Legislando a golpe de mazo

Tribunal Constitucional | tribunalconstitucional.es

El descrédito que sufren las instituciones no es nada nuevo. Ni la del país. Cada día, se conocen nuevos datos que avalan el descrédito del sistema democrático. El último, el del CIS, según el cual, más de 6 de cada 10 españoles dicen estar descontentos con la democracia española. El indicador es un varapalo sin paliativos al gobierno, las instituciones, la situación de precariedad laboral, las medidas económicas, el funcionamiento de la justicia y, sobre todo, a las políticas y los políticos. 

Cuando se conocen datos de este tipo, automática salta la pregunta: ¿de quién es la culpa? La respuesta es más complicada de formular pero existen culpables y responsables; los que han sido condenados por delitos y han lastrado la credibilidad institucional y los que, sin haber cometido delitos, han sido partícipes de esta erosión democrática a través de su (no) hacer. 

 Una vez pronunciada la justicia, tiene poco sentido hablar de culpables, más allá del daño que han provocado a la marca España. Y no son desahuciados, ni pensionistas, ni inmigrantes, sino empresarios, banqueros o políticos. Aunque aparte de algunos culpables, los representantes políticos, por cuanto son y por cuanto han hecho, sí son responsables de la pésima situación y de que nuestro país está entre los 30 más corruptos del mundo y el cuarto en riesgo de pobreza de la Unión Europea. 

En esta vorágine destructora en la que nos encontramos, diputados y senadores se han encargado de judicializar la política española. Siendo incapaces de afrontar con honestidad y altura de miras las cuestiones de Estado, PP, PSOE y algún otro están haciendo política a golpe de mazo, con el irreversible lastre que esta práctica supone para la justicia y la política. Y aún más, están convirtiendo al tribunal garante de los derechos constitucionales, en juez y partido de decisiones que deberían ser exclusivamente políticas. 

Aunque esta práctica no viene de ahora. Desde 2010, los recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional han aumentado por la litigiosidad entre el Estado y las comunidades autónomas. Este año, sin cerrarse aún, se tiene visos de incrementar la cifra de años pasados a tenor de los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la reforma laboral, el decreto sanitario, las tasas judiciales y, si prospera, la nueva ley de educación. Todas estas cuestiones, sin embargo, se derivan a un órgano ajeno cuando deben resolverse a través de la política. De lo contrario, se pervierte el sistema democrático y se instrumentaliza al garante de la Constitución con fines partidistas, contribuyendo a su inexorable pérdida de legitimidad y la de sus decisiones. 

Si queremos que las sentencias del Tribunal Constitucional se tomen como la máxima expresión del Estado, el primer paso es no denigrarlo a través de decisiones que corresponden a sus gestores. Sin embargo, la incapacidad de los representantes actuales para alejarse de la disputa de partidos y conformar grandes acuerdos de Estado, están destruyendo la forma constructiva de hacer política. Unas consecuencias que ya estamos sufriendo y que, de no remediarlo, lastrarán la credibilidad de las políticas, los políticos y las instituciones, si cabe, aún más. El fondo puede estar aún más profundo.

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Guerra de guerrillas

plataformagerena.wordpress.com

“Estoy desesperado y no sé qué hacer. Ya sólo me queda robar un banco”. Hace escasos días escuché esta frase a las puertas de una oficina de empleo. Provenía de un hombre de mediana edad, de los que considerábamos hasta hace muy poco que pertenecían a esa franja de la madurez joven en la que una persona alcanzaba su plenitud vital: trabajo, vivienda y familia. 

La crisis ha desdibujado la situación social de España. Probablemente, los estudios sociológicos de los próximos años analicen el fenómeno mientras las consecuencias estén vigentes aún. El CIS ya está trazando las primeras líneas. A los españoles les preocupa el paro, la crisis y los políticos. Por ese orden. El país en estos momentos, está sufriendo una depresión generalizada que recuerda a finales del XIX, cuando el español medio se percató de que todo lo conocido hasta el momento había desaparecido. Lo peor es que la preocupación se acentúa cuando se otea el horizonte. 

Ahora, el español medio vive constantemente angustiado. Por el paro, por la crisis, por no llegar a fin de mes, por la hipoteca, por los políticos, por la política, por discusiones parlamentarias estériles, por la sanidad, por la educación, por el futuro de su familia. Prácticamente por todo. La preocupación, en pequeñas dosis, puede servir de aliciente para producir cambios que generen una mejoría pero en estos casos, derivada de la crisis y de las medidas auspiciadas por la Unión Europea para corregirla, está generando una oleada de individuos resignados. 

Como si de una guerra de guerrillas se tratase, el Ejecutivo de Rajoy, bajo directrices europeas, está desgastando al ciudadano medio, despojándole de sus derechos bajo un pretexto patriarcal mediante el cual el Estado y sus gobernantes se erigen en protectores salvadores de un mal mayor. Poco a poco, con alevosía y premeditación, se suceden recortes, alteraciones legislativas, manifestaciones infructuosas, pérdidas de derechos y de soberanía. Y todo ello, sin que la población tenga instrumento alguno para remediarlo. No hay mayor ejercicio de poder e impunidad que el que está realizando el Gobierno español –a imagen y semejanza de otros como el griego- amparado por las normas de un estado democrático. 

El ciudadano ya no sabe qué recorte se producirá mañana ni cuánto va a subir un producto que hacía dos meses costaba la mitad. Mucho menos conoce cuánto tardará en subir su salario ni siquiera, el tiempo en el que estará en su puesto de trabajo. Cuando cree que ya ha tocado fondo, observa cómo el suelo retrocede varios metros más. El desgaste del gobierno y las autoridades de la Troika están generando millones de resignados, que son fácilmente manipulables porque han perdido toda capacidad de aspiración vital. 

Un daño colateral de esta resignación es mal-acostumbrarse a vivir sin más compañía que el frío de la estepa siberiana. Gracias a esto, cualquier ascua encendida es recibida como la mejor de las noticias y genera el conformismo de tener, al menos, una pequeña mecha encendida, obviando que, con algunos cambios, es posible prender un fuego denso. Es el mayor logro del desgaste ciudadano: estamos perdiendo la perspectiva y ya no sabemos qué nos pertenece legítimamente o qué no, por haber vivido encima de unas posibilidades maquiavélicamente insufladas. 

Sin caer en la disyuntiva de resignación o revolución, lo cierto es que nuestra conciencia es la primera que debe cambiar antes de esperar un cambio de los gobiernos que está a años luz de producirse. No podemos pasar del todo a la nada, existiendo en mitad muchas posibilidades que, eso sí, exigen un cambio en la forma de ser, de pensar y de actuar de la ciudadanía. 

Es momento de regenerar la política, sus representantes, el modelo de Estado, el orden jurídico, la Constitución y todo aquello que se ha mostrado inútil para evitar la actual situación de sufrimiento colectivo. Pero no hay que olvidar que los gobiernos y los estados no son más que reflejos de sus ciudadanos. Es preciso evitar la resignación colectiva que sumerge a la población en una espiral vacía de ambiciones. El cambio debe comenzar en las conciencias porque el desgaste para el poder será infinitamente superior al de la población.

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¿La Iglesia Católica está perdiendo poder en España?

Según las estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se ha producido una pérdida de las creencias religiosas que se cristaliza en una disminución de las personas practicantes y simpatizantes de la religión católica en España. Sin embargo, ¿realmente ha perdido poder la Iglesia en nuestro país? La Constitución Española y los posteriores acuerdos le ofrecen unas garantías que no tienen visos de desaparecer.

El Papa visita España el próximo fin de semana. Será una visita fugaz, el día 6 de noviembre estará en Santiago de Compostela y el 7 en Barcelona, donde consagrará a la Sagrada Familia. Mucho se ha publicado acerca de lo que costará a las arcas públicas la llegada del Sumo Pontífice pero hay otro aspecto más profundo que recogen algunos medios: ¿cómo de católica es la España que visita el Papa?

Si se atiende a la información publicada por el diario Público, hay que hablar de una secularización de la sociedad española que se ha ido reflejando en las progresivas estadística del CIS. Estas encuestan recogen un menor sentimiento religioso de la sociedad española que, se traduce, en una desafección progresiva del sentir católico, sobre todo, entre los sectores más jóvenes. De hecho, según el último barómetro del CIS de septiembre de 2010, casi el 60% de los que dicen sentirse católicos nunca asiste a ningún oficio religioso.

Pero lo cierto es que esas mismas estadísticas conservan aún un alto porcentaje de personas que se identifican con la religión católica (el 70% de la población según el último barómetro). Es reflejo de la larga tradición católica que arrastra España desde hace siglos, cuando fue adalid de la religión en Europa.

Por tanto, es cierto que, los estudios evidencian que la religión tiene poca importancia el día a día de la personas (el barómetro de diciembre de 2009 recoge que sólo el 12% de los encuestados consideran muy importante la religión en sus vidas). Sin embargo, la pérdida de respaldo social que está sufriendo la Iglesia Católica contrasta con el poder que aún mantiene en cuestiones económicas y políticas.

En el terreno político, la Constitución Española le ofrece unas garantías que son irreversibles, salvo que se produzca una reforma constitucional, algo que, por el momento, no tiene visos de que ocurra. De este modo, al igual que define el Estado como aconfesional, el concordato que firmó en 1979 con la Santa Sede, le ofrece a la Iglesia Católicas amplias competencias.

Uno de sus artículos recoge que “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”. Lo que evidencia que su sostenimiento económico va a estar regulado y nunca va a faltar.

En materia educativa, la Iglesia también está muy presente. Según el Concordato, “la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”. Además, establece la obligatoriedad de ofrecer la religión católica. A esto hay que sumar que existe presencia de la iglesia en empresas (COPE), universidades privadas, comités de ética de hospitales públicos y un largo etcétera de entidades.

Por todas estas razones, es una falacia pensar que la Iglesia no posee poder en nuestra sociedad. Esta institución posee siglos de veteranía cuyos vestigios se conservan aún. La Iglesia Católica, pese a los índices de practicantes, posee gran capacidad de obrar y posee los instrumentos necesarios para hacerse valer y notar en la sociedad. Es posible que el respaldo social vaya disminuyendo pero éste es sólo el primer paso para una posible disminución de sus competencias que, previsiblemente, aún está lejos de producirse. Es una institución que se ha ido adaptando a los tiempos cambiantes y siempre ha sobrevivido. Por ello es la más antigua.

Fuentes:

Barómetros del CIS (diciembre 2009 y septiembre de 2010)

Concordato de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede.

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