Ineptitud cum laude

“La Educación ni se compra ni se vede, se defiende”. Fue uno de los lemas más coreados en las manifestaciones del pasado 12 de mayo convocadas por el 15-M y lo ha sido también en las movilizaciones del 22 de mayo contra los recortes en Educación impuestos por el Gobierno. En apenas diez días, España ha vivido dos grandes movilizaciones sociales con un objetivo común: cambiar las políticas aplicadas por este y los anteriores gobiernos. Mariano Rajoy, al terminar su mandato, poseerá varios récords y honores de los que ya está haciendo gala. Será recordado por ser el segundo presidente con mayor número de escaños en el Congreso pero también por haber tenido una oposición social como nunca antes se recuerda.

Mariano Rajoy ostentará el honor de haber sufrido la primera huelga general en la enseñanza pública de España. También será el único presidente del Gobierno afectado hasta el momento por el primer paro académico universitario de la historia de España. Dos récords al precio de uno. Pero habría que sumar uno más, el de la precocidad, porque todo esto lo ha conseguido en tan solo seis meses de gobierno. Unas cifras para los anales de la historia. 

Aunque Rajoy no será el único que posea reconocimientos en los libros de historia. Su ministro de Educación, José Ignacio Wert también será recordado como el hombre capaz de revivir al movimiento estudiantil que se encontraba en horas bajas. Wert ha conseguido revitalizar las asambleas universitarias, impulsar los órganos de representación estudiantiles y favorecer la presencia de estudiantes en el discurso público como nunca antes se había producido. Hasta el punto de que ha cultivado una semilla sin precedentes en el sur de España: la unión de las dos universidades públicas sevillanas liderando el movimiento estudiantil en todo el país. Otro récord que llevará la firma Rajoy-Wert. 

Ningún otro gobierno ha enfurecido a la vez a todos los agentes implicados en la educación. Estudiantes, profesores, sindicatos e incluso padres y madres están solicitando al Gobierno una revisión del Real Decreto 14/2012 que genera un auténtico terremoto en la educación pública española. Las medidas aprobadas por el Ejecutivo han roto el escaso consenso que existía en la clase política y en la sociedad española en torno a la educación. 

Innegablemente, la educación española arrastra muchos problemas estructurales que se han camuflado bajo la disparidad de resultados entre comunidades y necesitan una reforma en profundidad y consensuada, términos que no forman parte del vocabulario popular. Si bien, antes existía un descontento que ahora se ha transformado en estallido social gracias a la extraordinaria habilidad del presidente del Gobierno que ha alcanzado con sus tijeras al dinero público. Incidir en las condiciones laborales de los profesores, en las becas y los precios de las matrículas es de una ineptitud inaudita, máxime cuando los recortes no se aplican a todos los sectores. Rajoy, bajo ningún concepto, puede exigir a los ciudadanos el esfuerzo de que acepten cobrar menos y pagar más por estudiar mientras observan cómo el dinero público sirve para enmendar los errores de Rato y pagar las estancias privadas de Dívar. 

La torpeza de la dupla Rajoy-Wert no ha sido reducir en educación, algo que ya se ha producido anteriormente con los gobiernos de Zapatero, sino infravalorar la inteligencia de los ciudadanos, especialmente, estudiantes y docentes, y frivolizar con los recursos económicos de miles de familias. Es inconcebible de todo punto justificar unos recortes en educación asegurando que se conservarán e incluso se mejorarán los índices de calidad. Aunque aún peor es decir a las familias que no tienen recursos para pagar las tasas universitarias, que no quieren destinar dinero para ello. Probablemente para Wert, comer tres veces al día sea un vicio que hay que eliminar. 

La ignominia de Rajoy y su ministro alcanza niveles extremos cuando se apela a la necesidad de las medidas de austeridad para alcanzar el objetivo de déficit, bajo el riesgo de una intervención. Defender el recorte de 3.000 millones en la enseñanza mientras se autoriza la inyección de dinero público, por valor de 12.000 millones, para rescatar a Bankia es un insulto a la inteligencia de los españoles. La falta de respeto se completa cuando el propio gobierno pasa por alto el coste social de sus medidas entre la población. Pese a todo, la educación pública ha permitido que los ciudadanos aprecien la incompetencia del presidente del Gobierno. Sólo por eso, es preciso conservarla.

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La mala educación

José Ignacio Wert, ministro de Educación

El Gobierno de España ha anunciado nuevas medidas educativas que, pese a no conocerse con exactitud, parecen generar unas expectativas contradictorias. Junto a ello, las últimas actuaciones del Ministerio con las oposiciones a profesor de Secundaria en Andalucía, hacen prever unas política educativa que tendrá un fuerte componente ideológico revanchista detrás de ella.

Hace meses que dejé de escribir el blog por falta de tiempo al comenzar otros proyectos. Sin embargo, las nuevas circunstancias que están sucediendo han provocado que el que suscribe estas líneas, alcance un nivel de hartazgo que sólo tiene una salida positiva: la opinión a través de la palabra escrita. Y he considerado que este blog es el vehículo perfecto para ello. No determinaré días ni plazos, un blog es un cuaderno de bitácora muy personal, y a él acudiré para expresar mi indignación y mis emociones con todo lo que nos rodea. Alegría para mis seguidores, pesadumbre para mis detractores.

La película realizada por el fructífero cineasta español, Pedro Almodóvar en 2004, ilustra muy bien el asunto que me ha traído de vuelta aquí. Un ámbito que me atrae desde hace tiempo y que considero el baluarte indispensable de cualquier civilización. La Educación, eso que en España, se pisotea, se manipula, se adoctrina y se destruye para generar una sociedad más aburguesada, menos crítica y más gilipollas, hablemos claro.

El anuncio del Gobierno de España de la modificación de la Ley Orgánica de Educación no supone ninguna novedad. Gobierno nuevo, ley nueva, es la tónica en este país desde la implantación de la LOGSE en 1990. Y, con los nuevos rumbos que ha tomado el país, era cuestión de tiempo un anuncio de estas características. Sin embargo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sin concretar las nuevas medidas que recogerá la futura ley de educación (ya se verá si será orgánica) avanzó algunas pinceladas a modo de globo sonda para ir comprobando la reacción de la ciudadanía en un ámbito que puede generar una fuerte impopularidad en cuestión de segundos a través de las redes sociales (como así ha sido).

La ampliación del Bachillerato a tres años, sorprende, por ser una medida que retoma los viejos estudios secundarios, pero da un giro con aires renovadores, y los europeíza. Al estilo alemán, el Gobierno del Partido Popular, pretende adelantar la edad de decisión de los jóvenes a los 15 años, donde ya se decidirá si seguir estudiando Bachillerato u optar por la Formación Profesional. Aunque, siendo los 16 años, la edad mínima obligatoria para abandonar los estudios, este avance adolece de cierta consistencia práctica y jurídica, a la vez que genera no pocas duda, entre ellas: ¿será 1º de Bachillerato o el primer curso de FP obligatorio? ¿Se acortará la edad legal para dejar de estudiar?

Otra de las medidas avanzadas ha sido el futuro de becas. Con un recorte estimado en el Ministerio de Educación de más de 400 millones de euros, el ministro ha asegurado que este logro social, no se resentirá. Eso sí, ha avanzado cambios en las becas tal y como las conocemos. Sin querer profundizar más (quizás por miedo a introducirse en un fangoso charco), Wert afirmó que se intentará dotar a las becas de un criterio de excelencia. Es decir, considerar el currículum del estudiante y las calificaciones como eje para su concesión, unas declaraciones que suenan a un recorte velado de la partida para becas escudadas en el lema "privilegios para los mejores".

Pero ni el Bachillerato de tres años, ni el recorte en becas, ni siquiera  la sustitución de la adoctrinadora asignatura Educación para la Ciudadanía por otra similar, Educación Cívica y Constitucional, (ECC) pero con la carga ideológica a la diestra, ha generado tanta polémica como el anuncio del cambio de materias en las oposiciones a Secundaria en Andalucía. 

Se trata de una muestra más del fuerte componente ideológico que está impregnando este nuevo Gobierno. Su compromiso por desmarcarse a velocidad de vértigo de todo lo que huele a socialista, es tal, que se están tomando medidas improvisadas e ilógicas de todo punto por parte de un gobierno recién elegido. El cambio en los temarios a las oposiciones no obedece a criterios de calidad como argumenta el ministro, es imposible mantener este discurso cuando se vuelve a unos contenidos aprobados entre 1993 y 1996. No porque la educación de antes fuera mala, sino porque el cambio social que se produce desde entonces obliga a afrontar los contenidos educativos a través de formas más innovadoras.

La pregunta es saber los motivos del castigo de Wert. ¿Se trata de un zarpazo al Gobierno de la Junta de Andalucía para debiliarlo de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo? ¿Es una vendetta del Gobierno central, amparándose en que las Comunidades Autónomas (14 de las 19 autonomías están gobernadas por el PP) decidieron no convocar oposiciones hasta 2013 para mantener los compromisos de déficit y fiscales estipulados por el Gobierno, mientras el Gobierno andaluz les retó ofertando más de 2.000 plazas?

Es evidente que el PP no ha comenzado su andadura con actitud conciliadora y pactista, sino todo lo contrario. Esta actitud revanchista, encuentra a la Educación como una arma arrojadiza para castigar fallos ajenos y elogiar aciertos propios. Pero desde la ciudadanía, en este ámbito se reclama lo que se espera de los dirigentes políticos: compromiso y conciliación para generar un diálogo constructivo que permita unificar criterios y estabilizar a la Educación, alejándola de la inseguridad jurídica y política que la cobija. Las ideologías, para los mítines, la verdadera actitud que se reclama al Gobierno es un comportamiento que garantice un pacto de estado definitivo que permita incrementar los niveles de calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los jóvenes españoles. ¿Es mucho pedir, señor Wert?

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