Legislando a golpe de mazo

Tribunal Constitucional | tribunalconstitucional.es

El descrédito que sufren las instituciones no es nada nuevo. Ni la del país. Cada día, se conocen nuevos datos que avalan el descrédito del sistema democrático. El último, el del CIS, según el cual, más de 6 de cada 10 españoles dicen estar descontentos con la democracia española. El indicador es un varapalo sin paliativos al gobierno, las instituciones, la situación de precariedad laboral, las medidas económicas, el funcionamiento de la justicia y, sobre todo, a las políticas y los políticos. 

Cuando se conocen datos de este tipo, automática salta la pregunta: ¿de quién es la culpa? La respuesta es más complicada de formular pero existen culpables y responsables; los que han sido condenados por delitos y han lastrado la credibilidad institucional y los que, sin haber cometido delitos, han sido partícipes de esta erosión democrática a través de su (no) hacer. 

 Una vez pronunciada la justicia, tiene poco sentido hablar de culpables, más allá del daño que han provocado a la marca España. Y no son desahuciados, ni pensionistas, ni inmigrantes, sino empresarios, banqueros o políticos. Aunque aparte de algunos culpables, los representantes políticos, por cuanto son y por cuanto han hecho, sí son responsables de la pésima situación y de que nuestro país está entre los 30 más corruptos del mundo y el cuarto en riesgo de pobreza de la Unión Europea. 

En esta vorágine destructora en la que nos encontramos, diputados y senadores se han encargado de judicializar la política española. Siendo incapaces de afrontar con honestidad y altura de miras las cuestiones de Estado, PP, PSOE y algún otro están haciendo política a golpe de mazo, con el irreversible lastre que esta práctica supone para la justicia y la política. Y aún más, están convirtiendo al tribunal garante de los derechos constitucionales, en juez y partido de decisiones que deberían ser exclusivamente políticas. 

Aunque esta práctica no viene de ahora. Desde 2010, los recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional han aumentado por la litigiosidad entre el Estado y las comunidades autónomas. Este año, sin cerrarse aún, se tiene visos de incrementar la cifra de años pasados a tenor de los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la reforma laboral, el decreto sanitario, las tasas judiciales y, si prospera, la nueva ley de educación. Todas estas cuestiones, sin embargo, se derivan a un órgano ajeno cuando deben resolverse a través de la política. De lo contrario, se pervierte el sistema democrático y se instrumentaliza al garante de la Constitución con fines partidistas, contribuyendo a su inexorable pérdida de legitimidad y la de sus decisiones. 

Si queremos que las sentencias del Tribunal Constitucional se tomen como la máxima expresión del Estado, el primer paso es no denigrarlo a través de decisiones que corresponden a sus gestores. Sin embargo, la incapacidad de los representantes actuales para alejarse de la disputa de partidos y conformar grandes acuerdos de Estado, están destruyendo la forma constructiva de hacer política. Unas consecuencias que ya estamos sufriendo y que, de no remediarlo, lastrarán la credibilidad de las políticas, los políticos y las instituciones, si cabe, aún más. El fondo puede estar aún más profundo.

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Yo aquí y ellos en las antípodas

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Esta semana se ha puesto de manifiesto algo que ya se conocía. El PSOE no está resquebrajado, está roto, hundido y con una base social que huye hacia fuerzas políticas del entorno. No debe ser ninguna sorpresa porque es un fenómeno que ya se constató hace meses, con la mayor derrota electoral de su historia. Sin embargo, el desapego ¿es exclusivo del PSOE o afecta por igual al resto de representantes políticos? 

La tensión en las cúpulas del PP y del PSOE debe ser máxima. Desde hace tiempo saben que están lejos de los ciudadanos, más allá de sus aférrimos seguidores, pero aún no han hecho nada por invertir esta situación. El PP, gracias a sus medidas "en favor de la recuperación económica", está abriendo una inmensa brecha con la ciudadanía a un ritmo inaudito. Por si fuera poco, su campaña recentralizadora, defensora de la unidad nacional y su todos a una, está haciendo un favor increíble a las fuerzas nacionalistas, que se convertirán en adalides de movimientos independentistas en los próximos meses. Se salvan, de momento, gobiernos regionales como el de Feijoó que han matizado el férreo programa impuesto por la dirección nacional y se han encontrado sin una oposición capaz de hacerle sombra. 

Por su parte, en el PSOE están observando cómo el barco se hunde sin saber dónde está la fisura y sin averiguar con qué materiales pueden sellarla. El principio del fin comenzó en 2008 y se aceleró a partir de mayo de 2010. Desde entonces, los votantes ya no saben si el PSOE es un partido socialista, de izquierdas, de centro, europeísta o simplemente, antiMerkelista. Tampoco ha servido, a la luz de los acontecimientos, la regeneración exprés que se hizo en el último congreso federal situando en uno de los baluartes de Zapatero a la cabeza del partido. La sombra de ZP es todavía muy alargada. 

Mientras en estos partidos se suceden los estudios y las encuestas sobre cómo afrontar sus respectivos problemas, otros como Izquierda Unida, a medio camino entre lo constitucional y lo revolucionario, siguen aumentando su respaldo. ¿Se puede extraer alguna conclusión de este fenómeno? La proliferación de votantes hacia posiciones nacionalistas y otras más reformadoras evidencia algo obvio: la gente quiere alternativas a lo conocido. Todavía no la inmensa mayoría, pero sí, una buena parte de los españoles cada vez más nutrida. 

Hay otros datos muy importantes que están en la base de todo este fenómeno. La abstención electoral. En las últimas elecciones vascas y gallegas, el porcentaje de población que no se acercó a las urnas superó el 34%, más alto que en los últimos comicios regionales y tres puntos más que la abstención de las elecciones generales de 2011. Una ausencia de votos que empieza a ser significativa y que se está canalizando en otras formas de participación en política que, no obstante, están siendo criminalizadas por el Gobierno. 

Los ‘Rodea el Congreso’ que se están produciendo en estas semanas, son una forma más de presión hacia el enemigo identificado: los representantes políticos. Sus reclamaciones tienen mucho que ver con la crisis financiera y la forma en la que los gobiernos están afrontando las medidas, cargando la gran parte del coste económico, sobre la clase media. Pero en lugar de informar de forma transparente y tender una mano a los ciudadanos más críticos con el fin de rebajar la tensión, gran parte del arco parlamentario se enroca en discursos indescifrables y establecen la etiqueta de 'golpista' a todo aquel que protesta a las puertas del Parlamento. 

Los partidos tradicionales no están respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y están demostrando no estar a la altura para lidiar con la mayor crisis de la Historia. La connivencia más o menos consciente con la especulación inmobiliaria y financiera, la corrupción política, la incapacidad para frenar el padecimiento de la clase media y la falta de alternativas reales a la situación actual, están provocando que la distancia entre pueblo y políticos sea abismal. Y lo peor de esta crisis está aún por venir. O cambia la actitud negacionista y lejana de los representantes políticos, comenzando por el Gobierno de la nación, o la fractura social llegará a un punto irreversible que coqueteará con lo peligroso. Una situación que puede estar más cerca de lo esperado.

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