Visto para sentencia

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Las instituciones no están en su mejor momento. A la crisis política, social y económica se suma la judicial, que lleva coleando desde hace algunos años. Aunque ha sido ahora con la dimisión obligada de Dívar como representante del Supremo y del órgano de los jueces, cuando se ha abierto una fisura en el poder judicial. La grieta se acrecienta cuando es el propio Tribunal Constitucional el que queda cuestionado. Todos los pasos que se están dando en mitad de esta crisis institucional están provocando una desconfianza absoluta de los ciudadanos hacia las instituciones que los presentan. 

La huida de Carlos Dívar, hasta ahora presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha provocado que ambos órganos jurisdiccionales queden descabezados. Dívar ha sido la segunda figura judicial en caer, la primera fue Garzón aunque por motivos bien distintos. La utilización de fondos públicos para viajes privados a Marbella ha contagiado al poder judicial del recelo con el que los ciudadanos observan a la clase política. La justicia ha quedado manchada. Aunque existen más órganos afectados. 

El Tribunal Constitucional era, hasta tiempos recientes, uno de los pocos reductos que gozaba de cierto prestigio institucional. Aunque en España la justicia nunca ha sido bien valorada por los ciudadanos, el Alto tribunal, rodeado de un halo de magnificencia entre el misterio y la admiración, conservaba una imagen respetable que en los últimos años PP y PSOE se han encargado de destruir. En estas semanas, mientras España observa con recelo el rescate financiero y espera la llegada de los hombres de negro para tutelar nuestra economía, el Constitucional ha entrado en crisis. 

La legalización de Sortu no ha sentado nada bien en el Gobierno de Mariano Rajoy y sus compañeros de partido se han armado para declarar la guerra al Alto Tribunal. La avanzadilla inicial corrió a cargo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que discrepó de la sentencia, aunque la artillería pesada estuvo dirigida por Esperanza Aguirre que impulsó la ofensiva abogando por la desaparición del tribunal. Objetivo: acabar con un tribunal al que ahora consideran deslegitimado. Atrás queda ya el año 2005 cuando el PP recurrió al Constitucional la ley de matrimonios homosexuales. Entonces, era un órgano legitimado para contradecir al gobierno de Zapatero. Cuanto menos resulta curioso que ahora, en 2012, cuando sus sentencias chocan ideológicamente con el partido en el poder, carezca de legitimidad. 

Si el prestigio del Constitucional está bajo mínimos es a causa del excesivo uso político que han efectuado los partidos en el gobierno. Una tendencia que, lejos de desaparecer, está en auge. Recientemente, el PSOE ha presentado dos recursos al Alto Tribunal. Uno, destinado a frenar la amnistía fiscal del Gobierno. El segundo, impulsado por el PSOE de Andalucía, pretende detener los cambios que anuncia la reforma sanitaria. 

El Partido Socialista quiere abanderar la lucha por el progreso y el estado de bienestar pero, al carecer de los suficientes apoyos políticos, introduce a un nuevo jugador, el Constitucional. Pero ambos casos se deben leer en clave política puesto que el PSOE es co-responsable del bloqueo en la renovación del Constitucional, donde aún residen cuatro miembros con mandatos vencidos desde 2010. Resulta paradójico que mientras el Alto Tribunal está bloqueado, se recurra a él para dirimir sobre cuestiones que poseen un tufo electoralista bastante evidente. 

No hay duda de que las instituciones poseen una salud muy frágil. La vorágine destructora en la que estamos insertos está consumiendo los poderes clásicos del Estado. Legislativo y Ejecutivo aguardan en un estado catatónico del que sólo despertarán con un electroshock democrático impulsado desde la ciudadanía. Ahora es turno del Judicial. Por encima de todos ellos está el Tribunal Constitucional, creado para garantizar del orden democrático del Estado, pero que también se ha contagiado de la crisis institucional en la que está inmerso el país. 

La solución no es buscar a los culpables sino restaurar la confianza en las instituciones. En ese sentido, las declaraciones de Aguirre hacen un flaco favor para conseguirlo, más aún cuando PP y PSOE durante años han considerando al Alto Tribunal como un aliado para sus intereses políticos. Unas guerras políticas que han acabado por transformar en un actor político a un órgano cuya misión se sitúa por encima de revanchas partidistas. 

A partir de aquí, los dos grandes partidos pueden dejar morir lentamente al órgano siguiendo la doctrina actual, basada en la politización y el bloqueo. O pueden reconstituir su confianza y otorgarle la legitimidad perdida acelerando el desbloqueo y cambiando su modo de hacer política. Los hechos están probados, las pruebas, sobre la mesa. El asunto queda visto para sentencia.
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Fin de ciclo

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Javier Arenas ha renunciado a presidir el Partido Popular de Andalucía a partir del próximo congreso regional. Para algunos, es una decisión que llega muy tarde. Para otros, aún tiene recorrido como líder de los populares andaluces. Lo indiscutible es que Arenas abre un nuevo ciclo político del PP de Andalucía del que poco se sabe salvo que su líder provisional será José Ignacio Zoido. 

Javier Arenas nunca podrá presidir la Junta de Andalucía. Su anuncio de que no volverá a presentarse a la reelección de la presidencia del PP en Andalucía, pese a ser previsible, no ha dejado indiferente a nadie. Hasta el propio presidente de la Junta le ha dedicado las típicas palabras de reconocimiento que se ofrece a los que están cerrando su carrera profesional. Aunque Arenas no se va la política. De hecho, tras la noticia, comenzaron las quinielas sobre un posible paso por la Moncloa debido a su amistad con Mariano Rajoy. 

La historia de Arenas es la del antihéroe. Aquel que lucha por una causa pero nunca la consigue. Desde que asumió la jefatura del PP en Andalucía en 1993, hasta en cuatro ocasiones ha intentado alcanzar la presidencia de la Junta. Pero primero Chaves (en tres ocasiones) y luego Griñán se han interpuesto en su camino. La última ha sido la oportunidad más cercana en las que todas las encuestas le daban como ganador. Y ganó. Pero no gobernó porque Andalucía se resiste a dejar de ser el bastión socialista por excelencia. Arenas deja el partido con la primera victoria del PP en unas elecciones parlamentarias en Andalucía. Pero no ha conseguido quitarse la piedra que siempre le ha incomodado accediendo a la presidencia de la Junta. En cualquier caso, para los populares, Arenas se marcha por la puerta grande. 

Ahora comienza el cambio de ciclo. Arenas parece estar mirando a la capital de España como lugar para desarrollar su futuro político pero no quiere que el PP de Andalucía se agriete y pierda lo conseguido en las elecciones. Por eso ha señalado a José Ignacio Zoido para que presente su candidatura a la presidencia del partido. Arenas no está por la labor de rejuvenecer la cúpula de su partido, una estrategia que ya está iniciando el PSOE. 

Prefiere la veteranía a la juventud, por eso elige a un político de su misma edad, curtido en mil batallas y una de las cabezas del partido en Andalucía al conseguir la alcaldía de Sevilla. El gesto de Arenas le otorga cierta ventaja y, además, goza de un honorable cartel en la región. Aunque el mayor inconveniente de Zoido es, precisamente, su multifuncionalidad. En la actualidad, ocupa tres cargos públicos, si bien el propio Zoido ha confirmado que si finalmente sale elegido para la jefatura del PP-A, renunciará a la presidencia de la FEMP. Aun así, ¿es compatible el cargo de alcalde de Sevilla con el de presidente de los populares andaluces? 

Sea quien fuere, el sustituto de Arenas afrontará una ardua tarea por delante. De un lado, tendrá que mantener la imagen del PP que le ha permitido ser el partido más votado. No obstante, contará con dos grandes hándicaps. El primero, la pérdida de credibilidad que está sufriendo el gobierno de Mariano Rajoy y, por ende, los dirigentes populares. En segundo lugar, tendrá que luchar para conseguir lo que hasta ahora nadie ha logrado: que el Partido Popular gobierne en Andalucía. ¿Conseguirá algún dirigente del PP romper con la actual maldición de Javier Arenas?
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Contradicciones socialistas

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El blindaje que ha impuesto la cúpula del PSOE de Andalucía en torno a Griñán para que no comparezca en el caso de los ERES fraudulentos llama poderosamente la atención. Los socialistas deben zanjar cualquier atisbo de duda en lugar de incrementar la nebulosa que ronda la Casa Rosa y descalificar públicamente a la Guardia Civil. Si realmente buscan llegar hasta el fondo, deben atender las peticiones de información que se solicitan. Todo lo contrario sería mimetizar el comportamiento oscurantista del Partido Popular. 

Hasta ahora el PSOE de Andalucía ha sido prácticamente inmune al caso de los ERES irregulares. Reflejo de ello es que, pese a que tres altos cargos socialistas – Antonio Rivas, Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero- han sido imputados, el PSOE sigue en el gobierno andaluz. Políticamente, hasta ahora, no ha habido grandes consecuencias. Aunque todo puede variar en función de si se producen nuevos giros en la causa judicial. 

La decisión anunciada por la número dos, Susana Díaz, en la que afirma que ni Chaves ni Griñán declararán en la futura comisión de investigación que se creará en el Parlamento Andaluz, es una maniobra muy lesiva para la imagen socialista. Ambos tienen responsabilidad en el caso por los cargos que ostentaban. El primero, por ser presidente mientras se producía la trama. El segundo, por ser consejero de Economía durante gran parte de la época dorada de los fondos de reptiles. Negar su responsabilidad es obviar la evidencia y esconderse de la opinión pública. 

Los caprichos del destino han provocado que las comisiones de investigación y las comparecencias públicas estén en auge en todo el país. Todos los opositores reclaman explicaciones cuando algún asunto salpica al gobierno. El PSOE lo ha hecho en el Congreso con la Casa Real, el asunto Dívar o Bankia y ha sido muy crítico con la parquedad en palabras de los dirigentes populares en cuanto a sus trapos sucios. Ahora, el viento cambia de dirección y es el partido socialista en Andalucía el que pretende esconder de micrófonos y cámaras a dos de sus baluartes. Es el mejor ejemplo de la doble vara de medir en política. 

Pero el PSOE se equivoca. La estrategia de ocultación está escogida en muy mal momento. Justamente ahora, cuando la Guardia Civil dirige las miradas de la investigación hacia arriba, es cuando el Gobierno debe ofrecer más garantías de transparencia. Es una contradicción que la Junta se persone como acusación en el caso de los ERES mientras su número uno evite declarar en una comisión de investigación sobre su gobierno. Aunque el presidente andaluz es muy inteligente y se ha desmarcado sutilmente de las declaraciones de Díaz. Griñán se ha envalentonado y se ha ofrecido para informar públicamente si los grupos parlamentarios así lo solicitan. Será un momento idóneo para comprobar la veracidad del programa de su socio de gobierno. 

Izquierda Unida puede tener la llave que obligue a Griñán a una comparecencia pública. Hasta ahora, la coalición no ha impuesto ninguna condición y ha sabido moverse entre lo que supone formar parte de un gobierno y contentar a su electorado. Los votos de IU en el Parlamento sumados a los previsibles del PP instarían al presidente andaluz a declarar y evitar las contradicciones en la que el PSOE está inmerso. Comparecencias sí (en Madrid) y comparecencias no (en Sevilla). He ahí la cuestión.
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