Renovarse o morir

José Antonio Griñán | Conchitina / ElMundo.es

El PSOE de Andalucía afronta momentos difíciles. Lo que parecía que sería un congreso triunfal, donde José Antonio Griñán revalidaría sin problemas su título de secretario general de los socialistas andaluces se ha convertido en una ilusión truncada. El congreso ha servido poco más que para constatar que existe una importante división dentro del PSOE entre el aparato y un sector crítico denostado que poco va a contribuir al cambio que necesita el partido. La refundación, la autocrítica, los análisis ni se plantean. Todo sigue igual aunque, como suele pasar cuando comienzan los problemas, cada vez un poco peor. 

Si la socialdemocracia ha entrado en crisis, el PSOE de Andalucía es el mejor ejemplo de ello. Negativas, reproches, críticos, excluidos y divisiones internas se alternaron durante el Congreso Regional de un partido descalabrado electoralmente en el conjunto de la nación y con una pérdida de confianza generalizada que combaten con escasas ideas renovadoras. El continuismo que prevalece en el PSOE ante el temor de una mayor sangría de votantes hacía prever que Griñán saldría reforzado del congreso por abrumadora mayoría. Pero la conservación del gobierno andaluz no ha sido suficiente y tres de cada diez delegados le dieron la espalda a su secretario general. 

Quizás porque no se preveía un rechazo tan alto o porque Griñán quiso hacer las veces de dirigente firme y duro, tras conocer los resultados, el secretario general de los socialistas andaluces demostró un carácter insólito que reforzó la posición del sector crítico. “Los que no me votaron no estarán en la Ejecutiva”. Sus palabras fueron ejercicio de sinceridad que sorprendió a todos –que esperaban más de un hombre con talante negociador- y evidenció el inframundo en el que se ha estancado la política y las luchas internas para alcanzar los puestos de responsabilidad en el partido que luego abren las puertas al gobierno de la Junta. 

Aún resuenan las palabras de Pepe Griñán preguntando antes del congreso quiénes eran esos críticos de los que tanto se hablaba en la prensa. Ahora, ya los conoce y será difícil que les olvide. Los críticos ya poseen nombre y apellidos y están consiguiendo apoyos día a día. En el congreso regional han alcanzado su primer objetivo: evidenciar su existencia. Ahora, ya han definido el segundo: la secretaría general del PSOE de Sevilla. 

Si existe un reducto socialista en España, esa es la provincia de Sevilla. Para griñanistas y críticos, alcanzar la secretaría general sevillana supone dominar el caballo ganador y dar un golpe en la mesa sobre el otro bando. Lo previsible es que gane Susana Díaz, que cuenta con el aval del aparato del partido, algo que permitiría a Griñán respirar aliviado y frenar momentáneamente su pérdida de credibilidad. Aunque las previsiones no siempre se cumplen. Y en el PSOE de Andalucía, cada vez menos. 

En el otro lado se sitúa el sector crítico. Abanderado por Gutiérrez Limones, cuenta con los apoyos de veteranos socialistas con peso e influencia. Su candidatura nos permite conocer que este grupo es crítico con la gestión de Griñán pero poco más puede ofrecer. En ningún momento han dado muestra de apostar por el cambio o la renovación del partido, conceptos que se manejan desde dentro del partido y que contribuirían a que el PSOE supere la crisis en la que está inmerso. Pocas esperanzas se pueden depositar en el sector crítico del PSOE de Andalucía si está liderado por políticos con fecha de caducidad. Gutiérrez Limones es incapaz de abanderar un proyecto renovador cuando es la cara visible del gobierno de Alcalá de Guadaíra desde 1995. 

Con todo esto, si mala era la situación del partido socialista andaluz antes del congreso, después de él es mucho peor. Las divisiones internas y las luchas fraternales por la actuación de su líder regional, las continuas pérdidas electorales y la coalición con Izquierda Unida han generado un partido débil a juicio de sus propios integrantes. Si a esto se suma un secretario general cuestionado, la brecha se hace casi insalvable. Por si todo esto fuera poco, el sector opuesto a Griñán que pretende erigirse como alternativa, está capitaneado por líderes locales que representan un proyecto caduco. ¿Solución? Sólo queda una: renovarse a marchas forzadas o morir.

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Visto para sentencia

Las instituciones no están en su mejor momento. A la crisis política, social y económica se suma la judicial, que lleva coleando desde hace algunos años. Aunque ha sido ahora con la dimisión obligada de Dívar como representante del Supremo y del órgano de los jueces, cuando se ha abierto una fisura en el poder judicial. La grieta se acrecienta cuando es el propio Tribunal Constitucional el que queda cuestionado. Todos los pasos que se están dando en mitad de esta crisis institucional están provocando una desconfianza absoluta de los ciudadanos hacia las instituciones que los presentan. 

La huida de Carlos Dívar, hasta ahora presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha provocado que ambos órganos jurisdiccionales queden descabezados. Dívar ha sido la segunda figura judicial en caer, la primera fue Garzón aunque por motivos bien distintos. La utilización de fondos públicos para viajes privados a Marbella ha contagiado al poder judicial del recelo con el que los ciudadanos observan a la clase política. La justicia ha quedado manchada. Aunque existen más órganos afectados. 

El Tribunal Constitucional era, hasta tiempos recientes, uno de los pocos reductos que gozaba de cierto prestigio institucional. Aunque en España la justicia nunca ha sido bien valorada por los ciudadanos, el Alto tribunal, rodeado de un halo de magnificencia entre el misterio y la admiración, conservaba una imagen respetable que en los últimos años PP y PSOE se han encargado de destruir. En estas semanas, mientras España observa con recelo el rescate financiero y espera la llegada de los hombres de negro para tutelar nuestra economía, el Constitucional ha entrado en crisis. 

La legalización de Sortu no ha sentado nada bien en el Gobierno de Mariano Rajoy y sus compañeros de partido se han armado para declarar la guerra al Alto Tribunal. La avanzadilla inicial corrió a cargo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que discrepó de la sentencia, aunque la artillería pesada estuvo dirigida por Esperanza Aguirre que impulsó la ofensiva abogando por la desaparición del tribunal. Objetivo: acabar con un tribunal al que ahora consideran deslegitimado. Atrás queda ya el año 2005 cuando el PP recurrió al Constitucional la ley de matrimonios homosexuales. Entonces, era un órgano legitimado para contradecir al gobierno de Zapatero. Cuanto menos resulta curioso que ahora, en 2012, cuando sus sentencias chocan ideológicamente con el partido en el poder, carezca de legitimidad. 

Si el prestigio del Constitucional está bajo mínimos es a causa del excesivo uso político que han efectuado los partidos en el gobierno. Una tendencia que, lejos de desaparecer, está en auge. Recientemente, el PSOE ha presentado dos recursos al Alto Tribunal. Uno, destinado a frenar la amnistía fiscal del Gobierno. El segundo, impulsado por el PSOE de Andalucía, pretende detener los cambios que anuncia la reforma sanitaria. 

El Partido Socialista quiere abanderar la lucha por el progreso y el estado de bienestar pero, al carecer de los suficientes apoyos políticos, introduce a un nuevo jugador, el Constitucional. Pero ambos casos se deben leer en clave política puesto que el PSOE es co-responsable del bloqueo en la renovación del Constitucional, donde aún residen cuatro miembros con mandatos vencidos desde 2010. Resulta paradójico que mientras el Alto Tribunal está bloqueado, se recurra a él para dirimir sobre cuestiones que poseen un tufo electoralista bastante evidente. 

No hay duda de que las instituciones poseen una salud muy frágil. La vorágine destructora en la que estamos insertos está consumiendo los poderes clásicos del Estado. Legislativo y Ejecutivo aguardan en un estado catatónico del que sólo despertarán con un electroshock democrático impulsado desde la ciudadanía. Ahora es turno del Judicial. Por encima de todos ellos está el Tribunal Constitucional, creado para garantizar del orden democrático del Estado, pero que también se ha contagiado de la crisis institucional en la que está inmerso el país. 

La solución no es buscar a los culpables sino restaurar la confianza en las instituciones. En ese sentido, las declaraciones de Aguirre hacen un flaco favor para conseguirlo, más aún cuando PP y PSOE durante años han considerando al Alto Tribunal como un aliado para sus intereses políticos. Unas guerras políticas que han acabado por transformar en un actor político a un órgano cuya misión se sitúa por encima de revanchas partidistas. 

A partir de aquí, los dos grandes partidos pueden dejar morir lentamente al órgano siguiendo la doctrina actual, basada en la politización y el bloqueo. O pueden reconstituir su confianza y otorgarle la legitimidad perdida acelerando el desbloqueo y cambiando su modo de hacer política. Los hechos están probados, las pruebas, sobre la mesa. El asunto queda visto para sentencia.

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