Visto para sentencia

Las instituciones no están en su mejor momento. A la crisis política, social y económica se suma la judicial, que lleva coleando desde hace algunos años. Aunque ha sido ahora con la dimisión obligada de Dívar como representante del Supremo y del órgano de los jueces, cuando se ha abierto una fisura en el poder judicial. La grieta se acrecienta cuando es el propio Tribunal Constitucional el que queda cuestionado. Todos los pasos que se están dando en mitad de esta crisis institucional están provocando una desconfianza absoluta de los ciudadanos hacia las instituciones que los presentan. 

La huida de Carlos Dívar, hasta ahora presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha provocado que ambos órganos jurisdiccionales queden descabezados. Dívar ha sido la segunda figura judicial en caer, la primera fue Garzón aunque por motivos bien distintos. La utilización de fondos públicos para viajes privados a Marbella ha contagiado al poder judicial del recelo con el que los ciudadanos observan a la clase política. La justicia ha quedado manchada. Aunque existen más órganos afectados. 

El Tribunal Constitucional era, hasta tiempos recientes, uno de los pocos reductos que gozaba de cierto prestigio institucional. Aunque en España la justicia nunca ha sido bien valorada por los ciudadanos, el Alto tribunal, rodeado de un halo de magnificencia entre el misterio y la admiración, conservaba una imagen respetable que en los últimos años PP y PSOE se han encargado de destruir. En estas semanas, mientras España observa con recelo el rescate financiero y espera la llegada de los hombres de negro para tutelar nuestra economía, el Constitucional ha entrado en crisis. 

La legalización de Sortu no ha sentado nada bien en el Gobierno de Mariano Rajoy y sus compañeros de partido se han armado para declarar la guerra al Alto Tribunal. La avanzadilla inicial corrió a cargo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que discrepó de la sentencia, aunque la artillería pesada estuvo dirigida por Esperanza Aguirre que impulsó la ofensiva abogando por la desaparición del tribunal. Objetivo: acabar con un tribunal al que ahora consideran deslegitimado. Atrás queda ya el año 2005 cuando el PP recurrió al Constitucional la ley de matrimonios homosexuales. Entonces, era un órgano legitimado para contradecir al gobierno de Zapatero. Cuanto menos resulta curioso que ahora, en 2012, cuando sus sentencias chocan ideológicamente con el partido en el poder, carezca de legitimidad. 

Si el prestigio del Constitucional está bajo mínimos es a causa del excesivo uso político que han efectuado los partidos en el gobierno. Una tendencia que, lejos de desaparecer, está en auge. Recientemente, el PSOE ha presentado dos recursos al Alto Tribunal. Uno, destinado a frenar la amnistía fiscal del Gobierno. El segundo, impulsado por el PSOE de Andalucía, pretende detener los cambios que anuncia la reforma sanitaria. 

El Partido Socialista quiere abanderar la lucha por el progreso y el estado de bienestar pero, al carecer de los suficientes apoyos políticos, introduce a un nuevo jugador, el Constitucional. Pero ambos casos se deben leer en clave política puesto que el PSOE es co-responsable del bloqueo en la renovación del Constitucional, donde aún residen cuatro miembros con mandatos vencidos desde 2010. Resulta paradójico que mientras el Alto Tribunal está bloqueado, se recurra a él para dirimir sobre cuestiones que poseen un tufo electoralista bastante evidente. 

No hay duda de que las instituciones poseen una salud muy frágil. La vorágine destructora en la que estamos insertos está consumiendo los poderes clásicos del Estado. Legislativo y Ejecutivo aguardan en un estado catatónico del que sólo despertarán con un electroshock democrático impulsado desde la ciudadanía. Ahora es turno del Judicial. Por encima de todos ellos está el Tribunal Constitucional, creado para garantizar del orden democrático del Estado, pero que también se ha contagiado de la crisis institucional en la que está inmerso el país. 

La solución no es buscar a los culpables sino restaurar la confianza en las instituciones. En ese sentido, las declaraciones de Aguirre hacen un flaco favor para conseguirlo, más aún cuando PP y PSOE durante años han considerando al Alto Tribunal como un aliado para sus intereses políticos. Unas guerras políticas que han acabado por transformar en un actor político a un órgano cuya misión se sitúa por encima de revanchas partidistas. 

A partir de aquí, los dos grandes partidos pueden dejar morir lentamente al órgano siguiendo la doctrina actual, basada en la politización y el bloqueo. O pueden reconstituir su confianza y otorgarle la legitimidad perdida acelerando el desbloqueo y cambiando su modo de hacer política. Los hechos están probados, las pruebas, sobre la mesa. El asunto queda visto para sentencia.

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Fin de ciclo

Javier Arenas ha renunciado a presidir el Partido Popular de Andalucía a partir del próximo congreso regional. Para algunos, es una decisión que llega muy tarde. Para otros, aún tiene recorrido como líder de los populares andaluces. Lo indiscutible es que Arenas abre un nuevo ciclo político del PP de Andalucía del que poco se sabe salvo que su líder provisional será José Ignacio Zoido. 

Javier Arenas nunca podrá presidir la Junta de Andalucía. Su anuncio de que no volverá a presentarse a la reelección de la presidencia del PP en Andalucía, pese a ser previsible, no ha dejado indiferente a nadie. Hasta el propio presidente de la Junta le ha dedicado las típicas palabras de reconocimiento que se ofrece a los que están cerrando su carrera profesional. Aunque Arenas no se va la política. De hecho, tras la noticia, comenzaron las quinielas sobre un posible paso por la Moncloa debido a su amistad con Mariano Rajoy. 

La historia de Arenas es la del antihéroe. Aquel que lucha por una causa pero nunca la consigue. Desde que asumió la jefatura del PP en Andalucía en 1993, hasta en cuatro ocasiones ha intentado alcanzar la presidencia de la Junta. Pero primero Chaves (en tres ocasiones) y luego Griñán se han interpuesto en su camino. La última ha sido la oportunidad más cercana en las que todas las encuestas le daban como ganador. Y ganó. Pero no gobernó porque Andalucía se resiste a dejar de ser el bastión socialista por excelencia. Arenas deja el partido con la primera victoria del PP en unas elecciones parlamentarias en Andalucía. Pero no ha conseguido quitarse la piedra que siempre le ha incomodado accediendo a la presidencia de la Junta. En cualquier caso, para los populares, Arenas se marcha por la puerta grande. 

Ahora comienza el cambio de ciclo. Arenas parece estar mirando a la capital de España como lugar para desarrollar su futuro político pero no quiere que el PP de Andalucía se agriete y pierda lo conseguido en las elecciones. Por eso ha señalado a José Ignacio Zoido para que presente su candidatura a la presidencia del partido. Arenas no está por la labor de rejuvenecer la cúpula de su partido, una estrategia que ya está iniciando el PSOE. 

Prefiere la veteranía a la juventud, por eso elige a un político de su misma edad, curtido en mil batallas y una de las cabezas del partido en Andalucía al conseguir la alcaldía de Sevilla. El gesto de Arenas le otorga cierta ventaja y, además, goza de un honorable cartel en la región. Aunque el mayor inconveniente de Zoido es, precisamente, su multifuncionalidad. En la actualidad, ocupa tres cargos públicos, si bien el propio Zoido ha confirmado que si finalmente sale elegido para la jefatura del PP-A, renunciará a la presidencia de la FEMP. Aun así, ¿es compatible el cargo de alcalde de Sevilla con el de presidente de los populares andaluces? 

Sea quien fuere, el sustituto de Arenas afrontará una ardua tarea por delante. De un lado, tendrá que mantener la imagen del PP que le ha permitido ser el partido más votado. No obstante, contará con dos grandes hándicaps. El primero, la pérdida de credibilidad que está sufriendo el gobierno de Mariano Rajoy y, por ende, los dirigentes populares. En segundo lugar, tendrá que luchar para conseguir lo que hasta ahora nadie ha logrado: que el Partido Popular gobierne en Andalucía. ¿Conseguirá algún dirigente del PP romper con la actual maldición de Javier Arenas?

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Contradicciones socialistas

El blindaje que ha impuesto la cúpula del PSOE de Andalucía en torno a Griñán para que no comparezca en el caso de los ERES fraudulentos llama poderosamente la atención. Los socialistas deben zanjar cualquier atisbo de duda en lugar de incrementar la nebulosa que ronda la Casa Rosa y descalificar públicamente a la Guardia Civil. Si realmente buscan llegar hasta el fondo, deben atender las peticiones de información que se solicitan. Todo lo contrario sería mimetizar el comportamiento oscurantista del Partido Popular. 

Hasta ahora el PSOE de Andalucía ha sido prácticamente inmune al caso de los ERES irregulares. Reflejo de ello es que, pese a que tres altos cargos socialistas – Antonio Rivas, Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero- han sido imputados, el PSOE sigue en el gobierno andaluz. Políticamente, hasta ahora, no ha habido grandes consecuencias. Aunque todo puede variar en función de si se producen nuevos giros en la causa judicial. 

La decisión anunciada por la número dos, Susana Díaz, en la que afirma que ni Chaves ni Griñán declararán en la futura comisión de investigación que se creará en el Parlamento Andaluz, es una maniobra muy lesiva para la imagen socialista. Ambos tienen responsabilidad en el caso por los cargos que ostentaban. El primero, por ser presidente mientras se producía la trama. El segundo, por ser consejero de Economía durante gran parte de la época dorada de los fondos de reptiles. Negar su responsabilidad es obviar la evidencia y esconderse de la opinión pública. 

Los caprichos del destino han provocado que las comisiones de investigación y las comparecencias públicas estén en auge en todo el país. Todos los opositores reclaman explicaciones cuando algún asunto salpica al gobierno. El PSOE lo ha hecho en el Congreso con la Casa Real, el asunto Dívar o Bankia y ha sido muy crítico con la parquedad en palabras de los dirigentes populares en cuanto a sus trapos sucios. Ahora, el viento cambia de dirección y es el partido socialista en Andalucía el que pretende esconder de micrófonos y cámaras a dos de sus baluartes. Es el mejor ejemplo de la doble vara de medir en política. 

Pero el PSOE se equivoca. La estrategia de ocultación está escogida en muy mal momento. Justamente ahora, cuando la Guardia Civil dirige las miradas de la investigación hacia arriba, es cuando el Gobierno debe ofrecer más garantías de transparencia. Es una contradicción que la Junta se persone como acusación en el caso de los ERES mientras su número uno evite declarar en una comisión de investigación sobre su gobierno. Aunque el presidente andaluz es muy inteligente y se ha desmarcado sutilmente de las declaraciones de Díaz. Griñán se ha envalentonado y se ha ofrecido para informar públicamente si los grupos parlamentarios así lo solicitan. Será un momento idóneo para comprobar la veracidad del programa de su socio de gobierno. 

Izquierda Unida puede tener la llave que obligue a Griñán a una comparecencia pública. Hasta ahora, la coalición no ha impuesto ninguna condición y ha sabido moverse entre lo que supone formar parte de un gobierno y contentar a su electorado. Los votos de IU en el Parlamento sumados a los previsibles del PP instarían al presidente andaluz a declarar y evitar las contradicciones en la que el PSOE está inmerso. Comparecencias sí (en Madrid) y comparecencias no (en Sevilla). He ahí la cuestión.

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¡Malditas comisiones!

Las comisiones han vuelto a estar en boca de todo el mundo. La riqueza del idioma español permite que al hablar de comisión nos podamos referir a cuestiones radicalmente diferentes. Desde el porcentaje cobrado por alguien por realizar un trabajo hasta el conjunto de personas asignadas para estudiar un asunto. E incluso podemos hablar de la capacidad para ejecutar algún encargo o, si vamos un poco más allá, a un tipo de pecado que atenta contra la ley de Dios. Por eso resulta extremadamente llamativo que casi todas las acepciones de comisión estén presentes de una u otra manera en el escándalo de Bankia. 

En los últimos días se ha recuperado en el discurso político la denostada y desprestigiada figura de la comisión de investigación para aportar algo de luz a la caída de Bankia. El Partido Socialista comenzó fuerte al insuflar la posibilidad de una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto, aunque luego retrocedió. Quizás Rubalcaba recordó que el PSOE también tiene responsabilidad en este batacazo al impulsar la salida a bolsa de una entidad resultante de una mezcla poco cohesionada de otras siete, que contaba con un importante agujero inmobiliario y cuyo bautizo bursátil se produjo con el consentimiento de la CNMV, el Banco de España y el gobierno socialista. 

Fue entonces cuando aparecieron algunos miedos y se matizó: el PSOE sólo solicitará la comisión en caso de que no se produzcan comparecencias públicas y se ofrezcan todas las explicaciones. Ahora, el PSOE se divide entre los que tienen miedo a que el barro les salpique y los que, siguiendo el clamor popular, apuestan por medidas más contundentes, entre ellas, la comisión de investigación. 

Las comisiones no distinguen de colores políticos y también merodean al Partido Popular. Naturalmente, el partido de Rato no considera que haya ningún asunto que deba ser explicado públicamente sino en otra comisión. Mejor dicho, en una comisión de otra comisión, o lo que es lo mismo, una subcomisión. El fantasma del miedo se hace cada vez más grande y el PP sólo ha solicitado la comparecencia del gobernador del Banco de España en la subcomisión de seguimiento del FROB. Lo que quizás no saben los dirigentes populares es que los fantasmas tienen la capacidad de atravesar los muros de las subcomisiones y del Congreso y llegar directamente a Génova. Porque intentar silenciar la verdad es la mejor fórmula para alimentar rumores y engrandecer las ganas de justicia del pueblo. 

Es curioso hablar de justicia y comisiones a la vez. Cuánto juego ofrecen las comisiones. Y dinero. Gracias a las decenas de comisiones cobradas, uno de los directivos de Bancaja (integrada en Bankia) solicitaba una pensión por valor de 14 millones de euros. Finalmente, la razón se ha impuesto y este directivo disfrutará de una jubilación más terrenal. Aunque las mismas comisiones permitieron que los directivos de Bankia en 2011 se adjudicaran 6,5 millones por su inmaculada gestión. Lo paradójico es que estas comisiones han podido dar lugar a otra comisión: la de un delito, porque ya está siendo juzgado si nuestra Troika particular–Rato, Blesa y Ordóñez- ha cometido algún fraude en el desplome de Bankia. 

Algún despistado aún se puede preguntar si el cobro de una comisión millonaria por una mala gestión supone la comisión de un delito y la posterior creación de una subcomisión o una comisión de investigación para aclarar los hechos. ¡Maldita polisemia! Con lo fácil que hubiese sido recurrir a tiempo al Panhispánico de dudas. 

Afortunadamente, si el pueblo no queda satisfecho con la justicia terrenal, aún le resta la espiritual. Donde todo maleante tiene su merecido. Sobre todo, aquellos que han sido débiles y han caído en la tentación de realizar un pecado de comisión. Aunque ocurre lo mismo para los que han cometido un pecado de omisión. En ambos casos, se está atentando contra Dios que, adelantándose veinte siglos, dejó escrito en piedra un imborrable principio inquebrantable para estos casos: “no robarás”. Ni FROB, ni reformas, ni rescates financieros. Cuántos disgustos nos hubiésemos ahorrado si los directivos de bancos y cajas hubiesen tenido diccionarios y biblias.

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Ineptitud cum laude

“La Educación ni se compra ni se vede, se defiende”. Fue uno de los lemas más coreados en las manifestaciones del pasado 12 de mayo convocadas por el 15-M y lo ha sido también en las movilizaciones del 22 de mayo contra los recortes en Educación impuestos por el Gobierno. En apenas diez días, España ha vivido dos grandes movilizaciones sociales con un objetivo común: cambiar las políticas aplicadas por este y los anteriores gobiernos. Mariano Rajoy, al terminar su mandato, poseerá varios récords y honores de los que ya está haciendo gala. Será recordado por ser el segundo presidente con mayor número de escaños en el Congreso pero también por haber tenido una oposición social como nunca antes se recuerda.

Mariano Rajoy ostentará el honor de haber sufrido la primera huelga general en la enseñanza pública de España. También será el único presidente del Gobierno afectado hasta el momento por el primer paro académico universitario de la historia de España. Dos récords al precio de uno. Pero habría que sumar uno más, el de la precocidad, porque todo esto lo ha conseguido en tan solo seis meses de gobierno. Unas cifras para los anales de la historia. 

Aunque Rajoy no será el único que posea reconocimientos en los libros de historia. Su ministro de Educación, José Ignacio Wert también será recordado como el hombre capaz de revivir al movimiento estudiantil que se encontraba en horas bajas. Wert ha conseguido revitalizar las asambleas universitarias, impulsar los órganos de representación estudiantiles y favorecer la presencia de estudiantes en el discurso público como nunca antes se había producido. Hasta el punto de que ha cultivado una semilla sin precedentes en el sur de España: la unión de las dos universidades públicas sevillanas liderando el movimiento estudiantil en todo el país. Otro récord que llevará la firma Rajoy-Wert. 

Ningún otro gobierno ha enfurecido a la vez a todos los agentes implicados en la educación. Estudiantes, profesores, sindicatos e incluso padres y madres están solicitando al Gobierno una revisión del Real Decreto 14/2012 que genera un auténtico terremoto en la educación pública española. Las medidas aprobadas por el Ejecutivo han roto el escaso consenso que existía en la clase política y en la sociedad española en torno a la educación. 

Innegablemente, la educación española arrastra muchos problemas estructurales que se han camuflado bajo la disparidad de resultados entre comunidades y necesitan una reforma en profundidad y consensuada, términos que no forman parte del vocabulario popular. Si bien, antes existía un descontento que ahora se ha transformado en estallido social gracias a la extraordinaria habilidad del presidente del Gobierno que ha alcanzado con sus tijeras al dinero público. Incidir en las condiciones laborales de los profesores, en las becas y los precios de las matrículas es de una ineptitud inaudita, máxime cuando los recortes no se aplican a todos los sectores. Rajoy, bajo ningún concepto, puede exigir a los ciudadanos el esfuerzo de que acepten cobrar menos y pagar más por estudiar mientras observan cómo el dinero público sirve para enmendar los errores de Rato y pagar las estancias privadas de Dívar. 

La torpeza de la dupla Rajoy-Wert no ha sido reducir en educación, algo que ya se ha producido anteriormente con los gobiernos de Zapatero, sino infravalorar la inteligencia de los ciudadanos, especialmente, estudiantes y docentes, y frivolizar con los recursos económicos de miles de familias. Es inconcebible de todo punto justificar unos recortes en educación asegurando que se conservarán e incluso se mejorarán los índices de calidad. Aunque aún peor es decir a las familias que no tienen recursos para pagar las tasas universitarias, que no quieren destinar dinero para ello. Probablemente para Wert, comer tres veces al día sea un vicio que hay que eliminar. 

La ignominia de Rajoy y su ministro alcanza niveles extremos cuando se apela a la necesidad de las medidas de austeridad para alcanzar el objetivo de déficit, bajo el riesgo de una intervención. Defender el recorte de 3.000 millones en la enseñanza mientras se autoriza la inyección de dinero público, por valor de 12.000 millones, para rescatar a Bankia es un insulto a la inteligencia de los españoles. La falta de respeto se completa cuando el propio gobierno pasa por alto el coste social de sus medidas entre la población. Pese a todo, la educación pública ha permitido que los ciudadanos aprecien la incompetencia del presidente del Gobierno. Sólo por eso, es preciso conservarla.

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Locura helena

Después de todo lo escrito, escuchado y visto en todos los medios de comunicación sobre las elecciones en Grecia, existe un pensamiento colectivo, que yo mismo escuché en boca de un conocido: “los griegos están locos”. Una expresión que resume la fría interpretación que realizamos a 2.400 kilómetros de distancia de una situación de represión que ahoga a los ciudadanos y que no es propia del segundo corpus mundial, como es la Unión Europea, sino que se aproxima a la identidad de los regímenes totalitarios. 

Esta situación de hartazgo de la población helena se ha representado fidedignamente en las últimas elecciones donde los dos partidos mayoritarios – PSOK (socialista) y Nueva Democracia (conservador)- han caído estrepitosamente por ser los máximos exponentes del empobrecimiento que sufre el país. Por el contrario, han florecido fuerzas políticas que se sitúan a la izquierda y a la derecha de los mayoritarios. El caso más sonado ha sido el ascenso (con una representación parlamentaria de 21 escaños) de un partido filonazi, protonazi, neonazi o, simplemente, nazi que ha reunido las simpatías de cerca de medio millón de griegos. 

Ya hemos conocido algunos de los recaditos enviados por los nazis de 'Amanecer Dorado' y sus intimidatorias prácticas con periodistas. En todo aquel amante de la libertad y la democracia provoca una repulsa y una indignación incalificables que preceden a la pregunta “¿cómo han podido llegar unos nazis hasta ahí?”. Y tras pensar y pensar, difícilmente conseguiremos una respuesta satisfactoria más allá de la que escuché a ese conocido mío: “los griegos están locos”. 

Cierto. Los diez millones de griegos que podían acudir a las urnas estaban extraordinariamente locos por buscar una solución a su asfixia. Locos por entender cómo pueden haber perdido un 30% de su salario mientras se encarecen servicios básicos como la sanidad, la educación o el transporte. Locos por explicarse cómo se destruye una cantidad de empleo que deja a más de un millón de personas sin trabajo en un país donde la población activa no supera los cuatro millones. Y locos, en definitiva, por cambiar la política que le está empobreciendo día a día. 

Así es. Los griegos están locos porque la mitad de los que votaron –la abstención superó el 30%- lo hicieron a partidos políticos más radicales. La cuna de la democracia está dividida en una mitad que tiene miedo a que la situación sea peor, de ahí su respaldo a los dos grandes partidos. Y otra mitad que considera que el país ha tocado fondo y solicita una respuesta urgente de las diferentes opciones políticas –incluso nazis-que prometen frenar la muerte asistida que está viviendo Grecia de manos europeas. 

Son unos dementes estos griegos que han votado a los que han hundido el país en la crisis. Y más aún son los que han elegido a fuerzas políticas distintas al binomio conservador-progresista que aceptó los mandamientos de la troika sin paliar el coste social que provocaban esas medidas. Castigar a los inútiles y buscar alternativas es una locura que no tiene cabida en esta Europa de primas, rescates y deudas donde todo debe seguir un orden lógico. Bien sabido es que todo lo que escapa del guión de la productora Merkozy es un ataque a la cordura. 

¡Pobres helenos que no saben lo que hacen! Ellos y sólo ellos son los culpables de haber votado a lo loco, causa de que ahora no se pueda formar un gobierno de salvación nacional como el anterior. Ese liderado por tecnócratas con el respaldo de PASOK y Nueva Democracia, cuya gran gestión común ha provocado una convocatoria anticipada de elecciones ante la quiebra del país. 

Los griegos han hablado y han dicho que Grecia debe refundarse para sobrevivir y lo tendrá que hacer fuera del euro. La locura de los helenos obliga a formar un gobierno legítimo que congele las imposiciones europeas y encamine al país hacia la única opción posible: salir de la moneda única e iniciar una reconstrucción casi desde cero. No se puede apretar más la soga. Esa es la respuesta que han votado los griegos. Cobra forma de comunismo, izquierda radical, conservadores acérrimos o neonazis pero se trata de la misma cuestión. Una locura de elecciones que esconde una increíble cordura y sensatez ciudadana: crear una nueva Grecia gobernada por griegos.

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Amnesiae Virus

En los últimos tiempos han proliferado una nueva clase de virus. Es el Amnesiae Virus, un mal que ocasiona olvidos y pérdidas ocasionales de memoria. Tiene su foco de infección en la clase política y sus síntomas sólo se aprecian cuando los dirigentes se acercan al poder. Sólo entonces se produce un fenómeno que tiene en jaque a toda la ciencia contemporánea: las personas afectadas comienzan a cambiar sus palabras e inician una serie de comportamientos contradictorios. Hasta tal punto que pueden llegar a actuar de forma opuesta a lo dicho con anterioridad e incluso iniciar acciones de las que renegaban semanas o meses atrás.

Recientemente se ha reconocido un nuevo contagio. Es el caso de una persona que dijo lo siguiente: “hay que abrir un nuevo tiempo político y este nuevo tiempo tiene que prescindir de las fuerzas políticas manchadas por la corrupción”. Y esto otro: “el legado de Griñán a Andalucía es el peor Gobierno de la Junta desde el 28 de febrero de 1980”. El autor de estas declaraciones es el dirigente de la formación que mañana apoyará a José Antonio Griñán en el pleno de investidura a la presidencia de la Junta de Andalucía. Valderas se ha contagiado del virus Amnesia. 

El diagnóstico ha sido relativamente sencillo. No ha pasado mucho tiempo desde que Valderas solía comportarse de forma coherente a su discurso. Era entonces cuando el líder de Izquierda Unida denunciaba la gestión socialista, el bipartidismo o la corrupción. E incluso solicitaba públicamente la dimisión del presidente de la Junta por el escándalo de los ERES. Pero después de que IU duplicara su número de parlamentarios, el dirigente de izquierdas se contagió y ahora, sus efectos son irremediables. 

Mañana Izquierda Unida va a dar un paso que puede ser decisivo en el futuro de su formación. La entrada por primera vez en el gobierno de la Junta es un reto que llega muy tarde para la formación de izquierdas. Y se produce en el peor de los momentos posibles, con un gobierno central conservador, la reducción de la financiación andaluza en más de 2.700 millones y, sobre todo, con una coalición de gobierno donde su socio de gobierno está enfrascado en un proceso judicial por ERES fraudulentos donde aún no se ha dicho la última palabra. Izquierda Unida va a entrar por primera vez en el gobierno autonómico, la máxima aspiración para la formación política. Lo va a hacer de la mano del PSOE, lo que supone que a partir de ahora será víctima de sus decisiones y las de su socio. En contra juega la débil imagen de su aliado socialista, su carácter heterogéneo y su discurso de oposición que ha mantenido durante tantos años y que se puede ver empañado con la toma de decisiones que implica todo gobierno. A favor está el respaldo de sus bases y el ímpetu de un novel gobernante. 

Muchas voces, incluso desde dentro, afirman que lo más coherente para Izquierda Unida hubiera sido mantenerse al margen y aceptar un pacto de legislatura. Sólo así se hubiese podido proteger de los salpicones de lodo que se producen en política, mantener su discurso coherente y evitar más contagios del virus. Muy hábil fue el referéndum que permitió implicar a sus bases y hacerles partícipe de las decisiones en un bonito ejemplo de democracia interna casi inédito en el juego político. Pero, cuando comiencen los nubarrones –y las previsiones indican que se aproximan fuertes tormentas- las miradas comenzarán a escalar posiciones. Será entonces cuando muchos se acordarán del virus de amnesia de sus dirigentes y su gran capacidad de contagio.

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Piel de cordero

Todavía resuenan en el panorama internacional y nacional los ecos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Este primer asalto se ha saldado con la victoria del socialismo y el triunfo de la extrema derecha, porque, pese a ganar el socialista Hollande, el partido de la derecha radical, el Frente Nacional de Marine Le Pen, obtuvo la extraordinaria cifra de 6,4 millones de votos. La hija del histórico Juan María (o Jean-Marie) contabilizó tan solo 600.000 votos menos que el Partido Socialista de Rubalcaba en las últimas elecciones generales de 2011. 

Tras las elecciones francesas, han saltado las alarmas por el avance de la ultraderecha en Europa. Al caso francés se suma el avance experimentado por estas fuerzas en países como Holanda, Dinamarca, Finlandia y otros tantos de Centroeuropa. El incremento de partidos autoritarios y xenófobos es preocupante porque ofrece una realidad más cercana a una sociedad del siglo XIX más que del XXI. Pero más peligrosos que las fuerzas de ultraderecha son los partidos conservadores europeos que, bajo la fachada centrista y moderada, asumen líneas programáticas de la extrema derecha para engrosar su lista de votantes. 

Estos son los piel de cordero. Aquellos que en campaña electoral parecen inofensivos pero cuando alcanza el poder se transforman, abren la tijera y cercenan cualquier atisbo que huele a equidad. Los mismos que, con el cetro en mano, no esconden su intención de cumplir unas cifras de déficit impuestas pese a quien pese y sin importar el coste humano que supone. En España los piel de cordero han llegado y se han instalado cómodamente en el poder. 

Son los mismos que propugnaban la igualdad y la libertad a los cuatro vientos semanas antes de las votaciones, los que ahora adoptan un ideario más parecido al Frente Nacional Le Peniano que a un partido de centro derecha. Para muestra, un botón. En el programa político de Le Pen se aboga, entre sus múltiples principios, por un estado fuerte, alejado de localismos y regionalismos. Casualmente, en los últimos meses el gobierno de España está restando competencias a las soberanías de las autonomías mientras se está reforzando la administración central. Curioso. 

Pero hay más, mucho más. Quizás aún no se haya percatado de ello. No se preocupe, no es su responsabilidad, los piel de cordero actúan de forma sibilina, casi de soslayo. No suelen manifestar en público sus verdaderas intenciones. Aunque a veces, por exceso de confianza, lo hacen. Es entonces cuando el ciudadano se percata y se pregunta si no se equivocaría de papeleta en las elecciones. 

La criminalización de los inmigrantes ha sido la última nueva de los piel de cordero. Señalar a los irregulares como culpables del excesivo gasto sanitario y retirarles la tarjeta sanitaria es un guiño más que evidente a su electorado de extrema derecha. Máxime cuando las cifras no encajan y desde el Gobierno se conoce que el grueso del déficit sanitario corresponde al turismo sanitario comunitario procedente de las grandes naciones europeas, mientras el coste por la atención sanitaria a inmigrantes irregulares es mínima. Pero había que buscar una cabeza de tuco. 

Los piel de cordero han movido ficha. Han contentado a sus radicales. Ahora volverán a su apariencia centrista durante algún tiempo. Pero reincidirán y de nuevo abordarán su programa oculto. Los partidos de extrema derecha tienen muchos inconvenientes pero cuentan con una gran ventaja: enarbolan su bandera y se reconocen fácilmente. En cambio, los piel de cordero se camuflan entre la masa. Usted ya los conoce. Por eso, siga atando cabos y desentrañando pistas porque probablemente se sorprenderá de las intenciones de aquellos que, en los últimos comicios, fueron alzados por más de diez millones de votos.

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Gobiernos S.A

Hace poco que mundialmente ha saltado la noticia: la filial de Repsol va a ser expropiada por el gobierno de Argentina. Y las reacciones no se han hecho esperar. Al principio, cuando era un secreto (a voces) la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el titular de Industria, Cristóbal Soria no sabían si debían enemistarse del todo con Argentina. De ahí el anuncio de que anunciarían medidas. 

Cuando el secreto dejó de serlo y el gobierno argentino anunció oficialmente su intención de nacionalizar YPF, es cuando se han desatado todo tipo de acusaciones cruzadas. Muy hábil fue la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner al describir la forma que tomaba la caída de inversiones de la filial petrolera como una “trompa de elefante”. No se pudo decir más con menos. La Casa Real está presente, sin quererlo, hasta en los conflictos diplomáticos. Después le tocó el turno al ministro de Exteriores. García Margallo habló de que “Argentina se había dado un tiro en el pie”. Toda una metáfora. 

 Más allá de los dimes y diretes de los ejecutivos de España y Argentina, asombra ver la reacción del Gobierno en lo que ya se califica como conflicto diplomático. Los principales miembros del Ejecutivo español se han rasgado las vestiduras con el anuncio de la presidenta Fernández de Kirchner en una llamada al orgullo patrio que recuerda a los primeros colonizadores, con la diferencia de que las espadas se han convertido en barriles de petróleo. Pero más sorprendente es que los principales órganos europeos y estadounidenses han arropado a España y sus intereses. 

La Comisión Europea y el FMI han criticado el peligro de la actuación socialista de Kirchner. Curioso lo que importa ahora una empresa ¿española?, sobre todo cuando desde hace meses ambas instituciones sólo hacen cuestionar la política española, desconfiar de su economía e impulsar la depresión económica a través de recortes. Hay una pregunta que flota en el ambiente. Al menos, yo la he percibido. ¿Por qué esa respuesta tan feroz por parte del gobierno español y los organismos internacionales? ¿Es acaso Repsol una compañía estatal? O mejor dicho, ¿es acaso YPF una compañía española? Los expertos y eruditos salen en manada argumentando el peso que tiene Repsol y su filial en la economía española enarbolando la bandera española sin reflexionar sobre sus conclusiones. Voy a recordar, sucintamente, algunos datos para desmemoriados e indagadores. 

Hasta el momento, Repsol controlaba algo más del 57% de YPF, la filial petrolera que opera en Argentina. Pero sigamos la máxima de perseguir la senda del dinero para comprobar quién es el jefe del cotarro. El accionariado mayoritario de Repsol (68%) está bajo el paraguas del Free Float, es decir, el capital flotante que forma parte de las acciones que participan en bolsa. El 42% de estas acciones están en manos de instituciones extranjeras. Pero esto no es todo. Casi el 10% del capital estable de la compañía está en manos de PEMEX, a la sazón, Petroleros Mexicanos. 

Volvamos ahora a plantear la pregunta. ¿Es YPF española? No. Lo que queda del Repsol español es la marca. Máxime cuando la propia compañía reconoce que opera en diferentes offshores, el eufemismo que las empresas neoliberales han acuñado para definir sus actividades en paraísos fiscales en los que evitan trabas legales, medioambientales y, por supuesto, impositivas. La ‘españolitis’ se queda sin argumentos para justificar la defensa a ultranza de YPF. 

Aunque hay un denominador común que comparte el Gobierno español con los organismos internacionales. Precisamente la presión que ejercen los inversores, en este caso de Repsol, que observan cómo sus acciones se devalúan y pierden su influencia en la filial argentina. No nos engañemos, es la razón económica la que alienta los fantasmas del pasado y sitúa la actuación socialista de Kirchner en el ojo del huracán. Pérdidas económicas y socialismo, los dos tabús de los inversores capitalistas, se han unido en torno a YPF, de ahí que la maquinaria del establishment se haya puesto a funcionar a marchas forzadas. 

En tiempos de crisis, es cotidiano apelar al orgullo y a lo patrio para fortalecer el decaído espíritu del español de a pie. Pero es lamentable que estos comportamientos lo insuflen nuestros representantes políticos y las instituciones reguladoras de la vida cotidiana de millones de personas. Más allá de los motivos que han llevado a la nacionalización de YPF –entre los que se encuentran la caída de inversión en la compañía y sus efectos económicos, laborales y medioambientales - las empresas no deben gozar de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, un gobierno democrático y legítimo no debe lanzarse a una cruzada para defender unos intereses que no son los de su pueblo soberano, sino los de una elite económica, eso sí, que tiene más peso e influencia que toda la masa de ciudadanos. Ya lo resume la sabiduría popular: no es cuestión de cantidad, sino de calidad.

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