¡Malditas comisiones!

Las comisiones han vuelto a estar en boca de todo el mundo. La riqueza del idioma español permite que al hablar de comisión nos podamos referir a cuestiones radicalmente diferentes. Desde el porcentaje cobrado por alguien por realizar un trabajo hasta el conjunto de personas asignadas para estudiar un asunto. E incluso podemos hablar de la capacidad para ejecutar algún encargo o, si vamos un poco más allá, a un tipo de pecado que atenta contra la ley de Dios. Por eso resulta extremadamente llamativo que casi todas las acepciones de comisión estén presentes de una u otra manera en el escándalo de Bankia. 

En los últimos días se ha recuperado en el discurso político la denostada y desprestigiada figura de la comisión de investigación para aportar algo de luz a la caída de Bankia. El Partido Socialista comenzó fuerte al insuflar la posibilidad de una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto, aunque luego retrocedió. Quizás Rubalcaba recordó que el PSOE también tiene responsabilidad en este batacazo al impulsar la salida a bolsa de una entidad resultante de una mezcla poco cohesionada de otras siete, que contaba con un importante agujero inmobiliario y cuyo bautizo bursátil se produjo con el consentimiento de la CNMV, el Banco de España y el gobierno socialista. 

Fue entonces cuando aparecieron algunos miedos y se matizó: el PSOE sólo solicitará la comisión en caso de que no se produzcan comparecencias públicas y se ofrezcan todas las explicaciones. Ahora, el PSOE se divide entre los que tienen miedo a que el barro les salpique y los que, siguiendo el clamor popular, apuestan por medidas más contundentes, entre ellas, la comisión de investigación. 

Las comisiones no distinguen de colores políticos y también merodean al Partido Popular. Naturalmente, el partido de Rato no considera que haya ningún asunto que deba ser explicado públicamente sino en otra comisión. Mejor dicho, en una comisión de otra comisión, o lo que es lo mismo, una subcomisión. El fantasma del miedo se hace cada vez más grande y el PP sólo ha solicitado la comparecencia del gobernador del Banco de España en la subcomisión de seguimiento del FROB. Lo que quizás no saben los dirigentes populares es que los fantasmas tienen la capacidad de atravesar los muros de las subcomisiones y del Congreso y llegar directamente a Génova. Porque intentar silenciar la verdad es la mejor fórmula para alimentar rumores y engrandecer las ganas de justicia del pueblo. 

Es curioso hablar de justicia y comisiones a la vez. Cuánto juego ofrecen las comisiones. Y dinero. Gracias a las decenas de comisiones cobradas, uno de los directivos de Bancaja (integrada en Bankia) solicitaba una pensión por valor de 14 millones de euros. Finalmente, la razón se ha impuesto y este directivo disfrutará de una jubilación más terrenal. Aunque las mismas comisiones permitieron que los directivos de Bankia en 2011 se adjudicaran 6,5 millones por su inmaculada gestión. Lo paradójico es que estas comisiones han podido dar lugar a otra comisión: la de un delito, porque ya está siendo juzgado si nuestra Troika particular–Rato, Blesa y Ordóñez- ha cometido algún fraude en el desplome de Bankia. 

Algún despistado aún se puede preguntar si el cobro de una comisión millonaria por una mala gestión supone la comisión de un delito y la posterior creación de una subcomisión o una comisión de investigación para aclarar los hechos. ¡Maldita polisemia! Con lo fácil que hubiese sido recurrir a tiempo al Panhispánico de dudas. 

Afortunadamente, si el pueblo no queda satisfecho con la justicia terrenal, aún le resta la espiritual. Donde todo maleante tiene su merecido. Sobre todo, aquellos que han sido débiles y han caído en la tentación de realizar un pecado de comisión. Aunque ocurre lo mismo para los que han cometido un pecado de omisión. En ambos casos, se está atentando contra Dios que, adelantándose veinte siglos, dejó escrito en piedra un imborrable principio inquebrantable para estos casos: “no robarás”. Ni FROB, ni reformas, ni rescates financieros. Cuántos disgustos nos hubiésemos ahorrado si los directivos de bancos y cajas hubiesen tenido diccionarios y biblias.

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Ineptitud cum laude

“La Educación ni se compra ni se vede, se defiende”. Fue uno de los lemas más coreados en las manifestaciones del pasado 12 de mayo convocadas por el 15-M y lo ha sido también en las movilizaciones del 22 de mayo contra los recortes en Educación impuestos por el Gobierno. En apenas diez días, España ha vivido dos grandes movilizaciones sociales con un objetivo común: cambiar las políticas aplicadas por este y los anteriores gobiernos. Mariano Rajoy, al terminar su mandato, poseerá varios récords y honores de los que ya está haciendo gala. Será recordado por ser el segundo presidente con mayor número de escaños en el Congreso pero también por haber tenido una oposición social como nunca antes se recuerda.

Mariano Rajoy ostentará el honor de haber sufrido la primera huelga general en la enseñanza pública de España. También será el único presidente del Gobierno afectado hasta el momento por el primer paro académico universitario de la historia de España. Dos récords al precio de uno. Pero habría que sumar uno más, el de la precocidad, porque todo esto lo ha conseguido en tan solo seis meses de gobierno. Unas cifras para los anales de la historia. 

Aunque Rajoy no será el único que posea reconocimientos en los libros de historia. Su ministro de Educación, José Ignacio Wert también será recordado como el hombre capaz de revivir al movimiento estudiantil que se encontraba en horas bajas. Wert ha conseguido revitalizar las asambleas universitarias, impulsar los órganos de representación estudiantiles y favorecer la presencia de estudiantes en el discurso público como nunca antes se había producido. Hasta el punto de que ha cultivado una semilla sin precedentes en el sur de España: la unión de las dos universidades públicas sevillanas liderando el movimiento estudiantil en todo el país. Otro récord que llevará la firma Rajoy-Wert. 

Ningún otro gobierno ha enfurecido a la vez a todos los agentes implicados en la educación. Estudiantes, profesores, sindicatos e incluso padres y madres están solicitando al Gobierno una revisión del Real Decreto 14/2012 que genera un auténtico terremoto en la educación pública española. Las medidas aprobadas por el Ejecutivo han roto el escaso consenso que existía en la clase política y en la sociedad española en torno a la educación. 

Innegablemente, la educación española arrastra muchos problemas estructurales que se han camuflado bajo la disparidad de resultados entre comunidades y necesitan una reforma en profundidad y consensuada, términos que no forman parte del vocabulario popular. Si bien, antes existía un descontento que ahora se ha transformado en estallido social gracias a la extraordinaria habilidad del presidente del Gobierno que ha alcanzado con sus tijeras al dinero público. Incidir en las condiciones laborales de los profesores, en las becas y los precios de las matrículas es de una ineptitud inaudita, máxime cuando los recortes no se aplican a todos los sectores. Rajoy, bajo ningún concepto, puede exigir a los ciudadanos el esfuerzo de que acepten cobrar menos y pagar más por estudiar mientras observan cómo el dinero público sirve para enmendar los errores de Rato y pagar las estancias privadas de Dívar. 

La torpeza de la dupla Rajoy-Wert no ha sido reducir en educación, algo que ya se ha producido anteriormente con los gobiernos de Zapatero, sino infravalorar la inteligencia de los ciudadanos, especialmente, estudiantes y docentes, y frivolizar con los recursos económicos de miles de familias. Es inconcebible de todo punto justificar unos recortes en educación asegurando que se conservarán e incluso se mejorarán los índices de calidad. Aunque aún peor es decir a las familias que no tienen recursos para pagar las tasas universitarias, que no quieren destinar dinero para ello. Probablemente para Wert, comer tres veces al día sea un vicio que hay que eliminar. 

La ignominia de Rajoy y su ministro alcanza niveles extremos cuando se apela a la necesidad de las medidas de austeridad para alcanzar el objetivo de déficit, bajo el riesgo de una intervención. Defender el recorte de 3.000 millones en la enseñanza mientras se autoriza la inyección de dinero público, por valor de 12.000 millones, para rescatar a Bankia es un insulto a la inteligencia de los españoles. La falta de respeto se completa cuando el propio gobierno pasa por alto el coste social de sus medidas entre la población. Pese a todo, la educación pública ha permitido que los ciudadanos aprecien la incompetencia del presidente del Gobierno. Sólo por eso, es preciso conservarla.

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Locura helena

Después de todo lo escrito, escuchado y visto en todos los medios de comunicación sobre las elecciones en Grecia, existe un pensamiento colectivo, que yo mismo escuché en boca de un conocido: “los griegos están locos”. Una expresión que resume la fría interpretación que realizamos a 2.400 kilómetros de distancia de una situación de represión que ahoga a los ciudadanos y que no es propia del segundo corpus mundial, como es la Unión Europea, sino que se aproxima a la identidad de los regímenes totalitarios. 

Esta situación de hartazgo de la población helena se ha representado fidedignamente en las últimas elecciones donde los dos partidos mayoritarios – PSOK (socialista) y Nueva Democracia (conservador)- han caído estrepitosamente por ser los máximos exponentes del empobrecimiento que sufre el país. Por el contrario, han florecido fuerzas políticas que se sitúan a la izquierda y a la derecha de los mayoritarios. El caso más sonado ha sido el ascenso (con una representación parlamentaria de 21 escaños) de un partido filonazi, protonazi, neonazi o, simplemente, nazi que ha reunido las simpatías de cerca de medio millón de griegos. 

Ya hemos conocido algunos de los recaditos enviados por los nazis de 'Amanecer Dorado' y sus intimidatorias prácticas con periodistas. En todo aquel amante de la libertad y la democracia provoca una repulsa y una indignación incalificables que preceden a la pregunta “¿cómo han podido llegar unos nazis hasta ahí?”. Y tras pensar y pensar, difícilmente conseguiremos una respuesta satisfactoria más allá de la que escuché a ese conocido mío: “los griegos están locos”. 

Cierto. Los diez millones de griegos que podían acudir a las urnas estaban extraordinariamente locos por buscar una solución a su asfixia. Locos por entender cómo pueden haber perdido un 30% de su salario mientras se encarecen servicios básicos como la sanidad, la educación o el transporte. Locos por explicarse cómo se destruye una cantidad de empleo que deja a más de un millón de personas sin trabajo en un país donde la población activa no supera los cuatro millones. Y locos, en definitiva, por cambiar la política que le está empobreciendo día a día. 

Así es. Los griegos están locos porque la mitad de los que votaron –la abstención superó el 30%- lo hicieron a partidos políticos más radicales. La cuna de la democracia está dividida en una mitad que tiene miedo a que la situación sea peor, de ahí su respaldo a los dos grandes partidos. Y otra mitad que considera que el país ha tocado fondo y solicita una respuesta urgente de las diferentes opciones políticas –incluso nazis-que prometen frenar la muerte asistida que está viviendo Grecia de manos europeas. 

Son unos dementes estos griegos que han votado a los que han hundido el país en la crisis. Y más aún son los que han elegido a fuerzas políticas distintas al binomio conservador-progresista que aceptó los mandamientos de la troika sin paliar el coste social que provocaban esas medidas. Castigar a los inútiles y buscar alternativas es una locura que no tiene cabida en esta Europa de primas, rescates y deudas donde todo debe seguir un orden lógico. Bien sabido es que todo lo que escapa del guión de la productora Merkozy es un ataque a la cordura. 

¡Pobres helenos que no saben lo que hacen! Ellos y sólo ellos son los culpables de haber votado a lo loco, causa de que ahora no se pueda formar un gobierno de salvación nacional como el anterior. Ese liderado por tecnócratas con el respaldo de PASOK y Nueva Democracia, cuya gran gestión común ha provocado una convocatoria anticipada de elecciones ante la quiebra del país. 

Los griegos han hablado y han dicho que Grecia debe refundarse para sobrevivir y lo tendrá que hacer fuera del euro. La locura de los helenos obliga a formar un gobierno legítimo que congele las imposiciones europeas y encamine al país hacia la única opción posible: salir de la moneda única e iniciar una reconstrucción casi desde cero. No se puede apretar más la soga. Esa es la respuesta que han votado los griegos. Cobra forma de comunismo, izquierda radical, conservadores acérrimos o neonazis pero se trata de la misma cuestión. Una locura de elecciones que esconde una increíble cordura y sensatez ciudadana: crear una nueva Grecia gobernada por griegos.

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Amnesiae Virus

En los últimos tiempos han proliferado una nueva clase de virus. Es el Amnesiae Virus, un mal que ocasiona olvidos y pérdidas ocasionales de memoria. Tiene su foco de infección en la clase política y sus síntomas sólo se aprecian cuando los dirigentes se acercan al poder. Sólo entonces se produce un fenómeno que tiene en jaque a toda la ciencia contemporánea: las personas afectadas comienzan a cambiar sus palabras e inician una serie de comportamientos contradictorios. Hasta tal punto que pueden llegar a actuar de forma opuesta a lo dicho con anterioridad e incluso iniciar acciones de las que renegaban semanas o meses atrás.

Recientemente se ha reconocido un nuevo contagio. Es el caso de una persona que dijo lo siguiente: “hay que abrir un nuevo tiempo político y este nuevo tiempo tiene que prescindir de las fuerzas políticas manchadas por la corrupción”. Y esto otro: “el legado de Griñán a Andalucía es el peor Gobierno de la Junta desde el 28 de febrero de 1980”. El autor de estas declaraciones es el dirigente de la formación que mañana apoyará a José Antonio Griñán en el pleno de investidura a la presidencia de la Junta de Andalucía. Valderas se ha contagiado del virus Amnesia. 

El diagnóstico ha sido relativamente sencillo. No ha pasado mucho tiempo desde que Valderas solía comportarse de forma coherente a su discurso. Era entonces cuando el líder de Izquierda Unida denunciaba la gestión socialista, el bipartidismo o la corrupción. E incluso solicitaba públicamente la dimisión del presidente de la Junta por el escándalo de los ERES. Pero después de que IU duplicara su número de parlamentarios, el dirigente de izquierdas se contagió y ahora, sus efectos son irremediables. 

Mañana Izquierda Unida va a dar un paso que puede ser decisivo en el futuro de su formación. La entrada por primera vez en el gobierno de la Junta es un reto que llega muy tarde para la formación de izquierdas. Y se produce en el peor de los momentos posibles, con un gobierno central conservador, la reducción de la financiación andaluza en más de 2.700 millones y, sobre todo, con una coalición de gobierno donde su socio de gobierno está enfrascado en un proceso judicial por ERES fraudulentos donde aún no se ha dicho la última palabra. Izquierda Unida va a entrar por primera vez en el gobierno autonómico, la máxima aspiración para la formación política. Lo va a hacer de la mano del PSOE, lo que supone que a partir de ahora será víctima de sus decisiones y las de su socio. En contra juega la débil imagen de su aliado socialista, su carácter heterogéneo y su discurso de oposición que ha mantenido durante tantos años y que se puede ver empañado con la toma de decisiones que implica todo gobierno. A favor está el respaldo de sus bases y el ímpetu de un novel gobernante. 

Muchas voces, incluso desde dentro, afirman que lo más coherente para Izquierda Unida hubiera sido mantenerse al margen y aceptar un pacto de legislatura. Sólo así se hubiese podido proteger de los salpicones de lodo que se producen en política, mantener su discurso coherente y evitar más contagios del virus. Muy hábil fue el referéndum que permitió implicar a sus bases y hacerles partícipe de las decisiones en un bonito ejemplo de democracia interna casi inédito en el juego político. Pero, cuando comiencen los nubarrones –y las previsiones indican que se aproximan fuertes tormentas- las miradas comenzarán a escalar posiciones. Será entonces cuando muchos se acordarán del virus de amnesia de sus dirigentes y su gran capacidad de contagio.

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Piel de cordero

Todavía resuenan en el panorama internacional y nacional los ecos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Este primer asalto se ha saldado con la victoria del socialismo y el triunfo de la extrema derecha, porque, pese a ganar el socialista Hollande, el partido de la derecha radical, el Frente Nacional de Marine Le Pen, obtuvo la extraordinaria cifra de 6,4 millones de votos. La hija del histórico Juan María (o Jean-Marie) contabilizó tan solo 600.000 votos menos que el Partido Socialista de Rubalcaba en las últimas elecciones generales de 2011. 

Tras las elecciones francesas, han saltado las alarmas por el avance de la ultraderecha en Europa. Al caso francés se suma el avance experimentado por estas fuerzas en países como Holanda, Dinamarca, Finlandia y otros tantos de Centroeuropa. El incremento de partidos autoritarios y xenófobos es preocupante porque ofrece una realidad más cercana a una sociedad del siglo XIX más que del XXI. Pero más peligrosos que las fuerzas de ultraderecha son los partidos conservadores europeos que, bajo la fachada centrista y moderada, asumen líneas programáticas de la extrema derecha para engrosar su lista de votantes. 

Estos son los piel de cordero. Aquellos que en campaña electoral parecen inofensivos pero cuando alcanza el poder se transforman, abren la tijera y cercenan cualquier atisbo que huele a equidad. Los mismos que, con el cetro en mano, no esconden su intención de cumplir unas cifras de déficit impuestas pese a quien pese y sin importar el coste humano que supone. En España los piel de cordero han llegado y se han instalado cómodamente en el poder. 

Son los mismos que propugnaban la igualdad y la libertad a los cuatro vientos semanas antes de las votaciones, los que ahora adoptan un ideario más parecido al Frente Nacional Le Peniano que a un partido de centro derecha. Para muestra, un botón. En el programa político de Le Pen se aboga, entre sus múltiples principios, por un estado fuerte, alejado de localismos y regionalismos. Casualmente, en los últimos meses el gobierno de España está restando competencias a las soberanías de las autonomías mientras se está reforzando la administración central. Curioso. 

Pero hay más, mucho más. Quizás aún no se haya percatado de ello. No se preocupe, no es su responsabilidad, los piel de cordero actúan de forma sibilina, casi de soslayo. No suelen manifestar en público sus verdaderas intenciones. Aunque a veces, por exceso de confianza, lo hacen. Es entonces cuando el ciudadano se percata y se pregunta si no se equivocaría de papeleta en las elecciones. 

La criminalización de los inmigrantes ha sido la última nueva de los piel de cordero. Señalar a los irregulares como culpables del excesivo gasto sanitario y retirarles la tarjeta sanitaria es un guiño más que evidente a su electorado de extrema derecha. Máxime cuando las cifras no encajan y desde el Gobierno se conoce que el grueso del déficit sanitario corresponde al turismo sanitario comunitario procedente de las grandes naciones europeas, mientras el coste por la atención sanitaria a inmigrantes irregulares es mínima. Pero había que buscar una cabeza de tuco. 

Los piel de cordero han movido ficha. Han contentado a sus radicales. Ahora volverán a su apariencia centrista durante algún tiempo. Pero reincidirán y de nuevo abordarán su programa oculto. Los partidos de extrema derecha tienen muchos inconvenientes pero cuentan con una gran ventaja: enarbolan su bandera y se reconocen fácilmente. En cambio, los piel de cordero se camuflan entre la masa. Usted ya los conoce. Por eso, siga atando cabos y desentrañando pistas porque probablemente se sorprenderá de las intenciones de aquellos que, en los últimos comicios, fueron alzados por más de diez millones de votos.

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Gobiernos S.A

Hace poco que mundialmente ha saltado la noticia: la filial de Repsol va a ser expropiada por el gobierno de Argentina. Y las reacciones no se han hecho esperar. Al principio, cuando era un secreto (a voces) la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el titular de Industria, Cristóbal Soria no sabían si debían enemistarse del todo con Argentina. De ahí el anuncio de que anunciarían medidas. 

Cuando el secreto dejó de serlo y el gobierno argentino anunció oficialmente su intención de nacionalizar YPF, es cuando se han desatado todo tipo de acusaciones cruzadas. Muy hábil fue la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner al describir la forma que tomaba la caída de inversiones de la filial petrolera como una “trompa de elefante”. No se pudo decir más con menos. La Casa Real está presente, sin quererlo, hasta en los conflictos diplomáticos. Después le tocó el turno al ministro de Exteriores. García Margallo habló de que “Argentina se había dado un tiro en el pie”. Toda una metáfora. 

 Más allá de los dimes y diretes de los ejecutivos de España y Argentina, asombra ver la reacción del Gobierno en lo que ya se califica como conflicto diplomático. Los principales miembros del Ejecutivo español se han rasgado las vestiduras con el anuncio de la presidenta Fernández de Kirchner en una llamada al orgullo patrio que recuerda a los primeros colonizadores, con la diferencia de que las espadas se han convertido en barriles de petróleo. Pero más sorprendente es que los principales órganos europeos y estadounidenses han arropado a España y sus intereses. 

La Comisión Europea y el FMI han criticado el peligro de la actuación socialista de Kirchner. Curioso lo que importa ahora una empresa ¿española?, sobre todo cuando desde hace meses ambas instituciones sólo hacen cuestionar la política española, desconfiar de su economía e impulsar la depresión económica a través de recortes. Hay una pregunta que flota en el ambiente. Al menos, yo la he percibido. ¿Por qué esa respuesta tan feroz por parte del gobierno español y los organismos internacionales? ¿Es acaso Repsol una compañía estatal? O mejor dicho, ¿es acaso YPF una compañía española? Los expertos y eruditos salen en manada argumentando el peso que tiene Repsol y su filial en la economía española enarbolando la bandera española sin reflexionar sobre sus conclusiones. Voy a recordar, sucintamente, algunos datos para desmemoriados e indagadores. 

Hasta el momento, Repsol controlaba algo más del 57% de YPF, la filial petrolera que opera en Argentina. Pero sigamos la máxima de perseguir la senda del dinero para comprobar quién es el jefe del cotarro. El accionariado mayoritario de Repsol (68%) está bajo el paraguas del Free Float, es decir, el capital flotante que forma parte de las acciones que participan en bolsa. El 42% de estas acciones están en manos de instituciones extranjeras. Pero esto no es todo. Casi el 10% del capital estable de la compañía está en manos de PEMEX, a la sazón, Petroleros Mexicanos. 

Volvamos ahora a plantear la pregunta. ¿Es YPF española? No. Lo que queda del Repsol español es la marca. Máxime cuando la propia compañía reconoce que opera en diferentes offshores, el eufemismo que las empresas neoliberales han acuñado para definir sus actividades en paraísos fiscales en los que evitan trabas legales, medioambientales y, por supuesto, impositivas. La ‘españolitis’ se queda sin argumentos para justificar la defensa a ultranza de YPF. 

Aunque hay un denominador común que comparte el Gobierno español con los organismos internacionales. Precisamente la presión que ejercen los inversores, en este caso de Repsol, que observan cómo sus acciones se devalúan y pierden su influencia en la filial argentina. No nos engañemos, es la razón económica la que alienta los fantasmas del pasado y sitúa la actuación socialista de Kirchner en el ojo del huracán. Pérdidas económicas y socialismo, los dos tabús de los inversores capitalistas, se han unido en torno a YPF, de ahí que la maquinaria del establishment se haya puesto a funcionar a marchas forzadas. 

En tiempos de crisis, es cotidiano apelar al orgullo y a lo patrio para fortalecer el decaído espíritu del español de a pie. Pero es lamentable que estos comportamientos lo insuflen nuestros representantes políticos y las instituciones reguladoras de la vida cotidiana de millones de personas. Más allá de los motivos que han llevado a la nacionalización de YPF –entre los que se encuentran la caída de inversión en la compañía y sus efectos económicos, laborales y medioambientales - las empresas no deben gozar de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, un gobierno democrático y legítimo no debe lanzarse a una cruzada para defender unos intereses que no son los de su pueblo soberano, sino los de una elite económica, eso sí, que tiene más peso e influencia que toda la masa de ciudadanos. Ya lo resume la sabiduría popular: no es cuestión de cantidad, sino de calidad.

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El hombre que retó a un país

Extracto de la nota escrita por Dimitris Christoulas

Hoy, día de Pasión por excelencia, cuando a miles de personas se les encoge el alma oliendo a incienso y viendo procesiones bajo el reflejo de una luna llena, brindo mi particular homenaje al último hombre anónimo que ha hecho frente de la forma que podía a la injusticia y los abusos de las autoridades sobre las personas. Si Jesús murió por salvar a toda la humanidad, estará lamentando que los hijos a los que salvó, ahora sean capaces de obrar tanta injusticia. 

Miércoles 4 de abril de 2012. La Plaza Syntagma de Atenas, uno de los lugares emblemáticos de la capital griega, rebosa actividad, como un día cualquiera. A lo lejos, suenan las campanas que anuncian las 9 de la mañana. Hay un ritmo frenético de afortunados que intentan llegar a sus lugares de trabajo, muchos otros, caminan en torno a la plaza pasando abriendo un nuevo capítulo de sus vidas. De entre todos ellos, sobresale un hombre de avanzada edad, pelo blanco y rictus taciturno, que se dirige convencido hacia el Parlamento de Grecia. 

De repente se detiene. Gira a su alrededor y fija su vista en el Parlamento. Junto a él, caminan personas que se muestran algo confusas por el comportamiento del hombre. El anciano abre una mochila y revisa su interior. Saca una pistola y comienza a proferir gritos de desesperación contra su situación, el Gobierno y el sistema. La Plaza Syntagma acoge de repente gritos de la multitud que se ahogan cuando suena un disparo. El eco continúa unos segundos y corta la respiración de todos los que presenciaban la escena. Atenas enmudeció. 

El hombre que se suicidó se llamaba Dimitris Christoulas, era un anciano jubilado de 77 años que tenía mujer y una hija. Pero poseía una losa que lo arrastraba desde hacía años y que cobraba la forma de deudas financieras. Hasta aquí, podría ser uno más de los millones de personas en todo el mundo que aguantan, a duras penas, las envestidas de la crisis económica y las presiones a las que los gobiernos están sometiendo a la población. 

Pero Christoulas pertenecía a esa clase de personas que, como él, no querían perder su dignidad ante los mercados y, tal y como declaró momentos antes de su muerte, “prefería morir a rebuscar comida en la basura”. Es el último de una larga lista de personas que han visto en la muerte, la vía de escape a una crisis que escapa toda lógica razonable. Los medios de comunicación no se han hecho eco de esta realidad, salvo en casos extraordinariamente mediáticos como el de Christoulas, para evitar el efecto contagio a través del suicidio. Aunque la realidad es insólita: el propio Gobierno griego ha informado que desde 2008 el número de suicidios ha aumentado un 40% cuando, hasta esa fecha, Grecia era uno de los países con la tasa más baja en suicidios. 

Christoulas, en su nota de adiós, arremete contra el sistema que ha provocado de millones de personas en todo el mundo se encuentren en esta situación. El contenido de su nota se ha hecho público aunque existen voces que afirman que el contenido se ha dulcificado. Pese a ello, sus palabras son demoledoras: “El Gobierno de ocupación de Tsolakoglou [gobierno colaboracionista nazi durante la segunda guerra mundial] ha reducido a la nada, literalmente, mi capacidad de supervivencia que dependía de una respetable pensión que, durante más de 35 años, yo solo (sin contribución del estado) he pagado. Dado que tengo una edad con la que ya no tengo el poder de resistir activamente (aunque, por supuesto, no descarto que, si cualquier griego hubiese empuñado un kalashnikov, yo habría sido el segundo en hacerlo) no encuentro otra solución para un final digno antes de que esté reducido a buscar en la basura para alimentarme. Creo que los jóvenes sin futuro tomarán las armas algún día y colgarán a los traidores nacionales en la Plaza de la Constitución [Plaza Syntagma], igual que los italianos colgaron a Mussolini (en la Piazza Poreto de Milán)”. 

Un órdago a la rebelión y al inconformismo que hace, sobre todo, para las nuevas generaciones pero que es extensible a toda persona con un razonamiento crítico alejado de posiciones partidistas que observa cómo la crisis transgrede lo económico y está arrebatando algunos de los principios humanos básicos. El aspecto humano de la crisis no se refleja sólo en las cifras de desempleo ni en la cantidad de personas que acuden a las organizaciones de beneficencia. Detrás de los datos negativos y los cruces de declaraciones, hay personas en las que la indignación y la desesperación se han convertido en su modo de vida pero no suelen aparecer en la esfera pública.

Gente que ha perdido la ilusión y que ha constatado que sus vidas están a merced de dirigentes políticos y económicos cuyas actuaciones están regidas por el componente económico que provoca un olvido sistemático del aspecto humano. Personas que nunca han conocido una vulneración tan profunda de los derechos individuales que proclaman todas las constituciones avanzadas. Jóvenes, mayores y niños que observan cómo no se aporta solución a su situación porque todos los comportamientos están orientados a cumplir objetivos de déficit, sin constatar qué supone para el día a día de millones de personas. 

Christoulas es el último de una larga lista de mártires de la crisis. Nadie puede reprobar sus actitudes por querer recuperar una parte del ser humano como es la dignidad. Y todos buscan una misma consecuencia: la movilización social en contra de un sistema que ha demostrado su incapacidad para hacer felices a las personas. No hay que olvidar que toda la filosofía política moderna ha basado sus principios en un axioma básico: los gobiernos deben buscar y garantizar la felicidad del pueblo. En el caso de que no lo consigan, se puede hablar de un gobierno fallido. Ha quedado demostrado que el sistema es fallido. ¿Cuántas muertes hacen falta para cambiarlo?

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El gran reto de la izquierda

El resultado de las elecciones andaluzas ha sorprendido a propios y extraños. La victoria pírrica del Partido Popular ha supuesto un duro golpe en la sede de Génova y convierte a Andalucía en la gran excepción española, en la única isla roja. Precisamente, será la más roja, ya que el PSOE sólo podría acceder al Gobierno a través de una coalición con Izquierda Unida, la gran ganadora. Un partido que, desde los últimos años, se está revitalizando y que tiene que recuperar la capacidad de gobierno que había dejado a un lado después de tanto tiempo como oposición.

Las elecciones autonómicas en Andalucía de 2012 pasarán a la historia por varios motivos, pero todos ellos comparten un sesgo: la excepcionalidad. Los comicios han otorgado un fuerte revés a los sondeos y encuestas que se hacían públicos a pocos días de su celebración y que daban como ganador al Partido Popular, casi todos ellos, por mayoría absoluta. Se ha roto –al menos momentáneamente- con la tendencia adivinatoria que tenían estos sondeos en los resultados electorales, algo que evidencia que las encuestas no siempre instan a la tendencia de voto dominante. Andalucía ha sido la excepción.

Otro de los motivos definitorios de estos comicios ha sido la victoria del Partido Popular por casi 44.000 votos de diferencia, una cantidad pírrica que, no obstante, sirve para otorgarle tres escaños más que su directo rival, el PSOE-Andalucía. El escándalo de los ERE fraudulentos, la corrupción dentro de la Consejería de Empleo y las acusaciones de enchufismo en el seno de la Junta han pasado una importante factura al gobierno socialista que se contabiliza en más de medio millón de votos perdidos. Sin embargo, todo ello no ha supuesto la sangría que se preveía y que se constató en las elecciones generales del pasado noviembre. Andalucía, vuelve a ser la excepción.

Al igual de excepcional ha sido el comportamiento de los votantes andaluces, un millón menos que en las dos últimas elecciones que evidencia el motivo de coincidencia entre comicios generales y autonómicos. No puede deducirse si las razones radican en la idiosincrasia andaluza o en los últimos movimientos del gobierno popular de Mariano Rajoy, pero mientras hace cinco meses la población española daba un giro a la derecha, los andaluces han querido cambiar el signo y han virado a la izquierda. Sólo así puede explicarse que, de los nueve escaños perdidos por el PSOE-A, tres hayan ido a parar al PP-A y seis a IU-LV-CA. La comunidad andaluza se convierte en la única de toda España que tendrá en su gobierno a la coalición de izquierdas. Una nueva excepción.

Más allá de los resultados, el análisis debe centrarse en cómo se materializa los pactos. Izquierda Unida no ha accedido nunca al gobierno autonómico y siempre se ha mostrado como la oposición de izquierdas que, sin embargo, no le impidió unirse en 1996 al PP en la famosa “pinza” para provocar la caída del gobierno socialista de Manuel Chaves y la convocatoria de elecciones anticipadas.  Un gesto cuyo lastre estaban arrastrando y que sobrevoló todas la cabezas el pasado año, cuando la abstención de IU en Extremadura permitió al PP ocupar la presidencia de la Junta Extremeña.

Desde los grandes momentos de Anguita como coordinador federal, Izquierda Unida ha sufrido una travesía por el desierto que se ha reflejado en los resultados electorales, sobre todo de 2008, donde redujo su presencia en el Congreso de los Diputados a dos escaños, mientras en Andalucía conservaba su cifra estable, los seis parlamentarios. Su heterogeneidad interna unido a su discurso revolucionario, han sido dos de sus características que se han convertido en puntos negros. Todo ello unido a la época del socialismo de Zapatero, que asumió parte de ese progresismo social y el crecimiento del voto conservador en Europa, hacía perder fuerza a la coalición.

Pero en plena marea azul, Andalucía se ha posicionado del lado de la izquierda. Es momento ahora para que IU aleje fantasmas del pasado y afronte un reto cuyo éxito o fracaso puede dilucidar el futuro próximo del partido. Por un lado, debe hacer frente al medio millón de votantes que han asumido el lema tan manido en campaña electoral de su coordinador regional, Diego Valderas que postulaba a Izquierda Unida como el único cambio al neoliberalismo. Pero, pese a ser la llave del gobierno andaluz, el PSOE no va a ofrecer un cheque en blanco a la coalición.

Ante el nuevo gobierno, surgen muchas dudas: ¿qué capacidad de influencia tendrá IU en el nuevo gobierno? ¿Podrá llevar a cabo las reformas económicas y sociales que tanto han promulgado en campaña? ¿Cómo compaginará su discurso revolucionario con el centrista del PSOE? ¿Qué peso tendrá Sánchez Gordillo? Para dar respuesta a todos estos interrogantes, Izquierda Unida tiene se encontrará en una encrucijada.

 En un lado de la balanza, IU tiene la gran oportunidad y el difícil reto de imponer su programa para ser la alternativa real que dice ser al bipartidismo. Si consigue que los ciudadanos conciban que el modelo de izquierdas puede superar el modelo popular, basado en recortes y austeridad a toda costa, será un logro que supondrá un impulso renovador a la coalición.

Pero en el lado contrario se sitúa el pragmatismo que puede obligar a Valderas a difuminar su discurso para facilitar la gobernanza y a ser partícipe de los errores de la Junta de Andalucía. Mucho tendrá que presionar para tener un margen de maniobra real que le permita sortear con cierto éxito las imposiciones orquestadas desde Bruselas y Moncloa, con evidente carácter conservador. Los andaluces han dado la oportunidad a Izquierda Unida de jugar en el partido. Su juego puede basarse en dejar jugar al contrario o pararlo mediante faltas. La efectividad  de cada modelo permitirá saber si puede luchar por la zona noble o si quedará relegada a los puestos de descenso. 

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Los trapos sucios de La Pepa

Tras 200 años de historia, la Constitución de 1812 no puede quejarse. Ha tenido homenajes de todo tipo y celebraciones más grandilocuentes que las que tuvo en su origen. El bicentenario de la Pepa ha sido una gran fiesta para gaditanos y españoles. Pero, ¿qué hay que celebrar? Pese a los dos siglos, el sistema político español contiene grandes vacíos y el orden social sigue vertebrado de forma deficitaria. Pese a la apariencia de modernidad y cambio, existe una profunda crisis social que aún no se ha conseguido solucionar. Pero es más fácil celebrar, que analizar.

El 19 de marzo de 2012 pasará a la Historia por conmemorar los doscientos años del nacimiento de la primera Constitución nacida del pueblo español con loas, cánticos y celebraciones que han intentado recordar con más o menos fortuna el tiempo de los doceañistas. 

El homenaje era de rigor. En plena decadencia española, con una crisis económica acuciante y un desprestigio brutal del sistema político democrático, no hay mejor fórmula para olvidar las penas que hacer una alegoría al espíritu patrio de los padres de la primera constitución española y al deber del ciudadano ejemplar que tantas vicisitudes tuvo que afrontar para conseguir el reconocimiento de sus derechos. 

Y así se hizo. Pero como la crisis está encima, hasta el homenaje ha sido prudente. Se ha echado en falta un reconocimiento nacional a la Carta Magna motivado quizás porque más allá de Cádiz, el resto de españoles no aprecian como suya la constitución, una postura más que razonable teniendo en cuenta la escasa repercusión en la vida de los españoles que tuvo La Pepa y su fuerte vinculación a Cádiz, epicentro del mundo liberal en la primera década del siglo XIX.

Pero aún así, las instituciones se encargaron de hacer bonito el día. Y lo consiguieron. El Rey y los miembros del Gobierno español y andaluz, no quisieron ausentarse de la foto, máxime cuando las elecciones están a un suspiro. Un homenaje solemne que aderezaron con un poco de fervor popular para dar sensación de que al pueblo le importa algo este día. 

El 19 de marzo de 2012 no ha sido importante porque la plana mayor del Estado haya acudido a Cádiz, ni siquiera, porque se celebra un bicentenario. Si hay que señalar esa fecha en rojo es para corroborar que, después de 200 años, la situación en España se parece bastante a la que impulsó a firmar la Carta Magna.

Más allá de los detalles históricos, hay varios elementos que cuestionan si La Pepa merecía un homenaje como si de una reliquia se tratase, o si es necesario leearla para comprender que podría seguir vigente en la actualidad. Entonces, ¿es que La Pepa es muy buena o es que la sociedad no ha evolucionado tanto como se cree?

Repasemos. Lo que por entonces se llamaba absolutismo, centrado en la figura de Fernando VII el Deseado (un adjetivo que perfectamente podría aplicarse al actual Presidente del Gobierno), ahora ha mutado hasta denominarse mercados, cuya imagen ilustrativa es la canciller Angela Merkel. No existe ninguna diferencia –más allá de las formales- entre los efectos que tenía el Rey absolutista del siglo XIX y el que poseen dos siglos después, los mercados financieros y la jefa del Gobierno alemán. En ambos casos, las decisiones de uno y otro han sido incuestionables y han dictado sentencia en el resto del mundo. 

La Constitución de 1812 recogía también la soberanía nacional, como el derecho de la nación a decidir sobre los asuntos del país a través de un sistema electoral basado en el sufragio indirecto y censitario. El efecto de esto es que las capas más amplias de población no podían intervenir en el proceso político, que estaba reducida a una élite ilustrada y adinerada, que era la artífice del proceso político. Actualmente, se reconoce la soberanía popular y el sufragio universal. Esta es la parte bonita. Lo feo es que está generando un sistema político bipartidista, basado en listas cerradas donde el ciudadano sólo puede elegir a un candidato predeterminado. 

No hay que ser erudito para observar cómo tanto en la Constitución de 1812 como en la de 1978, se busca constreñir la participación directa del pueblo que sólo puede intervenir en el proceso político a través de la elección de candidatos predefinidos ya que la fórmula del referéndum no se contemplaba en la Carta Magna del siglo XIX y no es vinculante para la toma de decisiones en la actual. Ese lema del despotismo ilustrado no queda tan lejos. Ahora se podría gritar eso de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” a viva voz y no se estaría cayendo en demagogia ni engaños. 

Pero aún hay más. Uno de los grandes elogios a La Pepa es su carácter aperturista que garantizó la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Sin embargo, era una libertad con matices que, según el Decreto de Imprenta de 1810, perseguía a “libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buena costumbre”. Asimismo, se establecía una censura previa para cuestiones religiosas y un tribunal para evaluar las posibles extralimitaciones de la libertad de imprenta, la Junta Suprema de Censura. 

En la actualidad, la libertad de imprenta ha evolucionado a la libertad de información, que se garantiza hasta el punto donde colisiona con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, los libelos calumniosos y la censura previa del siglo XIX ya no están presentes, pero se han transformado en un nuevo mecanismo de coacción que se articula a través de la autocensura, la espiral del silencio y la sobresaturación. 

En pleno siglo XXI no puede existir censura material (pese a que también esté presente en muchos puntos del globo), sino que se camufla bajo el paraguas del miedo a los posibles efectos de sus publicaciones, sobre todo entre profesionales de información –autocensura-. Esto se complementa con un fenómeno mucho más amplio donde los temas y las informaciones que se consumen, son proporcionadas por grandes conglomerados comunicativos que obvian informaciones que debilitan sus intereses económicos y, por el contrario, abruman con informaciones banales que, finalmente, serán consumidas y retroalimentadas por los espectadores. ¿Es casualidad el importante aumento de los espacios deportivos y de ficción en las televisiones?

La Pepa ya ha cumplido doscientos años y es de recibo conmemorar un documento con indiscutible valor histórico. Pero dejemos los homenajes para otro momento y hagamos autocrítica. Las llamadas a la patria y la utilización del espíritu reformista de los diputados doceañistas para legitimar cambios en el sistema laboral son herramientas chabacanas dignas de discursos retrógrados que no conducen a fin alguno. Las debilidades y deficiencias del sistema político de principios del siglo XIX no sólo no han desaparecido sino que han evolucionado. Actualmente nos encontramos con una sociedad regida por una Constitución avanzada pero que conserva unos problemas estructurales similares a la de 1812. Basta de discursos retóricos, es hora de buscar la pragmática y el cambio real de un sistema deficitario. 

Los gritos de Viva la Pepa podrían ahogarse con esta gran frase de un artista, Víctor Hugo: “La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad; la cobardía es un consentimiento; existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer”. ¿Seguimos gritando eso de Viva la Pepa?

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