Piel de cordero

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Todavía resuenan en el panorama internacional y nacional los ecos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Este primer asalto se ha saldado con la victoria del socialismo y el triunfo de la extrema derecha, porque, pese a ganar el socialista Hollande, el partido de la derecha radical, el Frente Nacional de Marine Le Pen, obtuvo la extraordinaria cifra de 6,4 millones de votos. La hija del histórico Juan María (o Jean-Marie) contabilizó tan solo 600.000 votos menos que el Partido Socialista de Rubalcaba en las últimas elecciones generales de 2011. 

Tras las elecciones francesas, han saltado las alarmas por el avance de la ultraderecha en Europa. Al caso francés se suma el avance experimentado por estas fuerzas en países como Holanda, Dinamarca, Finlandia y otros tantos de Centroeuropa. El incremento de partidos autoritarios y xenófobos es preocupante porque ofrece una realidad más cercana a una sociedad del siglo XIX más que del XXI. Pero más peligrosos que las fuerzas de ultraderecha son los partidos conservadores europeos que, bajo la fachada centrista y moderada, asumen líneas programáticas de la extrema derecha para engrosar su lista de votantes. 

Estos son los piel de cordero. Aquellos que en campaña electoral parecen inofensivos pero cuando alcanza el poder se transforman, abren la tijera y cercenan cualquier atisbo que huele a equidad. Los mismos que, con el cetro en mano, no esconden su intención de cumplir unas cifras de déficit impuestas pese a quien pese y sin importar el coste humano que supone. En España los piel de cordero han llegado y se han instalado cómodamente en el poder. 

Son los mismos que propugnaban la igualdad y la libertad a los cuatro vientos semanas antes de las votaciones, los que ahora adoptan un ideario más parecido al Frente Nacional Le Peniano que a un partido de centro derecha. Para muestra, un botón. En el programa político de Le Pen se aboga, entre sus múltiples principios, por un estado fuerte, alejado de localismos y regionalismos. Casualmente, en los últimos meses el gobierno de España está restando competencias a las soberanías de las autonomías mientras se está reforzando la administración central. Curioso. 

Pero hay más, mucho más. Quizás aún no se haya percatado de ello. No se preocupe, no es su responsabilidad, los piel de cordero actúan de forma sibilina, casi de soslayo. No suelen manifestar en público sus verdaderas intenciones. Aunque a veces, por exceso de confianza, lo hacen. Es entonces cuando el ciudadano se percata y se pregunta si no se equivocaría de papeleta en las elecciones. 

La criminalización de los inmigrantes ha sido la última nueva de los piel de cordero. Señalar a los irregulares como culpables del excesivo gasto sanitario y retirarles la tarjeta sanitaria es un guiño más que evidente a su electorado de extrema derecha. Máxime cuando las cifras no encajan y desde el Gobierno se conoce que el grueso del déficit sanitario corresponde al turismo sanitario comunitario procedente de las grandes naciones europeas, mientras el coste por la atención sanitaria a inmigrantes irregulares es mínima. Pero había que buscar una cabeza de tuco. 

Los piel de cordero han movido ficha. Han contentado a sus radicales. Ahora volverán a su apariencia centrista durante algún tiempo. Pero reincidirán y de nuevo abordarán su programa oculto. Los partidos de extrema derecha tienen muchos inconvenientes pero cuentan con una gran ventaja: enarbolan su bandera y se reconocen fácilmente. En cambio, los piel de cordero se camuflan entre la masa. Usted ya los conoce. Por eso, siga atando cabos y desentrañando pistas porque probablemente se sorprenderá de las intenciones de aquellos que, en los últimos comicios, fueron alzados por más de diez millones de votos.
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Gobiernos S.A

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Hace poco que mundialmente ha saltado la noticia: la filial de Repsol va a ser expropiada por el gobierno de Argentina. Y las reacciones no se han hecho esperar. Al principio, cuando era un secreto (a voces) la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el titular de Industria, Cristóbal Soria no sabían si debían enemistarse del todo con Argentina. De ahí el anuncio de que anunciarían medidas. 

Cuando el secreto dejó de serlo y el gobierno argentino anunció oficialmente su intención de nacionalizar YPF, es cuando se han desatado todo tipo de acusaciones cruzadas. Muy hábil fue la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner al describir la forma que tomaba la caída de inversiones de la filial petrolera como una “trompa de elefante”. No se pudo decir más con menos. La Casa Real está presente, sin quererlo, hasta en los conflictos diplomáticos. Después le tocó el turno al ministro de Exteriores. García Margallo habló de que “Argentina se había dado un tiro en el pie”. Toda una metáfora. 

 Más allá de los dimes y diretes de los ejecutivos de España y Argentina, asombra ver la reacción del Gobierno en lo que ya se califica como conflicto diplomático. Los principales miembros del Ejecutivo español se han rasgado las vestiduras con el anuncio de la presidenta Fernández de Kirchner en una llamada al orgullo patrio que recuerda a los primeros colonizadores, con la diferencia de que las espadas se han convertido en barriles de petróleo. Pero más sorprendente es que los principales órganos europeos y estadounidenses han arropado a España y sus intereses. 

La Comisión Europea y el FMI han criticado el peligro de la actuación socialista de Kirchner. Curioso lo que importa ahora una empresa ¿española?, sobre todo cuando desde hace meses ambas instituciones sólo hacen cuestionar la política española, desconfiar de su economía e impulsar la depresión económica a través de recortes. Hay una pregunta que flota en el ambiente. Al menos, yo la he percibido. ¿Por qué esa respuesta tan feroz por parte del gobierno español y los organismos internacionales? ¿Es acaso Repsol una compañía estatal? O mejor dicho, ¿es acaso YPF una compañía española? Los expertos y eruditos salen en manada argumentando el peso que tiene Repsol y su filial en la economía española enarbolando la bandera española sin reflexionar sobre sus conclusiones. Voy a recordar, sucintamente, algunos datos para desmemoriados e indagadores. 

Hasta el momento, Repsol controlaba algo más del 57% de YPF, la filial petrolera que opera en Argentina. Pero sigamos la máxima de perseguir la senda del dinero para comprobar quién es el jefe del cotarro. El accionariado mayoritario de Repsol (68%) está bajo el paraguas del Free Float, es decir, el capital flotante que forma parte de las acciones que participan en bolsa. El 42% de estas acciones están en manos de instituciones extranjeras. Pero esto no es todo. Casi el 10% del capital estable de la compañía está en manos de PEMEX, a la sazón, Petroleros Mexicanos. 

Volvamos ahora a plantear la pregunta. ¿Es YPF española? No. Lo que queda del Repsol español es la marca. Máxime cuando la propia compañía reconoce que opera en diferentes offshores, el eufemismo que las empresas neoliberales han acuñado para definir sus actividades en paraísos fiscales en los que evitan trabas legales, medioambientales y, por supuesto, impositivas. La ‘españolitis’ se queda sin argumentos para justificar la defensa a ultranza de YPF. 

Aunque hay un denominador común que comparte el Gobierno español con los organismos internacionales. Precisamente la presión que ejercen los inversores, en este caso de Repsol, que observan cómo sus acciones se devalúan y pierden su influencia en la filial argentina. No nos engañemos, es la razón económica la que alienta los fantasmas del pasado y sitúa la actuación socialista de Kirchner en el ojo del huracán. Pérdidas económicas y socialismo, los dos tabús de los inversores capitalistas, se han unido en torno a YPF, de ahí que la maquinaria del establishment se haya puesto a funcionar a marchas forzadas. 

En tiempos de crisis, es cotidiano apelar al orgullo y a lo patrio para fortalecer el decaído espíritu del español de a pie. Pero es lamentable que estos comportamientos lo insuflen nuestros representantes políticos y las instituciones reguladoras de la vida cotidiana de millones de personas. Más allá de los motivos que han llevado a la nacionalización de YPF –entre los que se encuentran la caída de inversión en la compañía y sus efectos económicos, laborales y medioambientales - las empresas no deben gozar de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, un gobierno democrático y legítimo no debe lanzarse a una cruzada para defender unos intereses que no son los de su pueblo soberano, sino los de una elite económica, eso sí, que tiene más peso e influencia que toda la masa de ciudadanos. Ya lo resume la sabiduría popular: no es cuestión de cantidad, sino de calidad.
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El hombre que retó a un país

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Extracto de la nota escrita por Dimitris Christoulas
Hoy, día de Pasión por excelencia, cuando a miles de personas se les encoge el alma oliendo a incienso y viendo procesiones bajo el reflejo de una luna llena, brindo mi particular homenaje al último hombre anónimo que ha hecho frente de la forma que podía a la injusticia y los abusos de las autoridades sobre las personas. Si Jesús murió por salvar a toda la humanidad, estará lamentando que los hijos a los que salvó, ahora sean capaces de obrar tanta injusticia. 

Miércoles 4 de abril de 2012. La Plaza Syntagma de Atenas, uno de los lugares emblemáticos de la capital griega, rebosa actividad, como un día cualquiera. A lo lejos, suenan las campanas que anuncian las 9 de la mañana. Hay un ritmo frenético de afortunados que intentan llegar a sus lugares de trabajo, muchos otros, caminan en torno a la plaza pasando abriendo un nuevo capítulo de sus vidas. De entre todos ellos, sobresale un hombre de avanzada edad, pelo blanco y rictus taciturno, que se dirige convencido hacia el Parlamento de Grecia. 

De repente se detiene. Gira a su alrededor y fija su vista en el Parlamento. Junto a él, caminan personas que se muestran algo confusas por el comportamiento del hombre. El anciano abre una mochila y revisa su interior. Saca una pistola y comienza a proferir gritos de desesperación contra su situación, el Gobierno y el sistema. La Plaza Syntagma acoge de repente gritos de la multitud que se ahogan cuando suena un disparo. El eco continúa unos segundos y corta la respiración de todos los que presenciaban la escena. Atenas enmudeció. 

El hombre que se suicidó se llamaba Dimitris Christoulas, era un anciano jubilado de 77 años que tenía mujer y una hija. Pero poseía una losa que lo arrastraba desde hacía años y que cobraba la forma de deudas financieras. Hasta aquí, podría ser uno más de los millones de personas en todo el mundo que aguantan, a duras penas, las envestidas de la crisis económica y las presiones a las que los gobiernos están sometiendo a la población. 

Pero Christoulas pertenecía a esa clase de personas que, como él, no querían perder su dignidad ante los mercados y, tal y como declaró momentos antes de su muerte, “prefería morir a rebuscar comida en la basura”. Es el último de una larga lista de personas que han visto en la muerte, la vía de escape a una crisis que escapa toda lógica razonable. Los medios de comunicación no se han hecho eco de esta realidad, salvo en casos extraordinariamente mediáticos como el de Christoulas, para evitar el efecto contagio a través del suicidio. Aunque la realidad es insólita: el propio Gobierno griego ha informado que desde 2008 el número de suicidios ha aumentado un 40% cuando, hasta esa fecha, Grecia era uno de los países con la tasa más baja en suicidios. 

Christoulas, en su nota de adiós, arremete contra el sistema que ha provocado de millones de personas en todo el mundo se encuentren en esta situación. El contenido de su nota se ha hecho público aunque existen voces que afirman que el contenido se ha dulcificado. Pese a ello, sus palabras son demoledoras: “El Gobierno de ocupación de Tsolakoglou [gobierno colaboracionista nazi durante la segunda guerra mundial] ha reducido a la nada, literalmente, mi capacidad de supervivencia que dependía de una respetable pensión que, durante más de 35 años, yo solo (sin contribución del estado) he pagado. Dado que tengo una edad con la que ya no tengo el poder de resistir activamente (aunque, por supuesto, no descarto que, si cualquier griego hubiese empuñado un kalashnikov, yo habría sido el segundo en hacerlo) no encuentro otra solución para un final digno antes de que esté reducido a buscar en la basura para alimentarme. Creo que los jóvenes sin futuro tomarán las armas algún día y colgarán a los traidores nacionales en la Plaza de la Constitución [Plaza Syntagma], igual que los italianos colgaron a Mussolini (en la Piazza Poreto de Milán)”. 

Un órdago a la rebelión y al inconformismo que hace, sobre todo, para las nuevas generaciones pero que es extensible a toda persona con un razonamiento crítico alejado de posiciones partidistas que observa cómo la crisis transgrede lo económico y está arrebatando algunos de los principios humanos básicos. El aspecto humano de la crisis no se refleja sólo en las cifras de desempleo ni en la cantidad de personas que acuden a las organizaciones de beneficencia. Detrás de los datos negativos y los cruces de declaraciones, hay personas en las que la indignación y la desesperación se han convertido en su modo de vida pero no suelen aparecer en la esfera pública.

Gente que ha perdido la ilusión y que ha constatado que sus vidas están a merced de dirigentes políticos y económicos cuyas actuaciones están regidas por el componente económico que provoca un olvido sistemático del aspecto humano. Personas que nunca han conocido una vulneración tan profunda de los derechos individuales que proclaman todas las constituciones avanzadas. Jóvenes, mayores y niños que observan cómo no se aporta solución a su situación porque todos los comportamientos están orientados a cumplir objetivos de déficit, sin constatar qué supone para el día a día de millones de personas. 

Christoulas es el último de una larga lista de mártires de la crisis. Nadie puede reprobar sus actitudes por querer recuperar una parte del ser humano como es la dignidad. Y todos buscan una misma consecuencia: la movilización social en contra de un sistema que ha demostrado su incapacidad para hacer felices a las personas. No hay que olvidar que toda la filosofía política moderna ha basado sus principios en un axioma básico: los gobiernos deben buscar y garantizar la felicidad del pueblo. En el caso de que no lo consigan, se puede hablar de un gobierno fallido. Ha quedado demostrado que el sistema es fallido. ¿Cuántas muertes hacen falta para cambiarlo?
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El gran reto de la izquierda

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El resultado de las elecciones andaluzas ha sorprendido a propios y extraños. La victoria pírrica del Partido Popular ha supuesto un duro golpe en la sede de Génova y convierte a Andalucía en la gran excepción española, en la única isla roja. Precisamente, será la más roja, ya que el PSOE sólo podría acceder al Gobierno a través de una coalición con Izquierda Unida, la gran ganadora. Un partido que, desde los últimos años, se está revitalizando y que tiene que recuperar la capacidad de gobierno que había dejado a un lado después de tanto tiempo como oposición.

Las elecciones autonómicas en Andalucía de 2012 pasarán a la historia por varios motivos, pero todos ellos comparten un sesgo: la excepcionalidad. Los comicios han otorgado un fuerte revés a los sondeos y encuestas que se hacían públicos a pocos días de su celebración y que daban como ganador al Partido Popular, casi todos ellos, por mayoría absoluta. Se ha roto –al menos momentáneamente- con la tendencia adivinatoria que tenían estos sondeos en los resultados electorales, algo que evidencia que las encuestas no siempre instan a la tendencia de voto dominante. Andalucía ha sido la excepción.

Otro de los motivos definitorios de estos comicios ha sido la victoria del Partido Popular por casi 44.000 votos de diferencia, una cantidad pírrica que, no obstante, sirve para otorgarle tres escaños más que su directo rival, el PSOE-Andalucía. El escándalo de los ERE fraudulentos, la corrupción dentro de la Consejería de Empleo y las acusaciones de enchufismo en el seno de la Junta han pasado una importante factura al gobierno socialista que se contabiliza en más de medio millón de votos perdidos. Sin embargo, todo ello no ha supuesto la sangría que se preveía y que se constató en las elecciones generales del pasado noviembre. Andalucía, vuelve a ser la excepción.

Al igual de excepcional ha sido el comportamiento de los votantes andaluces, un millón menos que en las dos últimas elecciones que evidencia el motivo de coincidencia entre comicios generales y autonómicos. No puede deducirse si las razones radican en la idiosincrasia andaluza o en los últimos movimientos del gobierno popular de Mariano Rajoy, pero mientras hace cinco meses la población española daba un giro a la derecha, los andaluces han querido cambiar el signo y han virado a la izquierda. Sólo así puede explicarse que, de los nueve escaños perdidos por el PSOE-A, tres hayan ido a parar al PP-A y seis a IU-LV-CA. La comunidad andaluza se convierte en la única de toda España que tendrá en su gobierno a la coalición de izquierdas. Una nueva excepción.

Más allá de los resultados, el análisis debe centrarse en cómo se materializa los pactos. Izquierda Unida no ha accedido nunca al gobierno autonómico y siempre se ha mostrado como la oposición de izquierdas que, sin embargo, no le impidió unirse en 1996 al PP en la famosa “pinza” para provocar la caída del gobierno socialista de Manuel Chaves y la convocatoria de elecciones anticipadas.  Un gesto cuyo lastre estaban arrastrando y que sobrevoló todas la cabezas el pasado año, cuando la abstención de IU en Extremadura permitió al PP ocupar la presidencia de la Junta Extremeña.

Desde los grandes momentos de Anguita como coordinador federal, Izquierda Unida ha sufrido una travesía por el desierto que se ha reflejado en los resultados electorales, sobre todo de 2008, donde redujo su presencia en el Congreso de los Diputados a dos escaños, mientras en Andalucía conservaba su cifra estable, los seis parlamentarios. Su heterogeneidad interna unido a su discurso revolucionario, han sido dos de sus características que se han convertido en puntos negros. Todo ello unido a la época del socialismo de Zapatero, que asumió parte de ese progresismo social y el crecimiento del voto conservador en Europa, hacía perder fuerza a la coalición.

Pero en plena marea azul, Andalucía se ha posicionado del lado de la izquierda. Es momento ahora para que IU aleje fantasmas del pasado y afronte un reto cuyo éxito o fracaso puede dilucidar el futuro próximo del partido. Por un lado, debe hacer frente al medio millón de votantes que han asumido el lema tan manido en campaña electoral de su coordinador regional, Diego Valderas que postulaba a Izquierda Unida como el único cambio al neoliberalismo. Pero, pese a ser la llave del gobierno andaluz, el PSOE no va a ofrecer un cheque en blanco a la coalición.

Ante el nuevo gobierno, surgen muchas dudas: ¿qué capacidad de influencia tendrá IU en el nuevo gobierno? ¿Podrá llevar a cabo las reformas económicas y sociales que tanto han promulgado en campaña? ¿Cómo compaginará su discurso revolucionario con el centrista del PSOE? ¿Qué peso tendrá Sánchez Gordillo? Para dar respuesta a todos estos interrogantes, Izquierda Unida tiene se encontrará en una encrucijada.

 En un lado de la balanza, IU tiene la gran oportunidad y el difícil reto de imponer su programa para ser la alternativa real que dice ser al bipartidismo. Si consigue que los ciudadanos conciban que el modelo de izquierdas puede superar el modelo popular, basado en recortes y austeridad a toda costa, será un logro que supondrá un impulso renovador a la coalición.

Pero en el lado contrario se sitúa el pragmatismo que puede obligar a Valderas a difuminar su discurso para facilitar la gobernanza y a ser partícipe de los errores de la Junta de Andalucía. Mucho tendrá que presionar para tener un margen de maniobra real que le permita sortear con cierto éxito las imposiciones orquestadas desde Bruselas y Moncloa, con evidente carácter conservador. Los andaluces han dado la oportunidad a Izquierda Unida de jugar en el partido. Su juego puede basarse en dejar jugar al contrario o pararlo mediante faltas. La efectividad  de cada modelo permitirá saber si puede luchar por la zona noble o si quedará relegada a los puestos de descenso. 
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Los trapos sucios de La Pepa

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Tras 200 años de historia, la Constitución de 1812 no puede quejarse. Ha tenido homenajes de todo tipo y celebraciones más grandilocuentes que las que tuvo en su origen. El bicentenario de la Pepa ha sido una gran fiesta para gaditanos y españoles. Pero, ¿qué hay que celebrar? Pese a los dos siglos, el sistema político español contiene grandes vacíos y el orden social sigue vertebrado de forma deficitaria. Pese a la apariencia de modernidad y cambio, existe una profunda crisis social que aún no se ha conseguido solucionar. Pero es más fácil celebrar, que analizar.

El 19 de marzo de 2012 pasará a la Historia por conmemorar los doscientos años del nacimiento de la primera Constitución nacida del pueblo español con loas, cánticos y celebraciones que han intentado recordar con más o menos fortuna el tiempo de los doceañistas. 

El homenaje era de rigor. En plena decadencia española, con una crisis económica acuciante y un desprestigio brutal del sistema político democrático, no hay mejor fórmula para olvidar las penas que hacer una alegoría al espíritu patrio de los padres de la primera constitución española y al deber del ciudadano ejemplar que tantas vicisitudes tuvo que afrontar para conseguir el reconocimiento de sus derechos. 

Y así se hizo. Pero como la crisis está encima, hasta el homenaje ha sido prudente. Se ha echado en falta un reconocimiento nacional a la Carta Magna motivado quizás porque más allá de Cádiz, el resto de españoles no aprecian como suya la constitución, una postura más que razonable teniendo en cuenta la escasa repercusión en la vida de los españoles que tuvo La Pepa y su fuerte vinculación a Cádiz, epicentro del mundo liberal en la primera década del siglo XIX.

Pero aún así, las instituciones se encargaron de hacer bonito el día. Y lo consiguieron. El Rey y los miembros del Gobierno español y andaluz, no quisieron ausentarse de la foto, máxime cuando las elecciones están a un suspiro. Un homenaje solemne que aderezaron con un poco de fervor popular para dar sensación de que al pueblo le importa algo este día. 

El 19 de marzo de 2012 no ha sido importante porque la plana mayor del Estado haya acudido a Cádiz, ni siquiera, porque se celebra un bicentenario. Si hay que señalar esa fecha en rojo es para corroborar que, después de 200 años, la situación en España se parece bastante a la que impulsó a firmar la Carta Magna.

Más allá de los detalles históricos, hay varios elementos que cuestionan si La Pepa merecía un homenaje como si de una reliquia se tratase, o si es necesario leearla para comprender que podría seguir vigente en la actualidad. Entonces, ¿es que La Pepa es muy buena o es que la sociedad no ha evolucionado tanto como se cree?

Repasemos. Lo que por entonces se llamaba absolutismo, centrado en la figura de Fernando VII el Deseado (un adjetivo que perfectamente podría aplicarse al actual Presidente del Gobierno), ahora ha mutado hasta denominarse mercados, cuya imagen ilustrativa es la canciller Angela Merkel. No existe ninguna diferencia –más allá de las formales- entre los efectos que tenía el Rey absolutista del siglo XIX y el que poseen dos siglos después, los mercados financieros y la jefa del Gobierno alemán. En ambos casos, las decisiones de uno y otro han sido incuestionables y han dictado sentencia en el resto del mundo. 

La Constitución de 1812 recogía también la soberanía nacional, como el derecho de la nación a decidir sobre los asuntos del país a través de un sistema electoral basado en el sufragio indirecto y censitario. El efecto de esto es que las capas más amplias de población no podían intervenir en el proceso político, que estaba reducida a una élite ilustrada y adinerada, que era la artífice del proceso político. Actualmente, se reconoce la soberanía popular y el sufragio universal. Esta es la parte bonita. Lo feo es que está generando un sistema político bipartidista, basado en listas cerradas donde el ciudadano sólo puede elegir a un candidato predeterminado. 

No hay que ser erudito para observar cómo tanto en la Constitución de 1812 como en la de 1978, se busca constreñir la participación directa del pueblo que sólo puede intervenir en el proceso político a través de la elección de candidatos predefinidos ya que la fórmula del referéndum no se contemplaba en la Carta Magna del siglo XIX y no es vinculante para la toma de decisiones en la actual. Ese lema del despotismo ilustrado no queda tan lejos. Ahora se podría gritar eso de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” a viva voz y no se estaría cayendo en demagogia ni engaños. 

Pero aún hay más. Uno de los grandes elogios a La Pepa es su carácter aperturista que garantizó la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Sin embargo, era una libertad con matices que, según el Decreto de Imprenta de 1810, perseguía a “libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buena costumbre”. Asimismo, se establecía una censura previa para cuestiones religiosas y un tribunal para evaluar las posibles extralimitaciones de la libertad de imprenta, la Junta Suprema de Censura. 

En la actualidad, la libertad de imprenta ha evolucionado a la libertad de información, que se garantiza hasta el punto donde colisiona con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, los libelos calumniosos y la censura previa del siglo XIX ya no están presentes, pero se han transformado en un nuevo mecanismo de coacción que se articula a través de la autocensura, la espiral del silencio y la sobresaturación. 


En pleno siglo XXI no puede existir censura material (pese a que también esté presente en muchos puntos del globo), sino que se camufla bajo el paraguas del miedo a los posibles efectos de sus publicaciones, sobre todo entre profesionales de información –autocensura-. Esto se complementa con un fenómeno mucho más amplio donde los temas y las informaciones que se consumen, son proporcionadas por grandes conglomerados comunicativos que obvian informaciones que debilitan sus intereses económicos y, por el contrario, abruman con informaciones banales que, finalmente, serán consumidas y retroalimentadas por los espectadores. ¿Es casualidad el importante aumento de los espacios deportivos y de ficción en las televisiones?

La Pepa ya ha cumplido doscientos años y es de recibo conmemorar un documento con indiscutible valor histórico. Pero dejemos los homenajes para otro momento y hagamos autocrítica. Las llamadas a la patria y la utilización del espíritu reformista de los diputados doceañistas para legitimar cambios en el sistema laboral son herramientas chabacanas dignas de discursos retrógrados que no conducen a fin alguno. Las debilidades y deficiencias del sistema político de principios del siglo XIX no sólo no han desaparecido sino que han evolucionado. Actualmente nos encontramos con una sociedad regida por una Constitución avanzada pero que conserva unos problemas estructurales similares a la de 1812. Basta de discursos retóricos, es hora de buscar la pragmática y el cambio real de un sistema deficitario. 

Los gritos de Viva la Pepa podrían ahogarse con esta gran frase de un artista, Víctor Hugo: “La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad; la cobardía es un consentimiento; existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer”. ¿Seguimos gritando eso de Viva la Pepa?
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Vivir de pie, pese a la crisis

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Recortes, crisis, flexibilización laboral, paro... Son las palabras más repetidas a lo largo de los últimos meses que copan páginas y minutos de periódicos e informativos. Una saturación que está generando un estado de pesimismo colectivo que provoca hastío y depresión. Frente a ello, las movilizaciones y las acciones de protestas se convierten en un vehículo donde los protagonistas serán los primeros en adaptarse a los nuevos cambios.

Llevamos casi cuatro años imersos en esta nueva realidad que todos denominamos crisis económica. A lo largo de todo este tiempo, las hemerotecas se han llenado de portadas, imágenes y archivos a través de los cuales podemos seguir perfectamente la evolución de la situación en España y en el Mundo. Si hacemos un rápido barrido por ellas, observaremos cómo las noticias son un calco y repiten los mismos esquemas informativos.

Pero si algo ha provocado la crisis ha sido un estímulo negativo en todas los receptores. Estamos en la Sociedad de la Información, un momento de innovación y revolución asombrosa en el ámbito de la comunicación. Internet y las redes sociales han transformado al completo el concepto y las teorías de la comunicación tal y como las conocíamos. O quizás no tanto.

Situémonos en los años 20 cuando el profesor Harold Laswell comienza a estudiar los efectos de los medios de comunicación de masas en la población, sobre todo, la radio y el cine. De ellos, se extrajo la célebre Teoría de la Aguja Hipodérmica, que no es más que la constatación de que los medios de comunicación tienen una extraordinaria influencia en los individuos. Tal es así, que existen unas élites, llamémosle poder, que "inyectan" directamente un mensaje a través de los medios de comunicación entre los ciudadanos, que lo asumen sin discutirlo.

Año 2012. El paradigma comunicativo es radicalmente distinto. Las nuevas tecnologías, las webs 2 y 3.0, los blogs, Twitter, Facebook, Youtube y las miles de páginas webs que existen permiten que, en la actualidad, el mensaje se matice, se cuestione y hasta se niegue. Actualmente, el mensaje no se inyecta de forma directa, sino que existen muchos otros filtros. Pero, ¿y sus efectos?

Podemos decir que las informaciones de los medios de comunicación se matizan e incluso que nuevas herramientas como Twitter, permite obtener información a través de distintas fuentes, sin beber directamente de los grandes medios de comunicación de masas.  Pero la Teoría de la Aguja Hipodérmica es perfectamente extrapolable a la actualidad en cuanto a sus efectos.

Cieñ años después, las repercusiones de los medios de comunicación tradicionales son inmensas. Su agenda, marca los temas de conversación diarios entre la población y sus preocupaciones. Para muestra, un botón, el último barómetro del CIS indica que la mayor preocupación de los españoles es, en este orden, el paro, los problemas económicos, la clase política y la corrupción. Los cuatro temas que copan actualmente la información nacional de todos los medios de comunicación.

El verdadero problema de esta situación radica en las limitaciones que provocan los medios con las reiteradas informaciones sobre la crisis y los problemas económicos. El bombardeo informativo al que el espectador está siendo sometido lo está sumiendo en una suerte de pesimismo antropológico que provoca cansancio, hastío, abatimiento, depresión e incluso, suicidio. El incremento en el número de muertes y suicidios en los últimos años, ¿está causado sólo por la mala situación económica? ¿O por las pocas expectativas de mejora que se poseen en función de la realidad que están conociendo a través de los medios? 

El debate no versa sobre informar o no de la actualidad. La información veraz es necesaria para conocer la realidad y adaptarse a ella. Sin embargo, los medios de comunicación no muestran una alternativa a la actual realidad. Millones de personas sufren en España los problemas derivados de la crisis económica y están informándose constantemente de las posibles cambios en su situación. Pero, ¿qué más?

Se echa en falta un compromiso por parte de las administraciones y las grandes corporaciones mediáticas para mejorar las posibilidades de salida y para impulsar el ánimo colectivo. Si la reiteración acerca de los problemas que asolan el mundo pueden provocar un estado de ánimo depresivo a nivel global, la introducción en la agenda diaria de líneas informativas diferentes que abren nuevas posibilidades y salidas profesionales, podrían generar el efecto contrario: una inyección de positividad colectiva. 

¿Es casualidad que los mayores índices de felicidad recaigan en ciudadanos de países emergentes? ¿Sorprende saber que España se sitúa en los últimos puestos de la clasificación mundial en cuanto a felicidad de los ciudadanos? Si la crisis es contagiosa, sus efectos lo son aún más. Históricamente, la humanidad se ha adaptado a todas las revoluciones. Actualmente, los acontecimientos se suceden a un ritmo vertiginoso y el cambio es constante. Como ya postuló Darwin en El Origen de las Especies, aquellos que mejor se adapten a los cambios, sobrevivirán. Dos siglos después, la teoría continúa viva. 

Sin embargo, el pesimismo colectivo en el que los países occidentales están sumidos ha adoptado un vehículo mediante el que se está transformando: la lucha por el cambio. La crisis está despertando del largo letargo en el que millones de personas vivían. El miedo a perderlo todo ha provocado que se pierda el miedo al cambio y las ciudades están acogiendo de forma habitual manifestaciones, concentraciones y protestas de jubilados, trabajadores y jóvenes estudiantes reclamando una mejora en las condiciones vitales. Aquellos que transforman el pesimismo en indignación y acción se están situando a la vanguardia de la evolución, están siendo protagonistas de una alternativa a la situación actual. El mundo es el que es, pero la forma de vivirlo es optativa. Y, actualmente hay dos: aceptarlo y formar parte de la realidad desoladora o armar el intelecto y cambiar tu modo de vida. ¿Con cuál te quedas?
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El antes se hace ahora

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Manifestaciones, estudiantes en la calle, cargas policiales y decenas de detenidos y heridos, son imágenes que se sucedían hace un par de décadas en este país. Lo acontecido en Valencia, se asemeja peligrosamente a las actuaciones de un estado paramilitar que reabren una vieja herida abierta entre ciudadanos y políticos y contribuye a desprestigiar la democracia actual. 

Ayer, el jefe superior de la Policía de Valencia, Antonio Moreno, revivió un Deja Vú y se inspiró en actuaciones que no hace tanto, realizaban sus progenitores. Su enajenación mental comenzó cuando calificó de “enemigos” a unos jóvenes manifestantes que ejercían de forma pacífica dos derechos recogidos en la Constitución: el de la libertad de expresión y el de asociación (artículos 20 y 22 de la C.E). Después, la incapacidad se hizo total y un misterioso espíritu totalitarista y dictatorial tomó forma a través de la represión de las consideradas Fuerzas de Seguridad del Estado, que se convirtieron durante unas horas en agentes de coacción que sometieron las críticas y las protestas al poder de la fuerza bruta. 

La actuación policial desatada obedeció a unas claras directrices que apuntan, en primera instancia, el jefe superior de Policía de Valencia, cuyas afirmaciones evidencian la consideración que posee de los valencianos, pero alcanzan cotas mayores. ¿Existieron órdenes políticas para aplacar a través de la violencia la manifestación? ¿Obedece esto a una nueva línea de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante el nuevo gobierno? No en vano, el 30 de diciembre del pasado año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, relevó a toda la cúpula policial, situando como director general de la Policía, a Ignacio Cosidó, en una estrategia que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó como “politización de la cúpula policial”

Casualmente, la manifestación del día después a la represión, contó con una presencia muy inferior de policías y se saldó sin ningún incidente. Nuevas instrucciones. Pero la utilización política de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no es exclusivo de un signo político ¿Alguien piensa que en la permisividad de la actuación policial en las manifestaciones del movimiento 15 M no tuvo una incidencia directa la proximidad de las elecciones locales y el miedo del denostado gobierno del PSOE a perder mayor popularidad? 

Más allá de la instrumentalización política que se está extendiendo en las fuerza de seguridad, la pregunta que todo el mundo se hace es obvia: ¿en qué beneficia a un gobierno recién elegido que se reprima tan violentamente una manifestación que habían comenzado pacíficamente estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia, contra los recortes en Educación? Obviamente, en muy poco. Sin embargo, la actuación no ha sido aún censurada por el Gobierno. El carrusel de declaraciones al respecto es insólita: 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno:Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a expresar sus opiniones", pero "todo el mundo tiene que entender" que la Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tienen unas funciones que cumplir". "Creo que si todo el mundo actúa con mesura y con sentido común este tipo de cosas no se va a repetir" .

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior:Nosotros estamos para controlar los excesos y no para excedernos en el control. Ya lo he dicho y está dicho para personas inteligentes, pero que quede claro que cuando hablo de los excesos, estoy hablando de manera muy especial de aquellos radicales y violentos que aprovechan determinadas circunstancias que no deben hacer en ningún momento”.

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia:No llevemos nuestras simpatías a los que atacan, a los que hacen posible que usted y yo seamos personas libres en una nación libre”. Los agentes de la Policía Nacional “han sido violentamente agredidos”. 

Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana:Se trata de que (los manifestantes) cometieron un acto que la Policía no podía dejar que ocurriera que era la alteración del tráfico y el corte del tráfico durante muchas horas y en una calle muy importante de la ciudad”. 

Todas ellas tienen en común una omisión de responsabilidades hacia los mandos que ordenaron este tipo de acción policial. Hablando llano, “el enemigo” la compone una masa de estudiantes –radicales y exaltados- enfurecidos. Pero se echa en falta un poco de autocrítica. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana también ha anunciado una investigación y una apertura de expedientes disciplinarios en los casos que lo requieran. ¿Lo hará también con los mandos policiales que ordenaron la carga policial? 

Según las autoridades, exaltados y radicales, una manifestación no autorizada, cortes de tráfico no comunicados y actuaciones agresivas de los estudiantes, fueron las causantes de una respuesta “proporcionada” para el jefe de la Policía Valenciana. Bajo este paraguas de medias verdades y discursos políticamente correctos se esconden, como en la mayoría de manifestaciones, insultos y actitudes desafiantes de los manifestantes hacia la Policía que, durante unos instantes, se autoerigen en protagonistas de una revolución. 

Pero el follaje no debe impedir ver el bosque. Una de las claves de este asunto la aporta el Sindicato Unificado de Policía. Según el SUP, “el fin que se pretendía, (restablecer una calle al tráfico), era menos importante” que evitar “un clima de crispación, heridos, y violencia”. Y añade en su comunicado que “el principio de autoridad (la gestión de los espacios públicos) debe interpretarse con la suficiente flexibilidad como para no crear interviniendo la Policía un problema mayor que el que se pretende resolver”. Por tanto, ¿está justificada la actuación policial sobre personas no armadas? 

Huyendo de tópicos y demagogia, existe en el Estado de Derecho un principio que rige su funcionamiento: la proporcionalidad. Se trata de un axioma, que junto con el de la equidad, impregna el carácter del Estado y la actuación de todos los trabajadores públicos. La proporcionalidad es clave para que un estado democrático funcione con normalidad. Actitudes como la de cuerpo policial en Valencia, a instancias de sus mandos superiores, y la respuesta política generada, no hacen sino perjudicar a un estado democrático y hacen revivir fantasmas del pasado que parecen, no estar enterrados del todo.
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¿Hasta cuándo esta lenta agonía?

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La situación que está viviendo Grecia ni es fácil, ni es cómoda y, hasta cierto punto, llega a ser incluso inexplicable. Mientras se vota en el Parlamento Griego unas nuevas medidas de recortes, en las calles se vive una auténtica oleada de protesta que se está saldando con incidentes entre los manifestantes y la policía. La pregunta es, ¿cuándo se pondrá fin a una situación que se está manteniendo forzosamente desde la Unión Europea y en contra de los intereses de la población?

 
Bancarrota, quiebra y catástrofe. En ese orden, es el castigo divino que amenaza a Grecia si el Gobierno no ejecuta sus compromisos fiscales y de reducción del déficit público. A estas horas, los diputados griegos se encuentran en el hemiciclo decidiendo el veredicto, que se dará a conocer dentro de unos minutos. Pero que, previsiblemente, ya conocemos
Paralelamente,en la Plaza Syntagma de Atenas, a las puertas del Parlamento griego, unas 50.000 personas (30.000 para la Policía) se manifiestan durante todo el día en señal de protestas por las duras condiciones que recoge el nuevo plan de rescate a Grecia. Serán 130.000 millones de euros (con posibilidad de aumentarlo hasta cerca de 150.000) los que Europa, con Francia y Alemania a la cabeza, inyectará en la economía helena. Con eso, se evitaría una suspensión de pagos en el país que se hace efectiva el 20 marzo, la prioridad más urgente de evitar para los dirigentes griegos.
El conflicto está en las condiciones del rescate y en una situación que se hace insostenible. Al primer rescate que se aprobó en mayo de 2010 incluía un importe de 110.000 euros hasta 2013, a cambio el gobierno heleno tuvo que hacer frente a una reducción de las pensiones, una prolongación de la edad de jubilación hasta los 65 años (antes estaba en los 60 años) y a las creación de diversos impuestos con los que incrementar rápidamente las arcas.
Tan solo dos años después, Grecia ha solicitado un segundo rescate, este mucho más duro, ya que las medidas impuestas desde Europa se suman a la larga listas de ajustes realizados, primero, por el Gobierno de Yorgos Papandréu y luego por Lukás Papadimos, el actual primer ministro. Ahora el Parlamento decide sobre tres cuestiones: la quita de casi el 50% de la deuda griega (100.000 millones de euros) –a cambio de un mayor control por parte de la Unión Europea de la política fiscal griega-, la recapitalización de los bancos griegos y un nuevo plan de ajustes que incluye, entre otras medidas, el despido de 15.000 funcionarios públicos, una rebaja del 22% en el salario mínimo (que estaría rondando los 580 euros), recortes en las pensiones y reducciones de las partidas presupuestarias en materias como Educación y Sanidad.
Bajo esta amalgama de datos, se esconde una realidad: miles de griegos no quieren ser rescatados por bancos alemanes ni quieren seguir sufriendo las consecuencias de una crisis financiera –en torno al 80% de la población rechaza el nuevo plan de ajustes, según la televisión privada Skai y el diario Kathimerini-. La sombra de la salida del Euro ronda al país heleno lo que provocaría un “caos social” que conduciría al “desastre”, según el primer ministro Papadimos.
Lo cierto es que no hay seguridad de que este segundo plan funcione. Es otro intento –uno de los últimos- de la Unión Europea para evitar que las agencias de calificación engullan la deuda griega y los indicadores financieros se tiñan de rojo púrpura. La pregunta que salta ante esta perspectiva es muy clara: ¿por qué se somete y se restringen los derechos de la población griega para mantener una situación financiera extremadamente delicada que no posee las garantías necesarias para pervivir en la Zona Euro? Desde 2009, se han recrudecido las condiciones socioeconómicas de los griegos hasta alcanzar una tasa de paro cercana al 21% y aún así, los dirigentes solicitan comprensión para seguir prolongando la agonía.
En esta situación entra en juego el principio de la proporcionalidad y la equidad, principios claves que rigen el Estado de Bienestar. ¿Es proporcional tensar la cuerda tanto del lado de los ciudadanos –recordemos que el plan de rescate conlleva una recapitalización de los bancos que luego, difícilmente se traducirá en la concesión de créditos para las familias- sin garantías solventes de mejora? ¿Se está gravando equitativamente a todos los sectores públicos?
Todo esto lleva a plantear si la única alternativa es romper el Status Quo imperante a través de un plante a la Unión Europea –una situación insólita que ningún gobierno parece contemplar hasta el momento- o una hipotética salida del Euro. Siguiendo los criterios de los expertos financieros, esto supondría un contagio a países como Italia, Portugal y España, que serían atacados por especuladores y agencias y afectaría gravemente la economía europea hasta niveles insospechados.  A tenor de las previsiones de la tan famosa troika (los comisarios del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea) se ocasionaría el desastre.
Un discurso manido que inyecta aún más miedo a una población aletargada que no sabe qué hacer para frenar una pérdida de la soberanía y una vulneración de la tan aclamada democracia en la que nos encontramos. La espera pasiva ha traído infinidad de recortes a los griegos, las movilizaciones, se están castigando con fuertes dosis de violencia y las voces discordantes no parecen tener cabida en este sistema. ¿Hasta cuándo se prolongará esta agonía?
La experiencia griega puede ofrecer una solución. Grecia es un espejo donde España se siente cada vez más reflejado. El nuevo plan de ajustes que saldrá elegido esta noche pondrá al límite la paciencia de una población agotada y asfixiada por unos recortes impuestos desde las élites. Un estallido social podría acabar con los planes de la Unión Europea y, en ese caso, ¿sería el fin de Grecia? ¿No existe alternativa a los recortes, la violación de derechos y la devaluación de la democracia que están rigiendo los designios de millones de personas? Prepare el chuvasquero porque la tomenta ha comenzado y es muy posible que le salpique.
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La mala educación

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José Ignacio Wert, ministro de Educación
El Gobierno de España ha anunciado nuevas medidas educativas que, pese a no conocerse con exactitud, parecen generar unas expectativas contradictorias. Junto a ello, las últimas actuaciones del Ministerio con las oposiciones a profesor de Secundaria en Andalucía, hacen prever unas política educativa que tendrá un fuerte componente ideológico revanchista detrás de ella.

Hace meses que dejé de escribir el blog por falta de tiempo al comenzar otros proyectos. Sin embargo, las nuevas circunstancias que están sucediendo han provocado que el que suscribe estas líneas, alcance un nivel de hartazgo que sólo tiene una salida positiva: la opinión a través de la palabra escrita. Y he considerado que este blog es el vehículo perfecto para ello. No determinaré días ni plazos, un blog es un cuaderno de bitácora muy personal, y a él acudiré para expresar mi indignación y mis emociones con todo lo que nos rodea. Alegría para mis seguidores, pesadumbre para mis detractores.

La película realizada por el fructífero cineasta español, Pedro Almodóvar en 2004, ilustra muy bien el asunto que me ha traído de vuelta aquí. Un ámbito que me atrae desde hace tiempo y que considero el baluarte indispensable de cualquier civilización. La Educación, eso que en España, se pisotea, se manipula, se adoctrina y se destruye para generar una sociedad más aburguesada, menos crítica y más gilipollas, hablemos claro.

El anuncio del Gobierno de España de la modificación de la Ley Orgánica de Educación no supone ninguna novedad. Gobierno nuevo, ley nueva, es la tónica en este país desde la implantación de la LOGSE en 1990. Y, con los nuevos rumbos que ha tomado el país, era cuestión de tiempo un anuncio de estas características. Sin embargo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sin concretar las nuevas medidas que recogerá la futura ley de educación (ya se verá si será orgánica) avanzó algunas pinceladas a modo de globo sonda para ir comprobando la reacción de la ciudadanía en un ámbito que puede generar una fuerte impopularidad en cuestión de segundos a través de las redes sociales (como así ha sido).

La ampliación del Bachillerato a tres años, sorprende, por ser una medida que retoma los viejos estudios secundarios, pero da un giro con aires renovadores, y los europeíza. Al estilo alemán, el Gobierno del Partido Popular, pretende adelantar la edad de decisión de los jóvenes a los 15 años, donde ya se decidirá si seguir estudiando Bachillerato u optar por la Formación Profesional. Aunque, siendo los 16 años, la edad mínima obligatoria para abandonar los estudios, este avance adolece de cierta consistencia práctica y jurídica, a la vez que genera no pocas duda, entre ellas: ¿será 1º de Bachillerato o el primer curso de FP obligatorio? ¿Se acortará la edad legal para dejar de estudiar?

Otra de las medidas avanzadas ha sido el futuro de becas. Con un recorte estimado en el Ministerio de Educación de más de 400 millones de euros, el ministro ha asegurado que este logro social, no se resentirá. Eso sí, ha avanzado cambios en las becas tal y como las conocemos. Sin querer profundizar más (quizás por miedo a introducirse en un fangoso charco), Wert afirmó que se intentará dotar a las becas de un criterio de excelencia. Es decir, considerar el currículum del estudiante y las calificaciones como eje para su concesión, unas declaraciones que suenan a un recorte velado de la partida para becas escudadas en el lema "privilegios para los mejores".

Pero ni el Bachillerato de tres años, ni el recorte en becas, ni siquiera  la sustitución de la adoctrinadora asignatura Educación para la Ciudadanía por otra similar, Educación Cívica y Constitucional, (ECC) pero con la carga ideológica a la diestra, ha generado tanta polémica como el anuncio del cambio de materias en las oposiciones a Secundaria en Andalucía

Se trata de una muestra más del fuerte componente ideológico que está impregnando este nuevo Gobierno. Su compromiso por desmarcarse a velocidad de vértigo de todo lo que huele a socialista, es tal, que se están tomando medidas improvisadas e ilógicas de todo punto por parte de un gobierno recién elegido. El cambio en los temarios a las oposiciones no obedece a criterios de calidad como argumenta el ministro, es imposible mantener este discurso cuando se vuelve a unos contenidos aprobados entre 1993 y 1996. No porque la educación de antes fuera mala, sino porque el cambio social que se produce desde entonces obliga a afrontar los contenidos educativos a través de formas más innovadoras.

La pregunta es saber los motivos del castigo de Wert. ¿Se trata de un zarpazo al Gobierno de la Junta de Andalucía para debiliarlo de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo? ¿Es una vendetta del Gobierno central, amparándose en que las Comunidades Autónomas (14 de las 19 autonomías están gobernadas por el PP) decidieron no convocar oposiciones hasta 2013 para mantener los compromisos de déficit y fiscales estipulados por el Gobierno, mientras el Gobierno andaluz les retó ofertando más de 2.000 plazas?

Es evidente que el PP no ha comenzado su andadura con actitud conciliadora y pactista, sino todo lo contrario. Esta actitud revanchista, encuentra a la Educación como una arma arrojadiza para castigar fallos ajenos y elogiar aciertos propios. Pero desde la ciudadanía, en este ámbito se reclama lo que se espera de los dirigentes políticos: compromiso y conciliación para generar un diálogo constructivo que permita unificar criterios y estabilizar a la Educación, alejándola de la inseguridad jurídica y política que la cobija. Las ideologías, para los mítines, la verdadera actitud que se reclama al Gobierno es un comportamiento que garantice un pacto de estado definitivo que permita incrementar los niveles de calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los jóvenes españoles. ¿Es mucho pedir, señor Wert?

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