Legislando a golpe de mazo

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Tribunal Constitucional | tribunalconstitucional.es
El descrédito que sufren las instituciones no es nada nuevo. Ni la del país. Cada día, se conocen nuevos datos que avalan el descrédito del sistema democrático. El último, el del CIS, según el cual, más de 6 de cada 10 españoles dicen estar descontentos con la democracia española. El indicador es un varapalo sin paliativos al gobierno, las instituciones, la situación de precariedad laboral, las medidas económicas, el funcionamiento de la justicia y, sobre todo, a las políticas y los políticos. 

Cuando se conocen datos de este tipo, automática salta la pregunta: ¿de quién es la culpa? La respuesta es más complicada de formular pero existen culpables y responsables; los que han sido condenados por delitos y han lastrado la credibilidad institucional y los que, sin haber cometido delitos, han sido partícipes de esta erosión democrática a través de su (no) hacer. 

 Una vez pronunciada la justicia, tiene poco sentido hablar de culpables, más allá del daño que han provocado a la marca España. Y no son desahuciados, ni pensionistas, ni inmigrantes, sino empresarios, banqueros o políticos. Aunque aparte de algunos culpables, los representantes políticos, por cuanto son y por cuanto han hecho, sí son responsables de la pésima situación y de que nuestro país está entre los 30 más corruptos del mundo y el cuarto en riesgo de pobreza de la Unión Europea. 

En esta vorágine destructora en la que nos encontramos, diputados y senadores se han encargado de judicializar la política española. Siendo incapaces de afrontar con honestidad y altura de miras las cuestiones de Estado, PP, PSOE y algún otro están haciendo política a golpe de mazo, con el irreversible lastre que esta práctica supone para la justicia y la política. Y aún más, están convirtiendo al tribunal garante de los derechos constitucionales, en juez y partido de decisiones que deberían ser exclusivamente políticas. 

Aunque esta práctica no viene de ahora. Desde 2010, los recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional han aumentado por la litigiosidad entre el Estado y las comunidades autónomas. Este año, sin cerrarse aún, se tiene visos de incrementar la cifra de años pasados a tenor de los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la reforma laboral, el decreto sanitario, las tasas judiciales y, si prospera, la nueva ley de educación. Todas estas cuestiones, sin embargo, se derivan a un órgano ajeno cuando deben resolverse a través de la política. De lo contrario, se pervierte el sistema democrático y se instrumentaliza al garante de la Constitución con fines partidistas, contribuyendo a su inexorable pérdida de legitimidad y la de sus decisiones. 

Si queremos que las sentencias del Tribunal Constitucional se tomen como la máxima expresión del Estado, el primer paso es no denigrarlo a través de decisiones que corresponden a sus gestores. Sin embargo, la incapacidad de los representantes actuales para alejarse de la disputa de partidos y conformar grandes acuerdos de Estado, están destruyendo la forma constructiva de hacer política. Unas consecuencias que ya estamos sufriendo y que, de no remediarlo, lastrarán la credibilidad de las políticas, los políticos y las instituciones, si cabe, aún más. El fondo puede estar aún más profundo.
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Eres y eres pero nadie fue

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José Antonio Griñán | Imagen obtenida del Portal de la Junta de Andalucía
El Parlamento de Andalucía asiste este miércoles a un bochornoso circo en el que los payasos visten traje y corbata, ocupan los sillones de los grupos parlamentarios y son artífices de la votación final que dictamina las responsabilidades políticas en el caso de los ERE fraudulentos. En este circo, los payasos han sido los únicos que han reído al decidir no buscar responsables de una trama que presuntamente ha succionado de las arcas públicas 17 millones de euros, en su estimación más cicatera. Al resto, no nos hace ni pizca de gracia. 

La votación de las conclusiones del dictamen de los ERE es la constatación del fracaso de las instituciones y la hipocresía de un sistema político caduco donde malversaciones y corruptelas no están castigadas. Es el refrendo de una burda pantomima cuyo efecto más inminente es una pérdida generalizada de confianza que cotizará al alza, gracias a la inestimable colaboración de todos los grupos parlamentarios. 

El esfuerzo radicaba exclusivamente en alcanzar un consenso para señalar a los responsables políticos de una trama ilegal. Una tarea que se ha convertido en misión imposible para los nueve miembros de PP, PSOE e IU que componían una comisión que se ha mostrado incapaz de identificar conjuntamente, con nombres y apellidos, a los culpables de un escándalo político que permanecerá mucho tiempo en la retina de los andaluces. 

Sólo tres partidos, tres siglas y nueve personas que no han conseguido ponerse de acuerdo, ya fuera por una ambición desorbitada en buscar culpables, un corporativismo partidista que impedía señalar a compañeros de filas o un pacto de gobierno que ha suavizado desde el principio las responsabilidades atribuidas a cada cual. El balance, un dictamen rechazado por los mismos que lo han redactado después de que unos y otros eliminaran las partes que no le interesaban. 

Ahora podemos explicarnos por qué no se ha celebrado con anterioridad una comisión de investigación en el parlamento andaluz. Con el rebote de acusaciones y la tontería generalizada, al final sólo el ex director general de Trabajo aparecerá como el chivo expiatorio de toda una trama escrupulosamente orquestada que, a tenor de las investigaciones, ha estado defraudando a la hacienda pública andaluza durante diez años. Guerrero constará como el hombre que hacía sonar toda la orquesta, él solo, como Juan Palomo. 

No hay que olvidar que la comisión era la ocasión de oro para dejar actuar a la política y allanar el camino para que las instituciones y sus representantes recuperaran parte de la denostada confianza. Sus señorías prometieron, aseguraron y convencieron de que la comisión era un ejercicio de transparencia. A su término, todos los que mínimamente confiados volcaron sus esperanzas en ella, se han dado de bruces con la realidad. Gracias a sus señorías, la política andaluza es aún más negra y menos representativa; un auténtico funeral que enarbola banderitas y farolillos sólo cuando las urnas se aproximan. 

El presidente de la comisión, en un ejercicio de sinceridad, aseguraba sentir vergüenza de su resultado. Mejor no preguntar qué podrán sentir todos aquellos que ven cómo decenas de millones nutren algunos bolsillos mientras los suyos están cada vez más desolados sin que nadie sea capaz de poner nombres y apellidos a los responsables que lo han permitido. Afortunadamente, aún queda la resolución de la justicia, aunque a la velocidad con la que se deslegitiman las instituciones, habrá que ver por cuánto tiempo. Lo realmente increíble es que, pese a todo, todavía puedan existir incansables que confían en las comisiones de investigación… e incluso en la política. Qué envidia.
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Estimado lector, cambiemos el periodismo

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Estimado lector. Hoy quiero dejar aparcado durante unos instantes la crisis económica, la corrupción política, los abusos policiales y el deterioro del país, para hablar de otro asunto de suma importancia: la decadencia del periodismo. Permítame que me sume a las firmas de este y otros medios que durante esta semana estamos utilizando nuestro pequeño espacio para reivindicar la dignificación de nuestra profesión.

Quizás desde hace unos días usted habrá observado que el principal medio escrito de nuestro país está reflejando en su portada una guerra abierta entre la plantilla y la dirección. Habrá escuchado que buena parte de los periodistas de ‘El País’ han sido despedidos y otros tantos han iniciado una huelga. Habrá deducido entonces que la crisis también nos toca a los periodistas. 

No tiene porqué conocerlo pero me gustaría informarle de que la crisis no es que nos haya alcanzado, es que no está sacudiendo como un auténtico vendaval desde sus comienzos. Pero sin duda, este año ha sido devastador. Según la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), desde 2008 unos 8.000 periodistas se han ido a la calle. Sí señor, 8.000 familias han tenido la mala suerte de tener entre sus miembros a personas dedicadas al mundo del periodismo. 

Que la principal cabecera española haya iniciado una oledada de despidos, da cuenta de la mala situación que estamos atravesando todos los que hemos decidido dedicarnos al oficio de informar. No somos la única profesión afectada por la coyuntura económica, ni mucho menos, pero sí una de las principales productoras de desempleados, como demuestran las cifras de la FAPE. 

Usted, si ha tenido a bien leerme en anteriores ocasiones, habrá constatado que no guardo ningún tipo de complacencia con políticos, economistas, gestores y demás responsables de esta situación. Ahora, tampoco lo voy a hacer con los periodistas. Nosotros, con el inestimable apoyo de directores, productores ejecutivos y un sinfín de altos cargos de medios de comunicación sin ningún conocimiento de periodismo, somos los principales culpables de lo que nos ocurre. Nos hemos prostituido al mejor postor. Hemos dejado de lado nuestros principios deontológicos para favorecer al partido de turno. Hemos hecho reverencias al político cuando nuestra presencia tan sólo debería resultarle incómoda. Llevamos años manipulando datos y portadas para que decirle a usted quién debe gustarle y a quién debe dejar de votar. Nuestra profesión (que no todos sus profesionales) ha incurrido en los mayores pecados capitales durante años y casi nos jactábamos de ello. 

Sin embargo, ese mismo periodismo envenenado ha conseguido destapar casos de corrupción, desvelar abusos de poder, denunciar auténticos escándalos políticos, económicos y judiciales, ha sacado a la luz engaños de todas clases, del mismo modo que ha contribuido a transformar la situación de personas que, sin aparecer en la prensa, podrían haber pasado a mejor vida. El periodismo, pese a sus pecados y sus males, es necesario porque genera que usted y su entorno comprendan qué está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Estimado lector, debe saber usted que el periodismo es esencial en la vida democrática hasta tal punto que la indiscutible pérdida de calidad periodística está íntimamente relacionada con la escasa calidad democrática que sufrimos en estos momentos. 

Ante esta situación, los periodistas nos hemos levantado. Periodistas de todas clases, edades y condiciones están haciendo frente a sus directivas y nos estamos uniendo para revitalizar un oficio que está en estado vegetativo. Tenemos muchos frentes abiertos: precariedad, intrusismo, mala formación, aunque, por encima de todos ellos, poseemos uno: la pérdida de confianza de ustedes, nuestros lectores. 

En estos momentos, miles de profesionales en España estamos trabajando para que usted deje de asimilarnos a las jaurías de hienas deseosas de sangre que pueda ver en los platós de televisión y vuelva a confiar en nosotros. Aunque esto que le digo, lo debemos demostrar con hechos. Por eso, ahora más que nunca toca trabajar duro para ofrecer una información cada vez más digna, más pura y menos contaminada. 

Aparentemente podrá observar que todo sigue igual. Pero no es así. Pese a la dificultad del momento, cada vez encontrará más medios de comunicación honestos con el lector cuyos periodistas intentan hacer bien su trabajo. La época de los grandes medios ya se ha terminado. Ahora, los periodistas estamos asociándonos o trabajando por iniciativa propia para poder vivir de nuestra profesión y hemos encontrado un potentísimo aliado: Internet. 

En la Red encontrará infinidad de pequeños medios de comunicación, humildes, sin el potencial de las grandes firmas, pero cuyos profesionales realizan informaciones con una calidad excepcional. Los periodistas somos los primeros que debemos trabajar duro para ofrecer informaciones que merezcan que ustedes, como lectores, paguen por ellas. El modelo está cambiando y la financiación directa será en poco tiempo la mejor forma de independencia y calidad del periodista. 

Por ello, estimado lector, deseo que no desespere, que busque la información de calidad y que no se conforme con lo que le den. Reivindique, proteste con nosotros y ayúdenos a cambiar el periodismo. Comprenda que gran parte de lo que observa en la televisión o lee en la prensa es una ofensa a la profesión. Denúncielo, díganoslo para que, entre todos, podamos recuperar la esencia crítica y constructiva del periodismo. Las crisis son oportunidades de cambio y esta, sin duda, lo está siendo. Como lector, permítame que le pida un esfuerzo más: no deje de confiar en el periodismo porque nosotros, los periodistas, aún no lo hemos hecho. Muchas gracias.
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Se busca presidente

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Algo más de un año después de las elecciones generales, el gobierno, con su presidente a la cabeza, está desaparecido. Lo que hasta ahora ha venido funcionando ha sido una suerte de consejo de ¿sabios? que han cambiado todo lo que, hasta el momento funcionaba, modificando los pilares básicos de lo que denominábamos estado de derecho, social y democrático. Ante esta situación, ¿dónde está nuestro Gobierno? ¿Y nuestro presidente? 

Me sumo al sector de ciudadanos que está buscando al presidente aquel que prometió escuchar y gobernar para todos los españoles y propongo desenmascarar al que ha ocupado su lugar destruyendo lo bueno del sistema que teníamos en España. ¿Quién está en Moncloa? ¿Qué ha hecho con el candidato Rajoy? Lo preocupante del caso, quizás más propio para Iker Jiménez, es que ha desaparecido sin dejar rastro. No se sabe qué ha sido de él, lo único evidente es que quien ocupa el cargo no es el mismo que se presentó a las elecciones. ¿O sí? 

No, no puede serlo. Él prometió proteger a los ciudadanos. Ciu-da-da-nos. De los bancos no dijo nada. Pero entonces, ¿por qué solicitó un rescate bancario de 100.000 millones de euros? O mejor, ¿por qué autorizó un rescate a los bancos para paliar la losa del stock de viviendas si luego estos mismos bancos desahucian y dejan sin viviendas a 500 familias diarias? Me llevo una…. No, la ecuación no sale. Sigamos analizando. 

En su programa electoral no se reflejaba ningún aspecto discriminatorio para extranjeros. Pero se excluyen de la Sanidad pública a inmigrantes sin recursos, ofreciéndole tan solo la asistencia de urgencias. Como el que reza y se arrepiente de sus pecados en el lecho de muerte; parece que rezar es la única salida que te queda si eres extracomunitario y vives aquí… Salvo que tengas 160.000 euros. En cuyo caso, en los próximos meses, podrás comparte una vivienda, tener un permiso de residencia y abrir la puerta de la nacionalidad española. Conclusión para inmigrantes: si sobrevives a una travesía agónica en patera, te deportan. Si viajas en bussines, te hacen un hueco en la legislación para que seas uno más de los que celebran los goles de Iniesta. 

El último caso práctico para disipar las dudas. Eres un currito y tu compañía de teléfono te ha cobrado llamadas a líneas eróticas que no has hecho. La compañía no cede y tenéis que llegar a los tribunales. Hasta ahora, cualquiera lo podía hacer. Pero, el señor con barbas (no puede ser el mismo Mariano Rajoy Brey que firma en su cuenta de Twitter) que preside Moncloa y su falso progre ministro Gallardón, han cambiado la legislación para que el denunciante pague tasas escandalosas por iniciar un proceso judicial. Conclusión, si te timan, mantente callado porque será lo más barato. 

Definitivamente no, en Moncloa no está sentada la misma persona que conocíamos antes de jurar la Constitución. Es un hombre con aspecto físico similar al que se ve diariamente en los telediarios. Pero el original era un firme defensor de lo público, comprometido con los trabajadores y la clase media-baja, inflexible con Europa, taxativo con la banca y los defraudadores, dispuesto siempre a explicar decisiones difíciles de primera mano, reprobador del copago y de la utilización partidista de la mayoría absoluta. Si alguien lo ha visto o conoce su paradero, que lo comunique. Algunos queremos hablar con él.
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Oda a unas cuentas famélicas

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Hacer cuentas es un arte para el que existen pocas personas válidas. Resulta extremadamente difícil hacer cuadrar unos ingresos y unos gastos, mucho más en momentos de extrema dificultad económica como el que estamos. Ahí radica la habilidad del buen gobernante, capaz de conocer los recursos que existen, saber repartirlos con equidad y equilibrar unos ingresos y gastos de la mejor forma posible. 

Esta teoría (simplista) de la economía viene a reflejar que detrás de cada presupuesto existe una manifiesta intención política, que puede cambiar radicalmente la arquitectura de las cuentas. El último ejemplo, los artificios que ha hecho la Junta de Andalucía para ofrecer unos presupuestos opuestos (al menos en apariencia) a los del Gobierno Central. 

En su haber debe constar el tijeretazo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha efectuado a las autonomías en pro de la consecución del 0.7% del déficit impuesto. Con estas perspectivas, es difícil cuadrar unas cuentas que retroceden a años anteriores, donde se la burbuja se reía de los mercados, combatía el desempleo y servía de modelo para exportar al exterior. Pero la burbuja estalló y nos salpicó a todos. Y sus restos se han adherido a nuestro cuerpo como una masa viscosa de la que es imposible deshacerse. De hecho, las cuentas andaluzas son una consecuencia más del estallido de la manida burbuja. 

Pero que la luz de la explosión no nos ciegue. La Junta ha presentado unos presupuestos eminentemente políticos que, sin embargo, no pueden esconder la complicada realidad económica autóctona. Ha sido un manifiesto de intenciones para desmarcarse de los brutales hachazos cometidos por el Ejecutivo central a las cuentas generales de 2013 y recuperar (en parte) el espíritu socialdemócrata que se echa en falta en el PSOE. Unos presupuestos que servirán para que Griñán recorra el país (Ferraz incluida) mostrando a colegas y opositores “otra forma de gobierno”. 

Craso error. Nadie, y mucho menos los dirigentes andaluces, debería enorgullecerse de unas cuentas deprimidas y desoladoras. Todas las partidas decrecen respecto a 2012 salvo una. La deuda pública. Resulta llamativo cuando en la bancada socialista, la deuda es unos de los argumentos con los que se intenta quebrar la coraza que protege la política de Mariano Rajoy. Por eso, ni PSOE-IU deben ensalzar estos presupuestos ni el PP tiene capacidad moral para rechazarlos cuando contienen unas recetas parecidas a las practicadas por el Gobierno central: recortes en la economía e insuficientes políticas de crecimiento. 

No obstante, el bipartito de izquierdas se ha vanagloriado de salvaguardar educación, sanidad y empleo públicos y así lo ha intentado reflejar en sus cuentas, otorgándoles un sello más "social". Aunque son partidas que se hacen necesarias en el discurso político para intentar paliar deficiencias estructurales de la región, como los últimos datos de la EPA, donde Andalucía está a la cabeza de la tasa de desempleo. Se trata de un problema que no viene de ahora pero que se ha recrudecido, por eso, aparecen unos planes de empleo que deben considerarse una estrategia casi obligada del Ejecutivo de Griñán que, lamentablemente, tendrán poco recorrido puesto que la actividad económica caerá más de un 1% y las inversiones se han hundido hasta el 20%. 

Con este escenario, sin inversiones, sin dinamización del sector empresarial y sin apostar por los sectores en los que Andalucía es competitiva (Turismo y Comercio, responsables del 11% del PIB andaluz, han sufrido una rebaja del 36%), va a ser muy difícil salir del atolladero. Esto obliga a una profunda reestructuración política, social y financiera para superar los problemas actuales y los que se arrastran desde antes de la crisis. Una situación que se antoja casi utópica con unas cuentas famélicas que intentan capear el temporal de la mejor forma posible y confiar en que la situación general del país mejore. No es momento de odas, sino de políticos y políticas con mayúsculas.
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Yo aquí y ellos en las antípodas

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olvidatuequipaje.blogspot.com
Esta semana se ha puesto de manifiesto algo que ya se conocía. El PSOE no está resquebrajado, está roto, hundido y con una base social que huye hacia fuerzas políticas del entorno. No debe ser ninguna sorpresa porque es un fenómeno que ya se constató hace meses, con la mayor derrota electoral de su historia. Sin embargo, el desapego ¿es exclusivo del PSOE o afecta por igual al resto de representantes políticos? 

La tensión en las cúpulas del PP y del PSOE debe ser máxima. Desde hace tiempo saben que están lejos de los ciudadanos, más allá de sus aférrimos seguidores, pero aún no han hecho nada por invertir esta situación. El PP, gracias a sus medidas "en favor de la recuperación económica", está abriendo una inmensa brecha con la ciudadanía a un ritmo inaudito. Por si fuera poco, su campaña recentralizadora, defensora de la unidad nacional y su todos a una, está haciendo un favor increíble a las fuerzas nacionalistas, que se convertirán en adalides de movimientos independentistas en los próximos meses. Se salvan, de momento, gobiernos regionales como el de Feijoó que han matizado el férreo programa impuesto por la dirección nacional y se han encontrado sin una oposición capaz de hacerle sombra. 

Por su parte, en el PSOE están observando cómo el barco se hunde sin saber dónde está la fisura y sin averiguar con qué materiales pueden sellarla. El principio del fin comenzó en 2008 y se aceleró a partir de mayo de 2010. Desde entonces, los votantes ya no saben si el PSOE es un partido socialista, de izquierdas, de centro, europeísta o simplemente, antiMerkelista. Tampoco ha servido, a la luz de los acontecimientos, la regeneración exprés que se hizo en el último congreso federal situando en uno de los baluartes de Zapatero a la cabeza del partido. La sombra de ZP es todavía muy alargada. 

Mientras en estos partidos se suceden los estudios y las encuestas sobre cómo afrontar sus respectivos problemas, otros como Izquierda Unida, a medio camino entre lo constitucional y lo revolucionario, siguen aumentando su respaldo. ¿Se puede extraer alguna conclusión de este fenómeno? La proliferación de votantes hacia posiciones nacionalistas y otras más reformadoras evidencia algo obvio: la gente quiere alternativas a lo conocido. Todavía no la inmensa mayoría, pero sí, una buena parte de los españoles cada vez más nutrida. 

Hay otros datos muy importantes que están en la base de todo este fenómeno. La abstención electoral. En las últimas elecciones vascas y gallegas, el porcentaje de población que no se acercó a las urnas superó el 34%, más alto que en los últimos comicios regionales y tres puntos más que la abstención de las elecciones generales de 2011. Una ausencia de votos que empieza a ser significativa y que se está canalizando en otras formas de participación en política que, no obstante, están siendo criminalizadas por el Gobierno. 

Los ‘Rodea el Congreso’ que se están produciendo en estas semanas, son una forma más de presión hacia el enemigo identificado: los representantes políticos. Sus reclamaciones tienen mucho que ver con la crisis financiera y la forma en la que los gobiernos están afrontando las medidas, cargando la gran parte del coste económico, sobre la clase media. Pero en lugar de informar de forma transparente y tender una mano a los ciudadanos más críticos con el fin de rebajar la tensión, gran parte del arco parlamentario se enroca en discursos indescifrables y establecen la etiqueta de 'golpista' a todo aquel que protesta a las puertas del Parlamento. 

Los partidos tradicionales no están respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y están demostrando no estar a la altura para lidiar con la mayor crisis de la Historia. La connivencia más o menos consciente con la especulación inmobiliaria y financiera, la corrupción política, la incapacidad para frenar el padecimiento de la clase media y la falta de alternativas reales a la situación actual, están provocando que la distancia entre pueblo y políticos sea abismal. Y lo peor de esta crisis está aún por venir. O cambia la actitud negacionista y lejana de los representantes políticos, comenzando por el Gobierno de la nación, o la fractura social llegará a un punto irreversible que coqueteará con lo peligroso. Una situación que puede estar más cerca de lo esperado.
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Guerra de guerrillas

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plataformagerena.wordpress.com
“Estoy desesperado y no sé qué hacer. Ya sólo me queda robar un banco”. Hace escasos días escuché esta frase a las puertas de una oficina de empleo. Provenía de un hombre de mediana edad, de los que considerábamos hasta hace muy poco que pertenecían a esa franja de la madurez joven en la que una persona alcanzaba su plenitud vital: trabajo, vivienda y familia. 

La crisis ha desdibujado la situación social de España. Probablemente, los estudios sociológicos de los próximos años analicen el fenómeno mientras las consecuencias estén vigentes aún. El CIS ya está trazando las primeras líneas. A los españoles les preocupa el paro, la crisis y los políticos. Por ese orden. El país en estos momentos, está sufriendo una depresión generalizada que recuerda a finales del XIX, cuando el español medio se percató de que todo lo conocido hasta el momento había desaparecido. Lo peor es que la preocupación se acentúa cuando se otea el horizonte. 

Ahora, el español medio vive constantemente angustiado. Por el paro, por la crisis, por no llegar a fin de mes, por la hipoteca, por los políticos, por la política, por discusiones parlamentarias estériles, por la sanidad, por la educación, por el futuro de su familia. Prácticamente por todo. La preocupación, en pequeñas dosis, puede servir de aliciente para producir cambios que generen una mejoría pero en estos casos, derivada de la crisis y de las medidas auspiciadas por la Unión Europea para corregirla, está generando una oleada de individuos resignados. 

Como si de una guerra de guerrillas se tratase, el Ejecutivo de Rajoy, bajo directrices europeas, está desgastando al ciudadano medio, despojándole de sus derechos bajo un pretexto patriarcal mediante el cual el Estado y sus gobernantes se erigen en protectores salvadores de un mal mayor. Poco a poco, con alevosía y premeditación, se suceden recortes, alteraciones legislativas, manifestaciones infructuosas, pérdidas de derechos y de soberanía. Y todo ello, sin que la población tenga instrumento alguno para remediarlo. No hay mayor ejercicio de poder e impunidad que el que está realizando el Gobierno español –a imagen y semejanza de otros como el griego- amparado por las normas de un estado democrático. 

El ciudadano ya no sabe qué recorte se producirá mañana ni cuánto va a subir un producto que hacía dos meses costaba la mitad. Mucho menos conoce cuánto tardará en subir su salario ni siquiera, el tiempo en el que estará en su puesto de trabajo. Cuando cree que ya ha tocado fondo, observa cómo el suelo retrocede varios metros más. El desgaste del gobierno y las autoridades de la Troika están generando millones de resignados, que son fácilmente manipulables porque han perdido toda capacidad de aspiración vital. 

Un daño colateral de esta resignación es mal-acostumbrarse a vivir sin más compañía que el frío de la estepa siberiana. Gracias a esto, cualquier ascua encendida es recibida como la mejor de las noticias y genera el conformismo de tener, al menos, una pequeña mecha encendida, obviando que, con algunos cambios, es posible prender un fuego denso. Es el mayor logro del desgaste ciudadano: estamos perdiendo la perspectiva y ya no sabemos qué nos pertenece legítimamente o qué no, por haber vivido encima de unas posibilidades maquiavélicamente insufladas. 

Sin caer en la disyuntiva de resignación o revolución, lo cierto es que nuestra conciencia es la primera que debe cambiar antes de esperar un cambio de los gobiernos que está a años luz de producirse. No podemos pasar del todo a la nada, existiendo en mitad muchas posibilidades que, eso sí, exigen un cambio en la forma de ser, de pensar y de actuar de la ciudadanía. 

Es momento de regenerar la política, sus representantes, el modelo de Estado, el orden jurídico, la Constitución y todo aquello que se ha mostrado inútil para evitar la actual situación de sufrimiento colectivo. Pero no hay que olvidar que los gobiernos y los estados no son más que reflejos de sus ciudadanos. Es preciso evitar la resignación colectiva que sumerge a la población en una espiral vacía de ambiciones. El cambio debe comenzar en las conciencias porque el desgaste para el poder será infinitamente superior al de la población.
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Una conferencia de presidentes ausentes

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lamoncloa.gob.es
Los presidentes autonómicos faltaron a su cita en la Conferencia de Presidentes. En su lugar, al Senado acudieron sombras espectrales o dobles magníficamente camuflados que, en ningún momento, tuvieron la capacidad de negociación política que se presume a los originales. Los genuinos líderes populares fueron los únicos que estuvieron corpóreamente para bailar al son que marcaba el presidente del Gobierno. Del resto, no se sabe nada. 

Lo extraño es que estaban citados todos. Los que reclaman el independentismo de las regiones, un mayor autogobierno y una revisión del modelo fiscal autonómico. Los que denuncian el incumplimiento de los estatutos de autonomía. Los que se quejan del reparto del déficit y solicitan una revisión inmediata. Y aquellos que abogan por establecer políticas de crecimiento y no modificar las pensiones. A todos se les invitó, pero ninguno de ellos, acudió. 

Sólo así se puede entender el resultado de la Conferencia de Presidentes. Una reunión buena para la imagen exterior pero inútil para la realidad de España porque más allá del manido compromiso del déficit y una vaga promesa de modificar los criterios de reparto del déficit para 2014, todo sigue y seguirá igual. 

 La responsabilidad institucional y la altura de miras se hacen necesarias. En estos momentos, la ciudadanía solicita acuerdos entre los grupos políticos, sean del grupo que sea. En este sentido, la unidad mostrada hacia Europa es más que positiva para los intereses nacionales. Aunque, resulta sintomático, que el único acuerdo celebrado entre políticos de distinto signo, se refiera al cumplimiento del déficit y a una futura e indeterminada revisión del sistema de reparto del mismo. Una política marcada desde Bruselas, que desatiende las necesidades y las reclamaciones de los ciudadanos que gritan a viva voz diariamente en las calles. Cualquier persona de a pie podría pensar que en lo único en lo que PP, PSOE o CIU estarían de acuerdo es en cumplir con Europa. ¿Y con los españoles, qué? 

A pesar de la satisfacción con la que todos los presidentes regionales abandonaron la conferencia, las autonomías tendrán que seguir haciendo frente durante los dos próximos años a las competencias con mayor gasto –Sanidad y Educación- mirando de soslayo la sombra de la soga para intentar evitar la asfixia. Tampoco se acordó ningún plan de empleo conjunto, prioridad absoluta para todos los gobiernos en sus discursos políticos. Y, puestos a negociar, antes de fijar nuevos criterios de reparto, ni siquiera se mencionó la posibilidad de revisar desde la base el sistema fiscal autonómico. 

Todo ha quedado en la anécdota. En la foto. Pero los líderes regionales continúan con sus discursos y su crítica al Ejecutivo central, solicitando más autogobierno y más federalismo “cooperativo”, en palabras del propio Griñán. Sin embargo, se ausentan del máximo órgano conjunto de negociación entre autonomías y Gobierno Central donde ninguno de ellos –ni siquiera, Mas, el más rebelde de todos- fue capaz de poner sobre la mesa unos problemas que afectan a todo el país. 

No estaría de más recordar esta cita a aquellos presidentes autonómicos que en las próximas semanas atribuyan al Gobierno Central por enésima vez los problemas con los que conviven sus ciudadanos. El presidente del Gobierno tiene la mayor cuota de responsabilidad en esta situación pero los líderes autonómicos junto a sus reclamaciones de autogobierno y revisión fiscal, deben acompañar una carta de asunción de responsabilidades en la proporción que les corresponde.
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De golpes y porrazos

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Publico.es 
 Rabia. Desesperanza. Frustración. Represión. Odio. Sentimientos encontrados que se concentraron a las puertas de delegaciones de gobierno, parlamentos regionales y el Congreso de los Diputados. El 25S llegó y pasó como un huracán llevándose con él las pocas esperanzas de solucionar la ruptura entre sociedad y política de forma pacífica y consensuada. El día después es aún más desolador. 

El 25S pasará a la Historia pero no en el sentido que buscaban sus organizadores. No se han producido dimisiones, ni se han proclamado elecciones; tampoco se ha abierto un proceso constituyente. El 25S se recogerá en algunos libros de historia, sí, pero como el día en el que se comprobó que en España la política y la sociedad ya no se dan la mano, si es que alguna vez lo hicieron. 

Muchos critican que el espíritu del 15M que impregnó la convocatoria al principio, pareció asustarse del cordón de antidisturbios y se diluía conforme sonaban sirenas y se agitaban porras. Sin embargo, el 25S no era el 15M. Ni las circunstancias eran las mismas ni la conducta de las autoridades contuvo la suficiente sensatez que se presumen a los gobernantes. Al cubo de la realidad española desde 2011 le han surgido nuevas aristas que lo están transformando en una figura amorfa e indescriptible que nadie reconoce cuando lo sitúan frente al espejo. 

Durante el 25S se revelaron algunas de esas nuevas fallas. Anteriormente ya habíamos visto a miles de manifestantes en las calles solicitando una democracia mejor. También habíamos escuchado pedir la dimisión de políticos. Pero se introdujo un factor nuevo: rodear por primera vez el Congreso, símbolo de la soberanía nacional y de la representación de todos los españoles. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, cuando la desesperación hace mella, la cabeza busca culpables y la sociedad los ha encontrado en el interior del Congreso. 

Si la movilización social cambia sus formas, aún más lo hace la respuesta de las autoridades, otrora caracterizada por un talante más conciliador. Sin embargo, bajo el pretexto de asegurar el orden institucional, el Estado cumplió con el deber de salvaguardar sus instituciones pero descuidó un aspecto más importante, la protección de sus propios ciudadanos. 

Después de ver decenas de vídeos y cientos de fotografías, las sospechas se disparan: policías camuflados boicoteando la manifestación, antidisturbios sin identificar, manifestantes exaltados, policías agredidos, y todo ello, a cientos de metros de un Congreso que en ningún momento sufrió peligro alguno de ser asaltado. Ante esta algarabía –esto sí que lo es y no el independentismo catalán- sólo cabe preguntarse, ¿qué pretende el Gobierno? 

Tras el espectáculo de fuerza bruta demostrado, esconderse detrás de una actuación policial "magnífica" no hace sino acuciar los problemas, tensar más los ánimos y aumentar la fractura que actualmente está experimentando la sociedad. Si la respuesta policial del 25S estuvo fuera de lugar, las reacciones políticas no son del nivel de un país que se considera democrático. Una respuesta política acorde con las circunstancias, depurando responsabilidades cuando se hace necesario, es el primer paso para afrontar el declive que el país está viviendo. 

En el legado del 25S no hay vencedores pero sí millones de vencidos. La marca España, tan aludida por Mariano Rajoy y sus ministros en los últimos meses, se desploma no sólo por la incertidumbre financiera sino por la crisis social y espectáculos violentos de este tipo donde las autoridades son partícipes. Ante el momento que nos ha tocado vivir, el descontento no puede desaparecer de un día para otro, pero antes de que la fractura social vaya a más, los elegidos hace menos de un año, defensores de la política de las instituciones, son los que deben encauzar la situación, dar el primer paso y ofrecer una respuesta real a las demandas sociales. 

Gobernar mirando a Berlín y Bruselas pero estando de espaldas a los ciudadanos, no hace sino incrementar la desazón e impotencia. El problema de este país ya no es sólo económico y la solución pasa por la transigencia y el entendimiento entre política y sociedad. El escaso nivel político que demuestran sus señorías hace difícil que se retome la cordura y la coherencia pero la altura de miras y la honestidad pública –más allá de las siglas y los colores- son ahora necesarios para evitar un auténtico estallido social que será difícil de anular a base de golpes y porrazos.
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