Legislando a golpe de mazo

Tribunal Constitucional | tribunalconstitucional.es

El descrédito que sufren las instituciones no es nada nuevo. Ni la del país. Cada día, se conocen nuevos datos que avalan el descrédito del sistema democrático. El último, el del CIS, según el cual, más de 6 de cada 10 españoles dicen estar descontentos con la democracia española. El indicador es un varapalo sin paliativos al gobierno, las instituciones, la situación de precariedad laboral, las medidas económicas, el funcionamiento de la justicia y, sobre todo, a las políticas y los políticos. 

Cuando se conocen datos de este tipo, automática salta la pregunta: ¿de quién es la culpa? La respuesta es más complicada de formular pero existen culpables y responsables; los que han sido condenados por delitos y han lastrado la credibilidad institucional y los que, sin haber cometido delitos, han sido partícipes de esta erosión democrática a través de su (no) hacer. 

 Una vez pronunciada la justicia, tiene poco sentido hablar de culpables, más allá del daño que han provocado a la marca España. Y no son desahuciados, ni pensionistas, ni inmigrantes, sino empresarios, banqueros o políticos. Aunque aparte de algunos culpables, los representantes políticos, por cuanto son y por cuanto han hecho, sí son responsables de la pésima situación y de que nuestro país está entre los 30 más corruptos del mundo y el cuarto en riesgo de pobreza de la Unión Europea. 

En esta vorágine destructora en la que nos encontramos, diputados y senadores se han encargado de judicializar la política española. Siendo incapaces de afrontar con honestidad y altura de miras las cuestiones de Estado, PP, PSOE y algún otro están haciendo política a golpe de mazo, con el irreversible lastre que esta práctica supone para la justicia y la política. Y aún más, están convirtiendo al tribunal garante de los derechos constitucionales, en juez y partido de decisiones que deberían ser exclusivamente políticas. 

Aunque esta práctica no viene de ahora. Desde 2010, los recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional han aumentado por la litigiosidad entre el Estado y las comunidades autónomas. Este año, sin cerrarse aún, se tiene visos de incrementar la cifra de años pasados a tenor de los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la reforma laboral, el decreto sanitario, las tasas judiciales y, si prospera, la nueva ley de educación. Todas estas cuestiones, sin embargo, se derivan a un órgano ajeno cuando deben resolverse a través de la política. De lo contrario, se pervierte el sistema democrático y se instrumentaliza al garante de la Constitución con fines partidistas, contribuyendo a su inexorable pérdida de legitimidad y la de sus decisiones. 

Si queremos que las sentencias del Tribunal Constitucional se tomen como la máxima expresión del Estado, el primer paso es no denigrarlo a través de decisiones que corresponden a sus gestores. Sin embargo, la incapacidad de los representantes actuales para alejarse de la disputa de partidos y conformar grandes acuerdos de Estado, están destruyendo la forma constructiva de hacer política. Unas consecuencias que ya estamos sufriendo y que, de no remediarlo, lastrarán la credibilidad de las políticas, los políticos y las instituciones, si cabe, aún más. El fondo puede estar aún más profundo.

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Guerra de guerrillas

plataformagerena.wordpress.com

“Estoy desesperado y no sé qué hacer. Ya sólo me queda robar un banco”. Hace escasos días escuché esta frase a las puertas de una oficina de empleo. Provenía de un hombre de mediana edad, de los que considerábamos hasta hace muy poco que pertenecían a esa franja de la madurez joven en la que una persona alcanzaba su plenitud vital: trabajo, vivienda y familia. 

La crisis ha desdibujado la situación social de España. Probablemente, los estudios sociológicos de los próximos años analicen el fenómeno mientras las consecuencias estén vigentes aún. El CIS ya está trazando las primeras líneas. A los españoles les preocupa el paro, la crisis y los políticos. Por ese orden. El país en estos momentos, está sufriendo una depresión generalizada que recuerda a finales del XIX, cuando el español medio se percató de que todo lo conocido hasta el momento había desaparecido. Lo peor es que la preocupación se acentúa cuando se otea el horizonte. 

Ahora, el español medio vive constantemente angustiado. Por el paro, por la crisis, por no llegar a fin de mes, por la hipoteca, por los políticos, por la política, por discusiones parlamentarias estériles, por la sanidad, por la educación, por el futuro de su familia. Prácticamente por todo. La preocupación, en pequeñas dosis, puede servir de aliciente para producir cambios que generen una mejoría pero en estos casos, derivada de la crisis y de las medidas auspiciadas por la Unión Europea para corregirla, está generando una oleada de individuos resignados. 

Como si de una guerra de guerrillas se tratase, el Ejecutivo de Rajoy, bajo directrices europeas, está desgastando al ciudadano medio, despojándole de sus derechos bajo un pretexto patriarcal mediante el cual el Estado y sus gobernantes se erigen en protectores salvadores de un mal mayor. Poco a poco, con alevosía y premeditación, se suceden recortes, alteraciones legislativas, manifestaciones infructuosas, pérdidas de derechos y de soberanía. Y todo ello, sin que la población tenga instrumento alguno para remediarlo. No hay mayor ejercicio de poder e impunidad que el que está realizando el Gobierno español –a imagen y semejanza de otros como el griego- amparado por las normas de un estado democrático. 

El ciudadano ya no sabe qué recorte se producirá mañana ni cuánto va a subir un producto que hacía dos meses costaba la mitad. Mucho menos conoce cuánto tardará en subir su salario ni siquiera, el tiempo en el que estará en su puesto de trabajo. Cuando cree que ya ha tocado fondo, observa cómo el suelo retrocede varios metros más. El desgaste del gobierno y las autoridades de la Troika están generando millones de resignados, que son fácilmente manipulables porque han perdido toda capacidad de aspiración vital. 

Un daño colateral de esta resignación es mal-acostumbrarse a vivir sin más compañía que el frío de la estepa siberiana. Gracias a esto, cualquier ascua encendida es recibida como la mejor de las noticias y genera el conformismo de tener, al menos, una pequeña mecha encendida, obviando que, con algunos cambios, es posible prender un fuego denso. Es el mayor logro del desgaste ciudadano: estamos perdiendo la perspectiva y ya no sabemos qué nos pertenece legítimamente o qué no, por haber vivido encima de unas posibilidades maquiavélicamente insufladas. 

Sin caer en la disyuntiva de resignación o revolución, lo cierto es que nuestra conciencia es la primera que debe cambiar antes de esperar un cambio de los gobiernos que está a años luz de producirse. No podemos pasar del todo a la nada, existiendo en mitad muchas posibilidades que, eso sí, exigen un cambio en la forma de ser, de pensar y de actuar de la ciudadanía. 

Es momento de regenerar la política, sus representantes, el modelo de Estado, el orden jurídico, la Constitución y todo aquello que se ha mostrado inútil para evitar la actual situación de sufrimiento colectivo. Pero no hay que olvidar que los gobiernos y los estados no son más que reflejos de sus ciudadanos. Es preciso evitar la resignación colectiva que sumerge a la población en una espiral vacía de ambiciones. El cambio debe comenzar en las conciencias porque el desgaste para el poder será infinitamente superior al de la población.

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Griñán, el reconquistador

abc.es

Los barones del PSOE andaluz se han vestido con el traje de batalla y están haciendo todo lo posible por hacerse dueños de la lucha que comenzando en España entre la administración central y las autonomías. Se trata de un combate en toda regla en el que se intenta dirimir algo frecuente en las guerras a lo largo de toda la historia: el territorio y el autogobierno. 

Un amplio ejército socialista, comandado por el capitán Griñán, armado con ácidas críticas y discursos socialdemócratas, quiere tomar el control de la batalla y ponerse a la cabeza de la revolución que comienza a desatarse. No es tarea fácil, el azul invade casi toda España, por eso, Griñán se mueve rápido para conseguir que el rojo socialista vaya ganando cada vez más terreno. 

Ante la ostracismo absoluto al que el PSOE está siendo derivado en la política nacional y el escaso peso del partido en las regiones, Griñán se ha autoproclamado –por encima de vascos, asturianos y canarios- el líder socialista que España necesita para hacer frente al poder central que rige los designios del país con mano firme pese al descontento generalizado. 

La cruzada ha comenzado y el presidente de la Junta de Andalucía está desarrollando su estrategia de confrontación con el gobierno central sin tapujos. En Sanidad y Educación, Andalucía desafiará hasta lo que la ley le permite las medidas de Rajoy. La atención gratuita a inmigrantes irregulares, el mantenimiento de los servicios médicos gratuitos o el restablecimiento de Educación para la Ciudadanía han sido algunas de las afrentas con las que presidente regional pretende retar al partido de la oposición. Pero esto tiene un coste.

Un coste, sobre todo, económico. Andalucía se enfrenta al Gobierno central con el déficit de saber que desde la Moncloa se gestionan los fondos hacia las autonomías, y la preocupación de tener una situación financiera al borde de la asfixia que el Ejecutivo se está encargando de acentuar. Una maniobra tan antigua como la propia política: desgastar sutilmente desde Madrid a los gobiernos regionales de otro color. ¿Acaso el entendimiento en la época Zapateril fue casual? 

Andalucía se enfrenta al gobierno de Rajoy en una situación de desventaja económica. Griñán ha movido ficha y está buscando el apoyo de otras autonomías desviando el debate hacia el cumplimiento de los estatutos a la vez que denuncia el centralismo y la recuperación de competencias por parte del gobierno. Una hábil estrategia que cuenta con las simpatías de las comunidades no gobernadas por el PP. 

Griñán está aprovechando el debate autonómico destapado por los nacionalistas catalanes para reconquistar el terreno perdido por el PSOE. Aunque debe analizar el coste que sus acciones están teniendo en Andalucía. La paralización de las oposiciones y la negativa a la solicitud del ‘adelanto’ de liquidez han sido las últimas consecuencias. Pero no serán las únicas, sobre todo, cuando todo parece indicar que tendrá que solicitar el rescate autonómico con unas contraprestaciones aún por dilucidar. El presidente se verá enfrascado en los próximos meses entre el riesgo de seguir enfrentado al gobierno central y la necesidad de recuperar el espíritu socialista. Una difícil situación en la que el presidente tendrá que anteponer los intereses andaluces a los de su partido.

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Extremismos moncloyanos

Miembros del SAT con carros de comida / elcorreoweb

La situación en nuestro país está alcanzando unos extremos preocupantes. Después de sufrir con la bajada de la bolsa y la subida de la prima de riesgo, todo parece haberse tranquilizado momentáneamente. Quizás es que la prima se ha tomado unos días de asueto, al igual que Mariano Rajoy, aunque no sabemos si será en su Galicia natal o en otros lugares alejados de la geografía española. Allí, por donde les gusta andar a los capitales, fuera de la órbita hispánica. 

Pese al respiro, estos meses están dejando una resaca difícil de combatir. Diariamente, los medios y las redes sociales se invaden de noticias malas, pésimas, deleznables en algunos casos, que se suceden día tras días y sobre las que alarmantemente se están disparando las posiciones más extremas. Un fenómeno que está sucediendo en todos los ámbitos aunque, especialmente, en la política. 

Hace unas semanas corría como la pólvora la noticia de que en España existía el doble de políticos que en Alemania. Los tuits se sucedían como el rayo proponiendo soluciones tan sutiles como despedir a la clase política, quitarles el sueldo e incluso, los más racionales amantes del diálogo y la moderación, apuntaban al paredón como la solución a nuestros problemas. 

Parece que en un alarde de populismo del que tan acostumbrados nos tienen algunos dirigentes populares –y socialistas-, el presidente Mariano Rajoy se contagió de algunas de estas opiniones y determinó la eliminación de políticos en las administraciones locales. Una compañera de filas, Esperanza Aguirre, abogaba también por cercenar a la mitad los escaños del Parlamento de Madrid. Todo ello, bajo el paraguas de la austeridad y el ahorro. Resulta sospechosa esta fórmula que se balancea al filo de lo democrático al penalizar escasamente a las mayorías y eliminar la representación de las minorías. 

Las medidas milagro, fáciles, populistas y pseudofascistas están proliferando en nuestro país a una velocidad de vértigo. Lo más peligroso es que se esconden detrás de la idea de austeridad, racionalización o reformas impulsadas desde el propio Gobierno. Nos escandalizábamos hace unos meses de que un partido nazi alcanzara el parlamento griego. En España, con nuestra ambición de superarnos, de seguir así ya no resultaría extraño ver a una nueva Falange –en su quincuagésima novena edición- saludar desde su bancada en el Congreso de los Diputados con el brazo de sus miembros en alto. 

Existe una situación preocupante que está favoreciendo una visión simple y maniquea de los hechos que confunde a la mayoría de la población, cansada, hastiada de la política –y de los políticos- y preocupada por sobrevivir pese a los obstáculos. Los recortes están generando el campo de cultivo perfecto para que las voces más extremas apunten sus cañones de propaganda hacia el cerebro colectivo. Por su parte, el Gobierno está haciendo un flaco favor para corregir estas posturas extremas con sus medidas xenófobas y excluyentes que, en lugar de integrar, desintegran y desvían la atención al extranjero como el culpable de nuestros males. 

El gran problema que esconde toda esta situación es que el Ejecutivo está gestionando de la peor forma posible la situación de crisis más dramática que se recuerda. Y cuanto más tense el Gobierno la cuerda, más duras serán las respuestas sociales. La campaña robinhoodiana de Sánchez Gordillo asaltando Mercadonas de Sevilla y Cádiz es un ejemplo, un espectáculo lamentable pero que muchos consideran un acto de justicia al estilo jacobino. 

Las actuaciones son, sin duda, sancionables. Pero surge la pregunta de si el robo de comida en un supermercado a cara descubierta para donarla a bancos de alimentos es más reprobable que el saqueo continuado de capitales al extranjero, o la estafa a gran escala impulsada desde los sectores financieros a través de hipotecas desorbitadas o productos de dudosa moralidad como las participaciones preferentes. 

España está en crisis, en todos los ámbitos. Y con las crisis aparecen los extremismos. Es muy importante filtrar los continuos mensajes populistas que nos llegan porque esconden un tufo totalitarista. No olvidemos que no existen extremos positivos, todos son nocivos y contagiar a la política o a la vida social de estos principios irracionales, acaba perturbando nuestra noción de la realidad. 

Hacen falta menos soluciones fáciles y más cabezas frías que atemperen la complicada situación política, económica y social. La autoridad que ostenta la responsabilidad para ejercer esta necesaria función es el Ejecutivo, al que habría que solicitar que gobierne mirando de frente a los ciudadanos para aminorar la tensión de la cuerda antes de que acabe por romperse. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de reconducir la lógica y la razón que está perdiendo con sus actuaciones. Todo extremismo destruye lo que afirma, decía la gran María Zambrano. Sería el comienzo perfecto para una carta dirigida a La Moncloa.

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Llega tarde, señor Griñán

La Junta de Andalucía acaba de anunciar un nuevo plan para reequilibrar las devaluadas cuentas públicas de la comunidad. El Ejecutivo de Griñán ha reducido el número de coches oficiales y el salario máximo de los altos cargos de las empresas públicas. Una medida necesaria que reclamaba la población desde antaño pero que se autoriza en la semana más complicada del Gobierno, cuando se acentúan los rumores del rescate total a España. 

En mayo de 2010 Zapatero sorprendió a todos anunciando un recorte social sin precedentes, tal y como lo calificaron medios contrarios y afines al PSOE. Entre sus medidas, se contemplaba una reducción del 5% del salario de los empleados públicos –un 15% para los miembros del Gobierno-, la congelación de las pensiones, la supresión del cheque-bebé y la paralización de obras públicas. Por entonces no estábamos acostumbrados a los recortes y Zapatero comenzó a cavar su propia tumba. 

Los recortes son losas de piedra que van apilándose una encima de otra dejando en el fondo a la población. Por ello, dos años y medio después la situación es bastante peor. Al tijeretazo inicial de Zapatero, se ha sumado varias decenas de medidas para ahorrar y recortar el gasto público que han alcanzado su culmen con el Gobierno de Mariano Rajoy. Los recortes poco a poco han ido salpicando a las Comunidades Autónomas hasta que la mayoría absoluta del PP las ha situado al borde del desfiladero. 

En una de las semanas más negras para la economía española, cuando la prima de riesgo ha superado los 640 puntos y desde Europa se tensan las relaciones y se disparan los nervios en relación a un posible rescate total a España o una salida del Euro, Andalucía aprueba nuevas medidas que parecen estar pensadas para el inicio de la crisis, no para la situación actual. Comparen estas medidas con las arriba anunciadas por Zapatero. Son sorprendentemente parecidas. Si en los meses siguientes al mayo negro de 2010, la Junta hubiese anunciado un recorte en coches oficiales y en sueldos de altos cargos, no nos hubiese sorprendido. Ahora sí. Llega tarde, señor Griñán. 

Aunque es significativo cómo la reducción de los coches oficiales y el techo de salario para los directivos de entidades públicas han acaparado todas las portadas. Sin embargo, su ahorro supondrá apenas 6 millones de euros. En cambio, poco o nada se ha hablado del plan de lucha contra el fraude -uno de los verdaderos agujeros de la economía española- que pretende embolsar a las arcas andaluzas entre 15 y 20 millones. La conclusión es que, o se confía poco en este plan, o interesaba mucho que el ciudadano de a pie sintiera simpatía por el socialismo, después del descrédito que alberga el partido en su vertiente nacional y autonómica. 

Rebajar el salario de los miembros del gobierno autonómico un 7,5% o reducir los coches oficiales a la mitad son medidas necesarias que no deben suponer “un paso más”, como indicó la consejera Martínez Aguayo. Estas medidas deberían haber sido el inicio de un esfuerzo colectivo. El buen gobernante, primero adelgaza al máximo los gastos de la Administración antes de gravar al contribuyente. En Andalucía, siguiendo la estela del Gobierno central, se ha hecho todo lo contrario. Primero, se han aumentado los impuestos y se han reducido salarios y a la semana siguiente, se han rebajado los sueldos gubernamentales, todo ello con el consentimiento de Izquierda Unida que está utilizando la táctica del disimulo. Entrega el hacha al verdugo pero mira para otro lado. Señor Valderas, ¿tiene lógica un encierro en el Parlamento andaluz denunciando los recortes del Gobierno central después de apoyar un recorte de salarios a los funcionarios andaluces? 

De nada sirven ahora estas medidas populistas con las que el gobierno de Griñán pretende acercarse al ciudadano. Aunque el guiño evidente ha sido la paralización de la supresión de la paga extra de julio que permitirá compensar el recorte de la paga de Navidad anunciada por el Gobierno. Un detalle de la socialdemocracia andaluza que, no obstante, contribuirá a desequilibrar aún más las cuentas públicas de la comunidad. 

Señor Griñán, probablemente sus medidas habrán contentado mínimamente a muchas de esas personas que ven los telediarios a la par que dictan soluciones a los males de España. Sin embargo, no se deje engañar. Ni nos intente engañar. Estas medidas son una minucia que no soluciona los grandes problemas de la comunidad ni mucho menos suple la reforma estructural que debería haber iniciado en la Administración antes de comenzar a gravar a los ciudadanos. No es cuestión de ideología política sino de mentalidad y, aunque se observa un incipiente cambio, aún queda mucho por hacer en muy poco tiempo. Señor Griñán, cuando estamos a punto de una intervención total y próximos a la salida del Euro, no piense en el coste electoral, aparque las medidas populistas e impulse cambios reales. Al poder ser, antes de que nos rescaten.

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Ineptitud cum laude

“La Educación ni se compra ni se vede, se defiende”. Fue uno de los lemas más coreados en las manifestaciones del pasado 12 de mayo convocadas por el 15-M y lo ha sido también en las movilizaciones del 22 de mayo contra los recortes en Educación impuestos por el Gobierno. En apenas diez días, España ha vivido dos grandes movilizaciones sociales con un objetivo común: cambiar las políticas aplicadas por este y los anteriores gobiernos. Mariano Rajoy, al terminar su mandato, poseerá varios récords y honores de los que ya está haciendo gala. Será recordado por ser el segundo presidente con mayor número de escaños en el Congreso pero también por haber tenido una oposición social como nunca antes se recuerda.

Mariano Rajoy ostentará el honor de haber sufrido la primera huelga general en la enseñanza pública de España. También será el único presidente del Gobierno afectado hasta el momento por el primer paro académico universitario de la historia de España. Dos récords al precio de uno. Pero habría que sumar uno más, el de la precocidad, porque todo esto lo ha conseguido en tan solo seis meses de gobierno. Unas cifras para los anales de la historia. 

Aunque Rajoy no será el único que posea reconocimientos en los libros de historia. Su ministro de Educación, José Ignacio Wert también será recordado como el hombre capaz de revivir al movimiento estudiantil que se encontraba en horas bajas. Wert ha conseguido revitalizar las asambleas universitarias, impulsar los órganos de representación estudiantiles y favorecer la presencia de estudiantes en el discurso público como nunca antes se había producido. Hasta el punto de que ha cultivado una semilla sin precedentes en el sur de España: la unión de las dos universidades públicas sevillanas liderando el movimiento estudiantil en todo el país. Otro récord que llevará la firma Rajoy-Wert. 

Ningún otro gobierno ha enfurecido a la vez a todos los agentes implicados en la educación. Estudiantes, profesores, sindicatos e incluso padres y madres están solicitando al Gobierno una revisión del Real Decreto 14/2012 que genera un auténtico terremoto en la educación pública española. Las medidas aprobadas por el Ejecutivo han roto el escaso consenso que existía en la clase política y en la sociedad española en torno a la educación. 

Innegablemente, la educación española arrastra muchos problemas estructurales que se han camuflado bajo la disparidad de resultados entre comunidades y necesitan una reforma en profundidad y consensuada, términos que no forman parte del vocabulario popular. Si bien, antes existía un descontento que ahora se ha transformado en estallido social gracias a la extraordinaria habilidad del presidente del Gobierno que ha alcanzado con sus tijeras al dinero público. Incidir en las condiciones laborales de los profesores, en las becas y los precios de las matrículas es de una ineptitud inaudita, máxime cuando los recortes no se aplican a todos los sectores. Rajoy, bajo ningún concepto, puede exigir a los ciudadanos el esfuerzo de que acepten cobrar menos y pagar más por estudiar mientras observan cómo el dinero público sirve para enmendar los errores de Rato y pagar las estancias privadas de Dívar. 

La torpeza de la dupla Rajoy-Wert no ha sido reducir en educación, algo que ya se ha producido anteriormente con los gobiernos de Zapatero, sino infravalorar la inteligencia de los ciudadanos, especialmente, estudiantes y docentes, y frivolizar con los recursos económicos de miles de familias. Es inconcebible de todo punto justificar unos recortes en educación asegurando que se conservarán e incluso se mejorarán los índices de calidad. Aunque aún peor es decir a las familias que no tienen recursos para pagar las tasas universitarias, que no quieren destinar dinero para ello. Probablemente para Wert, comer tres veces al día sea un vicio que hay que eliminar. 

La ignominia de Rajoy y su ministro alcanza niveles extremos cuando se apela a la necesidad de las medidas de austeridad para alcanzar el objetivo de déficit, bajo el riesgo de una intervención. Defender el recorte de 3.000 millones en la enseñanza mientras se autoriza la inyección de dinero público, por valor de 12.000 millones, para rescatar a Bankia es un insulto a la inteligencia de los españoles. La falta de respeto se completa cuando el propio gobierno pasa por alto el coste social de sus medidas entre la población. Pese a todo, la educación pública ha permitido que los ciudadanos aprecien la incompetencia del presidente del Gobierno. Sólo por eso, es preciso conservarla.

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Piel de cordero

Todavía resuenan en el panorama internacional y nacional los ecos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Este primer asalto se ha saldado con la victoria del socialismo y el triunfo de la extrema derecha, porque, pese a ganar el socialista Hollande, el partido de la derecha radical, el Frente Nacional de Marine Le Pen, obtuvo la extraordinaria cifra de 6,4 millones de votos. La hija del histórico Juan María (o Jean-Marie) contabilizó tan solo 600.000 votos menos que el Partido Socialista de Rubalcaba en las últimas elecciones generales de 2011. 

Tras las elecciones francesas, han saltado las alarmas por el avance de la ultraderecha en Europa. Al caso francés se suma el avance experimentado por estas fuerzas en países como Holanda, Dinamarca, Finlandia y otros tantos de Centroeuropa. El incremento de partidos autoritarios y xenófobos es preocupante porque ofrece una realidad más cercana a una sociedad del siglo XIX más que del XXI. Pero más peligrosos que las fuerzas de ultraderecha son los partidos conservadores europeos que, bajo la fachada centrista y moderada, asumen líneas programáticas de la extrema derecha para engrosar su lista de votantes. 

Estos son los piel de cordero. Aquellos que en campaña electoral parecen inofensivos pero cuando alcanza el poder se transforman, abren la tijera y cercenan cualquier atisbo que huele a equidad. Los mismos que, con el cetro en mano, no esconden su intención de cumplir unas cifras de déficit impuestas pese a quien pese y sin importar el coste humano que supone. En España los piel de cordero han llegado y se han instalado cómodamente en el poder. 

Son los mismos que propugnaban la igualdad y la libertad a los cuatro vientos semanas antes de las votaciones, los que ahora adoptan un ideario más parecido al Frente Nacional Le Peniano que a un partido de centro derecha. Para muestra, un botón. En el programa político de Le Pen se aboga, entre sus múltiples principios, por un estado fuerte, alejado de localismos y regionalismos. Casualmente, en los últimos meses el gobierno de España está restando competencias a las soberanías de las autonomías mientras se está reforzando la administración central. Curioso. 

Pero hay más, mucho más. Quizás aún no se haya percatado de ello. No se preocupe, no es su responsabilidad, los piel de cordero actúan de forma sibilina, casi de soslayo. No suelen manifestar en público sus verdaderas intenciones. Aunque a veces, por exceso de confianza, lo hacen. Es entonces cuando el ciudadano se percata y se pregunta si no se equivocaría de papeleta en las elecciones. 

La criminalización de los inmigrantes ha sido la última nueva de los piel de cordero. Señalar a los irregulares como culpables del excesivo gasto sanitario y retirarles la tarjeta sanitaria es un guiño más que evidente a su electorado de extrema derecha. Máxime cuando las cifras no encajan y desde el Gobierno se conoce que el grueso del déficit sanitario corresponde al turismo sanitario comunitario procedente de las grandes naciones europeas, mientras el coste por la atención sanitaria a inmigrantes irregulares es mínima. Pero había que buscar una cabeza de tuco. 

Los piel de cordero han movido ficha. Han contentado a sus radicales. Ahora volverán a su apariencia centrista durante algún tiempo. Pero reincidirán y de nuevo abordarán su programa oculto. Los partidos de extrema derecha tienen muchos inconvenientes pero cuentan con una gran ventaja: enarbolan su bandera y se reconocen fácilmente. En cambio, los piel de cordero se camuflan entre la masa. Usted ya los conoce. Por eso, siga atando cabos y desentrañando pistas porque probablemente se sorprenderá de las intenciones de aquellos que, en los últimos comicios, fueron alzados por más de diez millones de votos.

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Gobiernos S.A

Hace poco que mundialmente ha saltado la noticia: la filial de Repsol va a ser expropiada por el gobierno de Argentina. Y las reacciones no se han hecho esperar. Al principio, cuando era un secreto (a voces) la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el titular de Industria, Cristóbal Soria no sabían si debían enemistarse del todo con Argentina. De ahí el anuncio de que anunciarían medidas. 

Cuando el secreto dejó de serlo y el gobierno argentino anunció oficialmente su intención de nacionalizar YPF, es cuando se han desatado todo tipo de acusaciones cruzadas. Muy hábil fue la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner al describir la forma que tomaba la caída de inversiones de la filial petrolera como una “trompa de elefante”. No se pudo decir más con menos. La Casa Real está presente, sin quererlo, hasta en los conflictos diplomáticos. Después le tocó el turno al ministro de Exteriores. García Margallo habló de que “Argentina se había dado un tiro en el pie”. Toda una metáfora. 

 Más allá de los dimes y diretes de los ejecutivos de España y Argentina, asombra ver la reacción del Gobierno en lo que ya se califica como conflicto diplomático. Los principales miembros del Ejecutivo español se han rasgado las vestiduras con el anuncio de la presidenta Fernández de Kirchner en una llamada al orgullo patrio que recuerda a los primeros colonizadores, con la diferencia de que las espadas se han convertido en barriles de petróleo. Pero más sorprendente es que los principales órganos europeos y estadounidenses han arropado a España y sus intereses. 

La Comisión Europea y el FMI han criticado el peligro de la actuación socialista de Kirchner. Curioso lo que importa ahora una empresa ¿española?, sobre todo cuando desde hace meses ambas instituciones sólo hacen cuestionar la política española, desconfiar de su economía e impulsar la depresión económica a través de recortes. Hay una pregunta que flota en el ambiente. Al menos, yo la he percibido. ¿Por qué esa respuesta tan feroz por parte del gobierno español y los organismos internacionales? ¿Es acaso Repsol una compañía estatal? O mejor dicho, ¿es acaso YPF una compañía española? Los expertos y eruditos salen en manada argumentando el peso que tiene Repsol y su filial en la economía española enarbolando la bandera española sin reflexionar sobre sus conclusiones. Voy a recordar, sucintamente, algunos datos para desmemoriados e indagadores. 

Hasta el momento, Repsol controlaba algo más del 57% de YPF, la filial petrolera que opera en Argentina. Pero sigamos la máxima de perseguir la senda del dinero para comprobar quién es el jefe del cotarro. El accionariado mayoritario de Repsol (68%) está bajo el paraguas del Free Float, es decir, el capital flotante que forma parte de las acciones que participan en bolsa. El 42% de estas acciones están en manos de instituciones extranjeras. Pero esto no es todo. Casi el 10% del capital estable de la compañía está en manos de PEMEX, a la sazón, Petroleros Mexicanos. 

Volvamos ahora a plantear la pregunta. ¿Es YPF española? No. Lo que queda del Repsol español es la marca. Máxime cuando la propia compañía reconoce que opera en diferentes offshores, el eufemismo que las empresas neoliberales han acuñado para definir sus actividades en paraísos fiscales en los que evitan trabas legales, medioambientales y, por supuesto, impositivas. La ‘españolitis’ se queda sin argumentos para justificar la defensa a ultranza de YPF. 

Aunque hay un denominador común que comparte el Gobierno español con los organismos internacionales. Precisamente la presión que ejercen los inversores, en este caso de Repsol, que observan cómo sus acciones se devalúan y pierden su influencia en la filial argentina. No nos engañemos, es la razón económica la que alienta los fantasmas del pasado y sitúa la actuación socialista de Kirchner en el ojo del huracán. Pérdidas económicas y socialismo, los dos tabús de los inversores capitalistas, se han unido en torno a YPF, de ahí que la maquinaria del establishment se haya puesto a funcionar a marchas forzadas. 

En tiempos de crisis, es cotidiano apelar al orgullo y a lo patrio para fortalecer el decaído espíritu del español de a pie. Pero es lamentable que estos comportamientos lo insuflen nuestros representantes políticos y las instituciones reguladoras de la vida cotidiana de millones de personas. Más allá de los motivos que han llevado a la nacionalización de YPF –entre los que se encuentran la caída de inversión en la compañía y sus efectos económicos, laborales y medioambientales - las empresas no deben gozar de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, un gobierno democrático y legítimo no debe lanzarse a una cruzada para defender unos intereses que no son los de su pueblo soberano, sino los de una elite económica, eso sí, que tiene más peso e influencia que toda la masa de ciudadanos. Ya lo resume la sabiduría popular: no es cuestión de cantidad, sino de calidad.

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