Bancarrota,
quiebra y catástrofe. En ese orden, es el castigo divino que amenaza a Grecia
si el Gobierno no ejecuta sus compromisos fiscales y de reducción del déficit
público. A estas horas, los diputados griegos se encuentran en el hemiciclo
decidiendo el veredicto, que se dará a conocer dentro de unos minutos. Pero que, previsiblemente, ya conocemos.
Paralelamente,en la Plaza Syntagma de Atenas, a las puertas del Parlamento griego, unas
50.000 personas (30.000 para la Policía) se manifiestan durante todo el día en
señal de protestas por las duras condiciones que recoge el nuevo plan de
rescate a Grecia. Serán 130.000 millones de euros (con posibilidad de
aumentarlo hasta cerca de 150.000) los que Europa, con Francia y Alemania a la
cabeza, inyectará en la economía helena. Con eso, se evitaría una suspensión de
pagos en el país que se hace efectiva el 20 marzo, la prioridad más urgente de
evitar para los dirigentes griegos.
El
conflicto está en las condiciones del rescate y en una situación que se hace
insostenible. Al primer rescate que se aprobó en mayo de 2010 incluía un
importe de 110.000 euros hasta 2013, a cambio el gobierno heleno tuvo que hacer
frente a una reducción de las pensiones, una prolongación de la edad de
jubilación hasta los 65 años (antes estaba en los 60 años) y a las creación de
diversos impuestos con los que incrementar rápidamente las arcas.
Tan
solo dos años después, Grecia ha solicitado un segundo rescate, este mucho más duro, ya que las medidas impuestas desde Europa se suman a la larga listas de
ajustes realizados, primero, por el Gobierno de Yorgos Papandréu y luego por Lukás
Papadimos, el actual primer ministro. Ahora el Parlamento decide sobre tres
cuestiones: la quita de casi el 50% de la deuda griega (100.000 millones de
euros) –a cambio de un mayor control por parte de la Unión Europea de la
política fiscal griega-, la recapitalización de los bancos griegos y un nuevo
plan de ajustes que incluye, entre otras medidas, el despido de 15.000
funcionarios públicos, una rebaja del 22% en el salario mínimo (que estaría
rondando los 580 euros), recortes en las pensiones y reducciones de las
partidas presupuestarias en materias como Educación y Sanidad.
Bajo esta amalgama de datos, se esconde una realidad: miles
de griegos no quieren ser rescatados por bancos alemanes ni quieren seguir
sufriendo las consecuencias de una crisis financiera –en torno al 80% de la población rechaza el nuevo plan de ajustes, según la televisión privada Skai y el diario Kathimerini-. La sombra de la
salida del Euro ronda al país heleno lo que provocaría un “caos social” que
conduciría al “desastre”, según el primer ministro Papadimos.
Lo cierto es que no hay seguridad de que este segundo plan
funcione. Es otro intento –uno de los últimos- de la Unión Europea para evitar
que las agencias de calificación engullan la deuda griega y los indicadores
financieros se tiñan de rojo púrpura. La pregunta que salta ante esta
perspectiva es muy clara: ¿por qué se somete y se restringen los derechos de la
población griega para mantener una situación financiera extremadamente delicada
que no posee las garantías necesarias para pervivir en la Zona Euro? Desde
2009, se han recrudecido las condiciones socioeconómicas de los griegos hasta
alcanzar una tasa de paro cercana al 21% y aún así, los dirigentes solicitan
comprensión para seguir prolongando la agonía.
En esta situación entra en juego el principio de la
proporcionalidad y la equidad, principios claves que rigen el Estado de
Bienestar. ¿Es proporcional tensar la cuerda tanto del lado de los ciudadanos –recordemos
que el plan de rescate conlleva una recapitalización de los bancos que luego, difícilmente
se traducirá en la concesión de créditos para las familias- sin garantías
solventes de mejora? ¿Se está gravando equitativamente a todos los sectores
públicos?
Todo esto lleva a plantear si la única alternativa es romper
el Status Quo imperante a través de un plante a la Unión Europea –una situación
insólita que ningún gobierno parece contemplar hasta el momento- o una
hipotética salida del Euro. Siguiendo los criterios de los expertos
financieros, esto supondría un contagio a países como Italia, Portugal y España,
que serían atacados por especuladores y agencias y afectaría gravemente la
economía europea hasta niveles insospechados. A tenor de las previsiones de la tan famosa
troika (los comisarios del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario
Internacional y la Unión Europea) se ocasionaría el desastre.
Un discurso manido que inyecta aún más miedo a una población
aletargada que no sabe qué hacer para frenar una pérdida de la soberanía y una
vulneración de la tan aclamada democracia en la que nos encontramos. La espera
pasiva ha traído infinidad de recortes a los griegos, las movilizaciones, se
están castigando con fuertes dosis de violencia y las voces discordantes no
parecen tener cabida en este sistema. ¿Hasta cuándo se prolongará esta agonía?
La experiencia griega puede ofrecer una solución. Grecia es
un espejo donde España se siente cada vez más reflejado. El nuevo plan de
ajustes que saldrá elegido esta noche pondrá al límite la paciencia de una
población agotada y asfixiada por unos recortes impuestos desde las élites. Un
estallido social podría acabar con los planes de la Unión Europea y, en ese
caso, ¿sería el fin de Grecia? ¿No existe alternativa a los recortes, la
violación de derechos y la devaluación de la democracia que están rigiendo los
designios de millones de personas? Prepare el chuvasquero porque la tomenta ha comenzado y es muy posible que le salpique.
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