempre ha actuado con mucha prudencia y sin inmiscuirse demasiado en los asuntos que afectaban al territorio. Ahora tampoco lo hace a sabiendas de que un empeoramiento de las relaciones con el reino alaulí provocaría un aumento de la crispación social en las ciudades autónomas, una postura más radical en relación con la pesca y podría acarrear un aumento de inmigrantes indocumentados. 

A tenor de los datos, la Historia muestra que el Sahara nunca ha interesado a la comunidad internacional, salvo por sus recursos. La ONU tiene desplegada la misión Minurso en el territorio para intentar apaciguar los ánimos. Además, sus resoluciones (muchas no vinculantes) no han sido respetadas por Marruecos porque siempre ha contado con el respaldo de Estados Unidos y Francia, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ahora, la situación se repite y las reacciones parecen no variar. México ha iniciado conversaciones para que el Consejo de Seguridad lleve a cabo una investigación sobre lo que está sucediendo, pero es presumible que no supondrá ninguna acción por parte del organismo. Ante todo esto, ¿es descabellado el levantamiento saharaui?

Fuentes:

El País 1 y 2

Público

Europa Press

Cadena SER

La República.es

La clase.info

Gara

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