La Ley de Economía Sostenible (LES) –que incluye las medidas del Ejecutivo contra las descargas ilegales- será aprobada mañana en una comisión parlamentaria, sin pasar por el pleno del Congreso. Un procedimiento poco usual para una ley que recoge aspectos controvertidos y que necesitarían un debate profundo y consensuado. Usuarios, asociaciones de consumidores y blogueros están en rebeldía y anuncian medidas contra la ley.
Que el Ejecutivo socialista quiere erradicar las descargas ilegales no es novedoso en absoluto. Que nunca le ha gustado cómo los internautas han recibido el asunto, tampoco. Pero sí sorprende las artimañas que busca para aprobar la ley antidescargas haciendo el menor ruido posible.
Si ningún grupo parlamentario lo evita -parece que sólo el PNV podría derrumbar la ley-, mañana será aprobada la Ley de Economía Sostenible. Dentro de ese conglomerado legislativo se ha incluido la disposición final segunda, que regula el acceso de internautas a contenidos protegidos por derechos de autor. Es la medida estrella del PSOE contra las descargas ilegales. Sin embargo, los últimos cables revelados por EL PAÍS revelan que la cruzada contra las descargas fue una maniobra orquestada desde el Gobierno norteamericano y que el Ejecutivo socialista impulsó bajo las amenazas de Estados Unidos.
El proyecto de ley será aprobado por el procedimiento de ‘competencia legislativa plena’, que evitaría su paso por el Pleno del Congreso. Según esta fórmula, la Comisión encargada (en este caso la de Economía) puede aprobar el paquete de medidas y derivarlo directamente al Senado sin ser votado en pleno. Un trámite que ha despertado las alarmas de muchos usuarios porque se suele aplicar a asuntos muy livianos o donde hay gran consenso. Una práctica que no encaja con la descripción de la LES, muy criticada por los ciudadanos y algunos grupos políticos.
La LES, en su disposición adicional segunda, contempla la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que recibirá las denuncias de personas cuyos contenidos estén siendo utilizado sin permiso por otras. Según la ministra de Cultura, la Comisión derivará el expediente a la sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que, en un máximo de cuatro días, decretará si es constitutivo de delito contra la propiedad intelectual –con el consiguiente bloqueo o cierre de la web- o no. Sin embargo, el proyecto de ley también recoge un proceso de arbitraje que podría acabar con la controversia entre las partes sin acudir a la vía judicial civil.
Desde la asociación de internautas de España consideran que esta ley permite a la Comisión de Propiedad Intelectual dictar a la Audiencia Nacional las webs que deberían ser cerradas, de forma que el órgano judicial sólo se encargaría de decretar el cierre. Se trata, según los internautas, de una medida para “esquivar la autoridad judicial” que constantemente ha ido fallando a favor de las páginas que intercambian archivos.
Las reacciones en la red
Los usuarios han reaccionado a la previsible aprobación de la bautizada como ‘Ley Sinde’ de diversas formas. La asociación de internautas solicitó a los usuarios que hicieran llegar sus peticiones a los diputados mediante vía telefónica o a través del correo electrónico o el twitter. Además, la organización ha ido más allá y su presidente, Víctor Domingo, anunció que, de aprobarse la LES, estudiarían llevarla ante el Tribunal Constitucional. Por otro lado, las principales páginas de descargas –Cinetube, Peliculas Yonkis o Series Pepito- cerraron el domingo pasado durante 12 horas como forma de protesta. Incluso el movimiento ciberactivista ‘Anonymous’, colapsó durante varias horas las páginas de los principales partidos presentes en el Congreso: PP, CIU y PNV. La web del PSOE pudo resistir. Por su parte, la asociación FACUA ha entregado en el Congreso casi 30.000 firmas como protesta por la aprobación de la LES.
Frente a la presión ciudadana, la Coalición de Creadores, que agrupa a las sociedades de gestión de contenidos culturales, ha aumentado la presión al Gobierno y amenazan ahora con solicitar a la Unión Europea que exporte la regulación restrictiva en materia de descargas (como posee Francia) a España si la LES finalmente no consigue aprobarse o si sufre “cambios sustanciales”. Un nuevo latigazo de las sociedades de gestión que carece de valor amenazante ya que es más que previsible la aprobación de la LES y que sólo sirve para caldear unos ánimos muy calientes, cuyas consecuencias se irán apreciando en los próximos meses.
Fuentes
El País
El Mundo 1 y 2
Europa Press
Blog de Antonio Delgado
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El País
El Mundo 1 y 2
Europa Press
Blog de Antonio Delgado
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