Yo aquí y ellos en las antípodas

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Esta semana se ha puesto de manifiesto algo que ya se conocía. El PSOE no está resquebrajado, está roto, hundido y con una base social que huye hacia fuerzas políticas del entorno. No debe ser ninguna sorpresa porque es un fenómeno que ya se constató hace meses, con la mayor derrota electoral de su historia. Sin embargo, el desapego ¿es exclusivo del PSOE o afecta por igual al resto de representantes políticos? 

La tensión en las cúpulas del PP y del PSOE debe ser máxima. Desde hace tiempo saben que están lejos de los ciudadanos, más allá de sus aférrimos seguidores, pero aún no han hecho nada por invertir esta situación. El PP, gracias a sus medidas "en favor de la recuperación económica", está abriendo una inmensa brecha con la ciudadanía a un ritmo inaudito. Por si fuera poco, su campaña recentralizadora, defensora de la unidad nacional y su todos a una, está haciendo un favor increíble a las fuerzas nacionalistas, que se convertirán en adalides de movimientos independentistas en los próximos meses. Se salvan, de momento, gobiernos regionales como el de Feijoó que han matizado el férreo programa impuesto por la dirección nacional y se han encontrado sin una oposición capaz de hacerle sombra. 

Por su parte, en el PSOE están observando cómo el barco se hunde sin saber dónde está la fisura y sin averiguar con qué materiales pueden sellarla. El principio del fin comenzó en 2008 y se aceleró a partir de mayo de 2010. Desde entonces, los votantes ya no saben si el PSOE es un partido socialista, de izquierdas, de centro, europeísta o simplemente, antiMerkelista. Tampoco ha servido, a la luz de los acontecimientos, la regeneración exprés que se hizo en el último congreso federal situando en uno de los baluartes de Zapatero a la cabeza del partido. La sombra de ZP es todavía muy alargada. 

Mientras en estos partidos se suceden los estudios y las encuestas sobre cómo afrontar sus respectivos problemas, otros como Izquierda Unida, a medio camino entre lo constitucional y lo revolucionario, siguen aumentando su respaldo. ¿Se puede extraer alguna conclusión de este fenómeno? La proliferación de votantes hacia posiciones nacionalistas y otras más reformadoras evidencia algo obvio: la gente quiere alternativas a lo conocido. Todavía no la inmensa mayoría, pero sí, una buena parte de los españoles cada vez más nutrida. 

Hay otros datos muy importantes que están en la base de todo este fenómeno. La abstención electoral. En las últimas elecciones vascas y gallegas, el porcentaje de población que no se acercó a las urnas superó el 34%, más alto que en los últimos comicios regionales y tres puntos más que la abstención de las elecciones generales de 2011. Una ausencia de votos que empieza a ser significativa y que se está canalizando en otras formas de participación en política que, no obstante, están siendo criminalizadas por el Gobierno. 

Los ‘Rodea el Congreso’ que se están produciendo en estas semanas, son una forma más de presión hacia el enemigo identificado: los representantes políticos. Sus reclamaciones tienen mucho que ver con la crisis financiera y la forma en la que los gobiernos están afrontando las medidas, cargando la gran parte del coste económico, sobre la clase media. Pero en lugar de informar de forma transparente y tender una mano a los ciudadanos más críticos con el fin de rebajar la tensión, gran parte del arco parlamentario se enroca en discursos indescifrables y establecen la etiqueta de 'golpista' a todo aquel que protesta a las puertas del Parlamento. 

Los partidos tradicionales no están respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y están demostrando no estar a la altura para lidiar con la mayor crisis de la Historia. La connivencia más o menos consciente con la especulación inmobiliaria y financiera, la corrupción política, la incapacidad para frenar el padecimiento de la clase media y la falta de alternativas reales a la situación actual, están provocando que la distancia entre pueblo y políticos sea abismal. Y lo peor de esta crisis está aún por venir. O cambia la actitud negacionista y lejana de los representantes políticos, comenzando por el Gobierno de la nación, o la fractura social llegará a un punto irreversible que coqueteará con lo peligroso. Una situación que puede estar más cerca de lo esperado.

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Visto para sentencia

Las instituciones no están en su mejor momento. A la crisis política, social y económica se suma la judicial, que lleva coleando desde hace algunos años. Aunque ha sido ahora con la dimisión obligada de Dívar como representante del Supremo y del órgano de los jueces, cuando se ha abierto una fisura en el poder judicial. La grieta se acrecienta cuando es el propio Tribunal Constitucional el que queda cuestionado. Todos los pasos que se están dando en mitad de esta crisis institucional están provocando una desconfianza absoluta de los ciudadanos hacia las instituciones que los presentan. 

La huida de Carlos Dívar, hasta ahora presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha provocado que ambos órganos jurisdiccionales queden descabezados. Dívar ha sido la segunda figura judicial en caer, la primera fue Garzón aunque por motivos bien distintos. La utilización de fondos públicos para viajes privados a Marbella ha contagiado al poder judicial del recelo con el que los ciudadanos observan a la clase política. La justicia ha quedado manchada. Aunque existen más órganos afectados. 

El Tribunal Constitucional era, hasta tiempos recientes, uno de los pocos reductos que gozaba de cierto prestigio institucional. Aunque en España la justicia nunca ha sido bien valorada por los ciudadanos, el Alto tribunal, rodeado de un halo de magnificencia entre el misterio y la admiración, conservaba una imagen respetable que en los últimos años PP y PSOE se han encargado de destruir. En estas semanas, mientras España observa con recelo el rescate financiero y espera la llegada de los hombres de negro para tutelar nuestra economía, el Constitucional ha entrado en crisis. 

La legalización de Sortu no ha sentado nada bien en el Gobierno de Mariano Rajoy y sus compañeros de partido se han armado para declarar la guerra al Alto Tribunal. La avanzadilla inicial corrió a cargo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que discrepó de la sentencia, aunque la artillería pesada estuvo dirigida por Esperanza Aguirre que impulsó la ofensiva abogando por la desaparición del tribunal. Objetivo: acabar con un tribunal al que ahora consideran deslegitimado. Atrás queda ya el año 2005 cuando el PP recurrió al Constitucional la ley de matrimonios homosexuales. Entonces, era un órgano legitimado para contradecir al gobierno de Zapatero. Cuanto menos resulta curioso que ahora, en 2012, cuando sus sentencias chocan ideológicamente con el partido en el poder, carezca de legitimidad. 

Si el prestigio del Constitucional está bajo mínimos es a causa del excesivo uso político que han efectuado los partidos en el gobierno. Una tendencia que, lejos de desaparecer, está en auge. Recientemente, el PSOE ha presentado dos recursos al Alto Tribunal. Uno, destinado a frenar la amnistía fiscal del Gobierno. El segundo, impulsado por el PSOE de Andalucía, pretende detener los cambios que anuncia la reforma sanitaria. 

El Partido Socialista quiere abanderar la lucha por el progreso y el estado de bienestar pero, al carecer de los suficientes apoyos políticos, introduce a un nuevo jugador, el Constitucional. Pero ambos casos se deben leer en clave política puesto que el PSOE es co-responsable del bloqueo en la renovación del Constitucional, donde aún residen cuatro miembros con mandatos vencidos desde 2010. Resulta paradójico que mientras el Alto Tribunal está bloqueado, se recurra a él para dirimir sobre cuestiones que poseen un tufo electoralista bastante evidente. 

No hay duda de que las instituciones poseen una salud muy frágil. La vorágine destructora en la que estamos insertos está consumiendo los poderes clásicos del Estado. Legislativo y Ejecutivo aguardan en un estado catatónico del que sólo despertarán con un electroshock democrático impulsado desde la ciudadanía. Ahora es turno del Judicial. Por encima de todos ellos está el Tribunal Constitucional, creado para garantizar del orden democrático del Estado, pero que también se ha contagiado de la crisis institucional en la que está inmerso el país. 

La solución no es buscar a los culpables sino restaurar la confianza en las instituciones. En ese sentido, las declaraciones de Aguirre hacen un flaco favor para conseguirlo, más aún cuando PP y PSOE durante años han considerando al Alto Tribunal como un aliado para sus intereses políticos. Unas guerras políticas que han acabado por transformar en un actor político a un órgano cuya misión se sitúa por encima de revanchas partidistas. 

A partir de aquí, los dos grandes partidos pueden dejar morir lentamente al órgano siguiendo la doctrina actual, basada en la politización y el bloqueo. O pueden reconstituir su confianza y otorgarle la legitimidad perdida acelerando el desbloqueo y cambiando su modo de hacer política. Los hechos están probados, las pruebas, sobre la mesa. El asunto queda visto para sentencia.

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¡Malditas comisiones!

Las comisiones han vuelto a estar en boca de todo el mundo. La riqueza del idioma español permite que al hablar de comisión nos podamos referir a cuestiones radicalmente diferentes. Desde el porcentaje cobrado por alguien por realizar un trabajo hasta el conjunto de personas asignadas para estudiar un asunto. E incluso podemos hablar de la capacidad para ejecutar algún encargo o, si vamos un poco más allá, a un tipo de pecado que atenta contra la ley de Dios. Por eso resulta extremadamente llamativo que casi todas las acepciones de comisión estén presentes de una u otra manera en el escándalo de Bankia. 

En los últimos días se ha recuperado en el discurso político la denostada y desprestigiada figura de la comisión de investigación para aportar algo de luz a la caída de Bankia. El Partido Socialista comenzó fuerte al insuflar la posibilidad de una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto, aunque luego retrocedió. Quizás Rubalcaba recordó que el PSOE también tiene responsabilidad en este batacazo al impulsar la salida a bolsa de una entidad resultante de una mezcla poco cohesionada de otras siete, que contaba con un importante agujero inmobiliario y cuyo bautizo bursátil se produjo con el consentimiento de la CNMV, el Banco de España y el gobierno socialista. 

Fue entonces cuando aparecieron algunos miedos y se matizó: el PSOE sólo solicitará la comisión en caso de que no se produzcan comparecencias públicas y se ofrezcan todas las explicaciones. Ahora, el PSOE se divide entre los que tienen miedo a que el barro les salpique y los que, siguiendo el clamor popular, apuestan por medidas más contundentes, entre ellas, la comisión de investigación. 

Las comisiones no distinguen de colores políticos y también merodean al Partido Popular. Naturalmente, el partido de Rato no considera que haya ningún asunto que deba ser explicado públicamente sino en otra comisión. Mejor dicho, en una comisión de otra comisión, o lo que es lo mismo, una subcomisión. El fantasma del miedo se hace cada vez más grande y el PP sólo ha solicitado la comparecencia del gobernador del Banco de España en la subcomisión de seguimiento del FROB. Lo que quizás no saben los dirigentes populares es que los fantasmas tienen la capacidad de atravesar los muros de las subcomisiones y del Congreso y llegar directamente a Génova. Porque intentar silenciar la verdad es la mejor fórmula para alimentar rumores y engrandecer las ganas de justicia del pueblo. 

Es curioso hablar de justicia y comisiones a la vez. Cuánto juego ofrecen las comisiones. Y dinero. Gracias a las decenas de comisiones cobradas, uno de los directivos de Bancaja (integrada en Bankia) solicitaba una pensión por valor de 14 millones de euros. Finalmente, la razón se ha impuesto y este directivo disfrutará de una jubilación más terrenal. Aunque las mismas comisiones permitieron que los directivos de Bankia en 2011 se adjudicaran 6,5 millones por su inmaculada gestión. Lo paradójico es que estas comisiones han podido dar lugar a otra comisión: la de un delito, porque ya está siendo juzgado si nuestra Troika particular–Rato, Blesa y Ordóñez- ha cometido algún fraude en el desplome de Bankia. 

Algún despistado aún se puede preguntar si el cobro de una comisión millonaria por una mala gestión supone la comisión de un delito y la posterior creación de una subcomisión o una comisión de investigación para aclarar los hechos. ¡Maldita polisemia! Con lo fácil que hubiese sido recurrir a tiempo al Panhispánico de dudas. 

Afortunadamente, si el pueblo no queda satisfecho con la justicia terrenal, aún le resta la espiritual. Donde todo maleante tiene su merecido. Sobre todo, aquellos que han sido débiles y han caído en la tentación de realizar un pecado de comisión. Aunque ocurre lo mismo para los que han cometido un pecado de omisión. En ambos casos, se está atentando contra Dios que, adelantándose veinte siglos, dejó escrito en piedra un imborrable principio inquebrantable para estos casos: “no robarás”. Ni FROB, ni reformas, ni rescates financieros. Cuántos disgustos nos hubiésemos ahorrado si los directivos de bancos y cajas hubiesen tenido diccionarios y biblias.

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El antes se hace ahora

Manifestaciones, estudiantes en la calle, cargas policiales y decenas de detenidos y heridos, son imágenes que se sucedían hace un par de décadas en este país. Lo acontecido en Valencia, se asemeja peligrosamente a las actuaciones de un estado paramilitar que reabren una vieja herida abierta entre ciudadanos y políticos y contribuye a desprestigiar la democracia actual. 

Ayer, el jefe superior de la Policía de Valencia, Antonio Moreno, revivió un Deja Vú y se inspiró en actuaciones que no hace tanto, realizaban sus progenitores. Su enajenación mental comenzó cuando calificó de “enemigos” a unos jóvenes manifestantes que ejercían de forma pacífica dos derechos recogidos en la Constitución: el de la libertad de expresión y el de asociación (artículos 20 y 22 de la C.E). Después, la incapacidad se hizo total y un misterioso espíritu totalitarista y dictatorial tomó forma a través de la represión de las consideradas Fuerzas de Seguridad del Estado, que se convirtieron durante unas horas en agentes de coacción que sometieron las críticas y las protestas al poder de la fuerza bruta. 

La actuación policial desatada obedeció a unas claras directrices que apuntan, en primera instancia, el jefe superior de Policía de Valencia, cuyas afirmaciones evidencian la consideración que posee de los valencianos, pero alcanzan cotas mayores. ¿Existieron órdenes políticas para aplacar a través de la violencia la manifestación? ¿Obedece esto a una nueva línea de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante el nuevo gobierno? No en vano, el 30 de diciembre del pasado año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, relevó a toda la cúpula policial, situando como director general de la Policía, a Ignacio Cosidó, en una estrategia que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó como “politización de la cúpula policial”. 

Casualmente, la manifestación del día después a la represión, contó con una presencia muy inferior de policías y se saldó sin ningún incidente. Nuevas instrucciones. Pero la utilización política de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no es exclusivo de un signo político ¿Alguien piensa que en la permisividad de la actuación policial en las manifestaciones del movimiento 15 M no tuvo una incidencia directa la proximidad de las elecciones locales y el miedo del denostado gobierno del PSOE a perder mayor popularidad? 

Más allá de la instrumentalización política que se está extendiendo en las fuerza de seguridad, la pregunta que todo el mundo se hace es obvia: ¿en qué beneficia a un gobierno recién elegido que se reprima tan violentamente una manifestación que habían comenzado pacíficamente estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia, contra los recortes en Educación? Obviamente, en muy poco. Sin embargo, la actuación no ha sido aún censurada por el Gobierno. El carrusel de declaraciones al respecto es insólita: 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno: “Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a expresar sus opiniones", pero "todo el mundo tiene que entender" que la Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tienen unas funciones que cumplir". "Creo que si todo el mundo actúa con mesura y con sentido común este tipo de cosas no se va a repetir" .

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior: “Nosotros estamos para controlar los excesos y no para excedernos en el control. Ya lo he dicho y está dicho para personas inteligentes, pero que quede claro que cuando hablo de los excesos, estoy hablando de manera muy especial de aquellos radicales y violentos que aprovechan determinadas circunstancias que no deben hacer en ningún momento”.

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia: “No llevemos nuestras simpatías a los que atacan, a los que hacen posible que usted y yo seamos personas libres en una nación libre”. Los agentes de la Policía Nacional “han sido violentamente agredidos”. 

Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana: “Se trata de que (los manifestantes) cometieron un acto que la Policía no podía dejar que ocurriera que era la alteración del tráfico y el corte del tráfico durante muchas horas y en una calle muy importante de la ciudad”. 

Todas ellas tienen en común una omisión de responsabilidades hacia los mandos que ordenaron este tipo de acción policial. Hablando llano, “el enemigo” la compone una masa de estudiantes –radicales y exaltados- enfurecidos. Pero se echa en falta un poco de autocrítica. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana también ha anunciado una investigación y una apertura de expedientes disciplinarios en los casos que lo requieran. ¿Lo hará también con los mandos policiales que ordenaron la carga policial? 

Según las autoridades, exaltados y radicales, una manifestación no autorizada, cortes de tráfico no comunicados y actuaciones agresivas de los estudiantes, fueron las causantes de una respuesta “proporcionada” para el jefe de la Policía Valenciana. Bajo este paraguas de medias verdades y discursos políticamente correctos se esconden, como en la mayoría de manifestaciones, insultos y actitudes desafiantes de los manifestantes hacia la Policía que, durante unos instantes, se autoerigen en protagonistas de una revolución. 

Pero el follaje no debe impedir ver el bosque. Una de las claves de este asunto la aporta el Sindicato Unificado de Policía. Según el SUP, “el fin que se pretendía, (restablecer una calle al tráfico), era menos importante” que evitar “un clima de crispación, heridos, y violencia”. Y añade en su comunicado que “el principio de autoridad (la gestión de los espacios públicos) debe interpretarse con la suficiente flexibilidad como para no crear interviniendo la Policía un problema mayor que el que se pretende resolver”. Por tanto, ¿está justificada la actuación policial sobre personas no armadas? 

Huyendo de tópicos y demagogia, existe en el Estado de Derecho un principio que rige su funcionamiento: la proporcionalidad. Se trata de un axioma, que junto con el de la equidad, impregna el carácter del Estado y la actuación de todos los trabajadores públicos. La proporcionalidad es clave para que un estado democrático funcione con normalidad. Actitudes como la de cuerpo policial en Valencia, a instancias de sus mandos superiores, y la respuesta política generada, no hacen sino perjudicar a un estado democrático y hacen revivir fantasmas del pasado que parecen, no estar enterrados del todo.

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La mala educación

José Ignacio Wert, ministro de Educación

El Gobierno de España ha anunciado nuevas medidas educativas que, pese a no conocerse con exactitud, parecen generar unas expectativas contradictorias. Junto a ello, las últimas actuaciones del Ministerio con las oposiciones a profesor de Secundaria en Andalucía, hacen prever unas política educativa que tendrá un fuerte componente ideológico revanchista detrás de ella.

Hace meses que dejé de escribir el blog por falta de tiempo al comenzar otros proyectos. Sin embargo, las nuevas circunstancias que están sucediendo han provocado que el que suscribe estas líneas, alcance un nivel de hartazgo que sólo tiene una salida positiva: la opinión a través de la palabra escrita. Y he considerado que este blog es el vehículo perfecto para ello. No determinaré días ni plazos, un blog es un cuaderno de bitácora muy personal, y a él acudiré para expresar mi indignación y mis emociones con todo lo que nos rodea. Alegría para mis seguidores, pesadumbre para mis detractores.

La película realizada por el fructífero cineasta español, Pedro Almodóvar en 2004, ilustra muy bien el asunto que me ha traído de vuelta aquí. Un ámbito que me atrae desde hace tiempo y que considero el baluarte indispensable de cualquier civilización. La Educación, eso que en España, se pisotea, se manipula, se adoctrina y se destruye para generar una sociedad más aburguesada, menos crítica y más gilipollas, hablemos claro.

El anuncio del Gobierno de España de la modificación de la Ley Orgánica de Educación no supone ninguna novedad. Gobierno nuevo, ley nueva, es la tónica en este país desde la implantación de la LOGSE en 1990. Y, con los nuevos rumbos que ha tomado el país, era cuestión de tiempo un anuncio de estas características. Sin embargo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sin concretar las nuevas medidas que recogerá la futura ley de educación (ya se verá si será orgánica) avanzó algunas pinceladas a modo de globo sonda para ir comprobando la reacción de la ciudadanía en un ámbito que puede generar una fuerte impopularidad en cuestión de segundos a través de las redes sociales (como así ha sido).

La ampliación del Bachillerato a tres años, sorprende, por ser una medida que retoma los viejos estudios secundarios, pero da un giro con aires renovadores, y los europeíza. Al estilo alemán, el Gobierno del Partido Popular, pretende adelantar la edad de decisión de los jóvenes a los 15 años, donde ya se decidirá si seguir estudiando Bachillerato u optar por la Formación Profesional. Aunque, siendo los 16 años, la edad mínima obligatoria para abandonar los estudios, este avance adolece de cierta consistencia práctica y jurídica, a la vez que genera no pocas duda, entre ellas: ¿será 1º de Bachillerato o el primer curso de FP obligatorio? ¿Se acortará la edad legal para dejar de estudiar?

Otra de las medidas avanzadas ha sido el futuro de becas. Con un recorte estimado en el Ministerio de Educación de más de 400 millones de euros, el ministro ha asegurado que este logro social, no se resentirá. Eso sí, ha avanzado cambios en las becas tal y como las conocemos. Sin querer profundizar más (quizás por miedo a introducirse en un fangoso charco), Wert afirmó que se intentará dotar a las becas de un criterio de excelencia. Es decir, considerar el currículum del estudiante y las calificaciones como eje para su concesión, unas declaraciones que suenan a un recorte velado de la partida para becas escudadas en el lema "privilegios para los mejores".

Pero ni el Bachillerato de tres años, ni el recorte en becas, ni siquiera  la sustitución de la adoctrinadora asignatura Educación para la Ciudadanía por otra similar, Educación Cívica y Constitucional, (ECC) pero con la carga ideológica a la diestra, ha generado tanta polémica como el anuncio del cambio de materias en las oposiciones a Secundaria en Andalucía. 

Se trata de una muestra más del fuerte componente ideológico que está impregnando este nuevo Gobierno. Su compromiso por desmarcarse a velocidad de vértigo de todo lo que huele a socialista, es tal, que se están tomando medidas improvisadas e ilógicas de todo punto por parte de un gobierno recién elegido. El cambio en los temarios a las oposiciones no obedece a criterios de calidad como argumenta el ministro, es imposible mantener este discurso cuando se vuelve a unos contenidos aprobados entre 1993 y 1996. No porque la educación de antes fuera mala, sino porque el cambio social que se produce desde entonces obliga a afrontar los contenidos educativos a través de formas más innovadoras.

La pregunta es saber los motivos del castigo de Wert. ¿Se trata de un zarpazo al Gobierno de la Junta de Andalucía para debiliarlo de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo? ¿Es una vendetta del Gobierno central, amparándose en que las Comunidades Autónomas (14 de las 19 autonomías están gobernadas por el PP) decidieron no convocar oposiciones hasta 2013 para mantener los compromisos de déficit y fiscales estipulados por el Gobierno, mientras el Gobierno andaluz les retó ofertando más de 2.000 plazas?

Es evidente que el PP no ha comenzado su andadura con actitud conciliadora y pactista, sino todo lo contrario. Esta actitud revanchista, encuentra a la Educación como una arma arrojadiza para castigar fallos ajenos y elogiar aciertos propios. Pero desde la ciudadanía, en este ámbito se reclama lo que se espera de los dirigentes políticos: compromiso y conciliación para generar un diálogo constructivo que permita unificar criterios y estabilizar a la Educación, alejándola de la inseguridad jurídica y política que la cobija. Las ideologías, para los mítines, la verdadera actitud que se reclama al Gobierno es un comportamiento que garantice un pacto de estado definitivo que permita incrementar los niveles de calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los jóvenes españoles. ¿Es mucho pedir, señor Wert?

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