Oda a unas cuentas famélicas

Hacer cuentas es un arte para el que existen pocas personas válidas. Resulta extremadamente difícil hacer cuadrar unos ingresos y unos gastos, mucho más en momentos de extrema dificultad económica como el que estamos. Ahí radica la habilidad del buen gobernante, capaz de conocer los recursos que existen, saber repartirlos con equidad y equilibrar unos ingresos y gastos de la mejor forma posible. 

Esta teoría (simplista) de la economía viene a reflejar que detrás de cada presupuesto existe una manifiesta intención política, que puede cambiar radicalmente la arquitectura de las cuentas. El último ejemplo, los artificios que ha hecho la Junta de Andalucía para ofrecer unos presupuestos opuestos (al menos en apariencia) a los del Gobierno Central. 

En su haber debe constar el tijeretazo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha efectuado a las autonomías en pro de la consecución del 0.7% del déficit impuesto. Con estas perspectivas, es difícil cuadrar unas cuentas que retroceden a años anteriores, donde se la burbuja se reía de los mercados, combatía el desempleo y servía de modelo para exportar al exterior. Pero la burbuja estalló y nos salpicó a todos. Y sus restos se han adherido a nuestro cuerpo como una masa viscosa de la que es imposible deshacerse. De hecho, las cuentas andaluzas son una consecuencia más del estallido de la manida burbuja. 

Pero que la luz de la explosión no nos ciegue. La Junta ha presentado unos presupuestos eminentemente políticos que, sin embargo, no pueden esconder la complicada realidad económica autóctona. Ha sido un manifiesto de intenciones para desmarcarse de los brutales hachazos cometidos por el Ejecutivo central a las cuentas generales de 2013 y recuperar (en parte) el espíritu socialdemócrata que se echa en falta en el PSOE. Unos presupuestos que servirán para que Griñán recorra el país (Ferraz incluida) mostrando a colegas y opositores “otra forma de gobierno”. 

Craso error. Nadie, y mucho menos los dirigentes andaluces, debería enorgullecerse de unas cuentas deprimidas y desoladoras. Todas las partidas decrecen respecto a 2012 salvo una. La deuda pública. Resulta llamativo cuando en la bancada socialista, la deuda es unos de los argumentos con los que se intenta quebrar la coraza que protege la política de Mariano Rajoy. Por eso, ni PSOE-IU deben ensalzar estos presupuestos ni el PP tiene capacidad moral para rechazarlos cuando contienen unas recetas parecidas a las practicadas por el Gobierno central: recortes en la economía e insuficientes políticas de crecimiento. 

No obstante, el bipartito de izquierdas se ha vanagloriado de salvaguardar educación, sanidad y empleo públicos y así lo ha intentado reflejar en sus cuentas, otorgándoles un sello más "social". Aunque son partidas que se hacen necesarias en el discurso político para intentar paliar deficiencias estructurales de la región, como los últimos datos de la EPA, donde Andalucía está a la cabeza de la tasa de desempleo. Se trata de un problema que no viene de ahora pero que se ha recrudecido, por eso, aparecen unos planes de empleo que deben considerarse una estrategia casi obligada del Ejecutivo de Griñán que, lamentablemente, tendrán poco recorrido puesto que la actividad económica caerá más de un 1% y las inversiones se han hundido hasta el 20%. 

Con este escenario, sin inversiones, sin dinamización del sector empresarial y sin apostar por los sectores en los que Andalucía es competitiva (Turismo y Comercio, responsables del 11% del PIB andaluz, han sufrido una rebaja del 36%), va a ser muy difícil salir del atolladero. Esto obliga a una profunda reestructuración política, social y financiera para superar los problemas actuales y los que se arrastran desde antes de la crisis. Una situación que se antoja casi utópica con unas cuentas famélicas que intentan capear el temporal de la mejor forma posible y confiar en que la situación general del país mejore. No es momento de odas, sino de políticos y políticas con mayúsculas.

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Llega tarde, señor Griñán

La Junta de Andalucía acaba de anunciar un nuevo plan para reequilibrar las devaluadas cuentas públicas de la comunidad. El Ejecutivo de Griñán ha reducido el número de coches oficiales y el salario máximo de los altos cargos de las empresas públicas. Una medida necesaria que reclamaba la población desde antaño pero que se autoriza en la semana más complicada del Gobierno, cuando se acentúan los rumores del rescate total a España. 

En mayo de 2010 Zapatero sorprendió a todos anunciando un recorte social sin precedentes, tal y como lo calificaron medios contrarios y afines al PSOE. Entre sus medidas, se contemplaba una reducción del 5% del salario de los empleados públicos –un 15% para los miembros del Gobierno-, la congelación de las pensiones, la supresión del cheque-bebé y la paralización de obras públicas. Por entonces no estábamos acostumbrados a los recortes y Zapatero comenzó a cavar su propia tumba. 

Los recortes son losas de piedra que van apilándose una encima de otra dejando en el fondo a la población. Por ello, dos años y medio después la situación es bastante peor. Al tijeretazo inicial de Zapatero, se ha sumado varias decenas de medidas para ahorrar y recortar el gasto público que han alcanzado su culmen con el Gobierno de Mariano Rajoy. Los recortes poco a poco han ido salpicando a las Comunidades Autónomas hasta que la mayoría absoluta del PP las ha situado al borde del desfiladero. 

En una de las semanas más negras para la economía española, cuando la prima de riesgo ha superado los 640 puntos y desde Europa se tensan las relaciones y se disparan los nervios en relación a un posible rescate total a España o una salida del Euro, Andalucía aprueba nuevas medidas que parecen estar pensadas para el inicio de la crisis, no para la situación actual. Comparen estas medidas con las arriba anunciadas por Zapatero. Son sorprendentemente parecidas. Si en los meses siguientes al mayo negro de 2010, la Junta hubiese anunciado un recorte en coches oficiales y en sueldos de altos cargos, no nos hubiese sorprendido. Ahora sí. Llega tarde, señor Griñán. 

Aunque es significativo cómo la reducción de los coches oficiales y el techo de salario para los directivos de entidades públicas han acaparado todas las portadas. Sin embargo, su ahorro supondrá apenas 6 millones de euros. En cambio, poco o nada se ha hablado del plan de lucha contra el fraude -uno de los verdaderos agujeros de la economía española- que pretende embolsar a las arcas andaluzas entre 15 y 20 millones. La conclusión es que, o se confía poco en este plan, o interesaba mucho que el ciudadano de a pie sintiera simpatía por el socialismo, después del descrédito que alberga el partido en su vertiente nacional y autonómica. 

Rebajar el salario de los miembros del gobierno autonómico un 7,5% o reducir los coches oficiales a la mitad son medidas necesarias que no deben suponer “un paso más”, como indicó la consejera Martínez Aguayo. Estas medidas deberían haber sido el inicio de un esfuerzo colectivo. El buen gobernante, primero adelgaza al máximo los gastos de la Administración antes de gravar al contribuyente. En Andalucía, siguiendo la estela del Gobierno central, se ha hecho todo lo contrario. Primero, se han aumentado los impuestos y se han reducido salarios y a la semana siguiente, se han rebajado los sueldos gubernamentales, todo ello con el consentimiento de Izquierda Unida que está utilizando la táctica del disimulo. Entrega el hacha al verdugo pero mira para otro lado. Señor Valderas, ¿tiene lógica un encierro en el Parlamento andaluz denunciando los recortes del Gobierno central después de apoyar un recorte de salarios a los funcionarios andaluces? 

De nada sirven ahora estas medidas populistas con las que el gobierno de Griñán pretende acercarse al ciudadano. Aunque el guiño evidente ha sido la paralización de la supresión de la paga extra de julio que permitirá compensar el recorte de la paga de Navidad anunciada por el Gobierno. Un detalle de la socialdemocracia andaluza que, no obstante, contribuirá a desequilibrar aún más las cuentas públicas de la comunidad. 

Señor Griñán, probablemente sus medidas habrán contentado mínimamente a muchas de esas personas que ven los telediarios a la par que dictan soluciones a los males de España. Sin embargo, no se deje engañar. Ni nos intente engañar. Estas medidas son una minucia que no soluciona los grandes problemas de la comunidad ni mucho menos suple la reforma estructural que debería haber iniciado en la Administración antes de comenzar a gravar a los ciudadanos. No es cuestión de ideología política sino de mentalidad y, aunque se observa un incipiente cambio, aún queda mucho por hacer en muy poco tiempo. Señor Griñán, cuando estamos a punto de una intervención total y próximos a la salida del Euro, no piense en el coste electoral, aparque las medidas populistas e impulse cambios reales. Al poder ser, antes de que nos rescaten.

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Spain is different

Manifestación en Madrid contra los recortes / alosguantazos.blogspot.com

A usted, que está en la pantalla leyendo, le voy a solicitar permiso para que hoy, aprovechando que voy a hablar de cambios, me permita cambiar la manera de contar de cosas. Hace unos días tuve un encuentro con un amigo que hacía varios años que había salido del país. Se encontraba realizando unos estudios fuera y acaba de regresar temporalmente. Tras tomar un café y hablar durante horas de nuestras vivencias, abordamos la situación actual de España y ambos coincidimos en que, después de sintonizar la televisión, abrir las páginas de un periódico o escuchar una emisora de radio, obtienes una conclusión clara: España está cambiando. 

No hace mucho tiempo, las manifestaciones estaban prohibidísimas en España. Eran momentos oscuros, donde el régimen autoritario franquista reprimía cualquier atisbo de libertad de expresión. La llegada de la democracia a finales de los 70, trajo consigo un cambio político que generó multitud de protestas ciudadanas: la gente había experimentado la libertad y no se atrevía a soltarla. Aunque después, cuando la democracia se asentó, todo se calmó y el español medio no volvió a salir a la calle, salvo en contadísimas excepciones. Ahora todo ha cambiado. 

Cualquier persona que abandonara el país hace una década y regrese ahora le sucedería algo parecido a lo que contaba este amigo mío: reconocería poco de lo que dejó atrás. Diariamente podemos ver a cientos de personas haciendo suya la calle como nunca antes se había visto en España. El espíritu del español calmado y aborregado se está esfumando. A las manifestaciones diarias masivas en todos los rincones del país, se unen banqueros pidiendo perdón, políticos reduciendo su sueldo e incluso hasta el Rey ha realizado un acto sin precedentes bajándose su asignación y la de la Casa Real. Muchos cambios. Minúsculos, pero cambios al final y al cabo que eran impensables hace años. Todos, consecuencia de la crisis, ese fenómeno que se estudiará en los libros de historia de las próximas décadas como el acontecimiento que cambió la historia reciente del mundo. Si embargo aún no hemos visto ni la cuarta parte de la metamorfosis que experimentará el orden mundial. 

Aunque si había alguna característica innata en los españoles, esa era la de criticar en la barra del bar. Absolutamente todos los españoles ejercen a diario de seleccionador nacional de fútbol, de magistrado, de diputado e incluso de presidente del Gobierno. Siempre se le ha achacado al español que sea tan ácido en petit comité y luego no canalice sus reclamaciones a través de los cauces que permite la ley. Bien, eso también es historia y dice mucho de esta generación de ciudadanos. El hastío generalizado, los brutales recortes a los que estamos siendo sometidos, la falta de empleo, el empobrecimiento social, la falta de expectativas laborales y, en resumen, la decadencia vital en la que los españoles estamos en estos momentos enfrascados, ha sido la chispa que ha encendido la llama. Una llama que está contagiando a millones de mechas repartidas por todo el territorio nacional que sienten igual y buscan un cambio verdadero. Los españoles ya no utilizan el bar para expresar sus críticas, se lanzan a la calle, cortan el tráfico y protestan públicamente por los atropellos que están sufriendo. 

La sociedad española no es la misma que hace diez o veinte años. Entonces, circunstancialmente también se lanzaba a la calle pero es la coyuntura actual la que la está dotando de una herramienta de presión que está obligando a la rectificación de los poderes públicos. No es casualidad que el presidente de los jueces haya dimitido, ni que la Casa Real y los miembros del Gobierno se bajen el sueldo. No lo es tampoco que directivos de Novagalicia pidan públicamente perdón por sus malas prácticas financieras o que la diputada Andrea Fabra rectifique por su “que se jodan” en el Congreso. Nada de eso sucede por azar. Todo obedece a una presión social sin precedentes. 

¿Es suficiente? Probablemente no. Pero todo ello demuestra un importante avance de la sociedad. Mucho se ha escrito y hablado sobre el letargo que sufría la sociedad española. Si esto ha sido así antes, ahora ya no lo es. La gestión de la crisis que está realizando el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha conseguido espolear a miles de personas que observan cómo se destruye el bienestar que han conocido debido a prácticas pseudo mafiosas de las élites. Mineros, funcionarios, parados, trabajadores o estudiantes han despertado del aburguesamiento generalizado mostrado públicamente su “no” a las medidas que organismos internacionales con escasa legitimidad democrática están imponiendo a los ciudadanos. 

Lo conseguido hasta ahora es una muestra de la presión social que se está generando en el país pero aún es insuficiente para la gran parte de la población. Mariano Rajoy ha tenido la cuestionable habilidad de convertir al Gobierno de España en el enemigo que todos quieren batir. Bien es sabido que, con un enemigo identificado, todo es más fácil. Por eso, el nivel de escrutinio que la población está ejerciendo sobre la actividad del Ejecutivo es insólita y las redes sociales están favoreciendo la organización y la canalización de protestas comunes que tienen siempre el mismo protagonista. 

Siendo riguroso, la crisis está generando millones de antisistemas que son todos los que están cansados del sistema político, económico y social actual y reclaman una remodelación profunda de las bases democráticas. La gente ahora está opinando y participando en política cuando hace escasos años pocos se interesaban en ella. La población está más atenta que nunca a las acciones de sus representantes. La sociedad en la que vivimos es la más activa en décadas. Entonces, surge la duda: pese a los incipientes cambios ¿se conseguirá transformar el sistema? Eso está aún por escribir. Lo que yo cuento aquí es que, ahora sí, podemos decir sin temor a equivocarnos que Spain is different.

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Ineptitud cum laude

“La Educación ni se compra ni se vede, se defiende”. Fue uno de los lemas más coreados en las manifestaciones del pasado 12 de mayo convocadas por el 15-M y lo ha sido también en las movilizaciones del 22 de mayo contra los recortes en Educación impuestos por el Gobierno. En apenas diez días, España ha vivido dos grandes movilizaciones sociales con un objetivo común: cambiar las políticas aplicadas por este y los anteriores gobiernos. Mariano Rajoy, al terminar su mandato, poseerá varios récords y honores de los que ya está haciendo gala. Será recordado por ser el segundo presidente con mayor número de escaños en el Congreso pero también por haber tenido una oposición social como nunca antes se recuerda.

Mariano Rajoy ostentará el honor de haber sufrido la primera huelga general en la enseñanza pública de España. También será el único presidente del Gobierno afectado hasta el momento por el primer paro académico universitario de la historia de España. Dos récords al precio de uno. Pero habría que sumar uno más, el de la precocidad, porque todo esto lo ha conseguido en tan solo seis meses de gobierno. Unas cifras para los anales de la historia. 

Aunque Rajoy no será el único que posea reconocimientos en los libros de historia. Su ministro de Educación, José Ignacio Wert también será recordado como el hombre capaz de revivir al movimiento estudiantil que se encontraba en horas bajas. Wert ha conseguido revitalizar las asambleas universitarias, impulsar los órganos de representación estudiantiles y favorecer la presencia de estudiantes en el discurso público como nunca antes se había producido. Hasta el punto de que ha cultivado una semilla sin precedentes en el sur de España: la unión de las dos universidades públicas sevillanas liderando el movimiento estudiantil en todo el país. Otro récord que llevará la firma Rajoy-Wert. 

Ningún otro gobierno ha enfurecido a la vez a todos los agentes implicados en la educación. Estudiantes, profesores, sindicatos e incluso padres y madres están solicitando al Gobierno una revisión del Real Decreto 14/2012 que genera un auténtico terremoto en la educación pública española. Las medidas aprobadas por el Ejecutivo han roto el escaso consenso que existía en la clase política y en la sociedad española en torno a la educación. 

Innegablemente, la educación española arrastra muchos problemas estructurales que se han camuflado bajo la disparidad de resultados entre comunidades y necesitan una reforma en profundidad y consensuada, términos que no forman parte del vocabulario popular. Si bien, antes existía un descontento que ahora se ha transformado en estallido social gracias a la extraordinaria habilidad del presidente del Gobierno que ha alcanzado con sus tijeras al dinero público. Incidir en las condiciones laborales de los profesores, en las becas y los precios de las matrículas es de una ineptitud inaudita, máxime cuando los recortes no se aplican a todos los sectores. Rajoy, bajo ningún concepto, puede exigir a los ciudadanos el esfuerzo de que acepten cobrar menos y pagar más por estudiar mientras observan cómo el dinero público sirve para enmendar los errores de Rato y pagar las estancias privadas de Dívar. 

La torpeza de la dupla Rajoy-Wert no ha sido reducir en educación, algo que ya se ha producido anteriormente con los gobiernos de Zapatero, sino infravalorar la inteligencia de los ciudadanos, especialmente, estudiantes y docentes, y frivolizar con los recursos económicos de miles de familias. Es inconcebible de todo punto justificar unos recortes en educación asegurando que se conservarán e incluso se mejorarán los índices de calidad. Aunque aún peor es decir a las familias que no tienen recursos para pagar las tasas universitarias, que no quieren destinar dinero para ello. Probablemente para Wert, comer tres veces al día sea un vicio que hay que eliminar. 

La ignominia de Rajoy y su ministro alcanza niveles extremos cuando se apela a la necesidad de las medidas de austeridad para alcanzar el objetivo de déficit, bajo el riesgo de una intervención. Defender el recorte de 3.000 millones en la enseñanza mientras se autoriza la inyección de dinero público, por valor de 12.000 millones, para rescatar a Bankia es un insulto a la inteligencia de los españoles. La falta de respeto se completa cuando el propio gobierno pasa por alto el coste social de sus medidas entre la población. Pese a todo, la educación pública ha permitido que los ciudadanos aprecien la incompetencia del presidente del Gobierno. Sólo por eso, es preciso conservarla.

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El antes se hace ahora

Manifestaciones, estudiantes en la calle, cargas policiales y decenas de detenidos y heridos, son imágenes que se sucedían hace un par de décadas en este país. Lo acontecido en Valencia, se asemeja peligrosamente a las actuaciones de un estado paramilitar que reabren una vieja herida abierta entre ciudadanos y políticos y contribuye a desprestigiar la democracia actual. 

Ayer, el jefe superior de la Policía de Valencia, Antonio Moreno, revivió un Deja Vú y se inspiró en actuaciones que no hace tanto, realizaban sus progenitores. Su enajenación mental comenzó cuando calificó de “enemigos” a unos jóvenes manifestantes que ejercían de forma pacífica dos derechos recogidos en la Constitución: el de la libertad de expresión y el de asociación (artículos 20 y 22 de la C.E). Después, la incapacidad se hizo total y un misterioso espíritu totalitarista y dictatorial tomó forma a través de la represión de las consideradas Fuerzas de Seguridad del Estado, que se convirtieron durante unas horas en agentes de coacción que sometieron las críticas y las protestas al poder de la fuerza bruta. 

La actuación policial desatada obedeció a unas claras directrices que apuntan, en primera instancia, el jefe superior de Policía de Valencia, cuyas afirmaciones evidencian la consideración que posee de los valencianos, pero alcanzan cotas mayores. ¿Existieron órdenes políticas para aplacar a través de la violencia la manifestación? ¿Obedece esto a una nueva línea de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante el nuevo gobierno? No en vano, el 30 de diciembre del pasado año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, relevó a toda la cúpula policial, situando como director general de la Policía, a Ignacio Cosidó, en una estrategia que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó como “politización de la cúpula policial”. 

Casualmente, la manifestación del día después a la represión, contó con una presencia muy inferior de policías y se saldó sin ningún incidente. Nuevas instrucciones. Pero la utilización política de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no es exclusivo de un signo político ¿Alguien piensa que en la permisividad de la actuación policial en las manifestaciones del movimiento 15 M no tuvo una incidencia directa la proximidad de las elecciones locales y el miedo del denostado gobierno del PSOE a perder mayor popularidad? 

Más allá de la instrumentalización política que se está extendiendo en las fuerza de seguridad, la pregunta que todo el mundo se hace es obvia: ¿en qué beneficia a un gobierno recién elegido que se reprima tan violentamente una manifestación que habían comenzado pacíficamente estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia, contra los recortes en Educación? Obviamente, en muy poco. Sin embargo, la actuación no ha sido aún censurada por el Gobierno. El carrusel de declaraciones al respecto es insólita: 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno: “Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a expresar sus opiniones", pero "todo el mundo tiene que entender" que la Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tienen unas funciones que cumplir". "Creo que si todo el mundo actúa con mesura y con sentido común este tipo de cosas no se va a repetir" .

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior: “Nosotros estamos para controlar los excesos y no para excedernos en el control. Ya lo he dicho y está dicho para personas inteligentes, pero que quede claro que cuando hablo de los excesos, estoy hablando de manera muy especial de aquellos radicales y violentos que aprovechan determinadas circunstancias que no deben hacer en ningún momento”.

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia: “No llevemos nuestras simpatías a los que atacan, a los que hacen posible que usted y yo seamos personas libres en una nación libre”. Los agentes de la Policía Nacional “han sido violentamente agredidos”. 

Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana: “Se trata de que (los manifestantes) cometieron un acto que la Policía no podía dejar que ocurriera que era la alteración del tráfico y el corte del tráfico durante muchas horas y en una calle muy importante de la ciudad”. 

Todas ellas tienen en común una omisión de responsabilidades hacia los mandos que ordenaron este tipo de acción policial. Hablando llano, “el enemigo” la compone una masa de estudiantes –radicales y exaltados- enfurecidos. Pero se echa en falta un poco de autocrítica. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana también ha anunciado una investigación y una apertura de expedientes disciplinarios en los casos que lo requieran. ¿Lo hará también con los mandos policiales que ordenaron la carga policial? 

Según las autoridades, exaltados y radicales, una manifestación no autorizada, cortes de tráfico no comunicados y actuaciones agresivas de los estudiantes, fueron las causantes de una respuesta “proporcionada” para el jefe de la Policía Valenciana. Bajo este paraguas de medias verdades y discursos políticamente correctos se esconden, como en la mayoría de manifestaciones, insultos y actitudes desafiantes de los manifestantes hacia la Policía que, durante unos instantes, se autoerigen en protagonistas de una revolución. 

Pero el follaje no debe impedir ver el bosque. Una de las claves de este asunto la aporta el Sindicato Unificado de Policía. Según el SUP, “el fin que se pretendía, (restablecer una calle al tráfico), era menos importante” que evitar “un clima de crispación, heridos, y violencia”. Y añade en su comunicado que “el principio de autoridad (la gestión de los espacios públicos) debe interpretarse con la suficiente flexibilidad como para no crear interviniendo la Policía un problema mayor que el que se pretende resolver”. Por tanto, ¿está justificada la actuación policial sobre personas no armadas? 

Huyendo de tópicos y demagogia, existe en el Estado de Derecho un principio que rige su funcionamiento: la proporcionalidad. Se trata de un axioma, que junto con el de la equidad, impregna el carácter del Estado y la actuación de todos los trabajadores públicos. La proporcionalidad es clave para que un estado democrático funcione con normalidad. Actitudes como la de cuerpo policial en Valencia, a instancias de sus mandos superiores, y la respuesta política generada, no hacen sino perjudicar a un estado democrático y hacen revivir fantasmas del pasado que parecen, no estar enterrados del todo.

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¿Hasta cuándo esta lenta agonía?

La situación que está viviendo Grecia ni es fácil, ni es cómoda y, hasta cierto punto, llega a ser incluso inexplicable. Mientras se vota en el Parlamento Griego unas nuevas medidas de recortes, en las calles se vive una auténtica oleada de protesta que se está saldando con incidentes entre los manifestantes y la policía. La pregunta es, ¿cuándo se pondrá fin a una situación que se está manteniendo forzosamente desde la Unión Europea y en contra de los intereses de la población?

Cronología de la crisis de Grecia

 

Bancarrota, quiebra y catástrofe. En ese orden, es el castigo divino que amenaza a Grecia si el Gobierno no ejecuta sus compromisos fiscales y de reducción del déficit público. A estas horas, los diputados griegos se encuentran en el hemiciclo decidiendo el veredicto, que se dará a conocer dentro de unos minutos. Pero que, previsiblemente, ya conocemos. 

Paralelamente,en la Plaza Syntagma de Atenas, a las puertas del Parlamento griego, unas 50.000 personas (30.000 para la Policía) se manifiestan durante todo el día en señal de protestas por las duras condiciones que recoge el nuevo plan de rescate a Grecia. Serán 130.000 millones de euros (con posibilidad de aumentarlo hasta cerca de 150.000) los que Europa, con Francia y Alemania a la cabeza, inyectará en la economía helena. Con eso, se evitaría una suspensión de pagos en el país que se hace efectiva el 20 marzo, la prioridad más urgente de evitar para los dirigentes griegos.

El conflicto está en las condiciones del rescate y en una situación que se hace insostenible. Al primer rescate que se aprobó en mayo de 2010 incluía un importe de 110.000 euros hasta 2013, a cambio el gobierno heleno tuvo que hacer frente a una reducción de las pensiones, una prolongación de la edad de jubilación hasta los 65 años (antes estaba en los 60 años) y a las creación de diversos impuestos con los que incrementar rápidamente las arcas.

Tan solo dos años después, Grecia ha solicitado un segundo rescate, este mucho más duro, ya que las medidas impuestas desde Europa se suman a la larga listas de ajustes realizados, primero, por el Gobierno de Yorgos Papandréu y luego por Lukás Papadimos, el actual primer ministro. Ahora el Parlamento decide sobre tres cuestiones: la quita de casi el 50% de la deuda griega (100.000 millones de euros) –a cambio de un mayor control por parte de la Unión Europea de la política fiscal griega-, la recapitalización de los bancos griegos y un nuevo plan de ajustes que incluye, entre otras medidas, el despido de 15.000 funcionarios públicos, una rebaja del 22% en el salario mínimo (que estaría rondando los 580 euros), recortes en las pensiones y reducciones de las partidas presupuestarias en materias como Educación y Sanidad.

Bajo esta amalgama de datos, se esconde una realidad: miles de griegos no quieren ser rescatados por bancos alemanes ni quieren seguir sufriendo las consecuencias de una crisis financiera –en torno al 80% de la población rechaza el nuevo plan de ajustes, según la televisión privada Skai y el diario Kathimerini-. La sombra de la salida del Euro ronda al país heleno lo que provocaría un “caos social” que conduciría al “desastre”, según el primer ministro Papadimos.

Lo cierto es que no hay seguridad de que este segundo plan funcione. Es otro intento –uno de los últimos- de la Unión Europea para evitar que las agencias de calificación engullan la deuda griega y los indicadores financieros se tiñan de rojo púrpura. La pregunta que salta ante esta perspectiva es muy clara: ¿por qué se somete y se restringen los derechos de la población griega para mantener una situación financiera extremadamente delicada que no posee las garantías necesarias para pervivir en la Zona Euro? Desde 2009, se han recrudecido las condiciones socioeconómicas de los griegos hasta alcanzar una tasa de paro cercana al 21% y aún así, los dirigentes solicitan comprensión para seguir prolongando la agonía.

En esta situación entra en juego el principio de la proporcionalidad y la equidad, principios claves que rigen el Estado de Bienestar. ¿Es proporcional tensar la cuerda tanto del lado de los ciudadanos –recordemos que el plan de rescate conlleva una recapitalización de los bancos que luego, difícilmente se traducirá en la concesión de créditos para las familias- sin garantías solventes de mejora? ¿Se está gravando equitativamente a todos los sectores públicos?

Todo esto lleva a plantear si la única alternativa es romper el Status Quo imperante a través de un plante a la Unión Europea –una situación insólita que ningún gobierno parece contemplar hasta el momento- o una hipotética salida del Euro. Siguiendo los criterios de los expertos financieros, esto supondría un contagio a países como Italia, Portugal y España, que serían atacados por especuladores y agencias y afectaría gravemente la economía europea hasta niveles insospechados.  A tenor de las previsiones de la tan famosa troika (los comisarios del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea) se ocasionaría el desastre.

Un discurso manido que inyecta aún más miedo a una población aletargada que no sabe qué hacer para frenar una pérdida de la soberanía y una vulneración de la tan aclamada democracia en la que nos encontramos. La espera pasiva ha traído infinidad de recortes a los griegos, las movilizaciones, se están castigando con fuertes dosis de violencia y las voces discordantes no parecen tener cabida en este sistema. ¿Hasta cuándo se prolongará esta agonía?

La experiencia griega puede ofrecer una solución. Grecia es un espejo donde España se siente cada vez más reflejado. El nuevo plan de ajustes que saldrá elegido esta noche pondrá al límite la paciencia de una población agotada y asfixiada por unos recortes impuestos desde las élites. Un estallido social podría acabar con los planes de la Unión Europea y, en ese caso, ¿sería el fin de Grecia? ¿No existe alternativa a los recortes, la violación de derechos y la devaluación de la democracia que están rigiendo los designios de millones de personas? Prepare el chuvasquero porque la tomenta ha comenzado y es muy posible que le salpique.

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Cuando la izquierda se quita el disfraz

El anuncio de esta mañana del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de retirar la compensación de 426 euros a los desempleados  y la privatización de parte de Aena, ha sido duramente criticado por los colectivos de izquierdas. Desde el Ejecutivo, argumentan que se trata de medidas necesarias para impulsar la actividad económica y aumentar los ingresos. Se trata de la medida social por excelencia del Ejecutivo pero ya se sabe que cuando se trata de apretar el cinturón, los colores políticos se desvanecen.

En circunstancias de crisis económica, la izquierda y la derecha se intercambian los trajes. Hoy se ha hecho patente el disfraz de izquierda que tiene el remodelado gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del Gobierno ha anunciado en la sesión de control, que suprimirá el próximo mes de febrero, la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración y sin protección. Era la última seña socialista que Zapatero enarbolaba cuando era criticado de poco social.

Junto a esta marcha atrás en políticas sociales, Zapatero ha anunciado la privatización del 49% de la sociedad pública encargada de los aeropuertos españoles, Aena, y del 30% de la sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado. El Gobierno se ha visto obligado a recurrir a un tabú de la izquierda, la privatización, para intentar calmar a los mercados y avanzar en sus medidas para el impulso económico de Esapaña.

El anuncio no ha sido casual en absoluto. Se produce días después de las caídas continuadas del Ibex 35, que acumuló un desplome superior al 14% en el mes de noviembre, como una forma de tranquilizar a los mercados. Zapatero ha querido responder además a las palabras del comisario de Competencia de la Unión Europea,  (a la sazón, compañero de partido) Joaquín Alumnia, que hace unos días admitió que desde Bruselas "ven con dudas" que el Gobierno español cumpla con las medidas propuestas.

Pero después de las sombras, Almunia ha querido respaldar al líder de su partido al calificar de "necesarias" las nuevas medidas propuestas por Zapatero. Él y el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, son los únicos que se han manifestado a favor. Desde los colectivos de izquierda, las propuestas de recorte y de privatización no son asumibles pese a que pretenden ahorrar un total de 14.000 millones de euros.  El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha manifestado su "radical oposición" a estas medidas porque "hacen más difícil la salida de la crisis". Para el PP, se trata de una nueva muestra de la improvisación política del PSOE.

Lo que sí sorprende es que un gobierno socialista recurra a maniobras como el recorte de las ayudas sociales y la privatización. Esto demuestra que, en circunstancias difíciles, la seña política cede en favor de otros intereses. Este es un claro ejemplo. La confianza de los mercados y de la Unión Europea están hipotecando el compromiso con los ciudadanos. Los mercados son los nuevos gobernantes y cuando lo solicitan obligan a los gobiernos a que muestren su compromiso con ellos y que guarden en el armario el traje de la izquierda o la derecha. La política ha evolucionado. No es el arte de gobernar sino el arte de actuar a las órdenes que marca el director.

Fuentes:

http://www.publico.es/349534/zapatero-rebaja-los-impuestos-a-las-pymes-y-quita-la-ayuda-de-426-euros

http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/anuncia/privatizaciones/ayudas/empresas/elpepuesp/20101201elpepunac_2/Tes

http://www.cope.es/espana/01-12-10--pp-e-iu-de-unas-contra-el-nuevo-paquete-de-medidas-de-zapatero-224328-1

http://www.elpais.com/articulo/economia/Ibex/35/pierde/1429/noviembre/elpepueco/20101201elpepieco_11/Tes

http://www.libertaddigital.com/economia/almunia-insiste-pese-a-la-bronca-de-zapatero-hay-dudas-sobre-espana-1276408095/

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Chaves piensa modificar el salario de los funcionarios pero no su carácter indefinido

El vicepresidente tercero del Gobierno ha vuelto a enviar un ‘globo-sonda’ para evaluar el impacto que tendría ligar parte del salario a la productividad del funcionario. Sin embargo, esta es una medida que ya existe en los sueldos de los funcionarios. Chaves ha rechazado que se esté cuestionando la limitación del carácter vitalicio del empleo funcionarial.

Lo ha vuelto a hacer. Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno, ha afirmado en un desayuno informativo, que la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, está estudiando diversas fórmulas sobre la posibilidad de que el sueldo de los funcionarios esté unido a su productividad.

Ante esto, la primera pregunta es obvia. ¿A qué viene esta propuesta ahora? En realidad, no es una propuesta sino una “idea” que se maneja desde el ministerio de Administraciones Públicas. Y tampoco es nueva. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, admitió en su día que es un aspecto que ya se está aplicando en las retribuciones a los funcionarios. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha comentado tras las declaraciones de Chaves, que, en efecto, “ya hay sistemas de productividad aplicados al trabajo de los funcionarios”. Por tanto, la intención del Gobierno sería mejorarlos.

A los sindicatos, esta iniciativa –que aún no es formal- les ha cogido por sorpresa y desconocen cuáles son las intenciones reales del Gobierno. Según Julio Lacuerda, secretario general de Servicios Públicos de UGT, desde el sindicato exigen “transparencia y claridad” en cualquier medida que tome el Ejecutivo. Desde CSIF, aseguran que esta medida es más bien una “cortina de humo” para disimular otros problemas del país.

Sin que se den más datos al respecto, es razonable pensar que se trata de un ‘globo-sonda’ lanzado por el ministro para evaluar el impacto que tendría volver a regular a este colectivo. Algo poco acertado después del recorte salarial decretado por el Ejecutivo el pasado mes de mayo y de la especial atención que están experimentando en los últimos meses desde el resto de sectores de la sociedad.

Chaves aclaró que la “idea” se limitaba a vincular el salario y la productividad pero, en ningún caso, se contempla desde el Ejecutivo acabar con el empleo vitalicio de los funcionarios, en un régimen similar al de una empresa privada. "La administración pública ahora no se puede privatizar a través de que la relación funcionarial se convierta en relación privada como la de cualquier otra empresa", declaró el vicepresidente.

Estas declaraciones responden a las de presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF) y de la multinacional ‘Mango’, Isak Andic, quien manifestó en octubre su deseo de que la Administración pública española "tengan retribución variable y una estabilidad en el empleo similar a la de la empresa privada".

Fuentes:

El País

El Mundo

Europa Press

RTVE

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