De golpes y porrazos

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 Rabia. Desesperanza. Frustración. Represión. Odio. Sentimientos encontrados que se concentraron a las puertas de delegaciones de gobierno, parlamentos regionales y el Congreso de los Diputados. El 25S llegó y pasó como un huracán llevándose con él las pocas esperanzas de solucionar la ruptura entre sociedad y política de forma pacífica y consensuada. El día después es aún más desolador. 

El 25S pasará a la Historia pero no en el sentido que buscaban sus organizadores. No se han producido dimisiones, ni se han proclamado elecciones; tampoco se ha abierto un proceso constituyente. El 25S se recogerá en algunos libros de historia, sí, pero como el día en el que se comprobó que en España la política y la sociedad ya no se dan la mano, si es que alguna vez lo hicieron. 

Muchos critican que el espíritu del 15M que impregnó la convocatoria al principio, pareció asustarse del cordón de antidisturbios y se diluía conforme sonaban sirenas y se agitaban porras. Sin embargo, el 25S no era el 15M. Ni las circunstancias eran las mismas ni la conducta de las autoridades contuvo la suficiente sensatez que se presumen a los gobernantes. Al cubo de la realidad española desde 2011 le han surgido nuevas aristas que lo están transformando en una figura amorfa e indescriptible que nadie reconoce cuando lo sitúan frente al espejo. 

Durante el 25S se revelaron algunas de esas nuevas fallas. Anteriormente ya habíamos visto a miles de manifestantes en las calles solicitando una democracia mejor. También habíamos escuchado pedir la dimisión de políticos. Pero se introdujo un factor nuevo: rodear por primera vez el Congreso, símbolo de la soberanía nacional y de la representación de todos los españoles. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, cuando la desesperación hace mella, la cabeza busca culpables y la sociedad los ha encontrado en el interior del Congreso. 

Si la movilización social cambia sus formas, aún más lo hace la respuesta de las autoridades, otrora caracterizada por un talante más conciliador. Sin embargo, bajo el pretexto de asegurar el orden institucional, el Estado cumplió con el deber de salvaguardar sus instituciones pero descuidó un aspecto más importante, la protección de sus propios ciudadanos. 

Después de ver decenas de vídeos y cientos de fotografías, las sospechas se disparan: policías camuflados boicoteando la manifestación, antidisturbios sin identificar, manifestantes exaltados, policías agredidos, y todo ello, a cientos de metros de un Congreso que en ningún momento sufrió peligro alguno de ser asaltado. Ante esta algarabía –esto sí que lo es y no el independentismo catalán- sólo cabe preguntarse, ¿qué pretende el Gobierno? 

Tras el espectáculo de fuerza bruta demostrado, esconderse detrás de una actuación policial "magnífica" no hace sino acuciar los problemas, tensar más los ánimos y aumentar la fractura que actualmente está experimentando la sociedad. Si la respuesta policial del 25S estuvo fuera de lugar, las reacciones políticas no son del nivel de un país que se considera democrático. Una respuesta política acorde con las circunstancias, depurando responsabilidades cuando se hace necesario, es el primer paso para afrontar el declive que el país está viviendo. 

En el legado del 25S no hay vencedores pero sí millones de vencidos. La marca España, tan aludida por Mariano Rajoy y sus ministros en los últimos meses, se desploma no sólo por la incertidumbre financiera sino por la crisis social y espectáculos violentos de este tipo donde las autoridades son partícipes. Ante el momento que nos ha tocado vivir, el descontento no puede desaparecer de un día para otro, pero antes de que la fractura social vaya a más, los elegidos hace menos de un año, defensores de la política de las instituciones, son los que deben encauzar la situación, dar el primer paso y ofrecer una respuesta real a las demandas sociales. 

Gobernar mirando a Berlín y Bruselas pero estando de espaldas a los ciudadanos, no hace sino incrementar la desazón e impotencia. El problema de este país ya no es sólo económico y la solución pasa por la transigencia y el entendimiento entre política y sociedad. El escaso nivel político que demuestran sus señorías hace difícil que se retome la cordura y la coherencia pero la altura de miras y la honestidad pública –más allá de las siglas y los colores- son ahora necesarios para evitar un auténtico estallido social que será difícil de anular a base de golpes y porrazos.
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Griñán, el reconquistador

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Los barones del PSOE andaluz se han vestido con el traje de batalla y están haciendo todo lo posible por hacerse dueños de la lucha que comenzando en España entre la administración central y las autonomías. Se trata de un combate en toda regla en el que se intenta dirimir algo frecuente en las guerras a lo largo de toda la historia: el territorio y el autogobierno. 

Un amplio ejército socialista, comandado por el capitán Griñán, armado con ácidas críticas y discursos socialdemócratas, quiere tomar el control de la batalla y ponerse a la cabeza de la revolución que comienza a desatarse. No es tarea fácil, el azul invade casi toda España, por eso, Griñán se mueve rápido para conseguir que el rojo socialista vaya ganando cada vez más terreno. 

Ante la ostracismo absoluto al que el PSOE está siendo derivado en la política nacional y el escaso peso del partido en las regiones, Griñán se ha autoproclamado –por encima de vascos, asturianos y canarios- el líder socialista que España necesita para hacer frente al poder central que rige los designios del país con mano firme pese al descontento generalizado. 

La cruzada ha comenzado y el presidente de la Junta de Andalucía está desarrollando su estrategia de confrontación con el gobierno central sin tapujos. En Sanidad y Educación, Andalucía desafiará hasta lo que la ley le permite las medidas de Rajoy. La atención gratuita a inmigrantes irregulares, el mantenimiento de los servicios médicos gratuitos o el restablecimiento de Educación para la Ciudadanía han sido algunas de las afrentas con las que presidente regional pretende retar al partido de la oposición. Pero esto tiene un coste.

Un coste, sobre todo, económico. Andalucía se enfrenta al Gobierno central con el déficit de saber que desde la Moncloa se gestionan los fondos hacia las autonomías, y la preocupación de tener una situación financiera al borde de la asfixia que el Ejecutivo se está encargando de acentuar. Una maniobra tan antigua como la propia política: desgastar sutilmente desde Madrid a los gobiernos regionales de otro color. ¿Acaso el entendimiento en la época Zapateril fue casual? 

Andalucía se enfrenta al gobierno de Rajoy en una situación de desventaja económica. Griñán ha movido ficha y está buscando el apoyo de otras autonomías desviando el debate hacia el cumplimiento de los estatutos a la vez que denuncia el centralismo y la recuperación de competencias por parte del gobierno. Una hábil estrategia que cuenta con las simpatías de las comunidades no gobernadas por el PP. 

Griñán está aprovechando el debate autonómico destapado por los nacionalistas catalanes para reconquistar el terreno perdido por el PSOE. Aunque debe analizar el coste que sus acciones están teniendo en Andalucía. La paralización de las oposiciones y la negativa a la solicitud del ‘adelanto’ de liquidez han sido las últimas consecuencias. Pero no serán las únicas, sobre todo, cuando todo parece indicar que tendrá que solicitar el rescate autonómico con unas contraprestaciones aún por dilucidar. El presidente se verá enfrascado en los próximos meses entre el riesgo de seguir enfrentado al gobierno central y la necesidad de recuperar el espíritu socialista. Una difícil situación en la que el presidente tendrá que anteponer los intereses andaluces a los de su partido.
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