Una conferencia de presidentes ausentes

lamoncloa.gob.es

Los presidentes autonómicos faltaron a su cita en la Conferencia de Presidentes. En su lugar, al Senado acudieron sombras espectrales o dobles magníficamente camuflados que, en ningún momento, tuvieron la capacidad de negociación política que se presume a los originales. Los genuinos líderes populares fueron los únicos que estuvieron corpóreamente para bailar al son que marcaba el presidente del Gobierno. Del resto, no se sabe nada. 

Lo extraño es que estaban citados todos. Los que reclaman el independentismo de las regiones, un mayor autogobierno y una revisión del modelo fiscal autonómico. Los que denuncian el incumplimiento de los estatutos de autonomía. Los que se quejan del reparto del déficit y solicitan una revisión inmediata. Y aquellos que abogan por establecer políticas de crecimiento y no modificar las pensiones. A todos se les invitó, pero ninguno de ellos, acudió. 

Sólo así se puede entender el resultado de la Conferencia de Presidentes. Una reunión buena para la imagen exterior pero inútil para la realidad de España porque más allá del manido compromiso del déficit y una vaga promesa de modificar los criterios de reparto del déficit para 2014, todo sigue y seguirá igual. 

 La responsabilidad institucional y la altura de miras se hacen necesarias. En estos momentos, la ciudadanía solicita acuerdos entre los grupos políticos, sean del grupo que sea. En este sentido, la unidad mostrada hacia Europa es más que positiva para los intereses nacionales. Aunque, resulta sintomático, que el único acuerdo celebrado entre políticos de distinto signo, se refiera al cumplimiento del déficit y a una futura e indeterminada revisión del sistema de reparto del mismo. Una política marcada desde Bruselas, que desatiende las necesidades y las reclamaciones de los ciudadanos que gritan a viva voz diariamente en las calles. Cualquier persona de a pie podría pensar que en lo único en lo que PP, PSOE o CIU estarían de acuerdo es en cumplir con Europa. ¿Y con los españoles, qué? 

A pesar de la satisfacción con la que todos los presidentes regionales abandonaron la conferencia, las autonomías tendrán que seguir haciendo frente durante los dos próximos años a las competencias con mayor gasto –Sanidad y Educación- mirando de soslayo la sombra de la soga para intentar evitar la asfixia. Tampoco se acordó ningún plan de empleo conjunto, prioridad absoluta para todos los gobiernos en sus discursos políticos. Y, puestos a negociar, antes de fijar nuevos criterios de reparto, ni siquiera se mencionó la posibilidad de revisar desde la base el sistema fiscal autonómico. 

Todo ha quedado en la anécdota. En la foto. Pero los líderes regionales continúan con sus discursos y su crítica al Ejecutivo central, solicitando más autogobierno y más federalismo “cooperativo”, en palabras del propio Griñán. Sin embargo, se ausentan del máximo órgano conjunto de negociación entre autonomías y Gobierno Central donde ninguno de ellos –ni siquiera, Mas, el más rebelde de todos- fue capaz de poner sobre la mesa unos problemas que afectan a todo el país. 

No estaría de más recordar esta cita a aquellos presidentes autonómicos que en las próximas semanas atribuyan al Gobierno Central por enésima vez los problemas con los que conviven sus ciudadanos. El presidente del Gobierno tiene la mayor cuota de responsabilidad en esta situación pero los líderes autonómicos junto a sus reclamaciones de autogobierno y revisión fiscal, deben acompañar una carta de asunción de responsabilidades en la proporción que les corresponde.

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De golpes y porrazos

Publico.es

 

 Rabia. Desesperanza. Frustración. Represión. Odio. Sentimientos encontrados que se concentraron a las puertas de delegaciones de gobierno, parlamentos regionales y el Congreso de los Diputados. El 25S llegó y pasó como un huracán llevándose con él las pocas esperanzas de solucionar la ruptura entre sociedad y política de forma pacífica y consensuada. El día después es aún más desolador. 

El 25S pasará a la Historia pero no en el sentido que buscaban sus organizadores. No se han producido dimisiones, ni se han proclamado elecciones; tampoco se ha abierto un proceso constituyente. El 25S se recogerá en algunos libros de historia, sí, pero como el día en el que se comprobó que en España la política y la sociedad ya no se dan la mano, si es que alguna vez lo hicieron. 

Muchos critican que el espíritu del 15M que impregnó la convocatoria al principio, pareció asustarse del cordón de antidisturbios y se diluía conforme sonaban sirenas y se agitaban porras. Sin embargo, el 25S no era el 15M. Ni las circunstancias eran las mismas ni la conducta de las autoridades contuvo la suficiente sensatez que se presumen a los gobernantes. Al cubo de la realidad española desde 2011 le han surgido nuevas aristas que lo están transformando en una figura amorfa e indescriptible que nadie reconoce cuando lo sitúan frente al espejo. 

Durante el 25S se revelaron algunas de esas nuevas fallas. Anteriormente ya habíamos visto a miles de manifestantes en las calles solicitando una democracia mejor. También habíamos escuchado pedir la dimisión de políticos. Pero se introdujo un factor nuevo: rodear por primera vez el Congreso, símbolo de la soberanía nacional y de la representación de todos los españoles. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, cuando la desesperación hace mella, la cabeza busca culpables y la sociedad los ha encontrado en el interior del Congreso. 

Si la movilización social cambia sus formas, aún más lo hace la respuesta de las autoridades, otrora caracterizada por un talante más conciliador. Sin embargo, bajo el pretexto de asegurar el orden institucional, el Estado cumplió con el deber de salvaguardar sus instituciones pero descuidó un aspecto más importante, la protección de sus propios ciudadanos. 

Después de ver decenas de vídeos y cientos de fotografías, las sospechas se disparan: policías camuflados boicoteando la manifestación, antidisturbios sin identificar, manifestantes exaltados, policías agredidos, y todo ello, a cientos de metros de un Congreso que en ningún momento sufrió peligro alguno de ser asaltado. Ante esta algarabía –esto sí que lo es y no el independentismo catalán- sólo cabe preguntarse, ¿qué pretende el Gobierno? 

Tras el espectáculo de fuerza bruta demostrado, esconderse detrás de una actuación policial "magnífica" no hace sino acuciar los problemas, tensar más los ánimos y aumentar la fractura que actualmente está experimentando la sociedad. Si la respuesta policial del 25S estuvo fuera de lugar, las reacciones políticas no son del nivel de un país que se considera democrático. Una respuesta política acorde con las circunstancias, depurando responsabilidades cuando se hace necesario, es el primer paso para afrontar el declive que el país está viviendo. 

En el legado del 25S no hay vencedores pero sí millones de vencidos. La marca España, tan aludida por Mariano Rajoy y sus ministros en los últimos meses, se desploma no sólo por la incertidumbre financiera sino por la crisis social y espectáculos violentos de este tipo donde las autoridades son partícipes. Ante el momento que nos ha tocado vivir, el descontento no puede desaparecer de un día para otro, pero antes de que la fractura social vaya a más, los elegidos hace menos de un año, defensores de la política de las instituciones, son los que deben encauzar la situación, dar el primer paso y ofrecer una respuesta real a las demandas sociales. 

Gobernar mirando a Berlín y Bruselas pero estando de espaldas a los ciudadanos, no hace sino incrementar la desazón e impotencia. El problema de este país ya no es sólo económico y la solución pasa por la transigencia y el entendimiento entre política y sociedad. El escaso nivel político que demuestran sus señorías hace difícil que se retome la cordura y la coherencia pero la altura de miras y la honestidad pública –más allá de las siglas y los colores- son ahora necesarios para evitar un auténtico estallido social que será difícil de anular a base de golpes y porrazos.

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Griñán, el reconquistador

abc.es

Los barones del PSOE andaluz se han vestido con el traje de batalla y están haciendo todo lo posible por hacerse dueños de la lucha que comenzando en España entre la administración central y las autonomías. Se trata de un combate en toda regla en el que se intenta dirimir algo frecuente en las guerras a lo largo de toda la historia: el territorio y el autogobierno. 

Un amplio ejército socialista, comandado por el capitán Griñán, armado con ácidas críticas y discursos socialdemócratas, quiere tomar el control de la batalla y ponerse a la cabeza de la revolución que comienza a desatarse. No es tarea fácil, el azul invade casi toda España, por eso, Griñán se mueve rápido para conseguir que el rojo socialista vaya ganando cada vez más terreno. 

Ante la ostracismo absoluto al que el PSOE está siendo derivado en la política nacional y el escaso peso del partido en las regiones, Griñán se ha autoproclamado –por encima de vascos, asturianos y canarios- el líder socialista que España necesita para hacer frente al poder central que rige los designios del país con mano firme pese al descontento generalizado. 

La cruzada ha comenzado y el presidente de la Junta de Andalucía está desarrollando su estrategia de confrontación con el gobierno central sin tapujos. En Sanidad y Educación, Andalucía desafiará hasta lo que la ley le permite las medidas de Rajoy. La atención gratuita a inmigrantes irregulares, el mantenimiento de los servicios médicos gratuitos o el restablecimiento de Educación para la Ciudadanía han sido algunas de las afrentas con las que presidente regional pretende retar al partido de la oposición. Pero esto tiene un coste.

Un coste, sobre todo, económico. Andalucía se enfrenta al Gobierno central con el déficit de saber que desde la Moncloa se gestionan los fondos hacia las autonomías, y la preocupación de tener una situación financiera al borde de la asfixia que el Ejecutivo se está encargando de acentuar. Una maniobra tan antigua como la propia política: desgastar sutilmente desde Madrid a los gobiernos regionales de otro color. ¿Acaso el entendimiento en la época Zapateril fue casual? 

Andalucía se enfrenta al gobierno de Rajoy en una situación de desventaja económica. Griñán ha movido ficha y está buscando el apoyo de otras autonomías desviando el debate hacia el cumplimiento de los estatutos a la vez que denuncia el centralismo y la recuperación de competencias por parte del gobierno. Una hábil estrategia que cuenta con las simpatías de las comunidades no gobernadas por el PP. 

Griñán está aprovechando el debate autonómico destapado por los nacionalistas catalanes para reconquistar el terreno perdido por el PSOE. Aunque debe analizar el coste que sus acciones están teniendo en Andalucía. La paralización de las oposiciones y la negativa a la solicitud del ‘adelanto’ de liquidez han sido las últimas consecuencias. Pero no serán las únicas, sobre todo, cuando todo parece indicar que tendrá que solicitar el rescate autonómico con unas contraprestaciones aún por dilucidar. El presidente se verá enfrascado en los próximos meses entre el riesgo de seguir enfrentado al gobierno central y la necesidad de recuperar el espíritu socialista. Una difícil situación en la que el presidente tendrá que anteponer los intereses andaluces a los de su partido.

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Extremismos moncloyanos

Miembros del SAT con carros de comida / elcorreoweb

La situación en nuestro país está alcanzando unos extremos preocupantes. Después de sufrir con la bajada de la bolsa y la subida de la prima de riesgo, todo parece haberse tranquilizado momentáneamente. Quizás es que la prima se ha tomado unos días de asueto, al igual que Mariano Rajoy, aunque no sabemos si será en su Galicia natal o en otros lugares alejados de la geografía española. Allí, por donde les gusta andar a los capitales, fuera de la órbita hispánica. 

Pese al respiro, estos meses están dejando una resaca difícil de combatir. Diariamente, los medios y las redes sociales se invaden de noticias malas, pésimas, deleznables en algunos casos, que se suceden día tras días y sobre las que alarmantemente se están disparando las posiciones más extremas. Un fenómeno que está sucediendo en todos los ámbitos aunque, especialmente, en la política. 

Hace unas semanas corría como la pólvora la noticia de que en España existía el doble de políticos que en Alemania. Los tuits se sucedían como el rayo proponiendo soluciones tan sutiles como despedir a la clase política, quitarles el sueldo e incluso, los más racionales amantes del diálogo y la moderación, apuntaban al paredón como la solución a nuestros problemas. 

Parece que en un alarde de populismo del que tan acostumbrados nos tienen algunos dirigentes populares –y socialistas-, el presidente Mariano Rajoy se contagió de algunas de estas opiniones y determinó la eliminación de políticos en las administraciones locales. Una compañera de filas, Esperanza Aguirre, abogaba también por cercenar a la mitad los escaños del Parlamento de Madrid. Todo ello, bajo el paraguas de la austeridad y el ahorro. Resulta sospechosa esta fórmula que se balancea al filo de lo democrático al penalizar escasamente a las mayorías y eliminar la representación de las minorías. 

Las medidas milagro, fáciles, populistas y pseudofascistas están proliferando en nuestro país a una velocidad de vértigo. Lo más peligroso es que se esconden detrás de la idea de austeridad, racionalización o reformas impulsadas desde el propio Gobierno. Nos escandalizábamos hace unos meses de que un partido nazi alcanzara el parlamento griego. En España, con nuestra ambición de superarnos, de seguir así ya no resultaría extraño ver a una nueva Falange –en su quincuagésima novena edición- saludar desde su bancada en el Congreso de los Diputados con el brazo de sus miembros en alto. 

Existe una situación preocupante que está favoreciendo una visión simple y maniquea de los hechos que confunde a la mayoría de la población, cansada, hastiada de la política –y de los políticos- y preocupada por sobrevivir pese a los obstáculos. Los recortes están generando el campo de cultivo perfecto para que las voces más extremas apunten sus cañones de propaganda hacia el cerebro colectivo. Por su parte, el Gobierno está haciendo un flaco favor para corregir estas posturas extremas con sus medidas xenófobas y excluyentes que, en lugar de integrar, desintegran y desvían la atención al extranjero como el culpable de nuestros males. 

El gran problema que esconde toda esta situación es que el Ejecutivo está gestionando de la peor forma posible la situación de crisis más dramática que se recuerda. Y cuanto más tense el Gobierno la cuerda, más duras serán las respuestas sociales. La campaña robinhoodiana de Sánchez Gordillo asaltando Mercadonas de Sevilla y Cádiz es un ejemplo, un espectáculo lamentable pero que muchos consideran un acto de justicia al estilo jacobino. 

Las actuaciones son, sin duda, sancionables. Pero surge la pregunta de si el robo de comida en un supermercado a cara descubierta para donarla a bancos de alimentos es más reprobable que el saqueo continuado de capitales al extranjero, o la estafa a gran escala impulsada desde los sectores financieros a través de hipotecas desorbitadas o productos de dudosa moralidad como las participaciones preferentes. 

España está en crisis, en todos los ámbitos. Y con las crisis aparecen los extremismos. Es muy importante filtrar los continuos mensajes populistas que nos llegan porque esconden un tufo totalitarista. No olvidemos que no existen extremos positivos, todos son nocivos y contagiar a la política o a la vida social de estos principios irracionales, acaba perturbando nuestra noción de la realidad. 

Hacen falta menos soluciones fáciles y más cabezas frías que atemperen la complicada situación política, económica y social. La autoridad que ostenta la responsabilidad para ejercer esta necesaria función es el Ejecutivo, al que habría que solicitar que gobierne mirando de frente a los ciudadanos para aminorar la tensión de la cuerda antes de que acabe por romperse. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de reconducir la lógica y la razón que está perdiendo con sus actuaciones. Todo extremismo destruye lo que afirma, decía la gran María Zambrano. Sería el comienzo perfecto para una carta dirigida a La Moncloa.

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Llega tarde, señor Griñán

La Junta de Andalucía acaba de anunciar un nuevo plan para reequilibrar las devaluadas cuentas públicas de la comunidad. El Ejecutivo de Griñán ha reducido el número de coches oficiales y el salario máximo de los altos cargos de las empresas públicas. Una medida necesaria que reclamaba la población desde antaño pero que se autoriza en la semana más complicada del Gobierno, cuando se acentúan los rumores del rescate total a España. 

En mayo de 2010 Zapatero sorprendió a todos anunciando un recorte social sin precedentes, tal y como lo calificaron medios contrarios y afines al PSOE. Entre sus medidas, se contemplaba una reducción del 5% del salario de los empleados públicos –un 15% para los miembros del Gobierno-, la congelación de las pensiones, la supresión del cheque-bebé y la paralización de obras públicas. Por entonces no estábamos acostumbrados a los recortes y Zapatero comenzó a cavar su propia tumba. 

Los recortes son losas de piedra que van apilándose una encima de otra dejando en el fondo a la población. Por ello, dos años y medio después la situación es bastante peor. Al tijeretazo inicial de Zapatero, se ha sumado varias decenas de medidas para ahorrar y recortar el gasto público que han alcanzado su culmen con el Gobierno de Mariano Rajoy. Los recortes poco a poco han ido salpicando a las Comunidades Autónomas hasta que la mayoría absoluta del PP las ha situado al borde del desfiladero. 

En una de las semanas más negras para la economía española, cuando la prima de riesgo ha superado los 640 puntos y desde Europa se tensan las relaciones y se disparan los nervios en relación a un posible rescate total a España o una salida del Euro, Andalucía aprueba nuevas medidas que parecen estar pensadas para el inicio de la crisis, no para la situación actual. Comparen estas medidas con las arriba anunciadas por Zapatero. Son sorprendentemente parecidas. Si en los meses siguientes al mayo negro de 2010, la Junta hubiese anunciado un recorte en coches oficiales y en sueldos de altos cargos, no nos hubiese sorprendido. Ahora sí. Llega tarde, señor Griñán. 

Aunque es significativo cómo la reducción de los coches oficiales y el techo de salario para los directivos de entidades públicas han acaparado todas las portadas. Sin embargo, su ahorro supondrá apenas 6 millones de euros. En cambio, poco o nada se ha hablado del plan de lucha contra el fraude -uno de los verdaderos agujeros de la economía española- que pretende embolsar a las arcas andaluzas entre 15 y 20 millones. La conclusión es que, o se confía poco en este plan, o interesaba mucho que el ciudadano de a pie sintiera simpatía por el socialismo, después del descrédito que alberga el partido en su vertiente nacional y autonómica. 

Rebajar el salario de los miembros del gobierno autonómico un 7,5% o reducir los coches oficiales a la mitad son medidas necesarias que no deben suponer “un paso más”, como indicó la consejera Martínez Aguayo. Estas medidas deberían haber sido el inicio de un esfuerzo colectivo. El buen gobernante, primero adelgaza al máximo los gastos de la Administración antes de gravar al contribuyente. En Andalucía, siguiendo la estela del Gobierno central, se ha hecho todo lo contrario. Primero, se han aumentado los impuestos y se han reducido salarios y a la semana siguiente, se han rebajado los sueldos gubernamentales, todo ello con el consentimiento de Izquierda Unida que está utilizando la táctica del disimulo. Entrega el hacha al verdugo pero mira para otro lado. Señor Valderas, ¿tiene lógica un encierro en el Parlamento andaluz denunciando los recortes del Gobierno central después de apoyar un recorte de salarios a los funcionarios andaluces? 

De nada sirven ahora estas medidas populistas con las que el gobierno de Griñán pretende acercarse al ciudadano. Aunque el guiño evidente ha sido la paralización de la supresión de la paga extra de julio que permitirá compensar el recorte de la paga de Navidad anunciada por el Gobierno. Un detalle de la socialdemocracia andaluza que, no obstante, contribuirá a desequilibrar aún más las cuentas públicas de la comunidad. 

Señor Griñán, probablemente sus medidas habrán contentado mínimamente a muchas de esas personas que ven los telediarios a la par que dictan soluciones a los males de España. Sin embargo, no se deje engañar. Ni nos intente engañar. Estas medidas son una minucia que no soluciona los grandes problemas de la comunidad ni mucho menos suple la reforma estructural que debería haber iniciado en la Administración antes de comenzar a gravar a los ciudadanos. No es cuestión de ideología política sino de mentalidad y, aunque se observa un incipiente cambio, aún queda mucho por hacer en muy poco tiempo. Señor Griñán, cuando estamos a punto de una intervención total y próximos a la salida del Euro, no piense en el coste electoral, aparque las medidas populistas e impulse cambios reales. Al poder ser, antes de que nos rescaten.

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Spain is different

Manifestación en Madrid contra los recortes / alosguantazos.blogspot.com

A usted, que está en la pantalla leyendo, le voy a solicitar permiso para que hoy, aprovechando que voy a hablar de cambios, me permita cambiar la manera de contar de cosas. Hace unos días tuve un encuentro con un amigo que hacía varios años que había salido del país. Se encontraba realizando unos estudios fuera y acaba de regresar temporalmente. Tras tomar un café y hablar durante horas de nuestras vivencias, abordamos la situación actual de España y ambos coincidimos en que, después de sintonizar la televisión, abrir las páginas de un periódico o escuchar una emisora de radio, obtienes una conclusión clara: España está cambiando. 

No hace mucho tiempo, las manifestaciones estaban prohibidísimas en España. Eran momentos oscuros, donde el régimen autoritario franquista reprimía cualquier atisbo de libertad de expresión. La llegada de la democracia a finales de los 70, trajo consigo un cambio político que generó multitud de protestas ciudadanas: la gente había experimentado la libertad y no se atrevía a soltarla. Aunque después, cuando la democracia se asentó, todo se calmó y el español medio no volvió a salir a la calle, salvo en contadísimas excepciones. Ahora todo ha cambiado. 

Cualquier persona que abandonara el país hace una década y regrese ahora le sucedería algo parecido a lo que contaba este amigo mío: reconocería poco de lo que dejó atrás. Diariamente podemos ver a cientos de personas haciendo suya la calle como nunca antes se había visto en España. El espíritu del español calmado y aborregado se está esfumando. A las manifestaciones diarias masivas en todos los rincones del país, se unen banqueros pidiendo perdón, políticos reduciendo su sueldo e incluso hasta el Rey ha realizado un acto sin precedentes bajándose su asignación y la de la Casa Real. Muchos cambios. Minúsculos, pero cambios al final y al cabo que eran impensables hace años. Todos, consecuencia de la crisis, ese fenómeno que se estudiará en los libros de historia de las próximas décadas como el acontecimiento que cambió la historia reciente del mundo. Si embargo aún no hemos visto ni la cuarta parte de la metamorfosis que experimentará el orden mundial. 

Aunque si había alguna característica innata en los españoles, esa era la de criticar en la barra del bar. Absolutamente todos los españoles ejercen a diario de seleccionador nacional de fútbol, de magistrado, de diputado e incluso de presidente del Gobierno. Siempre se le ha achacado al español que sea tan ácido en petit comité y luego no canalice sus reclamaciones a través de los cauces que permite la ley. Bien, eso también es historia y dice mucho de esta generación de ciudadanos. El hastío generalizado, los brutales recortes a los que estamos siendo sometidos, la falta de empleo, el empobrecimiento social, la falta de expectativas laborales y, en resumen, la decadencia vital en la que los españoles estamos en estos momentos enfrascados, ha sido la chispa que ha encendido la llama. Una llama que está contagiando a millones de mechas repartidas por todo el territorio nacional que sienten igual y buscan un cambio verdadero. Los españoles ya no utilizan el bar para expresar sus críticas, se lanzan a la calle, cortan el tráfico y protestan públicamente por los atropellos que están sufriendo. 

La sociedad española no es la misma que hace diez o veinte años. Entonces, circunstancialmente también se lanzaba a la calle pero es la coyuntura actual la que la está dotando de una herramienta de presión que está obligando a la rectificación de los poderes públicos. No es casualidad que el presidente de los jueces haya dimitido, ni que la Casa Real y los miembros del Gobierno se bajen el sueldo. No lo es tampoco que directivos de Novagalicia pidan públicamente perdón por sus malas prácticas financieras o que la diputada Andrea Fabra rectifique por su “que se jodan” en el Congreso. Nada de eso sucede por azar. Todo obedece a una presión social sin precedentes. 

¿Es suficiente? Probablemente no. Pero todo ello demuestra un importante avance de la sociedad. Mucho se ha escrito y hablado sobre el letargo que sufría la sociedad española. Si esto ha sido así antes, ahora ya no lo es. La gestión de la crisis que está realizando el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha conseguido espolear a miles de personas que observan cómo se destruye el bienestar que han conocido debido a prácticas pseudo mafiosas de las élites. Mineros, funcionarios, parados, trabajadores o estudiantes han despertado del aburguesamiento generalizado mostrado públicamente su “no” a las medidas que organismos internacionales con escasa legitimidad democrática están imponiendo a los ciudadanos. 

Lo conseguido hasta ahora es una muestra de la presión social que se está generando en el país pero aún es insuficiente para la gran parte de la población. Mariano Rajoy ha tenido la cuestionable habilidad de convertir al Gobierno de España en el enemigo que todos quieren batir. Bien es sabido que, con un enemigo identificado, todo es más fácil. Por eso, el nivel de escrutinio que la población está ejerciendo sobre la actividad del Ejecutivo es insólita y las redes sociales están favoreciendo la organización y la canalización de protestas comunes que tienen siempre el mismo protagonista. 

Siendo riguroso, la crisis está generando millones de antisistemas que son todos los que están cansados del sistema político, económico y social actual y reclaman una remodelación profunda de las bases democráticas. La gente ahora está opinando y participando en política cuando hace escasos años pocos se interesaban en ella. La población está más atenta que nunca a las acciones de sus representantes. La sociedad en la que vivimos es la más activa en décadas. Entonces, surge la duda: pese a los incipientes cambios ¿se conseguirá transformar el sistema? Eso está aún por escribir. Lo que yo cuento aquí es que, ahora sí, podemos decir sin temor a equivocarnos que Spain is different.

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Renovarse o morir

José Antonio Griñán | Conchitina / ElMundo.es

El PSOE de Andalucía afronta momentos difíciles. Lo que parecía que sería un congreso triunfal, donde José Antonio Griñán revalidaría sin problemas su título de secretario general de los socialistas andaluces se ha convertido en una ilusión truncada. El congreso ha servido poco más que para constatar que existe una importante división dentro del PSOE entre el aparato y un sector crítico denostado que poco va a contribuir al cambio que necesita el partido. La refundación, la autocrítica, los análisis ni se plantean. Todo sigue igual aunque, como suele pasar cuando comienzan los problemas, cada vez un poco peor. 

Si la socialdemocracia ha entrado en crisis, el PSOE de Andalucía es el mejor ejemplo de ello. Negativas, reproches, críticos, excluidos y divisiones internas se alternaron durante el Congreso Regional de un partido descalabrado electoralmente en el conjunto de la nación y con una pérdida de confianza generalizada que combaten con escasas ideas renovadoras. El continuismo que prevalece en el PSOE ante el temor de una mayor sangría de votantes hacía prever que Griñán saldría reforzado del congreso por abrumadora mayoría. Pero la conservación del gobierno andaluz no ha sido suficiente y tres de cada diez delegados le dieron la espalda a su secretario general. 

Quizás porque no se preveía un rechazo tan alto o porque Griñán quiso hacer las veces de dirigente firme y duro, tras conocer los resultados, el secretario general de los socialistas andaluces demostró un carácter insólito que reforzó la posición del sector crítico. “Los que no me votaron no estarán en la Ejecutiva”. Sus palabras fueron ejercicio de sinceridad que sorprendió a todos –que esperaban más de un hombre con talante negociador- y evidenció el inframundo en el que se ha estancado la política y las luchas internas para alcanzar los puestos de responsabilidad en el partido que luego abren las puertas al gobierno de la Junta. 

Aún resuenan las palabras de Pepe Griñán preguntando antes del congreso quiénes eran esos críticos de los que tanto se hablaba en la prensa. Ahora, ya los conoce y será difícil que les olvide. Los críticos ya poseen nombre y apellidos y están consiguiendo apoyos día a día. En el congreso regional han alcanzado su primer objetivo: evidenciar su existencia. Ahora, ya han definido el segundo: la secretaría general del PSOE de Sevilla. 

Si existe un reducto socialista en España, esa es la provincia de Sevilla. Para griñanistas y críticos, alcanzar la secretaría general sevillana supone dominar el caballo ganador y dar un golpe en la mesa sobre el otro bando. Lo previsible es que gane Susana Díaz, que cuenta con el aval del aparato del partido, algo que permitiría a Griñán respirar aliviado y frenar momentáneamente su pérdida de credibilidad. Aunque las previsiones no siempre se cumplen. Y en el PSOE de Andalucía, cada vez menos. 

En el otro lado se sitúa el sector crítico. Abanderado por Gutiérrez Limones, cuenta con los apoyos de veteranos socialistas con peso e influencia. Su candidatura nos permite conocer que este grupo es crítico con la gestión de Griñán pero poco más puede ofrecer. En ningún momento han dado muestra de apostar por el cambio o la renovación del partido, conceptos que se manejan desde dentro del partido y que contribuirían a que el PSOE supere la crisis en la que está inmerso. Pocas esperanzas se pueden depositar en el sector crítico del PSOE de Andalucía si está liderado por políticos con fecha de caducidad. Gutiérrez Limones es incapaz de abanderar un proyecto renovador cuando es la cara visible del gobierno de Alcalá de Guadaíra desde 1995. 

Con todo esto, si mala era la situación del partido socialista andaluz antes del congreso, después de él es mucho peor. Las divisiones internas y las luchas fraternales por la actuación de su líder regional, las continuas pérdidas electorales y la coalición con Izquierda Unida han generado un partido débil a juicio de sus propios integrantes. Si a esto se suma un secretario general cuestionado, la brecha se hace casi insalvable. Por si todo esto fuera poco, el sector opuesto a Griñán que pretende erigirse como alternativa, está capitaneado por líderes locales que representan un proyecto caduco. ¿Solución? Sólo queda una: renovarse a marchas forzadas o morir.

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Bosones en extinción

El descubrimiento de la “partícula de Dios”, también conocida como bosón de Higgs, ha corrido como la pólvora y se ha hecho eco en todo el mundo en cuestión de horas. En todos los rincones del planeta durante unos días se ha roto el discurso económico y se está hablando del que será-si se confirma- el hallazgo científico más importante en décadas que aparece en un momento idóneo, cuando el vendaval de los planes de austeridad están tambaleando los pilares de la investigación científica. 

Aún es pronto para conocer el detalle del descubrimiento. Falta averiguar más sobre los resultados del hallazgo. A partir de ahí, comenzará el desarrollo de todo un paradigma que supondrá un nuevo reto de la ciencia. Eso forma parte de la ciencia ficción. La realidad es que, con los medios de los que se disponen, en 2012 se ha podido encontrar la causa que explica la existencia de masa en los cuerpos del universo, un acontecimiento que se registrará en los libros de historia de los próximos años. 

Más allá de los vítores y celebraciones contenidas, el hallazgo llega en un momento crucial. El avanzado desarrollo tecnológico y científico alcanzado hasta la fecha se contrapone con unos hechos irrefutables: la inversión en ciencia está bajo mínimos, especialmente en España. La contención que están imponiendo los estados europeos está suponiendo un importante sacrificio para la mayoría de los sectores económicos pero la voluntad política de los mandatarios puede dirimir si lo que sufre la ciencia es un parón temporal o un batacazo irreversible. 

En España, como viene siendo habitual, somos campeones olímpicos en pérdida de competitividad. Mientras países como Alemania, Francia o Estados Unidos incrementan ligeramente sus partidas dedicadas a la investigación, el gobierno de austeridad presidido por Mariano Rajoy ha cercenado para el año en curso un 25% del presupuesto destinado a la investigación científica, amparada bajo las siglas I+D+I. Con las cifras de inversión actuales -6.400 millones de euros- el gobierno español desde 2009 –antes socialista, ahora popular- ha recortado un 35% el presupuesto dedicado a I+D+I. 

Frente a esta situación, los científicos españoles responden de dos formas. Los que pueden, abandonan el país por la falta de incentivos y buscan experiencias en las grandes potencias europeas o en Estados Unidos. Una huida de cerebros que provoca una ingente pérdida intelectual, de conocimiento y riqueza. Los osados que permanecen, intentan avanzar en investigación con un presupuesto ínfimo a la vez que se organizan para denunciar la situación aunque con escasas esperanzas de mejoras. La carta abierta a favor de la ciencia es el mejor ejemplo, aglutina a casi 27.400 firmas pero no ha tenido respuesta del Ejecutivo. 

España representa actualmente uno de los principales lugares de castigo de los científicos. Si en el siglo XVI, combatía el progreso con el azote de las hogueras, quinientos años después, el castigo se inflige con recortes presupuestarios que indudablemente tendrán consecuencias en el desarrollo futuro. Tecnologías, vacunas o curas para algunas enfermedades están sufriendo un retroceso definitivo en su implantación para los próximos años. 

En mitad de este volcán en erupción, aparece un bosón, una micropartícula que se está transformando en la gran esperanza para la comunidad científica. El hallazgo es la mejor respuesta que puede ofrecer la comunidad científica a los ataques al presupuesto y se traduce en la constatación de que la ciencia supone una inversión paciente aunque segura. El descubrimiento cuenta, además, con una importante repercusión social, un estímulo que la comunidad científica necesita para convertir este avance en un punto de inflexión en la inversión en I+D+I. 

Ahora, cuando la ciencia ocupa portadas por sus descubrimientos y comienza el carrusel de elogios por los logros conseguidos, es el momento ideal para que la comunidad científica exija voluntad política para la ciencia. El bosón de Higgs ha generado una nueva coyuntura que debe convertirse en el motor de la recuperación del compromiso para potenciar en los próximos años la investigación y el desarrollo a través del incremento gradual de sus partidas presupuestarias. De lo contrario, bien haríamos en despedirnos de los bosones porque este tipo de avances científicos entrarían en un verdadero peligro de extinción.

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Visto para sentencia

Las instituciones no están en su mejor momento. A la crisis política, social y económica se suma la judicial, que lleva coleando desde hace algunos años. Aunque ha sido ahora con la dimisión obligada de Dívar como representante del Supremo y del órgano de los jueces, cuando se ha abierto una fisura en el poder judicial. La grieta se acrecienta cuando es el propio Tribunal Constitucional el que queda cuestionado. Todos los pasos que se están dando en mitad de esta crisis institucional están provocando una desconfianza absoluta de los ciudadanos hacia las instituciones que los presentan. 

La huida de Carlos Dívar, hasta ahora presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha provocado que ambos órganos jurisdiccionales queden descabezados. Dívar ha sido la segunda figura judicial en caer, la primera fue Garzón aunque por motivos bien distintos. La utilización de fondos públicos para viajes privados a Marbella ha contagiado al poder judicial del recelo con el que los ciudadanos observan a la clase política. La justicia ha quedado manchada. Aunque existen más órganos afectados. 

El Tribunal Constitucional era, hasta tiempos recientes, uno de los pocos reductos que gozaba de cierto prestigio institucional. Aunque en España la justicia nunca ha sido bien valorada por los ciudadanos, el Alto tribunal, rodeado de un halo de magnificencia entre el misterio y la admiración, conservaba una imagen respetable que en los últimos años PP y PSOE se han encargado de destruir. En estas semanas, mientras España observa con recelo el rescate financiero y espera la llegada de los hombres de negro para tutelar nuestra economía, el Constitucional ha entrado en crisis. 

La legalización de Sortu no ha sentado nada bien en el Gobierno de Mariano Rajoy y sus compañeros de partido se han armado para declarar la guerra al Alto Tribunal. La avanzadilla inicial corrió a cargo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que discrepó de la sentencia, aunque la artillería pesada estuvo dirigida por Esperanza Aguirre que impulsó la ofensiva abogando por la desaparición del tribunal. Objetivo: acabar con un tribunal al que ahora consideran deslegitimado. Atrás queda ya el año 2005 cuando el PP recurrió al Constitucional la ley de matrimonios homosexuales. Entonces, era un órgano legitimado para contradecir al gobierno de Zapatero. Cuanto menos resulta curioso que ahora, en 2012, cuando sus sentencias chocan ideológicamente con el partido en el poder, carezca de legitimidad. 

Si el prestigio del Constitucional está bajo mínimos es a causa del excesivo uso político que han efectuado los partidos en el gobierno. Una tendencia que, lejos de desaparecer, está en auge. Recientemente, el PSOE ha presentado dos recursos al Alto Tribunal. Uno, destinado a frenar la amnistía fiscal del Gobierno. El segundo, impulsado por el PSOE de Andalucía, pretende detener los cambios que anuncia la reforma sanitaria. 

El Partido Socialista quiere abanderar la lucha por el progreso y el estado de bienestar pero, al carecer de los suficientes apoyos políticos, introduce a un nuevo jugador, el Constitucional. Pero ambos casos se deben leer en clave política puesto que el PSOE es co-responsable del bloqueo en la renovación del Constitucional, donde aún residen cuatro miembros con mandatos vencidos desde 2010. Resulta paradójico que mientras el Alto Tribunal está bloqueado, se recurra a él para dirimir sobre cuestiones que poseen un tufo electoralista bastante evidente. 

No hay duda de que las instituciones poseen una salud muy frágil. La vorágine destructora en la que estamos insertos está consumiendo los poderes clásicos del Estado. Legislativo y Ejecutivo aguardan en un estado catatónico del que sólo despertarán con un electroshock democrático impulsado desde la ciudadanía. Ahora es turno del Judicial. Por encima de todos ellos está el Tribunal Constitucional, creado para garantizar del orden democrático del Estado, pero que también se ha contagiado de la crisis institucional en la que está inmerso el país. 

La solución no es buscar a los culpables sino restaurar la confianza en las instituciones. En ese sentido, las declaraciones de Aguirre hacen un flaco favor para conseguirlo, más aún cuando PP y PSOE durante años han considerando al Alto Tribunal como un aliado para sus intereses políticos. Unas guerras políticas que han acabado por transformar en un actor político a un órgano cuya misión se sitúa por encima de revanchas partidistas. 

A partir de aquí, los dos grandes partidos pueden dejar morir lentamente al órgano siguiendo la doctrina actual, basada en la politización y el bloqueo. O pueden reconstituir su confianza y otorgarle la legitimidad perdida acelerando el desbloqueo y cambiando su modo de hacer política. Los hechos están probados, las pruebas, sobre la mesa. El asunto queda visto para sentencia.

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