De golpes y porrazos

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 Rabia. Desesperanza. Frustración. Represión. Odio. Sentimientos encontrados que se concentraron a las puertas de delegaciones de gobierno, parlamentos regionales y el Congreso de los Diputados. El 25S llegó y pasó como un huracán llevándose con él las pocas esperanzas de solucionar la ruptura entre sociedad y política de forma pacífica y consensuada. El día después es aún más desolador. 

El 25S pasará a la Historia pero no en el sentido que buscaban sus organizadores. No se han producido dimisiones, ni se han proclamado elecciones; tampoco se ha abierto un proceso constituyente. El 25S se recogerá en algunos libros de historia, sí, pero como el día en el que se comprobó que en España la política y la sociedad ya no se dan la mano, si es que alguna vez lo hicieron. 

Muchos critican que el espíritu del 15M que impregnó la convocatoria al principio, pareció asustarse del cordón de antidisturbios y se diluía conforme sonaban sirenas y se agitaban porras. Sin embargo, el 25S no era el 15M. Ni las circunstancias eran las mismas ni la conducta de las autoridades contuvo la suficiente sensatez que se presumen a los gobernantes. Al cubo de la realidad española desde 2011 le han surgido nuevas aristas que lo están transformando en una figura amorfa e indescriptible que nadie reconoce cuando lo sitúan frente al espejo. 

Durante el 25S se revelaron algunas de esas nuevas fallas. Anteriormente ya habíamos visto a miles de manifestantes en las calles solicitando una democracia mejor. También habíamos escuchado pedir la dimisión de políticos. Pero se introdujo un factor nuevo: rodear por primera vez el Congreso, símbolo de la soberanía nacional y de la representación de todos los españoles. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, cuando la desesperación hace mella, la cabeza busca culpables y la sociedad los ha encontrado en el interior del Congreso. 

Si la movilización social cambia sus formas, aún más lo hace la respuesta de las autoridades, otrora caracterizada por un talante más conciliador. Sin embargo, bajo el pretexto de asegurar el orden institucional, el Estado cumplió con el deber de salvaguardar sus instituciones pero descuidó un aspecto más importante, la protección de sus propios ciudadanos. 

Después de ver decenas de vídeos y cientos de fotografías, las sospechas se disparan: policías camuflados boicoteando la manifestación, antidisturbios sin identificar, manifestantes exaltados, policías agredidos, y todo ello, a cientos de metros de un Congreso que en ningún momento sufrió peligro alguno de ser asaltado. Ante esta algarabía –esto sí que lo es y no el independentismo catalán- sólo cabe preguntarse, ¿qué pretende el Gobierno? 

Tras el espectáculo de fuerza bruta demostrado, esconderse detrás de una actuación policial "magnífica" no hace sino acuciar los problemas, tensar más los ánimos y aumentar la fractura que actualmente está experimentando la sociedad. Si la respuesta policial del 25S estuvo fuera de lugar, las reacciones políticas no son del nivel de un país que se considera democrático. Una respuesta política acorde con las circunstancias, depurando responsabilidades cuando se hace necesario, es el primer paso para afrontar el declive que el país está viviendo. 

En el legado del 25S no hay vencedores pero sí millones de vencidos. La marca España, tan aludida por Mariano Rajoy y sus ministros en los últimos meses, se desploma no sólo por la incertidumbre financiera sino por la crisis social y espectáculos violentos de este tipo donde las autoridades son partícipes. Ante el momento que nos ha tocado vivir, el descontento no puede desaparecer de un día para otro, pero antes de que la fractura social vaya a más, los elegidos hace menos de un año, defensores de la política de las instituciones, son los que deben encauzar la situación, dar el primer paso y ofrecer una respuesta real a las demandas sociales. 

Gobernar mirando a Berlín y Bruselas pero estando de espaldas a los ciudadanos, no hace sino incrementar la desazón e impotencia. El problema de este país ya no es sólo económico y la solución pasa por la transigencia y el entendimiento entre política y sociedad. El escaso nivel político que demuestran sus señorías hace difícil que se retome la cordura y la coherencia pero la altura de miras y la honestidad pública –más allá de las siglas y los colores- son ahora necesarios para evitar un auténtico estallido social que será difícil de anular a base de golpes y porrazos.
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El antes se hace ahora

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Manifestaciones, estudiantes en la calle, cargas policiales y decenas de detenidos y heridos, son imágenes que se sucedían hace un par de décadas en este país. Lo acontecido en Valencia, se asemeja peligrosamente a las actuaciones de un estado paramilitar que reabren una vieja herida abierta entre ciudadanos y políticos y contribuye a desprestigiar la democracia actual. 

Ayer, el jefe superior de la Policía de Valencia, Antonio Moreno, revivió un Deja Vú y se inspiró en actuaciones que no hace tanto, realizaban sus progenitores. Su enajenación mental comenzó cuando calificó de “enemigos” a unos jóvenes manifestantes que ejercían de forma pacífica dos derechos recogidos en la Constitución: el de la libertad de expresión y el de asociación (artículos 20 y 22 de la C.E). Después, la incapacidad se hizo total y un misterioso espíritu totalitarista y dictatorial tomó forma a través de la represión de las consideradas Fuerzas de Seguridad del Estado, que se convirtieron durante unas horas en agentes de coacción que sometieron las críticas y las protestas al poder de la fuerza bruta. 

La actuación policial desatada obedeció a unas claras directrices que apuntan, en primera instancia, el jefe superior de Policía de Valencia, cuyas afirmaciones evidencian la consideración que posee de los valencianos, pero alcanzan cotas mayores. ¿Existieron órdenes políticas para aplacar a través de la violencia la manifestación? ¿Obedece esto a una nueva línea de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante el nuevo gobierno? No en vano, el 30 de diciembre del pasado año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, relevó a toda la cúpula policial, situando como director general de la Policía, a Ignacio Cosidó, en una estrategia que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó como “politización de la cúpula policial”

Casualmente, la manifestación del día después a la represión, contó con una presencia muy inferior de policías y se saldó sin ningún incidente. Nuevas instrucciones. Pero la utilización política de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no es exclusivo de un signo político ¿Alguien piensa que en la permisividad de la actuación policial en las manifestaciones del movimiento 15 M no tuvo una incidencia directa la proximidad de las elecciones locales y el miedo del denostado gobierno del PSOE a perder mayor popularidad? 

Más allá de la instrumentalización política que se está extendiendo en las fuerza de seguridad, la pregunta que todo el mundo se hace es obvia: ¿en qué beneficia a un gobierno recién elegido que se reprima tan violentamente una manifestación que habían comenzado pacíficamente estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia, contra los recortes en Educación? Obviamente, en muy poco. Sin embargo, la actuación no ha sido aún censurada por el Gobierno. El carrusel de declaraciones al respecto es insólita: 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno:Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a expresar sus opiniones", pero "todo el mundo tiene que entender" que la Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tienen unas funciones que cumplir". "Creo que si todo el mundo actúa con mesura y con sentido común este tipo de cosas no se va a repetir" .

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior:Nosotros estamos para controlar los excesos y no para excedernos en el control. Ya lo he dicho y está dicho para personas inteligentes, pero que quede claro que cuando hablo de los excesos, estoy hablando de manera muy especial de aquellos radicales y violentos que aprovechan determinadas circunstancias que no deben hacer en ningún momento”.

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia:No llevemos nuestras simpatías a los que atacan, a los que hacen posible que usted y yo seamos personas libres en una nación libre”. Los agentes de la Policía Nacional “han sido violentamente agredidos”. 

Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana:Se trata de que (los manifestantes) cometieron un acto que la Policía no podía dejar que ocurriera que era la alteración del tráfico y el corte del tráfico durante muchas horas y en una calle muy importante de la ciudad”. 

Todas ellas tienen en común una omisión de responsabilidades hacia los mandos que ordenaron este tipo de acción policial. Hablando llano, “el enemigo” la compone una masa de estudiantes –radicales y exaltados- enfurecidos. Pero se echa en falta un poco de autocrítica. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana también ha anunciado una investigación y una apertura de expedientes disciplinarios en los casos que lo requieran. ¿Lo hará también con los mandos policiales que ordenaron la carga policial? 

Según las autoridades, exaltados y radicales, una manifestación no autorizada, cortes de tráfico no comunicados y actuaciones agresivas de los estudiantes, fueron las causantes de una respuesta “proporcionada” para el jefe de la Policía Valenciana. Bajo este paraguas de medias verdades y discursos políticamente correctos se esconden, como en la mayoría de manifestaciones, insultos y actitudes desafiantes de los manifestantes hacia la Policía que, durante unos instantes, se autoerigen en protagonistas de una revolución. 

Pero el follaje no debe impedir ver el bosque. Una de las claves de este asunto la aporta el Sindicato Unificado de Policía. Según el SUP, “el fin que se pretendía, (restablecer una calle al tráfico), era menos importante” que evitar “un clima de crispación, heridos, y violencia”. Y añade en su comunicado que “el principio de autoridad (la gestión de los espacios públicos) debe interpretarse con la suficiente flexibilidad como para no crear interviniendo la Policía un problema mayor que el que se pretende resolver”. Por tanto, ¿está justificada la actuación policial sobre personas no armadas? 

Huyendo de tópicos y demagogia, existe en el Estado de Derecho un principio que rige su funcionamiento: la proporcionalidad. Se trata de un axioma, que junto con el de la equidad, impregna el carácter del Estado y la actuación de todos los trabajadores públicos. La proporcionalidad es clave para que un estado democrático funcione con normalidad. Actitudes como la de cuerpo policial en Valencia, a instancias de sus mandos superiores, y la respuesta política generada, no hacen sino perjudicar a un estado democrático y hacen revivir fantasmas del pasado que parecen, no estar enterrados del todo.
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