El mundo sigue igual para Israel

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Aparecen las primeras conclusiones de la comisión encargada de investigar el asalto a la Flotilla de la Libertad con un dictamen esperado: Israel ha actuado conforme a la legalidad del Derecho Internacional. El asalto se saldó con la muerte de nueve activistas turcos y decenas de civiles heridos por las tropas israelíes.

Es obvio que una comisión de investigación promovida por el Estado de Israel no va a cuestionar las actuaciones de su gobierno. Es ilógico pensar que el comité de investigación declarara que las maniobras efectuadas por los soldadores israelíes eran ilegales conforme al Derecho Internacional consuetudinario. Por ello, los hechos conocidos, sólo siguen la lógica aplastante de los países más poderosos.

Israel ha dado a conocer las conclusiones del comité de investigación que la ONU estableció después de los incidentes ocasionados el 31 de mayo de 2010. Ese día, una flota de nueve barcos cargados con 10.000 kilos de ayuda humanitaria pretendía romper el bloqueo que el Gobierno israelí somete a la franja de Gaza desde hace más de cuatro años. Pero no era una acción humanitaria sino una acción política y de presión internacional: hacer ver a la comunidad internacional la actuación dominante de Israel en la región.

Esa noche, el Gobierno israelí autorizó la intervención del Ejército, que se saldó con la muerte de nueve civiles. Según la versión israelí, muchos de los embarcados tenían vinculación con grupos terroristas y mostraron una oposición violenta a la intervención. Por lo tanto, según el informe del comité de investigación, las víctimas “perdieron la protección que otorga su estatus de civiles al participar directamente en las hostilidades".

Es importante resaltar que la actuación debe conservar los principios de necesidad y proporcionalidad, según las normas del Derecho Internacional. Ambos se cuestionan rápidamente con las propias informaciones del Gobierno israelí. Según recogen las agencias de prensa, el informe del comité acusa a los activistas de utilizar "una amplia gama de armas tales como barras de hierro, hachas, garrotes, tirachinas, cuchillos y objetos de metal", todas ellas "capaces de causar la muerte o heridas graves". Además, sostiene que también emplearon armas de fuego contra las fuerzas especiales israelíes que participaron en el abordaje.

La diferencia es que el uso de la fuerza fue desproporcionado por parte de las autoridades israelíes que en todo momento portaban un arma de fuego y estaban respaldadas por helicópteros de combate. Un arsenal armamentístico muy superior al que portaban los integrantes de la ‘Flotilla de la Libertad’. Por ello se produjeron nueve muertos de nacionalidad turca entre los embarcados y ni una víctima mortal entre las fuerzas de intervención israelíes. Pero la versión oficial asegura que los soldados sólo abrieron fuego cuando no tenían otra posibilidad de supervivencia. Por ello, califican de legal la intervención.

Ahora la comisión de investigación que la ONU declinó realizar y dejó en manos del Gobierno israelí, casualmente, ratifica la versión oficial. Muchas casualidades que benefician a un mismo protagonista: el Estado de Israel. Nada cambia para el Gobierno de Israel, el bloqueo a Gaza persiste y pese a las críticas de Turquía por las conclusiones de la comisión de investigación, su estatus internacional continúa sin peligrar entre las primeras potencias mundiales, al estar avalado por Estados Unidos. Todo sigue igual.

Fuentes

Europa Press 1 y 2




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La nueva estrategia de ETA: palabras en lugar de armas

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La última declaración de ETA advirtiendo de un alto el fuego general, permanente y verificable no ha sido acogido desde Madrid con las pretensiones que solicitaba la izquierda abertzale. Para el Gobierno, se trata de una estrategia más de ETA y no aceptan otra condición que no sea el abandono de las armas. En el entorno de la izquierda nacionalista vasca, es una declaración sin precedentes que evidencia un compromiso de ETA por construir un futuro democrático de Euskadi.

Había rumores, pareceres, corrillos e infinidad de teorías que tenían el mismo interrogante. ¿Cuándo ofrecerá ETA un alto al fuego y qué condiciones presentaría para ello? Ya hay respuesta: la organización realizó una declaración pública difundida por el diario GARA, de la que rápidamente se hicieron ecos la mayoría de medios nacionales e internacionales.

ETA anunció un alto el fuego permanente, general y verificable. El comunicado difundido por la banda se parece al emitido en 2006 cuando anunciaba “un alto al fuego permanente” a partir del 24 de marzo. Sin embargo, ETA rompió su palabra cuando en diciembre de ese mismo año, provocó un atentado en los aparcamientos de la T-4 del aeropuerto de Barajas, que se saldó con la muerte de dos personas.

De este modo, el término “permanente” es difícilmente creíble si se atiende a los antecedentes. Pero es esta ocasión, la organización añade los términos “general” y “verificable”. Esto quiere decir, por un lado, que ETA abandonará toda actividad relacionada con la lucha armada, lo que incluye atentados, robos o extorsiones. Además, este compromiso podría ser verificado por observadores internacionales que aseguraran que el proceso se está cumpliendo con plenas garantías.

Un nuevo paso, sin duda, en la desarticulación de la banda terrorista que no ha sido tomado en consideración por la mayoría de partidos políticos. Comenzando por el Gobierno, el ministro de Interior y portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, valoró ayer el comunicado con una frase lapidaria: “es una buena noticia, pero no es la noticia”. Rubalcaba consideró que no era la respuesta que desde Moncloa estaban esperando, resaltó que la banda pretendía “que el fin de la violencia tuviera precio” y rechazó la internacionalización del proceso, que daría una perspectiva mucho mayor al conflicto y restaría créditos al maltrecho gobierno socialista.

Las mayoría de reacciones fueron similares. La misma línea siguió la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal que avisó que el único comunicado aceptado por el PP sería el que anuncie la disolución de ETA. Cayo Lara, coordinador general de Izquiera Unida, declaró que lo único aceptable sería el compromiso de “irreversibilidad” de la violencia por parte de ETA. Y el lehendakari vasco, Paxti López, lamentó que la banda no hubiera decidido acabar con su actividad.

Un sinfín de reacciones que tienen un denominador común: que no se repita el optimismo general y la disposición a la negociación cuando ETA declaró el alto el fuego en 2006. Por entonces, muchos anunciaban el fin de la banda, de ahí las buenas intenciones y los acercamientos del Gobierno para dar una salida más o menos consensuada al conflicto. Sin embargo, la ruptura unilateral de la tregua en diciembre por parte de ETA con el atentado de Barajas, demostró que detrás de la intención de cesar la lucha armada había una estrategia de revitalización.

Fue un duro golpe para todos los estamentos políticos ya que sólo un día antes del atentado que acabó con la vida de dos personas en la T-4 de Barajas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró convencido de que la negociación política con ETA daría sus frutos. “Hoy estamos mejor que hace un año pero dentro de un año estaremos mejor”, declaró el 29 de diciembre de 2006 en una comparecencia de un Consejo de Ministros. El atentado demostró que con la estrategia de diálogo había sido una hábil artimaña de la banda terrorista.

ABANDONO PROGRESIVO DE LAS ARMAS, CAMBIO DE ESTRATEGIA

Ahora la situación se repite aunque con matices. La organización ha hecho un nuevo anuncio de intenciones pero el diálogo de 2006 se ha traducido en un escepticismo generalizado y un rechazo frontal a todo comunicado que no sea el abandono de las armas. Es lo que solicitan y esperan desde todos los estamentos políticos y las asociaciones de víctimas del terrorismo. Aunque desde el entorno de la izquierda abertzale, la postura del Gobierno es incomprensible porque aseguran que el comunicado de la banda ha cumplido con las expectativas recogidas en la Declaración de Bruselas y el Acuerdo de Gernika –un pacto entre agentes sociales y fuerzas políticas vascas para dar una salida consensuada al conflicto-.

El comunicado responde a una nueva estrategia de ETA. Los últimos mensajes de la banda van suavizando sus actividades terroristas y abogan por el fin de la lucha y el diálogo con interlocutores políticos. La asfixia a la que ha sido sometida la organización – gracias a la desarticulación de los principales mandos- ha podido motivar la nueva actitud de ETA. Junto a ello, la ilegalización de las facciones más radicales de la izquierda abertzale –que comenzó con Batasuna y siguió con nuevas firmas como Acción Nacionalista Vasca o EHAK- han restado créditos a la actividad violenta y ha generado un debate interno en el que la negociación política va sustituyendo al terrorismo. Por eso, la actitud de ETA parece encaminarse más bien a contentar a su brazo político –contando con la proximidad de las futuras elecciones municipales- con un mensaje más pacificador que le permita obtener más adeptos y más votos en los próximos meses.

Por eso, desde el sector aberzale, solicitan al Gobierno una respuesta que muestre un compromiso de negociación al igual que el realizado por ETA. La autorización de verificación a observadores internacionales o la legalización de la izquierda abertzale son algunos de los gestos que exigen a Zapatero. Pero para el Ejecutivo es una petición demasiado elevada que no ofrece las suficientes garantías de cumplimiento. Aceptar el texto de la organización supondría otorgar a ETA la condición de interlocutor principal, con capacidad para iniciar y guiar el proceso de abandono de la lucha armada. Un coste inasumible en la actualidad.

Fuentes

El País 

Gara 1 y 2

El Mundo 1 y 2

Público

ABC
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La ‘ley antitabaco’ convierte a España en uno de los países más restrictivos del mundo

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El 2011 ha comenzado con una excelente noticia para los no fumadores: la aplicación desde el 2 de enero de la famosa ‘Ley Antitabaco’, a la que se le tacha de ser una de las más restrictivas del mundo. Desde los sectores opositores al Gobierno, califican de doble moral la actuación del Ejecutivo que, por un lado sube los impuestos del tabaco mientras, por el otro, aplica una ley para reducir el número de adictos al tabaco. Sea como fuere, lo que es cierto es que hacía falta una ley de esas características. España se incorpora – en esta materia – al carro de las mayores potencias mundiales.

El 2011 comienza dando un fuerte impulso a la política de Salud Pública de España. Desde el 2 de enero, está prácticamente prohibido fumar en todos los lugares cerrados e incluso en algunos al aire libre destinados a niños o enfermos. Con esta medida España se convierte en uno de los países más restrictivos con el tabaco, superando a Irlanda o Gran Bretaña donde está prohibido fumar en los lugares públicos pero no en aquellos al aire libre. Cinco años han pasado para que el Ejecutivo de Zapatero, el mismo que aprobó la anterior ley antitabaco, se diera cuenta de que la ley anterior había sido infructuosa.

En 2006, el Gobierno socialista aprobó una 'ley antitabaco' que algunos medios calificaron como “la más dura contra el tabaco”. Pero lo cierto es que sólo era un primer paso para censurar al cigarrillo y dejaba multitud de espacios para el humo. De hecho, sólo obligaba a los hosteleros a decidir qué tipo de público querían mantener (fumador o no fumador) o, en los casos de los locales de más de 100 metros cuadrados, acondicionar salas separadas físicamente para fumadores y no fumadores.

El resultado, la mayoría de los locales apostaron por tener un público fumador y no adaptaron sus instalaciones. La ley no había conseguido los efectos deseados en el público: dejar de fumar. Con esta legislación, España se incorporó al grupo de países como Alemania, Dinamarca, Austria o Bélgica, que ofrecían una protección parcial a los no fumadores. Un pequeño paso, pero aún no suficiente.

Por eso, en 2010, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció una modificación de la ley existente contra el tabaquismo. La nueva propuesta suponía un importante cambio cualitativo al prohibir fumar en la inmensa mayoría de espacios públicos cerrados –sólo Irlanda, Reino Unido y Chipre tienen en Europa esta legislación-. Una importante modificación que, rápidamente provocó multitud de críticas, sobre todo de la hostelería.

El Instituto de Estudios Económicos augura que la nueva ley dejará sin trabajo a entre 50.000 y 140.000 empleados y sus ventas registrarán una caída del 10%, unos datos que toman como referencia los países antes citados, donde la ley antitabaco es total. Según los hosteleros, el 24% de los bares y el 8,7% de los restaurantes cerraron sus puertas en Irlanda tras la aplicación de la ley, mientras que en Gran Bretaña los cierres de los pubs superaron el 7%. Algunos grupos políticos –PP y Grupo Mixto- quisieron suavizar la norma al presentar enmiendas que permitían ‘zonas de fumadores’ en los espacios de restauración cerrados (una propuesta de la propia Federación Española de Hostería), pero fueron rechazadas en la tramitación final de la ley.

El Gobierno considera que las pérdidas que estima el sector hostelero no serán tales porque se trata de una medida igualitaria para todos los locales. Al contrario de lo que ocurría en 2006, ahora no existirán lugares que acojan a los fumadores por lo que es presumible que, de producirse pérdidas, sólo sean de forma coyuntural, hasta que el nuevo hábito sin tabaco se generalice en todos los sectores de población. No obstante, los locales que adaptaron sus instalaciones en 2006 con la nueva normativa, no recuperarán el importe de sus inversiones porque según Concepción Sanz, portavoz socialista en el Congreso, "es casi imposible saber quiénes hicieron las obras y cuantificarlas". En cualquier caso, el Gobierno ha querido paliar la hipotética caída de ventas manteniendo la venta –aunque no el consumo- de tabaco en bares y restaurantes.

¿PERSECUCIÓN A LOS FUMADORES?

El ejecutivo se ha dado prisa en atribuir que la justificación de la normativa radica en la necesidad de luchar contra el tabaquismo y proteger a los no fumadores. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria calcula que tres millones de fumadores intentarán dejar el hábito en los cuatro primeros meses del años. La ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, ha explicado que la nueva ley “no prohíbe fumar a los fumadores” sino que está encaminada a proteger a los que no fuman en España, "un 70% de la población", porcentaje que espera que crezca.

DOBLE MORAL

Hace justo un mes, el Consejo de Ministros aprobó un incremento de los impuestos al tabaco del 24%, el segundo en poco más de un año, con el fin de recaudar unos 780 millones más al año. Unas cifras calculadas con el nivel actual de consumo que podría descender en este año si tiene efecto la nueva norma antitabaco. Por eso, la subida de impuestos responde más a una necesidad de reducción de déficit que a un plan de control y reducción del tabaquismo.

El gobierno por un lado pretende gravar al sector tabacalero porque con ello obtiene más de 9.000 millones de euros anuales pero fomenta leyes restrictivas en esta materia, en la línea de un gobierno protector de las garantías y libertades sociales. Por eso, desde los sectores opositores califican que es una estrategia de doble moral la que sigue el Ejecutivo de Zapatero en relación al tabaco.

Fuentes
El País

El Mundo 1 y 2

Federación Española de Hostelería

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