El gran reto de la izquierda

El resultado de las elecciones andaluzas ha sorprendido a propios y extraños. La victoria pírrica del Partido Popular ha supuesto un duro golpe en la sede de Génova y convierte a Andalucía en la gran excepción española, en la única isla roja. Precisamente, será la más roja, ya que el PSOE sólo podría acceder al Gobierno a través de una coalición con Izquierda Unida, la gran ganadora. Un partido que, desde los últimos años, se está revitalizando y que tiene que recuperar la capacidad de gobierno que había dejado a un lado después de tanto tiempo como oposición.

Las elecciones autonómicas en Andalucía de 2012 pasarán a la historia por varios motivos, pero todos ellos comparten un sesgo: la excepcionalidad. Los comicios han otorgado un fuerte revés a los sondeos y encuestas que se hacían públicos a pocos días de su celebración y que daban como ganador al Partido Popular, casi todos ellos, por mayoría absoluta. Se ha roto –al menos momentáneamente- con la tendencia adivinatoria que tenían estos sondeos en los resultados electorales, algo que evidencia que las encuestas no siempre instan a la tendencia de voto dominante. Andalucía ha sido la excepción.

Otro de los motivos definitorios de estos comicios ha sido la victoria del Partido Popular por casi 44.000 votos de diferencia, una cantidad pírrica que, no obstante, sirve para otorgarle tres escaños más que su directo rival, el PSOE-Andalucía. El escándalo de los ERE fraudulentos, la corrupción dentro de la Consejería de Empleo y las acusaciones de enchufismo en el seno de la Junta han pasado una importante factura al gobierno socialista que se contabiliza en más de medio millón de votos perdidos. Sin embargo, todo ello no ha supuesto la sangría que se preveía y que se constató en las elecciones generales del pasado noviembre. Andalucía, vuelve a ser la excepción.

Al igual de excepcional ha sido el comportamiento de los votantes andaluces, un millón menos que en las dos últimas elecciones que evidencia el motivo de coincidencia entre comicios generales y autonómicos. No puede deducirse si las razones radican en la idiosincrasia andaluza o en los últimos movimientos del gobierno popular de Mariano Rajoy, pero mientras hace cinco meses la población española daba un giro a la derecha, los andaluces han querido cambiar el signo y han virado a la izquierda. Sólo así puede explicarse que, de los nueve escaños perdidos por el PSOE-A, tres hayan ido a parar al PP-A y seis a IU-LV-CA. La comunidad andaluza se convierte en la única de toda España que tendrá en su gobierno a la coalición de izquierdas. Una nueva excepción.

Más allá de los resultados, el análisis debe centrarse en cómo se materializa los pactos. Izquierda Unida no ha accedido nunca al gobierno autonómico y siempre se ha mostrado como la oposición de izquierdas que, sin embargo, no le impidió unirse en 1996 al PP en la famosa “pinza” para provocar la caída del gobierno socialista de Manuel Chaves y la convocatoria de elecciones anticipadas.  Un gesto cuyo lastre estaban arrastrando y que sobrevoló todas la cabezas el pasado año, cuando la abstención de IU en Extremadura permitió al PP ocupar la presidencia de la Junta Extremeña.

Desde los grandes momentos de Anguita como coordinador federal, Izquierda Unida ha sufrido una travesía por el desierto que se ha reflejado en los resultados electorales, sobre todo de 2008, donde redujo su presencia en el Congreso de los Diputados a dos escaños, mientras en Andalucía conservaba su cifra estable, los seis parlamentarios. Su heterogeneidad interna unido a su discurso revolucionario, han sido dos de sus características que se han convertido en puntos negros. Todo ello unido a la época del socialismo de Zapatero, que asumió parte de ese progresismo social y el crecimiento del voto conservador en Europa, hacía perder fuerza a la coalición.

Pero en plena marea azul, Andalucía se ha posicionado del lado de la izquierda. Es momento ahora para que IU aleje fantasmas del pasado y afronte un reto cuyo éxito o fracaso puede dilucidar el futuro próximo del partido. Por un lado, debe hacer frente al medio millón de votantes que han asumido el lema tan manido en campaña electoral de su coordinador regional, Diego Valderas que postulaba a Izquierda Unida como el único cambio al neoliberalismo. Pero, pese a ser la llave del gobierno andaluz, el PSOE no va a ofrecer un cheque en blanco a la coalición.

Ante el nuevo gobierno, surgen muchas dudas: ¿qué capacidad de influencia tendrá IU en el nuevo gobierno? ¿Podrá llevar a cabo las reformas económicas y sociales que tanto han promulgado en campaña? ¿Cómo compaginará su discurso revolucionario con el centrista del PSOE? ¿Qué peso tendrá Sánchez Gordillo? Para dar respuesta a todos estos interrogantes, Izquierda Unida tiene se encontrará en una encrucijada.

 En un lado de la balanza, IU tiene la gran oportunidad y el difícil reto de imponer su programa para ser la alternativa real que dice ser al bipartidismo. Si consigue que los ciudadanos conciban que el modelo de izquierdas puede superar el modelo popular, basado en recortes y austeridad a toda costa, será un logro que supondrá un impulso renovador a la coalición.

Pero en el lado contrario se sitúa el pragmatismo que puede obligar a Valderas a difuminar su discurso para facilitar la gobernanza y a ser partícipe de los errores de la Junta de Andalucía. Mucho tendrá que presionar para tener un margen de maniobra real que le permita sortear con cierto éxito las imposiciones orquestadas desde Bruselas y Moncloa, con evidente carácter conservador. Los andaluces han dado la oportunidad a Izquierda Unida de jugar en el partido. Su juego puede basarse en dejar jugar al contrario o pararlo mediante faltas. La efectividad  de cada modelo permitirá saber si puede luchar por la zona noble o si quedará relegada a los puestos de descenso. 

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Los trapos sucios de La Pepa

Tras 200 años de historia, la Constitución de 1812 no puede quejarse. Ha tenido homenajes de todo tipo y celebraciones más grandilocuentes que las que tuvo en su origen. El bicentenario de la Pepa ha sido una gran fiesta para gaditanos y españoles. Pero, ¿qué hay que celebrar? Pese a los dos siglos, el sistema político español contiene grandes vacíos y el orden social sigue vertebrado de forma deficitaria. Pese a la apariencia de modernidad y cambio, existe una profunda crisis social que aún no se ha conseguido solucionar. Pero es más fácil celebrar, que analizar.

El 19 de marzo de 2012 pasará a la Historia por conmemorar los doscientos años del nacimiento de la primera Constitución nacida del pueblo español con loas, cánticos y celebraciones que han intentado recordar con más o menos fortuna el tiempo de los doceañistas. 

El homenaje era de rigor. En plena decadencia española, con una crisis económica acuciante y un desprestigio brutal del sistema político democrático, no hay mejor fórmula para olvidar las penas que hacer una alegoría al espíritu patrio de los padres de la primera constitución española y al deber del ciudadano ejemplar que tantas vicisitudes tuvo que afrontar para conseguir el reconocimiento de sus derechos. 

Y así se hizo. Pero como la crisis está encima, hasta el homenaje ha sido prudente. Se ha echado en falta un reconocimiento nacional a la Carta Magna motivado quizás porque más allá de Cádiz, el resto de españoles no aprecian como suya la constitución, una postura más que razonable teniendo en cuenta la escasa repercusión en la vida de los españoles que tuvo La Pepa y su fuerte vinculación a Cádiz, epicentro del mundo liberal en la primera década del siglo XIX.

Pero aún así, las instituciones se encargaron de hacer bonito el día. Y lo consiguieron. El Rey y los miembros del Gobierno español y andaluz, no quisieron ausentarse de la foto, máxime cuando las elecciones están a un suspiro. Un homenaje solemne que aderezaron con un poco de fervor popular para dar sensación de que al pueblo le importa algo este día. 

El 19 de marzo de 2012 no ha sido importante porque la plana mayor del Estado haya acudido a Cádiz, ni siquiera, porque se celebra un bicentenario. Si hay que señalar esa fecha en rojo es para corroborar que, después de 200 años, la situación en España se parece bastante a la que impulsó a firmar la Carta Magna.

Más allá de los detalles históricos, hay varios elementos que cuestionan si La Pepa merecía un homenaje como si de una reliquia se tratase, o si es necesario leearla para comprender que podría seguir vigente en la actualidad. Entonces, ¿es que La Pepa es muy buena o es que la sociedad no ha evolucionado tanto como se cree?

Repasemos. Lo que por entonces se llamaba absolutismo, centrado en la figura de Fernando VII el Deseado (un adjetivo que perfectamente podría aplicarse al actual Presidente del Gobierno), ahora ha mutado hasta denominarse mercados, cuya imagen ilustrativa es la canciller Angela Merkel. No existe ninguna diferencia –más allá de las formales- entre los efectos que tenía el Rey absolutista del siglo XIX y el que poseen dos siglos después, los mercados financieros y la jefa del Gobierno alemán. En ambos casos, las decisiones de uno y otro han sido incuestionables y han dictado sentencia en el resto del mundo. 

La Constitución de 1812 recogía también la soberanía nacional, como el derecho de la nación a decidir sobre los asuntos del país a través de un sistema electoral basado en el sufragio indirecto y censitario. El efecto de esto es que las capas más amplias de población no podían intervenir en el proceso político, que estaba reducida a una élite ilustrada y adinerada, que era la artífice del proceso político. Actualmente, se reconoce la soberanía popular y el sufragio universal. Esta es la parte bonita. Lo feo es que está generando un sistema político bipartidista, basado en listas cerradas donde el ciudadano sólo puede elegir a un candidato predeterminado. 

No hay que ser erudito para observar cómo tanto en la Constitución de 1812 como en la de 1978, se busca constreñir la participación directa del pueblo que sólo puede intervenir en el proceso político a través de la elección de candidatos predefinidos ya que la fórmula del referéndum no se contemplaba en la Carta Magna del siglo XIX y no es vinculante para la toma de decisiones en la actual. Ese lema del despotismo ilustrado no queda tan lejos. Ahora se podría gritar eso de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” a viva voz y no se estaría cayendo en demagogia ni engaños. 

Pero aún hay más. Uno de los grandes elogios a La Pepa es su carácter aperturista que garantizó la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Sin embargo, era una libertad con matices que, según el Decreto de Imprenta de 1810, perseguía a “libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buena costumbre”. Asimismo, se establecía una censura previa para cuestiones religiosas y un tribunal para evaluar las posibles extralimitaciones de la libertad de imprenta, la Junta Suprema de Censura. 

En la actualidad, la libertad de imprenta ha evolucionado a la libertad de información, que se garantiza hasta el punto donde colisiona con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, los libelos calumniosos y la censura previa del siglo XIX ya no están presentes, pero se han transformado en un nuevo mecanismo de coacción que se articula a través de la autocensura, la espiral del silencio y la sobresaturación. 

En pleno siglo XXI no puede existir censura material (pese a que también esté presente en muchos puntos del globo), sino que se camufla bajo el paraguas del miedo a los posibles efectos de sus publicaciones, sobre todo entre profesionales de información –autocensura-. Esto se complementa con un fenómeno mucho más amplio donde los temas y las informaciones que se consumen, son proporcionadas por grandes conglomerados comunicativos que obvian informaciones que debilitan sus intereses económicos y, por el contrario, abruman con informaciones banales que, finalmente, serán consumidas y retroalimentadas por los espectadores. ¿Es casualidad el importante aumento de los espacios deportivos y de ficción en las televisiones?

La Pepa ya ha cumplido doscientos años y es de recibo conmemorar un documento con indiscutible valor histórico. Pero dejemos los homenajes para otro momento y hagamos autocrítica. Las llamadas a la patria y la utilización del espíritu reformista de los diputados doceañistas para legitimar cambios en el sistema laboral son herramientas chabacanas dignas de discursos retrógrados que no conducen a fin alguno. Las debilidades y deficiencias del sistema político de principios del siglo XIX no sólo no han desaparecido sino que han evolucionado. Actualmente nos encontramos con una sociedad regida por una Constitución avanzada pero que conserva unos problemas estructurales similares a la de 1812. Basta de discursos retóricos, es hora de buscar la pragmática y el cambio real de un sistema deficitario. 

Los gritos de Viva la Pepa podrían ahogarse con esta gran frase de un artista, Víctor Hugo: “La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad; la cobardía es un consentimiento; existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer”. ¿Seguimos gritando eso de Viva la Pepa?

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Vivir de pie, pese a la crisis

Recortes, crisis, flexibilización laboral, paro... Son las palabras más repetidas a lo largo de los últimos meses que copan páginas y minutos de periódicos e informativos. Una saturación que está generando un estado de pesimismo colectivo que provoca hastío y depresión. Frente a ello, las movilizaciones y las acciones de protestas se convierten en un vehículo donde los protagonistas serán los primeros en adaptarse a los nuevos cambios.

Llevamos casi cuatro años imersos en esta nueva realidad que todos denominamos crisis económica. A lo largo de todo este tiempo, las hemerotecas se han llenado de portadas, imágenes y archivos a través de los cuales podemos seguir perfectamente la evolución de la situación en España y en el Mundo. Si hacemos un rápido barrido por ellas, observaremos cómo las noticias son un calco y repiten los mismos esquemas informativos.

Pero si algo ha provocado la crisis ha sido un estímulo negativo en todas los receptores. Estamos en la Sociedad de la Información, un momento de innovación y revolución asombrosa en el ámbito de la comunicación. Internet y las redes sociales han transformado al completo el concepto y las teorías de la comunicación tal y como las conocíamos. O quizás no tanto.

Situémonos en los años 20 cuando el profesor Harold Laswell comienza a estudiar los efectos de los medios de comunicación de masas en la población, sobre todo, la radio y el cine. De ellos, se extrajo la célebre Teoría de la Aguja Hipodérmica, que no es más que la constatación de que los medios de comunicación tienen una extraordinaria influencia en los individuos. Tal es así, que existen unas élites, llamémosle poder, que "inyectan" directamente un mensaje a través de los medios de comunicación entre los ciudadanos, que lo asumen sin discutirlo.

Año 2012. El paradigma comunicativo es radicalmente distinto. Las nuevas tecnologías, las webs 2 y 3.0, los blogs, Twitter, Facebook, Youtube y las miles de páginas webs que existen permiten que, en la actualidad, el mensaje se matice, se cuestione y hasta se niegue. Actualmente, el mensaje no se inyecta de forma directa, sino que existen muchos otros filtros. Pero, ¿y sus efectos?

Podemos decir que las informaciones de los medios de comunicación se matizan e incluso que nuevas herramientas como Twitter, permite obtener información a través de distintas fuentes, sin beber directamente de los grandes medios de comunicación de masas.  Pero la Teoría de la Aguja Hipodérmica es perfectamente extrapolable a la actualidad en cuanto a sus efectos.

Cieñ años después, las repercusiones de los medios de comunicación tradicionales son inmensas. Su agenda, marca los temas de conversación diarios entre la población y sus preocupaciones. Para muestra, un botón, el último barómetro del CIS indica que la mayor preocupación de los españoles es, en este orden, el paro, los problemas económicos, la clase política y la corrupción. Los cuatro temas que copan actualmente la información nacional de todos los medios de comunicación.

El verdadero problema de esta situación radica en las limitaciones que provocan los medios con las reiteradas informaciones sobre la crisis y los problemas económicos. El bombardeo informativo al que el espectador está siendo sometido lo está sumiendo en una suerte de pesimismo antropológico que provoca cansancio, hastío, abatimiento, depresión e incluso, suicidio. El incremento en el número de muertes y suicidios en los últimos años, ¿está causado sólo por la mala situación económica? ¿O por las pocas expectativas de mejora que se poseen en función de la realidad que están conociendo a través de los medios? 

El debate no versa sobre informar o no de la actualidad. La información veraz es necesaria para conocer la realidad y adaptarse a ella. Sin embargo, los medios de comunicación no muestran una alternativa a la actual realidad. Millones de personas sufren en España los problemas derivados de la crisis económica y están informándose constantemente de las posibles cambios en su situación. Pero, ¿qué más?

Se echa en falta un compromiso por parte de las administraciones y las grandes corporaciones mediáticas para mejorar las posibilidades de salida y para impulsar el ánimo colectivo. Si la reiteración acerca de los problemas que asolan el mundo pueden provocar un estado de ánimo depresivo a nivel global, la introducción en la agenda diaria de líneas informativas diferentes que abren nuevas posibilidades y salidas profesionales, podrían generar el efecto contrario: una inyección de positividad colectiva. 

¿Es casualidad que los mayores índices de felicidad recaigan en ciudadanos de países emergentes? ¿Sorprende saber que España se sitúa en los últimos puestos de la clasificación mundial en cuanto a felicidad de los ciudadanos? Si la crisis es contagiosa, sus efectos lo son aún más. Históricamente, la humanidad se ha adaptado a todas las revoluciones. Actualmente, los acontecimientos se suceden a un ritmo vertiginoso y el cambio es constante. Como ya postuló Darwin en El Origen de las Especies, aquellos que mejor se adapten a los cambios, sobrevivirán. Dos siglos después, la teoría continúa viva. 

Sin embargo, el pesimismo colectivo en el que los países occidentales están sumidos ha adoptado un vehículo mediante el que se está transformando: la lucha por el cambio. La crisis está despertando del largo letargo en el que millones de personas vivían. El miedo a perderlo todo ha provocado que se pierda el miedo al cambio y las ciudades están acogiendo de forma habitual manifestaciones, concentraciones y protestas de jubilados, trabajadores y jóvenes estudiantes reclamando una mejora en las condiciones vitales. Aquellos que transforman el pesimismo en indignación y acción se están situando a la vanguardia de la evolución, están siendo protagonistas de una alternativa a la situación actual. El mundo es el que es, pero la forma de vivirlo es optativa. Y, actualmente hay dos: aceptarlo y formar parte de la realidad desoladora o armar el intelecto y cambiar tu modo de vida. ¿Con cuál te quedas?

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El antes se hace ahora

Manifestaciones, estudiantes en la calle, cargas policiales y decenas de detenidos y heridos, son imágenes que se sucedían hace un par de décadas en este país. Lo acontecido en Valencia, se asemeja peligrosamente a las actuaciones de un estado paramilitar que reabren una vieja herida abierta entre ciudadanos y políticos y contribuye a desprestigiar la democracia actual. 

Ayer, el jefe superior de la Policía de Valencia, Antonio Moreno, revivió un Deja Vú y se inspiró en actuaciones que no hace tanto, realizaban sus progenitores. Su enajenación mental comenzó cuando calificó de “enemigos” a unos jóvenes manifestantes que ejercían de forma pacífica dos derechos recogidos en la Constitución: el de la libertad de expresión y el de asociación (artículos 20 y 22 de la C.E). Después, la incapacidad se hizo total y un misterioso espíritu totalitarista y dictatorial tomó forma a través de la represión de las consideradas Fuerzas de Seguridad del Estado, que se convirtieron durante unas horas en agentes de coacción que sometieron las críticas y las protestas al poder de la fuerza bruta. 

La actuación policial desatada obedeció a unas claras directrices que apuntan, en primera instancia, el jefe superior de Policía de Valencia, cuyas afirmaciones evidencian la consideración que posee de los valencianos, pero alcanzan cotas mayores. ¿Existieron órdenes políticas para aplacar a través de la violencia la manifestación? ¿Obedece esto a una nueva línea de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante el nuevo gobierno? No en vano, el 30 de diciembre del pasado año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, relevó a toda la cúpula policial, situando como director general de la Policía, a Ignacio Cosidó, en una estrategia que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó como “politización de la cúpula policial”. 

Casualmente, la manifestación del día después a la represión, contó con una presencia muy inferior de policías y se saldó sin ningún incidente. Nuevas instrucciones. Pero la utilización política de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no es exclusivo de un signo político ¿Alguien piensa que en la permisividad de la actuación policial en las manifestaciones del movimiento 15 M no tuvo una incidencia directa la proximidad de las elecciones locales y el miedo del denostado gobierno del PSOE a perder mayor popularidad? 

Más allá de la instrumentalización política que se está extendiendo en las fuerza de seguridad, la pregunta que todo el mundo se hace es obvia: ¿en qué beneficia a un gobierno recién elegido que se reprima tan violentamente una manifestación que habían comenzado pacíficamente estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia, contra los recortes en Educación? Obviamente, en muy poco. Sin embargo, la actuación no ha sido aún censurada por el Gobierno. El carrusel de declaraciones al respecto es insólita: 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno: “Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a expresar sus opiniones", pero "todo el mundo tiene que entender" que la Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tienen unas funciones que cumplir". "Creo que si todo el mundo actúa con mesura y con sentido común este tipo de cosas no se va a repetir" .

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior: “Nosotros estamos para controlar los excesos y no para excedernos en el control. Ya lo he dicho y está dicho para personas inteligentes, pero que quede claro que cuando hablo de los excesos, estoy hablando de manera muy especial de aquellos radicales y violentos que aprovechan determinadas circunstancias que no deben hacer en ningún momento”.

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia: “No llevemos nuestras simpatías a los que atacan, a los que hacen posible que usted y yo seamos personas libres en una nación libre”. Los agentes de la Policía Nacional “han sido violentamente agredidos”. 

Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana: “Se trata de que (los manifestantes) cometieron un acto que la Policía no podía dejar que ocurriera que era la alteración del tráfico y el corte del tráfico durante muchas horas y en una calle muy importante de la ciudad”. 

Todas ellas tienen en común una omisión de responsabilidades hacia los mandos que ordenaron este tipo de acción policial. Hablando llano, “el enemigo” la compone una masa de estudiantes –radicales y exaltados- enfurecidos. Pero se echa en falta un poco de autocrítica. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana también ha anunciado una investigación y una apertura de expedientes disciplinarios en los casos que lo requieran. ¿Lo hará también con los mandos policiales que ordenaron la carga policial? 

Según las autoridades, exaltados y radicales, una manifestación no autorizada, cortes de tráfico no comunicados y actuaciones agresivas de los estudiantes, fueron las causantes de una respuesta “proporcionada” para el jefe de la Policía Valenciana. Bajo este paraguas de medias verdades y discursos políticamente correctos se esconden, como en la mayoría de manifestaciones, insultos y actitudes desafiantes de los manifestantes hacia la Policía que, durante unos instantes, se autoerigen en protagonistas de una revolución. 

Pero el follaje no debe impedir ver el bosque. Una de las claves de este asunto la aporta el Sindicato Unificado de Policía. Según el SUP, “el fin que se pretendía, (restablecer una calle al tráfico), era menos importante” que evitar “un clima de crispación, heridos, y violencia”. Y añade en su comunicado que “el principio de autoridad (la gestión de los espacios públicos) debe interpretarse con la suficiente flexibilidad como para no crear interviniendo la Policía un problema mayor que el que se pretende resolver”. Por tanto, ¿está justificada la actuación policial sobre personas no armadas? 

Huyendo de tópicos y demagogia, existe en el Estado de Derecho un principio que rige su funcionamiento: la proporcionalidad. Se trata de un axioma, que junto con el de la equidad, impregna el carácter del Estado y la actuación de todos los trabajadores públicos. La proporcionalidad es clave para que un estado democrático funcione con normalidad. Actitudes como la de cuerpo policial en Valencia, a instancias de sus mandos superiores, y la respuesta política generada, no hacen sino perjudicar a un estado democrático y hacen revivir fantasmas del pasado que parecen, no estar enterrados del todo.

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¿Hasta cuándo esta lenta agonía?

La situación que está viviendo Grecia ni es fácil, ni es cómoda y, hasta cierto punto, llega a ser incluso inexplicable. Mientras se vota en el Parlamento Griego unas nuevas medidas de recortes, en las calles se vive una auténtica oleada de protesta que se está saldando con incidentes entre los manifestantes y la policía. La pregunta es, ¿cuándo se pondrá fin a una situación que se está manteniendo forzosamente desde la Unión Europea y en contra de los intereses de la población?

Cronología de la crisis de Grecia

 

Bancarrota, quiebra y catástrofe. En ese orden, es el castigo divino que amenaza a Grecia si el Gobierno no ejecuta sus compromisos fiscales y de reducción del déficit público. A estas horas, los diputados griegos se encuentran en el hemiciclo decidiendo el veredicto, que se dará a conocer dentro de unos minutos. Pero que, previsiblemente, ya conocemos. 

Paralelamente,en la Plaza Syntagma de Atenas, a las puertas del Parlamento griego, unas 50.000 personas (30.000 para la Policía) se manifiestan durante todo el día en señal de protestas por las duras condiciones que recoge el nuevo plan de rescate a Grecia. Serán 130.000 millones de euros (con posibilidad de aumentarlo hasta cerca de 150.000) los que Europa, con Francia y Alemania a la cabeza, inyectará en la economía helena. Con eso, se evitaría una suspensión de pagos en el país que se hace efectiva el 20 marzo, la prioridad más urgente de evitar para los dirigentes griegos.

El conflicto está en las condiciones del rescate y en una situación que se hace insostenible. Al primer rescate que se aprobó en mayo de 2010 incluía un importe de 110.000 euros hasta 2013, a cambio el gobierno heleno tuvo que hacer frente a una reducción de las pensiones, una prolongación de la edad de jubilación hasta los 65 años (antes estaba en los 60 años) y a las creación de diversos impuestos con los que incrementar rápidamente las arcas.

Tan solo dos años después, Grecia ha solicitado un segundo rescate, este mucho más duro, ya que las medidas impuestas desde Europa se suman a la larga listas de ajustes realizados, primero, por el Gobierno de Yorgos Papandréu y luego por Lukás Papadimos, el actual primer ministro. Ahora el Parlamento decide sobre tres cuestiones: la quita de casi el 50% de la deuda griega (100.000 millones de euros) –a cambio de un mayor control por parte de la Unión Europea de la política fiscal griega-, la recapitalización de los bancos griegos y un nuevo plan de ajustes que incluye, entre otras medidas, el despido de 15.000 funcionarios públicos, una rebaja del 22% en el salario mínimo (que estaría rondando los 580 euros), recortes en las pensiones y reducciones de las partidas presupuestarias en materias como Educación y Sanidad.

Bajo esta amalgama de datos, se esconde una realidad: miles de griegos no quieren ser rescatados por bancos alemanes ni quieren seguir sufriendo las consecuencias de una crisis financiera –en torno al 80% de la población rechaza el nuevo plan de ajustes, según la televisión privada Skai y el diario Kathimerini-. La sombra de la salida del Euro ronda al país heleno lo que provocaría un “caos social” que conduciría al “desastre”, según el primer ministro Papadimos.

Lo cierto es que no hay seguridad de que este segundo plan funcione. Es otro intento –uno de los últimos- de la Unión Europea para evitar que las agencias de calificación engullan la deuda griega y los indicadores financieros se tiñan de rojo púrpura. La pregunta que salta ante esta perspectiva es muy clara: ¿por qué se somete y se restringen los derechos de la población griega para mantener una situación financiera extremadamente delicada que no posee las garantías necesarias para pervivir en la Zona Euro? Desde 2009, se han recrudecido las condiciones socioeconómicas de los griegos hasta alcanzar una tasa de paro cercana al 21% y aún así, los dirigentes solicitan comprensión para seguir prolongando la agonía.

En esta situación entra en juego el principio de la proporcionalidad y la equidad, principios claves que rigen el Estado de Bienestar. ¿Es proporcional tensar la cuerda tanto del lado de los ciudadanos –recordemos que el plan de rescate conlleva una recapitalización de los bancos que luego, difícilmente se traducirá en la concesión de créditos para las familias- sin garantías solventes de mejora? ¿Se está gravando equitativamente a todos los sectores públicos?

Todo esto lleva a plantear si la única alternativa es romper el Status Quo imperante a través de un plante a la Unión Europea –una situación insólita que ningún gobierno parece contemplar hasta el momento- o una hipotética salida del Euro. Siguiendo los criterios de los expertos financieros, esto supondría un contagio a países como Italia, Portugal y España, que serían atacados por especuladores y agencias y afectaría gravemente la economía europea hasta niveles insospechados.  A tenor de las previsiones de la tan famosa troika (los comisarios del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea) se ocasionaría el desastre.

Un discurso manido que inyecta aún más miedo a una población aletargada que no sabe qué hacer para frenar una pérdida de la soberanía y una vulneración de la tan aclamada democracia en la que nos encontramos. La espera pasiva ha traído infinidad de recortes a los griegos, las movilizaciones, se están castigando con fuertes dosis de violencia y las voces discordantes no parecen tener cabida en este sistema. ¿Hasta cuándo se prolongará esta agonía?

La experiencia griega puede ofrecer una solución. Grecia es un espejo donde España se siente cada vez más reflejado. El nuevo plan de ajustes que saldrá elegido esta noche pondrá al límite la paciencia de una población agotada y asfixiada por unos recortes impuestos desde las élites. Un estallido social podría acabar con los planes de la Unión Europea y, en ese caso, ¿sería el fin de Grecia? ¿No existe alternativa a los recortes, la violación de derechos y la devaluación de la democracia que están rigiendo los designios de millones de personas? Prepare el chuvasquero porque la tomenta ha comenzado y es muy posible que le salpique.

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La mala educación

José Ignacio Wert, ministro de Educación

El Gobierno de España ha anunciado nuevas medidas educativas que, pese a no conocerse con exactitud, parecen generar unas expectativas contradictorias. Junto a ello, las últimas actuaciones del Ministerio con las oposiciones a profesor de Secundaria en Andalucía, hacen prever unas política educativa que tendrá un fuerte componente ideológico revanchista detrás de ella.

Hace meses que dejé de escribir el blog por falta de tiempo al comenzar otros proyectos. Sin embargo, las nuevas circunstancias que están sucediendo han provocado que el que suscribe estas líneas, alcance un nivel de hartazgo que sólo tiene una salida positiva: la opinión a través de la palabra escrita. Y he considerado que este blog es el vehículo perfecto para ello. No determinaré días ni plazos, un blog es un cuaderno de bitácora muy personal, y a él acudiré para expresar mi indignación y mis emociones con todo lo que nos rodea. Alegría para mis seguidores, pesadumbre para mis detractores.

La película realizada por el fructífero cineasta español, Pedro Almodóvar en 2004, ilustra muy bien el asunto que me ha traído de vuelta aquí. Un ámbito que me atrae desde hace tiempo y que considero el baluarte indispensable de cualquier civilización. La Educación, eso que en España, se pisotea, se manipula, se adoctrina y se destruye para generar una sociedad más aburguesada, menos crítica y más gilipollas, hablemos claro.

El anuncio del Gobierno de España de la modificación de la Ley Orgánica de Educación no supone ninguna novedad. Gobierno nuevo, ley nueva, es la tónica en este país desde la implantación de la LOGSE en 1990. Y, con los nuevos rumbos que ha tomado el país, era cuestión de tiempo un anuncio de estas características. Sin embargo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sin concretar las nuevas medidas que recogerá la futura ley de educación (ya se verá si será orgánica) avanzó algunas pinceladas a modo de globo sonda para ir comprobando la reacción de la ciudadanía en un ámbito que puede generar una fuerte impopularidad en cuestión de segundos a través de las redes sociales (como así ha sido).

La ampliación del Bachillerato a tres años, sorprende, por ser una medida que retoma los viejos estudios secundarios, pero da un giro con aires renovadores, y los europeíza. Al estilo alemán, el Gobierno del Partido Popular, pretende adelantar la edad de decisión de los jóvenes a los 15 años, donde ya se decidirá si seguir estudiando Bachillerato u optar por la Formación Profesional. Aunque, siendo los 16 años, la edad mínima obligatoria para abandonar los estudios, este avance adolece de cierta consistencia práctica y jurídica, a la vez que genera no pocas duda, entre ellas: ¿será 1º de Bachillerato o el primer curso de FP obligatorio? ¿Se acortará la edad legal para dejar de estudiar?

Otra de las medidas avanzadas ha sido el futuro de becas. Con un recorte estimado en el Ministerio de Educación de más de 400 millones de euros, el ministro ha asegurado que este logro social, no se resentirá. Eso sí, ha avanzado cambios en las becas tal y como las conocemos. Sin querer profundizar más (quizás por miedo a introducirse en un fangoso charco), Wert afirmó que se intentará dotar a las becas de un criterio de excelencia. Es decir, considerar el currículum del estudiante y las calificaciones como eje para su concesión, unas declaraciones que suenan a un recorte velado de la partida para becas escudadas en el lema "privilegios para los mejores".

Pero ni el Bachillerato de tres años, ni el recorte en becas, ni siquiera  la sustitución de la adoctrinadora asignatura Educación para la Ciudadanía por otra similar, Educación Cívica y Constitucional, (ECC) pero con la carga ideológica a la diestra, ha generado tanta polémica como el anuncio del cambio de materias en las oposiciones a Secundaria en Andalucía. 

Se trata de una muestra más del fuerte componente ideológico que está impregnando este nuevo Gobierno. Su compromiso por desmarcarse a velocidad de vértigo de todo lo que huele a socialista, es tal, que se están tomando medidas improvisadas e ilógicas de todo punto por parte de un gobierno recién elegido. El cambio en los temarios a las oposiciones no obedece a criterios de calidad como argumenta el ministro, es imposible mantener este discurso cuando se vuelve a unos contenidos aprobados entre 1993 y 1996. No porque la educación de antes fuera mala, sino porque el cambio social que se produce desde entonces obliga a afrontar los contenidos educativos a través de formas más innovadoras.

La pregunta es saber los motivos del castigo de Wert. ¿Se trata de un zarpazo al Gobierno de la Junta de Andalucía para debiliarlo de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo? ¿Es una vendetta del Gobierno central, amparándose en que las Comunidades Autónomas (14 de las 19 autonomías están gobernadas por el PP) decidieron no convocar oposiciones hasta 2013 para mantener los compromisos de déficit y fiscales estipulados por el Gobierno, mientras el Gobierno andaluz les retó ofertando más de 2.000 plazas?

Es evidente que el PP no ha comenzado su andadura con actitud conciliadora y pactista, sino todo lo contrario. Esta actitud revanchista, encuentra a la Educación como una arma arrojadiza para castigar fallos ajenos y elogiar aciertos propios. Pero desde la ciudadanía, en este ámbito se reclama lo que se espera de los dirigentes políticos: compromiso y conciliación para generar un diálogo constructivo que permita unificar criterios y estabilizar a la Educación, alejándola de la inseguridad jurídica y política que la cobija. Las ideologías, para los mítines, la verdadera actitud que se reclama al Gobierno es un comportamiento que garantice un pacto de estado definitivo que permita incrementar los niveles de calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los jóvenes españoles. ¿Es mucho pedir, señor Wert?

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28-F: arroz y copla

El conmemorado Día de Andalucía es celebrado en todos los municipios andaluces con ritmos de sevillanas, flamenco y breves recuerdos al himno. Es un día donde las verbenas restan enteros a su trascendencia y las implicaciones que tuvo el 28 de febrero para la región. ¿Qué queda hoy del espíritu de 1980?

Todos los que viven en Andalucía habrán podido observar que el 28 de febrero no es un día más. En primer lugar, es festivo, con todos los efectos que ello conlleva, más si el calendario permite que coincida después de un domingo. E indudablemente es festejado en todas las localidades andaluzas donde las celebraciones cobran diferentes formas, aunque todas mantienen una nexos comunes: espectáculos de sevillanas, flamenco, banderas de Andalucía engalanando el lugar, familias enteras contemplando la ceremonia y, como plato fuerte, el equipo de gobierno del lugar saludando al populacho concentrado.

El 28-F se ha convertido en una verbena. Una velada donde entre platos de comida –el arroz es muy recurrente en este día- y vasos de cerveza –más o menos en función del calor- la gente se amontona en los lugares establecidos por el ayuntamiento para disfrutar de un buen día entre compases típicos del sur. Una fiesta que puede pasar por cualquier otra si se despojan las banderas andaluzas colgadas de balcones y farolas.

Pero para eliminar el espíritu inocuo e inocente de esta celebración, el ayuntamiento de turno se encarga de politizar el evento situando la verbena en un barrio leal al partido - previamente maquillado ¿con fines electorales?- donde la corporación municipal recibe las arengas de los vecinos. No es, ni mucho menos, una radiografía de todos los pueblos de Andalucía, pero sí es una situación frecuente en muchas localidades andaluzas.

La fiesta se alarga hasta la tarde tras lo cual, se recogen los bártulos y a casa. La vida sigue. ¿Qué ha sido del 28-F? Un día más, una especie de domingo entre semana que parece un homenaje más a la copla que a la autonomía andaluza. No es cuestión de criticar la celebración del día. Es un día para la Historia de Andalucía y así se ha reflejado con el paso del tiempo. Sin embargo, -y sin la intención de caer en un romanticismo exacerbado- se ha perdido el espíritu del 28-F y, lo más alarmante, tampoco existe intención mínima de recuperarlo.

Relatos, citas, cuentos, recreaciones, o teatros. De mil formas posibles se puede acercar la Historia de este día al pueblo para disfrutarlo al igual que ahora, pero con un mayor sentido y un conocimiento más profundo de lo que significó. Y no como una verbena de barrio con fines recaudatorios. El que escribe no vivió en 1980 pero, intentando no pecar de pretencioso, puede afirmar con toda seguridad que aquellos que lucharon para alcanzar la autonomía andaluza no esperaban que el 28-F se transformara en lo que hoy es.

Pero aquel espíritu revolucionario, luchador e idealista no casa con el sistema actual. Es mejor apagarlo y reforzar los tópicos populares porque así se logra entretener y no pensar. Con perdón de la expresión y haciendo una traslación del dicho latino, el 28-F se reduce a arroz y coplas. Y que no falten los gritos de ¡Viva Andalucía libre! ¿Libertad? Creo que se quedó con el referéndum de 1980.

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Hablando de trajes, ERES, borreguismo y políticos

Hace 36 años, España reclamaba una revolución, una caída del régimen establecido. La dictadura de Franco había sometido a millones de españoles durante casi cuarenta años e, inconscientemente, había dotado a muchos españoles de un arma que, finalmente, conseguiría acabar con el franquismo: el pensamiento crítico. La movilización ciudadana era sorprendentemente alta –lo ocurrido en Egipto y en otras partes del mundo árabe recuerdan las ansias de cambio que buscaba la población en España- y, dejando de un lado sus diferencias económicas o políticas, luchaban de un lado para cambiar la realidad.

Sin querer pecar de una visión romántica, es cierto que de la España del 75 poco queda más que los recuerdos. Ni siquiera la sociedad es la misma. Es más, podemos decir que la sociedad es otra radicalmente distinta a la de entonces. Muchos cambios, algunos buenos otros mucho peores. Pero en general, la ciudadanía de hoy ha dejado de lado la lucha por el cambio. Pero ¿qué cambio? ¿No es España un país democrático, medianamente rico, que posee paz social y ofrece un buen nivel de vida a los ciudadanos? Indudablemente sí. Entonces, ¿ya se ha acabado el control y la necesidad de mejora? Tajantemente no.

Y la actualidad nos muestra continuos ejemplos de ello. Observamos tramas urdidas desde el poder que generan situaciones de corrupción, tráfico de influencias y abusos de poder. Ahora, en Andalucía, los Expedientes de Regulación de Empleo concedidos de manera irregular a ex-miembros socialistas. Antes, en Valencia, una supuesta red de financiación ilegal del Partido Popular. A nivel nacional, Gobierno y oposición se fusilan desde sus tribunas a cuenta de un chivatazo de la Policía a miembros de ETA. Y así, un sinfín de casos en las administraciones locales, autonómicas y estatales. Fuera de las fronteras, mencionar a Berlusconi, ofrece una visión de los representantes políticos de difícil calificación. 

Son razones más que de sobra para generar un movimiento social a favor de la transparencia y el cambio en países democráticos y desarrollados. Pero no ocurre. El pueblo, que debe liderar esa revolución, está cansado, ha perdido su espíritu crítico y emprendedor. Se ha perdido la cohesión social y la unión como ejes impulsores de los cambios. El ciudadano de a pie, cuando llega de trabajar, acude a casa y cree informarse de lo que hacen sus representantes. Critica cuando no le gusta algo. Pero pronto se va a dormir porque dentro de escasas horas tendrá que acudir de nuevo a su puesto laboral –si lo tiene-.

La sociedad está aburguesada y cansada. Existe un nivel de vida lo suficientemente alto para que el conservadurismo innato de las personas evite la incertidumbre de los cambios. A esto, se une un individualismo cada vez más exacerbado, alimentado por las entrañas del sistema capitalista, y un pesimismo resignado de que, a estas alturas, nada puede cambiar. Por todo ello se genera un hastío que favorece que la clase política actúe, cada vez, con mayor permisividad y menor diligencia profesional. Mirar a izquierda o derecha es, a día de hoy, elegir por tendencias similares. Los colores se han difuminado. La sociedad no sabe qué hacer.

Como si se tratara de un pacto no escrito, los ciudadanos observan cómo sus representantes adoptan medidas erróneas o contrarias a sus intereses e intentan, resignadamente, que tengan las menores consecuencias posibles. Se ha confeccionado un sistema donde la soberanía popular no existe, puesto que el pueblo no decide en absoluto sus designios. Sólo puede elegir qué tipo de personaje aplicará las reglas ya impuestas. 

Echar la vista atrás no es un ejercicio romántico, sino necesario para intentar resucitar el espíritu optimista de las reformas. Es necesario criticar y alzar la voz de la sociedad. Aún queda mucho por cambiar. Pero es vital recuperar las fuerzas para utilizar los instrumentos adecuados con los que reformar los aspectos más calamitosos del sistema. Ahora se hace más necesario que nunca el lema de “luz y taquígrafos”. El periodismo debe descontaminarse, dejar de ofrecer pseduoinformaciones y apostar por un ejercicio sano. La época de las grandes revoluciones políticas ha pasado. Pero puede comenzar otra.

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¿Revolución en Egipto?

La caída de Mubarak en Egipto se ha ensalzado en la mayoría de medios como un ejercicio de democracia puro. Una modélica revolución donde el pueblo ha aniquilado al tirano corrupto para conseguir un estado democrático -o algo parecido a ello- con el que alcanzar el bienestar occidental. Si las democracias occidentales son el ejemplo a seguir, ¿sirven realmente las revoluciones?

Tras dieciocho días de intensa lucha entre el pueblo y sus gobernantes, la sociedad egipcia ha conseguido destronar al rais. Las movilizaciones multitudinarias, los enfrentamientos con la policía y la muerte de trescientos civiles –una cifra extraordinariamente elevada que ha pasado de puntillas por las cabeceras- han tenido la recompensa esperada. Hosni Mubarak, el presidente de Egipto desde 1981, dimitió del cargo casi por sorpresa, horas después de anunciar que seguiría al frente del país.

Casi todos los actores internacionales se apuntaron a tiempo al cambio en Egipto. Desde la Unión Europea hasta Estados Unidos, todos defendían una transición ordenada cuando comprobaron que no había marcha atrás. Un oportunismo del que poco se ha hablado en los medios, curiosamente.

Portadas, reportajes, seguimientos en vivo, enviados especiales, ríos de tinta están corriendo informando de un acontecimiento que, indudablemente, se convertirá en una de las noticias más importantes del año. El País llegó a crear en su versión digital una portadilla con el lema “Oleada de cambio en el mundo árabe”, bajo la cual se insertan todas las noticias sobre las movilizaciones de países como Túnez, Egipto y, más recientemente, Argelia.

Al estilo del ‘happy end’ de Hollywood, el villano ha caído y ahora se debe imponer un estado que vele por los derechos de los ciudadanos, un estado del bienestar a imagen y semejanza de los padres occidentales. Los Hermanos Musulmanes –principal oposición del partido de Mubarak- estiman que el destronamiento del rais perjudica a Estados Unidos y a Israel. Pero es muy ingenuo pensar que el futuro líder egipcio no disfrutará de la complacencia de la Administración Obama.

El futuro estado egipcio pasa por ser una avanzadilla en el mundo árabe. Un experimento que profundizará en la occidentalización del país y que tendrá réplicas en muchos otros estados. Los propios Hermanos Musulmanes declararon recientemente que no entra en sus planes crear un estado religioso musulmán. Las grandes potencias de occidente son los espejos donde miran los ciudadanos de países “menos desarrollados”. Son los ejemplos a seguir.

Occidente ha sabido exportar las bondades del sistema de economía de mercado y de las democracias como la panacea a los problemas de los estados. Pero oculta, hábilmente, que es el mismo sistema que genera la situación de dependencia y desigualdad mundial. Si las democracias occidentales son las metas a lograr, ¿se ha desvirtuado el concepto de revolución? Si aludimos a Marx, la revolución es el medio de alcanzar la síntesis, el resultado de enfrentar la tesis y la antítesis. Pero en la actualidad sólo tenemos la tesis: el capitalismo occidental cada vez más globalizado y aceptado como el modo de vida idóneo. No existe una antítesis al capitalismo. Por tanto, las revoluciones pierden el sentido originario de alterar el orden establecido y generar el cambio deseado.

Los tratamientos mediáticos que ensalzan las revueltas en Egipto y otras zonas del mundo árabe son un mecanismo más de propaganda del sistema occidental. Panfletos que elogian cómo se lleva a cabo una revolución ficticia que aspira a conseguir un estado democrático que conseguirá exterminar las dificultades del país. Es innegable el avance en algunos ámbitos –los derechos humanos son el mejor ejemplo- que supondrá la creación de un estado no regido por el Corán. Pero, un rápido análisis, enumera decenas de contradicciones del sistema: lacayos de la banca disfrazados de políticos, demagogia populista electoral, libertades recortadas…

Las revueltas en Egipto han conseguido acabar con un líder autoritario que no gozaba con el apoyo del pueblo. El tirano ha caído. El bien se ha alzado: la democratización ha llegado. Egipto se incorporará ahora al carro de los estados occidentales. En unas décadas sería interesante escuchar la opinión de los egipcios a la pregunta: ¿ha existido realmente una revolución?

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