Llega tarde, señor Griñán

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La Junta de Andalucía acaba de anunciar un nuevo plan para reequilibrar las devaluadas cuentas públicas de la comunidad. El Ejecutivo de Griñán ha reducido el número de coches oficiales y el salario máximo de los altos cargos de las empresas públicas. Una medida necesaria que reclamaba la población desde antaño pero que se autoriza en la semana más complicada del Gobierno, cuando se acentúan los rumores del rescate total a España. 

En mayo de 2010 Zapatero sorprendió a todos anunciando un recorte social sin precedentes, tal y como lo calificaron medios contrarios y afines al PSOE. Entre sus medidas, se contemplaba una reducción del 5% del salario de los empleados públicos –un 15% para los miembros del Gobierno-, la congelación de las pensiones, la supresión del cheque-bebé y la paralización de obras públicas. Por entonces no estábamos acostumbrados a los recortes y Zapatero comenzó a cavar su propia tumba. 

Los recortes son losas de piedra que van apilándose una encima de otra dejando en el fondo a la población. Por ello, dos años y medio después la situación es bastante peor. Al tijeretazo inicial de Zapatero, se ha sumado varias decenas de medidas para ahorrar y recortar el gasto público que han alcanzado su culmen con el Gobierno de Mariano Rajoy. Los recortes poco a poco han ido salpicando a las Comunidades Autónomas hasta que la mayoría absoluta del PP las ha situado al borde del desfiladero. 

En una de las semanas más negras para la economía española, cuando la prima de riesgo ha superado los 640 puntos y desde Europa se tensan las relaciones y se disparan los nervios en relación a un posible rescate total a España o una salida del Euro, Andalucía aprueba nuevas medidas que parecen estar pensadas para el inicio de la crisis, no para la situación actual. Comparen estas medidas con las arriba anunciadas por Zapatero. Son sorprendentemente parecidas. Si en los meses siguientes al mayo negro de 2010, la Junta hubiese anunciado un recorte en coches oficiales y en sueldos de altos cargos, no nos hubiese sorprendido. Ahora sí. Llega tarde, señor Griñán. 

Aunque es significativo cómo la reducción de los coches oficiales y el techo de salario para los directivos de entidades públicas han acaparado todas las portadas. Sin embargo, su ahorro supondrá apenas 6 millones de euros. En cambio, poco o nada se ha hablado del plan de lucha contra el fraude -uno de los verdaderos agujeros de la economía española- que pretende embolsar a las arcas andaluzas entre 15 y 20 millones. La conclusión es que, o se confía poco en este plan, o interesaba mucho que el ciudadano de a pie sintiera simpatía por el socialismo, después del descrédito que alberga el partido en su vertiente nacional y autonómica. 

Rebajar el salario de los miembros del gobierno autonómico un 7,5% o reducir los coches oficiales a la mitad son medidas necesarias que no deben suponer “un paso más”, como indicó la consejera Martínez Aguayo. Estas medidas deberían haber sido el inicio de un esfuerzo colectivo. El buen gobernante, primero adelgaza al máximo los gastos de la Administración antes de gravar al contribuyente. En Andalucía, siguiendo la estela del Gobierno central, se ha hecho todo lo contrario. Primero, se han aumentado los impuestos y se han reducido salarios y a la semana siguiente, se han rebajado los sueldos gubernamentales, todo ello con el consentimiento de Izquierda Unida que está utilizando la táctica del disimulo. Entrega el hacha al verdugo pero mira para otro lado. Señor Valderas, ¿tiene lógica un encierro en el Parlamento andaluz denunciando los recortes del Gobierno central después de apoyar un recorte de salarios a los funcionarios andaluces? 

De nada sirven ahora estas medidas populistas con las que el gobierno de Griñán pretende acercarse al ciudadano. Aunque el guiño evidente ha sido la paralización de la supresión de la paga extra de julio que permitirá compensar el recorte de la paga de Navidad anunciada por el Gobierno. Un detalle de la socialdemocracia andaluza que, no obstante, contribuirá a desequilibrar aún más las cuentas públicas de la comunidad. 

Señor Griñán, probablemente sus medidas habrán contentado mínimamente a muchas de esas personas que ven los telediarios a la par que dictan soluciones a los males de España. Sin embargo, no se deje engañar. Ni nos intente engañar. Estas medidas son una minucia que no soluciona los grandes problemas de la comunidad ni mucho menos suple la reforma estructural que debería haber iniciado en la Administración antes de comenzar a gravar a los ciudadanos. No es cuestión de ideología política sino de mentalidad y, aunque se observa un incipiente cambio, aún queda mucho por hacer en muy poco tiempo. Señor Griñán, cuando estamos a punto de una intervención total y próximos a la salida del Euro, no piense en el coste electoral, aparque las medidas populistas e impulse cambios reales. Al poder ser, antes de que nos rescaten.
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Spain is different

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Manifestación en Madrid contra los recortes / alosguantazos.blogspot.com
A usted, que está en la pantalla leyendo, le voy a solicitar permiso para que hoy, aprovechando que voy a hablar de cambios, me permita cambiar la manera de contar de cosas. Hace unos días tuve un encuentro con un amigo que hacía varios años que había salido del país. Se encontraba realizando unos estudios fuera y acaba de regresar temporalmente. Tras tomar un café y hablar durante horas de nuestras vivencias, abordamos la situación actual de España y ambos coincidimos en que, después de sintonizar la televisión, abrir las páginas de un periódico o escuchar una emisora de radio, obtienes una conclusión clara: España está cambiando. 

No hace mucho tiempo, las manifestaciones estaban prohibidísimas en España. Eran momentos oscuros, donde el régimen autoritario franquista reprimía cualquier atisbo de libertad de expresión. La llegada de la democracia a finales de los 70, trajo consigo un cambio político que generó multitud de protestas ciudadanas: la gente había experimentado la libertad y no se atrevía a soltarla. Aunque después, cuando la democracia se asentó, todo se calmó y el español medio no volvió a salir a la calle, salvo en contadísimas excepciones. Ahora todo ha cambiado. 

Cualquier persona que abandonara el país hace una década y regrese ahora le sucedería algo parecido a lo que contaba este amigo mío: reconocería poco de lo que dejó atrás. Diariamente podemos ver a cientos de personas haciendo suya la calle como nunca antes se había visto en España. El espíritu del español calmado y aborregado se está esfumando. A las manifestaciones diarias masivas en todos los rincones del país, se unen banqueros pidiendo perdón, políticos reduciendo su sueldo e incluso hasta el Rey ha realizado un acto sin precedentes bajándose su asignación y la de la Casa Real. Muchos cambios. Minúsculos, pero cambios al final y al cabo que eran impensables hace años. Todos, consecuencia de la crisis, ese fenómeno que se estudiará en los libros de historia de las próximas décadas como el acontecimiento que cambió la historia reciente del mundo. Si embargo aún no hemos visto ni la cuarta parte de la metamorfosis que experimentará el orden mundial. 

Aunque si había alguna característica innata en los españoles, esa era la de criticar en la barra del bar. Absolutamente todos los españoles ejercen a diario de seleccionador nacional de fútbol, de magistrado, de diputado e incluso de presidente del Gobierno. Siempre se le ha achacado al español que sea tan ácido en petit comité y luego no canalice sus reclamaciones a través de los cauces que permite la ley. Bien, eso también es historia y dice mucho de esta generación de ciudadanos. El hastío generalizado, los brutales recortes a los que estamos siendo sometidos, la falta de empleo, el empobrecimiento social, la falta de expectativas laborales y, en resumen, la decadencia vital en la que los españoles estamos en estos momentos enfrascados, ha sido la chispa que ha encendido la llama. Una llama que está contagiando a millones de mechas repartidas por todo el territorio nacional que sienten igual y buscan un cambio verdadero. Los españoles ya no utilizan el bar para expresar sus críticas, se lanzan a la calle, cortan el tráfico y protestan públicamente por los atropellos que están sufriendo. 

La sociedad española no es la misma que hace diez o veinte años. Entonces, circunstancialmente también se lanzaba a la calle pero es la coyuntura actual la que la está dotando de una herramienta de presión que está obligando a la rectificación de los poderes públicos. No es casualidad que el presidente de los jueces haya dimitido, ni que la Casa Real y los miembros del Gobierno se bajen el sueldo. No lo es tampoco que directivos de Novagalicia pidan públicamente perdón por sus malas prácticas financieras o que la diputada Andrea Fabra rectifique por su “que se jodan” en el Congreso. Nada de eso sucede por azar. Todo obedece a una presión social sin precedentes. 

¿Es suficiente? Probablemente no. Pero todo ello demuestra un importante avance de la sociedad. Mucho se ha escrito y hablado sobre el letargo que sufría la sociedad española. Si esto ha sido así antes, ahora ya no lo es. La gestión de la crisis que está realizando el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha conseguido espolear a miles de personas que observan cómo se destruye el bienestar que han conocido debido a prácticas pseudo mafiosas de las élites. Mineros, funcionarios, parados, trabajadores o estudiantes han despertado del aburguesamiento generalizado mostrado públicamente su “no” a las medidas que organismos internacionales con escasa legitimidad democrática están imponiendo a los ciudadanos. 

Lo conseguido hasta ahora es una muestra de la presión social que se está generando en el país pero aún es insuficiente para la gran parte de la población. Mariano Rajoy ha tenido la cuestionable habilidad de convertir al Gobierno de España en el enemigo que todos quieren batir. Bien es sabido que, con un enemigo identificado, todo es más fácil. Por eso, el nivel de escrutinio que la población está ejerciendo sobre la actividad del Ejecutivo es insólita y las redes sociales están favoreciendo la organización y la canalización de protestas comunes que tienen siempre el mismo protagonista. 

Siendo riguroso, la crisis está generando millones de antisistemas que son todos los que están cansados del sistema político, económico y social actual y reclaman una remodelación profunda de las bases democráticas. La gente ahora está opinando y participando en política cuando hace escasos años pocos se interesaban en ella. La población está más atenta que nunca a las acciones de sus representantes. La sociedad en la que vivimos es la más activa en décadas. Entonces, surge la duda: pese a los incipientes cambios ¿se conseguirá transformar el sistema? Eso está aún por escribir. Lo que yo cuento aquí es que, ahora sí, podemos decir sin temor a equivocarnos que Spain is different.
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Renovarse o morir

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José Antonio Griñán | Conchitina / ElMundo.es
El PSOE de Andalucía afronta momentos difíciles. Lo que parecía que sería un congreso triunfal, donde José Antonio Griñán revalidaría sin problemas su título de secretario general de los socialistas andaluces se ha convertido en una ilusión truncada. El congreso ha servido poco más que para constatar que existe una importante división dentro del PSOE entre el aparato y un sector crítico denostado que poco va a contribuir al cambio que necesita el partido. La refundación, la autocrítica, los análisis ni se plantean. Todo sigue igual aunque, como suele pasar cuando comienzan los problemas, cada vez un poco peor. 

Si la socialdemocracia ha entrado en crisis, el PSOE de Andalucía es el mejor ejemplo de ello. Negativas, reproches, críticos, excluidos y divisiones internas se alternaron durante el Congreso Regional de un partido descalabrado electoralmente en el conjunto de la nación y con una pérdida de confianza generalizada que combaten con escasas ideas renovadoras. El continuismo que prevalece en el PSOE ante el temor de una mayor sangría de votantes hacía prever que Griñán saldría reforzado del congreso por abrumadora mayoría. Pero la conservación del gobierno andaluz no ha sido suficiente y tres de cada diez delegados le dieron la espalda a su secretario general. 

Quizás porque no se preveía un rechazo tan alto o porque Griñán quiso hacer las veces de dirigente firme y duro, tras conocer los resultados, el secretario general de los socialistas andaluces demostró un carácter insólito que reforzó la posición del sector crítico. “Los que no me votaron no estarán en la Ejecutiva”. Sus palabras fueron ejercicio de sinceridad que sorprendió a todos –que esperaban más de un hombre con talante negociador- y evidenció el inframundo en el que se ha estancado la política y las luchas internas para alcanzar los puestos de responsabilidad en el partido que luego abren las puertas al gobierno de la Junta. 

Aún resuenan las palabras de Pepe Griñán preguntando antes del congreso quiénes eran esos críticos de los que tanto se hablaba en la prensa. Ahora, ya los conoce y será difícil que les olvide. Los críticos ya poseen nombre y apellidos y están consiguiendo apoyos día a día. En el congreso regional han alcanzado su primer objetivo: evidenciar su existencia. Ahora, ya han definido el segundo: la secretaría general del PSOE de Sevilla. 

Si existe un reducto socialista en España, esa es la provincia de Sevilla. Para griñanistas y críticos, alcanzar la secretaría general sevillana supone dominar el caballo ganador y dar un golpe en la mesa sobre el otro bando. Lo previsible es que gane Susana Díaz, que cuenta con el aval del aparato del partido, algo que permitiría a Griñán respirar aliviado y frenar momentáneamente su pérdida de credibilidad. Aunque las previsiones no siempre se cumplen. Y en el PSOE de Andalucía, cada vez menos. 

En el otro lado se sitúa el sector crítico. Abanderado por Gutiérrez Limones, cuenta con los apoyos de veteranos socialistas con peso e influencia. Su candidatura nos permite conocer que este grupo es crítico con la gestión de Griñán pero poco más puede ofrecer. En ningún momento han dado muestra de apostar por el cambio o la renovación del partido, conceptos que se manejan desde dentro del partido y que contribuirían a que el PSOE supere la crisis en la que está inmerso. Pocas esperanzas se pueden depositar en el sector crítico del PSOE de Andalucía si está liderado por políticos con fecha de caducidad. Gutiérrez Limones es incapaz de abanderar un proyecto renovador cuando es la cara visible del gobierno de Alcalá de Guadaíra desde 1995. 

Con todo esto, si mala era la situación del partido socialista andaluz antes del congreso, después de él es mucho peor. Las divisiones internas y las luchas fraternales por la actuación de su líder regional, las continuas pérdidas electorales y la coalición con Izquierda Unida han generado un partido débil a juicio de sus propios integrantes. Si a esto se suma un secretario general cuestionado, la brecha se hace casi insalvable. Por si todo esto fuera poco, el sector opuesto a Griñán que pretende erigirse como alternativa, está capitaneado por líderes locales que representan un proyecto caduco. ¿Solución? Sólo queda una: renovarse a marchas forzadas o morir.
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Bosones en extinción

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El descubrimiento de la “partícula de Dios”, también conocida como bosón de Higgs, ha corrido como la pólvora y se ha hecho eco en todo el mundo en cuestión de horas. En todos los rincones del planeta durante unos días se ha roto el discurso económico y se está hablando del que será-si se confirma- el hallazgo científico más importante en décadas que aparece en un momento idóneo, cuando el vendaval de los planes de austeridad están tambaleando los pilares de la investigación científica. 

Aún es pronto para conocer el detalle del descubrimiento. Falta averiguar más sobre los resultados del hallazgo. A partir de ahí, comenzará el desarrollo de todo un paradigma que supondrá un nuevo reto de la ciencia. Eso forma parte de la ciencia ficción. La realidad es que, con los medios de los que se disponen, en 2012 se ha podido encontrar la causa que explica la existencia de masa en los cuerpos del universo, un acontecimiento que se registrará en los libros de historia de los próximos años. 

Más allá de los vítores y celebraciones contenidas, el hallazgo llega en un momento crucial. El avanzado desarrollo tecnológico y científico alcanzado hasta la fecha se contrapone con unos hechos irrefutables: la inversión en ciencia está bajo mínimos, especialmente en España. La contención que están imponiendo los estados europeos está suponiendo un importante sacrificio para la mayoría de los sectores económicos pero la voluntad política de los mandatarios puede dirimir si lo que sufre la ciencia es un parón temporal o un batacazo irreversible. 

En España, como viene siendo habitual, somos campeones olímpicos en pérdida de competitividad. Mientras países como Alemania, Francia o Estados Unidos incrementan ligeramente sus partidas dedicadas a la investigación, el gobierno de austeridad presidido por Mariano Rajoy ha cercenado para el año en curso un 25% del presupuesto destinado a la investigación científica, amparada bajo las siglas I+D+I. Con las cifras de inversión actuales -6.400 millones de euros- el gobierno español desde 2009 –antes socialista, ahora popular- ha recortado un 35% el presupuesto dedicado a I+D+I. 

Frente a esta situación, los científicos españoles responden de dos formas. Los que pueden, abandonan el país por la falta de incentivos y buscan experiencias en las grandes potencias europeas o en Estados Unidos. Una huida de cerebros que provoca una ingente pérdida intelectual, de conocimiento y riqueza. Los osados que permanecen, intentan avanzar en investigación con un presupuesto ínfimo a la vez que se organizan para denunciar la situación aunque con escasas esperanzas de mejoras. La carta abierta a favor de la ciencia es el mejor ejemplo, aglutina a casi 27.400 firmas pero no ha tenido respuesta del Ejecutivo. 

España representa actualmente uno de los principales lugares de castigo de los científicos. Si en el siglo XVI, combatía el progreso con el azote de las hogueras, quinientos años después, el castigo se inflige con recortes presupuestarios que indudablemente tendrán consecuencias en el desarrollo futuro. Tecnologías, vacunas o curas para algunas enfermedades están sufriendo un retroceso definitivo en su implantación para los próximos años. 

En mitad de este volcán en erupción, aparece un bosón, una micropartícula que se está transformando en la gran esperanza para la comunidad científica. El hallazgo es la mejor respuesta que puede ofrecer la comunidad científica a los ataques al presupuesto y se traduce en la constatación de que la ciencia supone una inversión paciente aunque segura. El descubrimiento cuenta, además, con una importante repercusión social, un estímulo que la comunidad científica necesita para convertir este avance en un punto de inflexión en la inversión en I+D+I. 

Ahora, cuando la ciencia ocupa portadas por sus descubrimientos y comienza el carrusel de elogios por los logros conseguidos, es el momento ideal para que la comunidad científica exija voluntad política para la ciencia. El bosón de Higgs ha generado una nueva coyuntura que debe convertirse en el motor de la recuperación del compromiso para potenciar en los próximos años la investigación y el desarrollo a través del incremento gradual de sus partidas presupuestarias. De lo contrario, bien haríamos en despedirnos de los bosones porque este tipo de avances científicos entrarían en un verdadero peligro de extinción.
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Visto para sentencia

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Las instituciones no están en su mejor momento. A la crisis política, social y económica se suma la judicial, que lleva coleando desde hace algunos años. Aunque ha sido ahora con la dimisión obligada de Dívar como representante del Supremo y del órgano de los jueces, cuando se ha abierto una fisura en el poder judicial. La grieta se acrecienta cuando es el propio Tribunal Constitucional el que queda cuestionado. Todos los pasos que se están dando en mitad de esta crisis institucional están provocando una desconfianza absoluta de los ciudadanos hacia las instituciones que los presentan. 

La huida de Carlos Dívar, hasta ahora presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha provocado que ambos órganos jurisdiccionales queden descabezados. Dívar ha sido la segunda figura judicial en caer, la primera fue Garzón aunque por motivos bien distintos. La utilización de fondos públicos para viajes privados a Marbella ha contagiado al poder judicial del recelo con el que los ciudadanos observan a la clase política. La justicia ha quedado manchada. Aunque existen más órganos afectados. 

El Tribunal Constitucional era, hasta tiempos recientes, uno de los pocos reductos que gozaba de cierto prestigio institucional. Aunque en España la justicia nunca ha sido bien valorada por los ciudadanos, el Alto tribunal, rodeado de un halo de magnificencia entre el misterio y la admiración, conservaba una imagen respetable que en los últimos años PP y PSOE se han encargado de destruir. En estas semanas, mientras España observa con recelo el rescate financiero y espera la llegada de los hombres de negro para tutelar nuestra economía, el Constitucional ha entrado en crisis. 

La legalización de Sortu no ha sentado nada bien en el Gobierno de Mariano Rajoy y sus compañeros de partido se han armado para declarar la guerra al Alto Tribunal. La avanzadilla inicial corrió a cargo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que discrepó de la sentencia, aunque la artillería pesada estuvo dirigida por Esperanza Aguirre que impulsó la ofensiva abogando por la desaparición del tribunal. Objetivo: acabar con un tribunal al que ahora consideran deslegitimado. Atrás queda ya el año 2005 cuando el PP recurrió al Constitucional la ley de matrimonios homosexuales. Entonces, era un órgano legitimado para contradecir al gobierno de Zapatero. Cuanto menos resulta curioso que ahora, en 2012, cuando sus sentencias chocan ideológicamente con el partido en el poder, carezca de legitimidad. 

Si el prestigio del Constitucional está bajo mínimos es a causa del excesivo uso político que han efectuado los partidos en el gobierno. Una tendencia que, lejos de desaparecer, está en auge. Recientemente, el PSOE ha presentado dos recursos al Alto Tribunal. Uno, destinado a frenar la amnistía fiscal del Gobierno. El segundo, impulsado por el PSOE de Andalucía, pretende detener los cambios que anuncia la reforma sanitaria. 

El Partido Socialista quiere abanderar la lucha por el progreso y el estado de bienestar pero, al carecer de los suficientes apoyos políticos, introduce a un nuevo jugador, el Constitucional. Pero ambos casos se deben leer en clave política puesto que el PSOE es co-responsable del bloqueo en la renovación del Constitucional, donde aún residen cuatro miembros con mandatos vencidos desde 2010. Resulta paradójico que mientras el Alto Tribunal está bloqueado, se recurra a él para dirimir sobre cuestiones que poseen un tufo electoralista bastante evidente. 

No hay duda de que las instituciones poseen una salud muy frágil. La vorágine destructora en la que estamos insertos está consumiendo los poderes clásicos del Estado. Legislativo y Ejecutivo aguardan en un estado catatónico del que sólo despertarán con un electroshock democrático impulsado desde la ciudadanía. Ahora es turno del Judicial. Por encima de todos ellos está el Tribunal Constitucional, creado para garantizar del orden democrático del Estado, pero que también se ha contagiado de la crisis institucional en la que está inmerso el país. 

La solución no es buscar a los culpables sino restaurar la confianza en las instituciones. En ese sentido, las declaraciones de Aguirre hacen un flaco favor para conseguirlo, más aún cuando PP y PSOE durante años han considerando al Alto Tribunal como un aliado para sus intereses políticos. Unas guerras políticas que han acabado por transformar en un actor político a un órgano cuya misión se sitúa por encima de revanchas partidistas. 

A partir de aquí, los dos grandes partidos pueden dejar morir lentamente al órgano siguiendo la doctrina actual, basada en la politización y el bloqueo. O pueden reconstituir su confianza y otorgarle la legitimidad perdida acelerando el desbloqueo y cambiando su modo de hacer política. Los hechos están probados, las pruebas, sobre la mesa. El asunto queda visto para sentencia.
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Fin de ciclo

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Javier Arenas ha renunciado a presidir el Partido Popular de Andalucía a partir del próximo congreso regional. Para algunos, es una decisión que llega muy tarde. Para otros, aún tiene recorrido como líder de los populares andaluces. Lo indiscutible es que Arenas abre un nuevo ciclo político del PP de Andalucía del que poco se sabe salvo que su líder provisional será José Ignacio Zoido. 

Javier Arenas nunca podrá presidir la Junta de Andalucía. Su anuncio de que no volverá a presentarse a la reelección de la presidencia del PP en Andalucía, pese a ser previsible, no ha dejado indiferente a nadie. Hasta el propio presidente de la Junta le ha dedicado las típicas palabras de reconocimiento que se ofrece a los que están cerrando su carrera profesional. Aunque Arenas no se va la política. De hecho, tras la noticia, comenzaron las quinielas sobre un posible paso por la Moncloa debido a su amistad con Mariano Rajoy. 

La historia de Arenas es la del antihéroe. Aquel que lucha por una causa pero nunca la consigue. Desde que asumió la jefatura del PP en Andalucía en 1993, hasta en cuatro ocasiones ha intentado alcanzar la presidencia de la Junta. Pero primero Chaves (en tres ocasiones) y luego Griñán se han interpuesto en su camino. La última ha sido la oportunidad más cercana en las que todas las encuestas le daban como ganador. Y ganó. Pero no gobernó porque Andalucía se resiste a dejar de ser el bastión socialista por excelencia. Arenas deja el partido con la primera victoria del PP en unas elecciones parlamentarias en Andalucía. Pero no ha conseguido quitarse la piedra que siempre le ha incomodado accediendo a la presidencia de la Junta. En cualquier caso, para los populares, Arenas se marcha por la puerta grande. 

Ahora comienza el cambio de ciclo. Arenas parece estar mirando a la capital de España como lugar para desarrollar su futuro político pero no quiere que el PP de Andalucía se agriete y pierda lo conseguido en las elecciones. Por eso ha señalado a José Ignacio Zoido para que presente su candidatura a la presidencia del partido. Arenas no está por la labor de rejuvenecer la cúpula de su partido, una estrategia que ya está iniciando el PSOE. 

Prefiere la veteranía a la juventud, por eso elige a un político de su misma edad, curtido en mil batallas y una de las cabezas del partido en Andalucía al conseguir la alcaldía de Sevilla. El gesto de Arenas le otorga cierta ventaja y, además, goza de un honorable cartel en la región. Aunque el mayor inconveniente de Zoido es, precisamente, su multifuncionalidad. En la actualidad, ocupa tres cargos públicos, si bien el propio Zoido ha confirmado que si finalmente sale elegido para la jefatura del PP-A, renunciará a la presidencia de la FEMP. Aun así, ¿es compatible el cargo de alcalde de Sevilla con el de presidente de los populares andaluces? 

Sea quien fuere, el sustituto de Arenas afrontará una ardua tarea por delante. De un lado, tendrá que mantener la imagen del PP que le ha permitido ser el partido más votado. No obstante, contará con dos grandes hándicaps. El primero, la pérdida de credibilidad que está sufriendo el gobierno de Mariano Rajoy y, por ende, los dirigentes populares. En segundo lugar, tendrá que luchar para conseguir lo que hasta ahora nadie ha logrado: que el Partido Popular gobierne en Andalucía. ¿Conseguirá algún dirigente del PP romper con la actual maldición de Javier Arenas?
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Contradicciones socialistas

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El blindaje que ha impuesto la cúpula del PSOE de Andalucía en torno a Griñán para que no comparezca en el caso de los ERES fraudulentos llama poderosamente la atención. Los socialistas deben zanjar cualquier atisbo de duda en lugar de incrementar la nebulosa que ronda la Casa Rosa y descalificar públicamente a la Guardia Civil. Si realmente buscan llegar hasta el fondo, deben atender las peticiones de información que se solicitan. Todo lo contrario sería mimetizar el comportamiento oscurantista del Partido Popular. 

Hasta ahora el PSOE de Andalucía ha sido prácticamente inmune al caso de los ERES irregulares. Reflejo de ello es que, pese a que tres altos cargos socialistas – Antonio Rivas, Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero- han sido imputados, el PSOE sigue en el gobierno andaluz. Políticamente, hasta ahora, no ha habido grandes consecuencias. Aunque todo puede variar en función de si se producen nuevos giros en la causa judicial. 

La decisión anunciada por la número dos, Susana Díaz, en la que afirma que ni Chaves ni Griñán declararán en la futura comisión de investigación que se creará en el Parlamento Andaluz, es una maniobra muy lesiva para la imagen socialista. Ambos tienen responsabilidad en el caso por los cargos que ostentaban. El primero, por ser presidente mientras se producía la trama. El segundo, por ser consejero de Economía durante gran parte de la época dorada de los fondos de reptiles. Negar su responsabilidad es obviar la evidencia y esconderse de la opinión pública. 

Los caprichos del destino han provocado que las comisiones de investigación y las comparecencias públicas estén en auge en todo el país. Todos los opositores reclaman explicaciones cuando algún asunto salpica al gobierno. El PSOE lo ha hecho en el Congreso con la Casa Real, el asunto Dívar o Bankia y ha sido muy crítico con la parquedad en palabras de los dirigentes populares en cuanto a sus trapos sucios. Ahora, el viento cambia de dirección y es el partido socialista en Andalucía el que pretende esconder de micrófonos y cámaras a dos de sus baluartes. Es el mejor ejemplo de la doble vara de medir en política. 

Pero el PSOE se equivoca. La estrategia de ocultación está escogida en muy mal momento. Justamente ahora, cuando la Guardia Civil dirige las miradas de la investigación hacia arriba, es cuando el Gobierno debe ofrecer más garantías de transparencia. Es una contradicción que la Junta se persone como acusación en el caso de los ERES mientras su número uno evite declarar en una comisión de investigación sobre su gobierno. Aunque el presidente andaluz es muy inteligente y se ha desmarcado sutilmente de las declaraciones de Díaz. Griñán se ha envalentonado y se ha ofrecido para informar públicamente si los grupos parlamentarios así lo solicitan. Será un momento idóneo para comprobar la veracidad del programa de su socio de gobierno. 

Izquierda Unida puede tener la llave que obligue a Griñán a una comparecencia pública. Hasta ahora, la coalición no ha impuesto ninguna condición y ha sabido moverse entre lo que supone formar parte de un gobierno y contentar a su electorado. Los votos de IU en el Parlamento sumados a los previsibles del PP instarían al presidente andaluz a declarar y evitar las contradicciones en la que el PSOE está inmerso. Comparecencias sí (en Madrid) y comparecencias no (en Sevilla). He ahí la cuestión.
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¡Malditas comisiones!

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Las comisiones han vuelto a estar en boca de todo el mundo. La riqueza del idioma español permite que al hablar de comisión nos podamos referir a cuestiones radicalmente diferentes. Desde el porcentaje cobrado por alguien por realizar un trabajo hasta el conjunto de personas asignadas para estudiar un asunto. E incluso podemos hablar de la capacidad para ejecutar algún encargo o, si vamos un poco más allá, a un tipo de pecado que atenta contra la ley de Dios. Por eso resulta extremadamente llamativo que casi todas las acepciones de comisión estén presentes de una u otra manera en el escándalo de Bankia. 

En los últimos días se ha recuperado en el discurso político la denostada y desprestigiada figura de la comisión de investigación para aportar algo de luz a la caída de Bankia. El Partido Socialista comenzó fuerte al insuflar la posibilidad de una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto, aunque luego retrocedió. Quizás Rubalcaba recordó que el PSOE también tiene responsabilidad en este batacazo al impulsar la salida a bolsa de una entidad resultante de una mezcla poco cohesionada de otras siete, que contaba con un importante agujero inmobiliario y cuyo bautizo bursátil se produjo con el consentimiento de la CNMV, el Banco de España y el gobierno socialista. 

Fue entonces cuando aparecieron algunos miedos y se matizó: el PSOE sólo solicitará la comisión en caso de que no se produzcan comparecencias públicas y se ofrezcan todas las explicaciones. Ahora, el PSOE se divide entre los que tienen miedo a que el barro les salpique y los que, siguiendo el clamor popular, apuestan por medidas más contundentes, entre ellas, la comisión de investigación. 

Las comisiones no distinguen de colores políticos y también merodean al Partido Popular. Naturalmente, el partido de Rato no considera que haya ningún asunto que deba ser explicado públicamente sino en otra comisión. Mejor dicho, en una comisión de otra comisión, o lo que es lo mismo, una subcomisión. El fantasma del miedo se hace cada vez más grande y el PP sólo ha solicitado la comparecencia del gobernador del Banco de España en la subcomisión de seguimiento del FROB. Lo que quizás no saben los dirigentes populares es que los fantasmas tienen la capacidad de atravesar los muros de las subcomisiones y del Congreso y llegar directamente a Génova. Porque intentar silenciar la verdad es la mejor fórmula para alimentar rumores y engrandecer las ganas de justicia del pueblo. 

Es curioso hablar de justicia y comisiones a la vez. Cuánto juego ofrecen las comisiones. Y dinero. Gracias a las decenas de comisiones cobradas, uno de los directivos de Bancaja (integrada en Bankia) solicitaba una pensión por valor de 14 millones de euros. Finalmente, la razón se ha impuesto y este directivo disfrutará de una jubilación más terrenal. Aunque las mismas comisiones permitieron que los directivos de Bankia en 2011 se adjudicaran 6,5 millones por su inmaculada gestión. Lo paradójico es que estas comisiones han podido dar lugar a otra comisión: la de un delito, porque ya está siendo juzgado si nuestra Troika particular–Rato, Blesa y Ordóñez- ha cometido algún fraude en el desplome de Bankia. 

Algún despistado aún se puede preguntar si el cobro de una comisión millonaria por una mala gestión supone la comisión de un delito y la posterior creación de una subcomisión o una comisión de investigación para aclarar los hechos. ¡Maldita polisemia! Con lo fácil que hubiese sido recurrir a tiempo al Panhispánico de dudas. 

Afortunadamente, si el pueblo no queda satisfecho con la justicia terrenal, aún le resta la espiritual. Donde todo maleante tiene su merecido. Sobre todo, aquellos que han sido débiles y han caído en la tentación de realizar un pecado de comisión. Aunque ocurre lo mismo para los que han cometido un pecado de omisión. En ambos casos, se está atentando contra Dios que, adelantándose veinte siglos, dejó escrito en piedra un imborrable principio inquebrantable para estos casos: “no robarás”. Ni FROB, ni reformas, ni rescates financieros. Cuántos disgustos nos hubiésemos ahorrado si los directivos de bancos y cajas hubiesen tenido diccionarios y biblias.
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Ineptitud cum laude

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“La Educación ni se compra ni se vede, se defiende”. Fue uno de los lemas más coreados en las manifestaciones del pasado 12 de mayo convocadas por el 15-M y lo ha sido también en las movilizaciones del 22 de mayo contra los recortes en Educación impuestos por el Gobierno. En apenas diez días, España ha vivido dos grandes movilizaciones sociales con un objetivo común: cambiar las políticas aplicadas por este y los anteriores gobiernos. Mariano Rajoy, al terminar su mandato, poseerá varios récords y honores de los que ya está haciendo gala. Será recordado por ser el segundo presidente con mayor número de escaños en el Congreso pero también por haber tenido una oposición social como nunca antes se recuerda.

Mariano Rajoy ostentará el honor de haber sufrido la primera huelga general en la enseñanza pública de España. También será el único presidente del Gobierno afectado hasta el momento por el primer paro académico universitario de la historia de España. Dos récords al precio de uno. Pero habría que sumar uno más, el de la precocidad, porque todo esto lo ha conseguido en tan solo seis meses de gobierno. Unas cifras para los anales de la historia. 

Aunque Rajoy no será el único que posea reconocimientos en los libros de historia. Su ministro de Educación, José Ignacio Wert también será recordado como el hombre capaz de revivir al movimiento estudiantil que se encontraba en horas bajas. Wert ha conseguido revitalizar las asambleas universitarias, impulsar los órganos de representación estudiantiles y favorecer la presencia de estudiantes en el discurso público como nunca antes se había producido. Hasta el punto de que ha cultivado una semilla sin precedentes en el sur de España: la unión de las dos universidades públicas sevillanas liderando el movimiento estudiantil en todo el país. Otro récord que llevará la firma Rajoy-Wert. 

Ningún otro gobierno ha enfurecido a la vez a todos los agentes implicados en la educación. Estudiantes, profesores, sindicatos e incluso padres y madres están solicitando al Gobierno una revisión del Real Decreto 14/2012 que genera un auténtico terremoto en la educación pública española. Las medidas aprobadas por el Ejecutivo han roto el escaso consenso que existía en la clase política y en la sociedad española en torno a la educación. 

Innegablemente, la educación española arrastra muchos problemas estructurales que se han camuflado bajo la disparidad de resultados entre comunidades y necesitan una reforma en profundidad y consensuada, términos que no forman parte del vocabulario popular. Si bien, antes existía un descontento que ahora se ha transformado en estallido social gracias a la extraordinaria habilidad del presidente del Gobierno que ha alcanzado con sus tijeras al dinero público. Incidir en las condiciones laborales de los profesores, en las becas y los precios de las matrículas es de una ineptitud inaudita, máxime cuando los recortes no se aplican a todos los sectores. Rajoy, bajo ningún concepto, puede exigir a los ciudadanos el esfuerzo de que acepten cobrar menos y pagar más por estudiar mientras observan cómo el dinero público sirve para enmendar los errores de Rato y pagar las estancias privadas de Dívar. 

La torpeza de la dupla Rajoy-Wert no ha sido reducir en educación, algo que ya se ha producido anteriormente con los gobiernos de Zapatero, sino infravalorar la inteligencia de los ciudadanos, especialmente, estudiantes y docentes, y frivolizar con los recursos económicos de miles de familias. Es inconcebible de todo punto justificar unos recortes en educación asegurando que se conservarán e incluso se mejorarán los índices de calidad. Aunque aún peor es decir a las familias que no tienen recursos para pagar las tasas universitarias, que no quieren destinar dinero para ello. Probablemente para Wert, comer tres veces al día sea un vicio que hay que eliminar. 

La ignominia de Rajoy y su ministro alcanza niveles extremos cuando se apela a la necesidad de las medidas de austeridad para alcanzar el objetivo de déficit, bajo el riesgo de una intervención. Defender el recorte de 3.000 millones en la enseñanza mientras se autoriza la inyección de dinero público, por valor de 12.000 millones, para rescatar a Bankia es un insulto a la inteligencia de los españoles. La falta de respeto se completa cuando el propio gobierno pasa por alto el coste social de sus medidas entre la población. Pese a todo, la educación pública ha permitido que los ciudadanos aprecien la incompetencia del presidente del Gobierno. Sólo por eso, es preciso conservarla.
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