Eres y eres pero nadie fue

José Antonio Griñán | Imagen obtenida del Portal de la Junta de Andalucía

El Parlamento de Andalucía asiste este miércoles a un bochornoso circo en el que los payasos visten traje y corbata, ocupan los sillones de los grupos parlamentarios y son artífices de la votación final que dictamina las responsabilidades políticas en el caso de los ERE fraudulentos. En este circo, los payasos han sido los únicos que han reído al decidir no buscar responsables de una trama que presuntamente ha succionado de las arcas públicas 17 millones de euros, en su estimación más cicatera. Al resto, no nos hace ni pizca de gracia. 

La votación de las conclusiones del dictamen de los ERE es la constatación del fracaso de las instituciones y la hipocresía de un sistema político caduco donde malversaciones y corruptelas no están castigadas. Es el refrendo de una burda pantomima cuyo efecto más inminente es una pérdida generalizada de confianza que cotizará al alza, gracias a la inestimable colaboración de todos los grupos parlamentarios. 

El esfuerzo radicaba exclusivamente en alcanzar un consenso para señalar a los responsables políticos de una trama ilegal. Una tarea que se ha convertido en misión imposible para los nueve miembros de PP, PSOE e IU que componían una comisión que se ha mostrado incapaz de identificar conjuntamente, con nombres y apellidos, a los culpables de un escándalo político que permanecerá mucho tiempo en la retina de los andaluces. 

Sólo tres partidos, tres siglas y nueve personas que no han conseguido ponerse de acuerdo, ya fuera por una ambición desorbitada en buscar culpables, un corporativismo partidista que impedía señalar a compañeros de filas o un pacto de gobierno que ha suavizado desde el principio las responsabilidades atribuidas a cada cual. El balance, un dictamen rechazado por los mismos que lo han redactado después de que unos y otros eliminaran las partes que no le interesaban. 

Ahora podemos explicarnos por qué no se ha celebrado con anterioridad una comisión de investigación en el parlamento andaluz. Con el rebote de acusaciones y la tontería generalizada, al final sólo el ex director general de Trabajo aparecerá como el chivo expiatorio de toda una trama escrupulosamente orquestada que, a tenor de las investigaciones, ha estado defraudando a la hacienda pública andaluza durante diez años. Guerrero constará como el hombre que hacía sonar toda la orquesta, él solo, como Juan Palomo. 

No hay que olvidar que la comisión era la ocasión de oro para dejar actuar a la política y allanar el camino para que las instituciones y sus representantes recuperaran parte de la denostada confianza. Sus señorías prometieron, aseguraron y convencieron de que la comisión era un ejercicio de transparencia. A su término, todos los que mínimamente confiados volcaron sus esperanzas en ella, se han dado de bruces con la realidad. Gracias a sus señorías, la política andaluza es aún más negra y menos representativa; un auténtico funeral que enarbola banderitas y farolillos sólo cuando las urnas se aproximan. 

El presidente de la comisión, en un ejercicio de sinceridad, aseguraba sentir vergüenza de su resultado. Mejor no preguntar qué podrán sentir todos aquellos que ven cómo decenas de millones nutren algunos bolsillos mientras los suyos están cada vez más desolados sin que nadie sea capaz de poner nombres y apellidos a los responsables que lo han permitido. Afortunadamente, aún queda la resolución de la justicia, aunque a la velocidad con la que se deslegitiman las instituciones, habrá que ver por cuánto tiempo. Lo realmente increíble es que, pese a todo, todavía puedan existir incansables que confían en las comisiones de investigación… e incluso en la política. Qué envidia.

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Yo aquí y ellos en las antípodas

olvidatuequipaje.blogspot.com

Esta semana se ha puesto de manifiesto algo que ya se conocía. El PSOE no está resquebrajado, está roto, hundido y con una base social que huye hacia fuerzas políticas del entorno. No debe ser ninguna sorpresa porque es un fenómeno que ya se constató hace meses, con la mayor derrota electoral de su historia. Sin embargo, el desapego ¿es exclusivo del PSOE o afecta por igual al resto de representantes políticos? 

La tensión en las cúpulas del PP y del PSOE debe ser máxima. Desde hace tiempo saben que están lejos de los ciudadanos, más allá de sus aférrimos seguidores, pero aún no han hecho nada por invertir esta situación. El PP, gracias a sus medidas "en favor de la recuperación económica", está abriendo una inmensa brecha con la ciudadanía a un ritmo inaudito. Por si fuera poco, su campaña recentralizadora, defensora de la unidad nacional y su todos a una, está haciendo un favor increíble a las fuerzas nacionalistas, que se convertirán en adalides de movimientos independentistas en los próximos meses. Se salvan, de momento, gobiernos regionales como el de Feijoó que han matizado el férreo programa impuesto por la dirección nacional y se han encontrado sin una oposición capaz de hacerle sombra. 

Por su parte, en el PSOE están observando cómo el barco se hunde sin saber dónde está la fisura y sin averiguar con qué materiales pueden sellarla. El principio del fin comenzó en 2008 y se aceleró a partir de mayo de 2010. Desde entonces, los votantes ya no saben si el PSOE es un partido socialista, de izquierdas, de centro, europeísta o simplemente, antiMerkelista. Tampoco ha servido, a la luz de los acontecimientos, la regeneración exprés que se hizo en el último congreso federal situando en uno de los baluartes de Zapatero a la cabeza del partido. La sombra de ZP es todavía muy alargada. 

Mientras en estos partidos se suceden los estudios y las encuestas sobre cómo afrontar sus respectivos problemas, otros como Izquierda Unida, a medio camino entre lo constitucional y lo revolucionario, siguen aumentando su respaldo. ¿Se puede extraer alguna conclusión de este fenómeno? La proliferación de votantes hacia posiciones nacionalistas y otras más reformadoras evidencia algo obvio: la gente quiere alternativas a lo conocido. Todavía no la inmensa mayoría, pero sí, una buena parte de los españoles cada vez más nutrida. 

Hay otros datos muy importantes que están en la base de todo este fenómeno. La abstención electoral. En las últimas elecciones vascas y gallegas, el porcentaje de población que no se acercó a las urnas superó el 34%, más alto que en los últimos comicios regionales y tres puntos más que la abstención de las elecciones generales de 2011. Una ausencia de votos que empieza a ser significativa y que se está canalizando en otras formas de participación en política que, no obstante, están siendo criminalizadas por el Gobierno. 

Los ‘Rodea el Congreso’ que se están produciendo en estas semanas, son una forma más de presión hacia el enemigo identificado: los representantes políticos. Sus reclamaciones tienen mucho que ver con la crisis financiera y la forma en la que los gobiernos están afrontando las medidas, cargando la gran parte del coste económico, sobre la clase media. Pero en lugar de informar de forma transparente y tender una mano a los ciudadanos más críticos con el fin de rebajar la tensión, gran parte del arco parlamentario se enroca en discursos indescifrables y establecen la etiqueta de 'golpista' a todo aquel que protesta a las puertas del Parlamento. 

Los partidos tradicionales no están respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y están demostrando no estar a la altura para lidiar con la mayor crisis de la Historia. La connivencia más o menos consciente con la especulación inmobiliaria y financiera, la corrupción política, la incapacidad para frenar el padecimiento de la clase media y la falta de alternativas reales a la situación actual, están provocando que la distancia entre pueblo y políticos sea abismal. Y lo peor de esta crisis está aún por venir. O cambia la actitud negacionista y lejana de los representantes políticos, comenzando por el Gobierno de la nación, o la fractura social llegará a un punto irreversible que coqueteará con lo peligroso. Una situación que puede estar más cerca de lo esperado.

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Llega tarde, señor Griñán

La Junta de Andalucía acaba de anunciar un nuevo plan para reequilibrar las devaluadas cuentas públicas de la comunidad. El Ejecutivo de Griñán ha reducido el número de coches oficiales y el salario máximo de los altos cargos de las empresas públicas. Una medida necesaria que reclamaba la población desde antaño pero que se autoriza en la semana más complicada del Gobierno, cuando se acentúan los rumores del rescate total a España. 

En mayo de 2010 Zapatero sorprendió a todos anunciando un recorte social sin precedentes, tal y como lo calificaron medios contrarios y afines al PSOE. Entre sus medidas, se contemplaba una reducción del 5% del salario de los empleados públicos –un 15% para los miembros del Gobierno-, la congelación de las pensiones, la supresión del cheque-bebé y la paralización de obras públicas. Por entonces no estábamos acostumbrados a los recortes y Zapatero comenzó a cavar su propia tumba. 

Los recortes son losas de piedra que van apilándose una encima de otra dejando en el fondo a la población. Por ello, dos años y medio después la situación es bastante peor. Al tijeretazo inicial de Zapatero, se ha sumado varias decenas de medidas para ahorrar y recortar el gasto público que han alcanzado su culmen con el Gobierno de Mariano Rajoy. Los recortes poco a poco han ido salpicando a las Comunidades Autónomas hasta que la mayoría absoluta del PP las ha situado al borde del desfiladero. 

En una de las semanas más negras para la economía española, cuando la prima de riesgo ha superado los 640 puntos y desde Europa se tensan las relaciones y se disparan los nervios en relación a un posible rescate total a España o una salida del Euro, Andalucía aprueba nuevas medidas que parecen estar pensadas para el inicio de la crisis, no para la situación actual. Comparen estas medidas con las arriba anunciadas por Zapatero. Son sorprendentemente parecidas. Si en los meses siguientes al mayo negro de 2010, la Junta hubiese anunciado un recorte en coches oficiales y en sueldos de altos cargos, no nos hubiese sorprendido. Ahora sí. Llega tarde, señor Griñán. 

Aunque es significativo cómo la reducción de los coches oficiales y el techo de salario para los directivos de entidades públicas han acaparado todas las portadas. Sin embargo, su ahorro supondrá apenas 6 millones de euros. En cambio, poco o nada se ha hablado del plan de lucha contra el fraude -uno de los verdaderos agujeros de la economía española- que pretende embolsar a las arcas andaluzas entre 15 y 20 millones. La conclusión es que, o se confía poco en este plan, o interesaba mucho que el ciudadano de a pie sintiera simpatía por el socialismo, después del descrédito que alberga el partido en su vertiente nacional y autonómica. 

Rebajar el salario de los miembros del gobierno autonómico un 7,5% o reducir los coches oficiales a la mitad son medidas necesarias que no deben suponer “un paso más”, como indicó la consejera Martínez Aguayo. Estas medidas deberían haber sido el inicio de un esfuerzo colectivo. El buen gobernante, primero adelgaza al máximo los gastos de la Administración antes de gravar al contribuyente. En Andalucía, siguiendo la estela del Gobierno central, se ha hecho todo lo contrario. Primero, se han aumentado los impuestos y se han reducido salarios y a la semana siguiente, se han rebajado los sueldos gubernamentales, todo ello con el consentimiento de Izquierda Unida que está utilizando la táctica del disimulo. Entrega el hacha al verdugo pero mira para otro lado. Señor Valderas, ¿tiene lógica un encierro en el Parlamento andaluz denunciando los recortes del Gobierno central después de apoyar un recorte de salarios a los funcionarios andaluces? 

De nada sirven ahora estas medidas populistas con las que el gobierno de Griñán pretende acercarse al ciudadano. Aunque el guiño evidente ha sido la paralización de la supresión de la paga extra de julio que permitirá compensar el recorte de la paga de Navidad anunciada por el Gobierno. Un detalle de la socialdemocracia andaluza que, no obstante, contribuirá a desequilibrar aún más las cuentas públicas de la comunidad. 

Señor Griñán, probablemente sus medidas habrán contentado mínimamente a muchas de esas personas que ven los telediarios a la par que dictan soluciones a los males de España. Sin embargo, no se deje engañar. Ni nos intente engañar. Estas medidas son una minucia que no soluciona los grandes problemas de la comunidad ni mucho menos suple la reforma estructural que debería haber iniciado en la Administración antes de comenzar a gravar a los ciudadanos. No es cuestión de ideología política sino de mentalidad y, aunque se observa un incipiente cambio, aún queda mucho por hacer en muy poco tiempo. Señor Griñán, cuando estamos a punto de una intervención total y próximos a la salida del Euro, no piense en el coste electoral, aparque las medidas populistas e impulse cambios reales. Al poder ser, antes de que nos rescaten.

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Renovarse o morir

José Antonio Griñán | Conchitina / ElMundo.es

El PSOE de Andalucía afronta momentos difíciles. Lo que parecía que sería un congreso triunfal, donde José Antonio Griñán revalidaría sin problemas su título de secretario general de los socialistas andaluces se ha convertido en una ilusión truncada. El congreso ha servido poco más que para constatar que existe una importante división dentro del PSOE entre el aparato y un sector crítico denostado que poco va a contribuir al cambio que necesita el partido. La refundación, la autocrítica, los análisis ni se plantean. Todo sigue igual aunque, como suele pasar cuando comienzan los problemas, cada vez un poco peor. 

Si la socialdemocracia ha entrado en crisis, el PSOE de Andalucía es el mejor ejemplo de ello. Negativas, reproches, críticos, excluidos y divisiones internas se alternaron durante el Congreso Regional de un partido descalabrado electoralmente en el conjunto de la nación y con una pérdida de confianza generalizada que combaten con escasas ideas renovadoras. El continuismo que prevalece en el PSOE ante el temor de una mayor sangría de votantes hacía prever que Griñán saldría reforzado del congreso por abrumadora mayoría. Pero la conservación del gobierno andaluz no ha sido suficiente y tres de cada diez delegados le dieron la espalda a su secretario general. 

Quizás porque no se preveía un rechazo tan alto o porque Griñán quiso hacer las veces de dirigente firme y duro, tras conocer los resultados, el secretario general de los socialistas andaluces demostró un carácter insólito que reforzó la posición del sector crítico. “Los que no me votaron no estarán en la Ejecutiva”. Sus palabras fueron ejercicio de sinceridad que sorprendió a todos –que esperaban más de un hombre con talante negociador- y evidenció el inframundo en el que se ha estancado la política y las luchas internas para alcanzar los puestos de responsabilidad en el partido que luego abren las puertas al gobierno de la Junta. 

Aún resuenan las palabras de Pepe Griñán preguntando antes del congreso quiénes eran esos críticos de los que tanto se hablaba en la prensa. Ahora, ya los conoce y será difícil que les olvide. Los críticos ya poseen nombre y apellidos y están consiguiendo apoyos día a día. En el congreso regional han alcanzado su primer objetivo: evidenciar su existencia. Ahora, ya han definido el segundo: la secretaría general del PSOE de Sevilla. 

Si existe un reducto socialista en España, esa es la provincia de Sevilla. Para griñanistas y críticos, alcanzar la secretaría general sevillana supone dominar el caballo ganador y dar un golpe en la mesa sobre el otro bando. Lo previsible es que gane Susana Díaz, que cuenta con el aval del aparato del partido, algo que permitiría a Griñán respirar aliviado y frenar momentáneamente su pérdida de credibilidad. Aunque las previsiones no siempre se cumplen. Y en el PSOE de Andalucía, cada vez menos. 

En el otro lado se sitúa el sector crítico. Abanderado por Gutiérrez Limones, cuenta con los apoyos de veteranos socialistas con peso e influencia. Su candidatura nos permite conocer que este grupo es crítico con la gestión de Griñán pero poco más puede ofrecer. En ningún momento han dado muestra de apostar por el cambio o la renovación del partido, conceptos que se manejan desde dentro del partido y que contribuirían a que el PSOE supere la crisis en la que está inmerso. Pocas esperanzas se pueden depositar en el sector crítico del PSOE de Andalucía si está liderado por políticos con fecha de caducidad. Gutiérrez Limones es incapaz de abanderar un proyecto renovador cuando es la cara visible del gobierno de Alcalá de Guadaíra desde 1995. 

Con todo esto, si mala era la situación del partido socialista andaluz antes del congreso, después de él es mucho peor. Las divisiones internas y las luchas fraternales por la actuación de su líder regional, las continuas pérdidas electorales y la coalición con Izquierda Unida han generado un partido débil a juicio de sus propios integrantes. Si a esto se suma un secretario general cuestionado, la brecha se hace casi insalvable. Por si todo esto fuera poco, el sector opuesto a Griñán que pretende erigirse como alternativa, está capitaneado por líderes locales que representan un proyecto caduco. ¿Solución? Sólo queda una: renovarse a marchas forzadas o morir.

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Visto para sentencia

Las instituciones no están en su mejor momento. A la crisis política, social y económica se suma la judicial, que lleva coleando desde hace algunos años. Aunque ha sido ahora con la dimisión obligada de Dívar como representante del Supremo y del órgano de los jueces, cuando se ha abierto una fisura en el poder judicial. La grieta se acrecienta cuando es el propio Tribunal Constitucional el que queda cuestionado. Todos los pasos que se están dando en mitad de esta crisis institucional están provocando una desconfianza absoluta de los ciudadanos hacia las instituciones que los presentan. 

La huida de Carlos Dívar, hasta ahora presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha provocado que ambos órganos jurisdiccionales queden descabezados. Dívar ha sido la segunda figura judicial en caer, la primera fue Garzón aunque por motivos bien distintos. La utilización de fondos públicos para viajes privados a Marbella ha contagiado al poder judicial del recelo con el que los ciudadanos observan a la clase política. La justicia ha quedado manchada. Aunque existen más órganos afectados. 

El Tribunal Constitucional era, hasta tiempos recientes, uno de los pocos reductos que gozaba de cierto prestigio institucional. Aunque en España la justicia nunca ha sido bien valorada por los ciudadanos, el Alto tribunal, rodeado de un halo de magnificencia entre el misterio y la admiración, conservaba una imagen respetable que en los últimos años PP y PSOE se han encargado de destruir. En estas semanas, mientras España observa con recelo el rescate financiero y espera la llegada de los hombres de negro para tutelar nuestra economía, el Constitucional ha entrado en crisis. 

La legalización de Sortu no ha sentado nada bien en el Gobierno de Mariano Rajoy y sus compañeros de partido se han armado para declarar la guerra al Alto Tribunal. La avanzadilla inicial corrió a cargo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que discrepó de la sentencia, aunque la artillería pesada estuvo dirigida por Esperanza Aguirre que impulsó la ofensiva abogando por la desaparición del tribunal. Objetivo: acabar con un tribunal al que ahora consideran deslegitimado. Atrás queda ya el año 2005 cuando el PP recurrió al Constitucional la ley de matrimonios homosexuales. Entonces, era un órgano legitimado para contradecir al gobierno de Zapatero. Cuanto menos resulta curioso que ahora, en 2012, cuando sus sentencias chocan ideológicamente con el partido en el poder, carezca de legitimidad. 

Si el prestigio del Constitucional está bajo mínimos es a causa del excesivo uso político que han efectuado los partidos en el gobierno. Una tendencia que, lejos de desaparecer, está en auge. Recientemente, el PSOE ha presentado dos recursos al Alto Tribunal. Uno, destinado a frenar la amnistía fiscal del Gobierno. El segundo, impulsado por el PSOE de Andalucía, pretende detener los cambios que anuncia la reforma sanitaria. 

El Partido Socialista quiere abanderar la lucha por el progreso y el estado de bienestar pero, al carecer de los suficientes apoyos políticos, introduce a un nuevo jugador, el Constitucional. Pero ambos casos se deben leer en clave política puesto que el PSOE es co-responsable del bloqueo en la renovación del Constitucional, donde aún residen cuatro miembros con mandatos vencidos desde 2010. Resulta paradójico que mientras el Alto Tribunal está bloqueado, se recurra a él para dirimir sobre cuestiones que poseen un tufo electoralista bastante evidente. 

No hay duda de que las instituciones poseen una salud muy frágil. La vorágine destructora en la que estamos insertos está consumiendo los poderes clásicos del Estado. Legislativo y Ejecutivo aguardan en un estado catatónico del que sólo despertarán con un electroshock democrático impulsado desde la ciudadanía. Ahora es turno del Judicial. Por encima de todos ellos está el Tribunal Constitucional, creado para garantizar del orden democrático del Estado, pero que también se ha contagiado de la crisis institucional en la que está inmerso el país. 

La solución no es buscar a los culpables sino restaurar la confianza en las instituciones. En ese sentido, las declaraciones de Aguirre hacen un flaco favor para conseguirlo, más aún cuando PP y PSOE durante años han considerando al Alto Tribunal como un aliado para sus intereses políticos. Unas guerras políticas que han acabado por transformar en un actor político a un órgano cuya misión se sitúa por encima de revanchas partidistas. 

A partir de aquí, los dos grandes partidos pueden dejar morir lentamente al órgano siguiendo la doctrina actual, basada en la politización y el bloqueo. O pueden reconstituir su confianza y otorgarle la legitimidad perdida acelerando el desbloqueo y cambiando su modo de hacer política. Los hechos están probados, las pruebas, sobre la mesa. El asunto queda visto para sentencia.

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Contradicciones socialistas

El blindaje que ha impuesto la cúpula del PSOE de Andalucía en torno a Griñán para que no comparezca en el caso de los ERES fraudulentos llama poderosamente la atención. Los socialistas deben zanjar cualquier atisbo de duda en lugar de incrementar la nebulosa que ronda la Casa Rosa y descalificar públicamente a la Guardia Civil. Si realmente buscan llegar hasta el fondo, deben atender las peticiones de información que se solicitan. Todo lo contrario sería mimetizar el comportamiento oscurantista del Partido Popular. 

Hasta ahora el PSOE de Andalucía ha sido prácticamente inmune al caso de los ERES irregulares. Reflejo de ello es que, pese a que tres altos cargos socialistas – Antonio Rivas, Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero- han sido imputados, el PSOE sigue en el gobierno andaluz. Políticamente, hasta ahora, no ha habido grandes consecuencias. Aunque todo puede variar en función de si se producen nuevos giros en la causa judicial. 

La decisión anunciada por la número dos, Susana Díaz, en la que afirma que ni Chaves ni Griñán declararán en la futura comisión de investigación que se creará en el Parlamento Andaluz, es una maniobra muy lesiva para la imagen socialista. Ambos tienen responsabilidad en el caso por los cargos que ostentaban. El primero, por ser presidente mientras se producía la trama. El segundo, por ser consejero de Economía durante gran parte de la época dorada de los fondos de reptiles. Negar su responsabilidad es obviar la evidencia y esconderse de la opinión pública. 

Los caprichos del destino han provocado que las comisiones de investigación y las comparecencias públicas estén en auge en todo el país. Todos los opositores reclaman explicaciones cuando algún asunto salpica al gobierno. El PSOE lo ha hecho en el Congreso con la Casa Real, el asunto Dívar o Bankia y ha sido muy crítico con la parquedad en palabras de los dirigentes populares en cuanto a sus trapos sucios. Ahora, el viento cambia de dirección y es el partido socialista en Andalucía el que pretende esconder de micrófonos y cámaras a dos de sus baluartes. Es el mejor ejemplo de la doble vara de medir en política. 

Pero el PSOE se equivoca. La estrategia de ocultación está escogida en muy mal momento. Justamente ahora, cuando la Guardia Civil dirige las miradas de la investigación hacia arriba, es cuando el Gobierno debe ofrecer más garantías de transparencia. Es una contradicción que la Junta se persone como acusación en el caso de los ERES mientras su número uno evite declarar en una comisión de investigación sobre su gobierno. Aunque el presidente andaluz es muy inteligente y se ha desmarcado sutilmente de las declaraciones de Díaz. Griñán se ha envalentonado y se ha ofrecido para informar públicamente si los grupos parlamentarios así lo solicitan. Será un momento idóneo para comprobar la veracidad del programa de su socio de gobierno. 

Izquierda Unida puede tener la llave que obligue a Griñán a una comparecencia pública. Hasta ahora, la coalición no ha impuesto ninguna condición y ha sabido moverse entre lo que supone formar parte de un gobierno y contentar a su electorado. Los votos de IU en el Parlamento sumados a los previsibles del PP instarían al presidente andaluz a declarar y evitar las contradicciones en la que el PSOE está inmerso. Comparecencias sí (en Madrid) y comparecencias no (en Sevilla). He ahí la cuestión.

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¡Malditas comisiones!

Las comisiones han vuelto a estar en boca de todo el mundo. La riqueza del idioma español permite que al hablar de comisión nos podamos referir a cuestiones radicalmente diferentes. Desde el porcentaje cobrado por alguien por realizar un trabajo hasta el conjunto de personas asignadas para estudiar un asunto. E incluso podemos hablar de la capacidad para ejecutar algún encargo o, si vamos un poco más allá, a un tipo de pecado que atenta contra la ley de Dios. Por eso resulta extremadamente llamativo que casi todas las acepciones de comisión estén presentes de una u otra manera en el escándalo de Bankia. 

En los últimos días se ha recuperado en el discurso político la denostada y desprestigiada figura de la comisión de investigación para aportar algo de luz a la caída de Bankia. El Partido Socialista comenzó fuerte al insuflar la posibilidad de una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto, aunque luego retrocedió. Quizás Rubalcaba recordó que el PSOE también tiene responsabilidad en este batacazo al impulsar la salida a bolsa de una entidad resultante de una mezcla poco cohesionada de otras siete, que contaba con un importante agujero inmobiliario y cuyo bautizo bursátil se produjo con el consentimiento de la CNMV, el Banco de España y el gobierno socialista. 

Fue entonces cuando aparecieron algunos miedos y se matizó: el PSOE sólo solicitará la comisión en caso de que no se produzcan comparecencias públicas y se ofrezcan todas las explicaciones. Ahora, el PSOE se divide entre los que tienen miedo a que el barro les salpique y los que, siguiendo el clamor popular, apuestan por medidas más contundentes, entre ellas, la comisión de investigación. 

Las comisiones no distinguen de colores políticos y también merodean al Partido Popular. Naturalmente, el partido de Rato no considera que haya ningún asunto que deba ser explicado públicamente sino en otra comisión. Mejor dicho, en una comisión de otra comisión, o lo que es lo mismo, una subcomisión. El fantasma del miedo se hace cada vez más grande y el PP sólo ha solicitado la comparecencia del gobernador del Banco de España en la subcomisión de seguimiento del FROB. Lo que quizás no saben los dirigentes populares es que los fantasmas tienen la capacidad de atravesar los muros de las subcomisiones y del Congreso y llegar directamente a Génova. Porque intentar silenciar la verdad es la mejor fórmula para alimentar rumores y engrandecer las ganas de justicia del pueblo. 

Es curioso hablar de justicia y comisiones a la vez. Cuánto juego ofrecen las comisiones. Y dinero. Gracias a las decenas de comisiones cobradas, uno de los directivos de Bancaja (integrada en Bankia) solicitaba una pensión por valor de 14 millones de euros. Finalmente, la razón se ha impuesto y este directivo disfrutará de una jubilación más terrenal. Aunque las mismas comisiones permitieron que los directivos de Bankia en 2011 se adjudicaran 6,5 millones por su inmaculada gestión. Lo paradójico es que estas comisiones han podido dar lugar a otra comisión: la de un delito, porque ya está siendo juzgado si nuestra Troika particular–Rato, Blesa y Ordóñez- ha cometido algún fraude en el desplome de Bankia. 

Algún despistado aún se puede preguntar si el cobro de una comisión millonaria por una mala gestión supone la comisión de un delito y la posterior creación de una subcomisión o una comisión de investigación para aclarar los hechos. ¡Maldita polisemia! Con lo fácil que hubiese sido recurrir a tiempo al Panhispánico de dudas. 

Afortunadamente, si el pueblo no queda satisfecho con la justicia terrenal, aún le resta la espiritual. Donde todo maleante tiene su merecido. Sobre todo, aquellos que han sido débiles y han caído en la tentación de realizar un pecado de comisión. Aunque ocurre lo mismo para los que han cometido un pecado de omisión. En ambos casos, se está atentando contra Dios que, adelantándose veinte siglos, dejó escrito en piedra un imborrable principio inquebrantable para estos casos: “no robarás”. Ni FROB, ni reformas, ni rescates financieros. Cuántos disgustos nos hubiésemos ahorrado si los directivos de bancos y cajas hubiesen tenido diccionarios y biblias.

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Amnesiae Virus

En los últimos tiempos han proliferado una nueva clase de virus. Es el Amnesiae Virus, un mal que ocasiona olvidos y pérdidas ocasionales de memoria. Tiene su foco de infección en la clase política y sus síntomas sólo se aprecian cuando los dirigentes se acercan al poder. Sólo entonces se produce un fenómeno que tiene en jaque a toda la ciencia contemporánea: las personas afectadas comienzan a cambiar sus palabras e inician una serie de comportamientos contradictorios. Hasta tal punto que pueden llegar a actuar de forma opuesta a lo dicho con anterioridad e incluso iniciar acciones de las que renegaban semanas o meses atrás.

Recientemente se ha reconocido un nuevo contagio. Es el caso de una persona que dijo lo siguiente: “hay que abrir un nuevo tiempo político y este nuevo tiempo tiene que prescindir de las fuerzas políticas manchadas por la corrupción”. Y esto otro: “el legado de Griñán a Andalucía es el peor Gobierno de la Junta desde el 28 de febrero de 1980”. El autor de estas declaraciones es el dirigente de la formación que mañana apoyará a José Antonio Griñán en el pleno de investidura a la presidencia de la Junta de Andalucía. Valderas se ha contagiado del virus Amnesia. 

El diagnóstico ha sido relativamente sencillo. No ha pasado mucho tiempo desde que Valderas solía comportarse de forma coherente a su discurso. Era entonces cuando el líder de Izquierda Unida denunciaba la gestión socialista, el bipartidismo o la corrupción. E incluso solicitaba públicamente la dimisión del presidente de la Junta por el escándalo de los ERES. Pero después de que IU duplicara su número de parlamentarios, el dirigente de izquierdas se contagió y ahora, sus efectos son irremediables. 

Mañana Izquierda Unida va a dar un paso que puede ser decisivo en el futuro de su formación. La entrada por primera vez en el gobierno de la Junta es un reto que llega muy tarde para la formación de izquierdas. Y se produce en el peor de los momentos posibles, con un gobierno central conservador, la reducción de la financiación andaluza en más de 2.700 millones y, sobre todo, con una coalición de gobierno donde su socio de gobierno está enfrascado en un proceso judicial por ERES fraudulentos donde aún no se ha dicho la última palabra. Izquierda Unida va a entrar por primera vez en el gobierno autonómico, la máxima aspiración para la formación política. Lo va a hacer de la mano del PSOE, lo que supone que a partir de ahora será víctima de sus decisiones y las de su socio. En contra juega la débil imagen de su aliado socialista, su carácter heterogéneo y su discurso de oposición que ha mantenido durante tantos años y que se puede ver empañado con la toma de decisiones que implica todo gobierno. A favor está el respaldo de sus bases y el ímpetu de un novel gobernante. 

Muchas voces, incluso desde dentro, afirman que lo más coherente para Izquierda Unida hubiera sido mantenerse al margen y aceptar un pacto de legislatura. Sólo así se hubiese podido proteger de los salpicones de lodo que se producen en política, mantener su discurso coherente y evitar más contagios del virus. Muy hábil fue el referéndum que permitió implicar a sus bases y hacerles partícipe de las decisiones en un bonito ejemplo de democracia interna casi inédito en el juego político. Pero, cuando comiencen los nubarrones –y las previsiones indican que se aproximan fuertes tormentas- las miradas comenzarán a escalar posiciones. Será entonces cuando muchos se acordarán del virus de amnesia de sus dirigentes y su gran capacidad de contagio.

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Cuando la izquierda se quita el disfraz

El anuncio de esta mañana del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de retirar la compensación de 426 euros a los desempleados  y la privatización de parte de Aena, ha sido duramente criticado por los colectivos de izquierdas. Desde el Ejecutivo, argumentan que se trata de medidas necesarias para impulsar la actividad económica y aumentar los ingresos. Se trata de la medida social por excelencia del Ejecutivo pero ya se sabe que cuando se trata de apretar el cinturón, los colores políticos se desvanecen.

En circunstancias de crisis económica, la izquierda y la derecha se intercambian los trajes. Hoy se ha hecho patente el disfraz de izquierda que tiene el remodelado gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del Gobierno ha anunciado en la sesión de control, que suprimirá el próximo mes de febrero, la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración y sin protección. Era la última seña socialista que Zapatero enarbolaba cuando era criticado de poco social.

Junto a esta marcha atrás en políticas sociales, Zapatero ha anunciado la privatización del 49% de la sociedad pública encargada de los aeropuertos españoles, Aena, y del 30% de la sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado. El Gobierno se ha visto obligado a recurrir a un tabú de la izquierda, la privatización, para intentar calmar a los mercados y avanzar en sus medidas para el impulso económico de Esapaña.

El anuncio no ha sido casual en absoluto. Se produce días después de las caídas continuadas del Ibex 35, que acumuló un desplome superior al 14% en el mes de noviembre, como una forma de tranquilizar a los mercados. Zapatero ha querido responder además a las palabras del comisario de Competencia de la Unión Europea,  (a la sazón, compañero de partido) Joaquín Alumnia, que hace unos días admitió que desde Bruselas "ven con dudas" que el Gobierno español cumpla con las medidas propuestas.

Pero después de las sombras, Almunia ha querido respaldar al líder de su partido al calificar de "necesarias" las nuevas medidas propuestas por Zapatero. Él y el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, son los únicos que se han manifestado a favor. Desde los colectivos de izquierda, las propuestas de recorte y de privatización no son asumibles pese a que pretenden ahorrar un total de 14.000 millones de euros.  El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha manifestado su "radical oposición" a estas medidas porque "hacen más difícil la salida de la crisis". Para el PP, se trata de una nueva muestra de la improvisación política del PSOE.

Lo que sí sorprende es que un gobierno socialista recurra a maniobras como el recorte de las ayudas sociales y la privatización. Esto demuestra que, en circunstancias difíciles, la seña política cede en favor de otros intereses. Este es un claro ejemplo. La confianza de los mercados y de la Unión Europea están hipotecando el compromiso con los ciudadanos. Los mercados son los nuevos gobernantes y cuando lo solicitan obligan a los gobiernos a que muestren su compromiso con ellos y que guarden en el armario el traje de la izquierda o la derecha. La política ha evolucionado. No es el arte de gobernar sino el arte de actuar a las órdenes que marca el director.

Fuentes:

http://www.publico.es/349534/zapatero-rebaja-los-impuestos-a-las-pymes-y-quita-la-ayuda-de-426-euros

http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/anuncia/privatizaciones/ayudas/empresas/elpepuesp/20101201elpepunac_2/Tes

http://www.cope.es/espana/01-12-10--pp-e-iu-de-unas-contra-el-nuevo-paquete-de-medidas-de-zapatero-224328-1

http://www.elpais.com/articulo/economia/Ibex/35/pierde/1429/noviembre/elpepueco/20101201elpepieco_11/Tes

http://www.libertaddigital.com/economia/almunia-insiste-pese-a-la-bronca-de-zapatero-hay-dudas-sobre-espana-1276408095/

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La estrategia de Zapatero para evitar su descalabro

Los cambios que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha realizado en su gabinete tienen una doble lectura. El sector más progresista los considera necesarios y positivos para afrontar la última parte de la Legislatura. Según la oposición, los cambios obedecen a peticiones suyas aunque consideran que no conseguirán cambiar la situación económica.

El pasado miércoles, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero tenía previsto nombrar al nuevo ministro de Trabajo después de que Celestino Corbacho anunciara su presencia en las listas del Partido Socialista de Cataluña para las próximas elecciones autonómicas. Días antes, Zapatero había afirmado que el cambio se realizaría única y exclusivamente en Trabajo, comentario que quedó desmentido cuando se comprobó que el presidente remodeló medio Gobierno.

El presidente anunció cambios en siete ministerios. El más importante es en nombramiento de Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente primero y portavoz del Gobierno. Después de que muchas voces apuntaran a Rubalcaba como sustito de Zapatero en las próximas elecciones, el presidente del Gobierno ha querido mantener cerca a uno de los baluartes socialistas más importantes en este momento.

Los últimos sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y las encuestas de ‘Metroscopia’ lo califican como el político del PSOE mejor valorado, muy por encima de Zapatero. De este modo, el jefe del Ejecutivo ha colocado estratégicamente a Rubalcaba en la cartera más importante para dar un fuerte impulso a su partido que sale claramente perdedor según las últimas encuestas en intención de voto. Habrá que ver si las circunstancias actuales, en lugar de impulsar al Gobierno, no lastran a Pérez Rubalcaba como hicieron con Mª Teresa Fernández de la Vega

En Trabajo, el sustituto de Corbacho ha sido Valeriano Gómez, un hombre afín a UGT que se caracteriza por su capacidad de diálogo. Zapatero ha buscado, en esta ocasión, más que un ministro brillante, una persona que pueda apaciguar los ánimos de sindicatos ante la difícil situación económica.

El ministro de Presidencia es Ramón Jaúregui, socialista vasco diputado en el Parlamento Europeo desde 2006. Se trata de un hombre importante del partido que alcanza por primera vez un puesto de ministro. Su cartera se ha desligado del vicepresidente primero porque Rubalcaba conserva también el ministerio de Interior.

Miguel Ángel Moratinos sale del ministerio de Exteriores después de seis años. En su lugar, estará la hasta ahora ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, una mujer con experiencia en el ámbito internacional. Ha sido responsable de América Latina en la Secretaría de Relaciones Internacionales y secretaria de Estado para Iberoamérica.

En el ministerio de Sanidad entra Leire Pajín, la hasta ahora secretaria de organización del PSOE. Se trata de otra apuesta personal de Zapatero, en este caso, para rejuvenecer el Gobierno.

Elena Espinosa también deja el ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino para dejar paso a Rosa Aguilar. La carrera política de Aguilar ha sido fulminante en estos últimos dos años. Entre 1999 y 2009 fue alcaldesa de Izquierda Unida en Córdoba. El pasado año dio un salto al cambiar de partido y acceder a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía. Un año y medio después, el presidente del Gobierno requiere sus servicios en Moncloa.

A esto cambios se suman la eliminación de los ministerios de Vivienda (integrado en Fomento) e Igualdad (que pasa a ser competencia de Sanidad y Política Social), dos carteras muy criticadas por el Partido Popular que han solicitado su eliminación desde comienzos de la crisis económica.

Un nuevo gabinete – el tercero desde que Zapatero fue reelegido en 2008- con el que el jefe del Ejecutivo pretende “ganar impulso y en capacidad de comunicación” ante el varapalo que, según todas las encuestas, sufrirá el PSOE en las próximas elecciones. Unos cambios que han sido bien recibidos desde múltiples sectores. Incluso la oposición, en un descuido, elogió el peso político que había adquirido el nuevo gabinete.

Son dos los grandes frentes que tendrá que afrontar el Gobierno. Por un lado, el prioritario, salir de la crisis económica. Quizás el más difícil y cuyas soluciones exigen un mayor desgaste (en los dos cambios de gobierno anteriores han salido los ministros de Trabajo).

El otro tema, acabar con ETA. Aunque, ¿es realmente una prioridad teniendo en cuenta la escasa actividad de la banda en los últimos años o una cortina de humo lanzada para desviar la atención? Se abren nuevas perspectivas políticas en un claro cambio para remontar el vuelo de cara a las elecciones generales de 2012. ¿Podrá el PSOE resurgir como el Ave Fénix?

Fuentes

El País http://www.elpais.com/articulo/espana/PSOE/cae/huelga/elpepiesp/20101003elpepinac_1/Tes

Intereconomía http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/analisis/politica-economica/jordi-sevilla-ve-que-nuevo-gobierno-tendra-poco-impact

20 minutos http://www.20minutos.es/noticia/848028/0/zapatero/cambia/gobierno/

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