El antes se hace ahora

Manifestaciones, estudiantes en la calle, cargas policiales y decenas de detenidos y heridos, son imágenes que se sucedían hace un par de décadas en este país. Lo acontecido en Valencia, se asemeja peligrosamente a las actuaciones de un estado paramilitar que reabren una vieja herida abierta entre ciudadanos y políticos y contribuye a desprestigiar la democracia actual. 

Ayer, el jefe superior de la Policía de Valencia, Antonio Moreno, revivió un Deja Vú y se inspiró en actuaciones que no hace tanto, realizaban sus progenitores. Su enajenación mental comenzó cuando calificó de “enemigos” a unos jóvenes manifestantes que ejercían de forma pacífica dos derechos recogidos en la Constitución: el de la libertad de expresión y el de asociación (artículos 20 y 22 de la C.E). Después, la incapacidad se hizo total y un misterioso espíritu totalitarista y dictatorial tomó forma a través de la represión de las consideradas Fuerzas de Seguridad del Estado, que se convirtieron durante unas horas en agentes de coacción que sometieron las críticas y las protestas al poder de la fuerza bruta. 

La actuación policial desatada obedeció a unas claras directrices que apuntan, en primera instancia, el jefe superior de Policía de Valencia, cuyas afirmaciones evidencian la consideración que posee de los valencianos, pero alcanzan cotas mayores. ¿Existieron órdenes políticas para aplacar a través de la violencia la manifestación? ¿Obedece esto a una nueva línea de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante el nuevo gobierno? No en vano, el 30 de diciembre del pasado año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, relevó a toda la cúpula policial, situando como director general de la Policía, a Ignacio Cosidó, en una estrategia que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó como “politización de la cúpula policial”. 

Casualmente, la manifestación del día después a la represión, contó con una presencia muy inferior de policías y se saldó sin ningún incidente. Nuevas instrucciones. Pero la utilización política de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no es exclusivo de un signo político ¿Alguien piensa que en la permisividad de la actuación policial en las manifestaciones del movimiento 15 M no tuvo una incidencia directa la proximidad de las elecciones locales y el miedo del denostado gobierno del PSOE a perder mayor popularidad? 

Más allá de la instrumentalización política que se está extendiendo en las fuerza de seguridad, la pregunta que todo el mundo se hace es obvia: ¿en qué beneficia a un gobierno recién elegido que se reprima tan violentamente una manifestación que habían comenzado pacíficamente estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia, contra los recortes en Educación? Obviamente, en muy poco. Sin embargo, la actuación no ha sido aún censurada por el Gobierno. El carrusel de declaraciones al respecto es insólita: 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno: “Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a expresar sus opiniones", pero "todo el mundo tiene que entender" que la Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tienen unas funciones que cumplir". "Creo que si todo el mundo actúa con mesura y con sentido común este tipo de cosas no se va a repetir" .

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior: “Nosotros estamos para controlar los excesos y no para excedernos en el control. Ya lo he dicho y está dicho para personas inteligentes, pero que quede claro que cuando hablo de los excesos, estoy hablando de manera muy especial de aquellos radicales y violentos que aprovechan determinadas circunstancias que no deben hacer en ningún momento”.

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia: “No llevemos nuestras simpatías a los que atacan, a los que hacen posible que usted y yo seamos personas libres en una nación libre”. Los agentes de la Policía Nacional “han sido violentamente agredidos”. 

Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana: “Se trata de que (los manifestantes) cometieron un acto que la Policía no podía dejar que ocurriera que era la alteración del tráfico y el corte del tráfico durante muchas horas y en una calle muy importante de la ciudad”. 

Todas ellas tienen en común una omisión de responsabilidades hacia los mandos que ordenaron este tipo de acción policial. Hablando llano, “el enemigo” la compone una masa de estudiantes –radicales y exaltados- enfurecidos. Pero se echa en falta un poco de autocrítica. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana también ha anunciado una investigación y una apertura de expedientes disciplinarios en los casos que lo requieran. ¿Lo hará también con los mandos policiales que ordenaron la carga policial? 

Según las autoridades, exaltados y radicales, una manifestación no autorizada, cortes de tráfico no comunicados y actuaciones agresivas de los estudiantes, fueron las causantes de una respuesta “proporcionada” para el jefe de la Policía Valenciana. Bajo este paraguas de medias verdades y discursos políticamente correctos se esconden, como en la mayoría de manifestaciones, insultos y actitudes desafiantes de los manifestantes hacia la Policía que, durante unos instantes, se autoerigen en protagonistas de una revolución. 

Pero el follaje no debe impedir ver el bosque. Una de las claves de este asunto la aporta el Sindicato Unificado de Policía. Según el SUP, “el fin que se pretendía, (restablecer una calle al tráfico), era menos importante” que evitar “un clima de crispación, heridos, y violencia”. Y añade en su comunicado que “el principio de autoridad (la gestión de los espacios públicos) debe interpretarse con la suficiente flexibilidad como para no crear interviniendo la Policía un problema mayor que el que se pretende resolver”. Por tanto, ¿está justificada la actuación policial sobre personas no armadas? 

Huyendo de tópicos y demagogia, existe en el Estado de Derecho un principio que rige su funcionamiento: la proporcionalidad. Se trata de un axioma, que junto con el de la equidad, impregna el carácter del Estado y la actuación de todos los trabajadores públicos. La proporcionalidad es clave para que un estado democrático funcione con normalidad. Actitudes como la de cuerpo policial en Valencia, a instancias de sus mandos superiores, y la respuesta política generada, no hacen sino perjudicar a un estado democrático y hacen revivir fantasmas del pasado que parecen, no estar enterrados del todo.

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¿Hasta cuándo esta lenta agonía?

La situación que está viviendo Grecia ni es fácil, ni es cómoda y, hasta cierto punto, llega a ser incluso inexplicable. Mientras se vota en el Parlamento Griego unas nuevas medidas de recortes, en las calles se vive una auténtica oleada de protesta que se está saldando con incidentes entre los manifestantes y la policía. La pregunta es, ¿cuándo se pondrá fin a una situación que se está manteniendo forzosamente desde la Unión Europea y en contra de los intereses de la población?

Cronología de la crisis de Grecia

 

Bancarrota, quiebra y catástrofe. En ese orden, es el castigo divino que amenaza a Grecia si el Gobierno no ejecuta sus compromisos fiscales y de reducción del déficit público. A estas horas, los diputados griegos se encuentran en el hemiciclo decidiendo el veredicto, que se dará a conocer dentro de unos minutos. Pero que, previsiblemente, ya conocemos. 

Paralelamente,en la Plaza Syntagma de Atenas, a las puertas del Parlamento griego, unas 50.000 personas (30.000 para la Policía) se manifiestan durante todo el día en señal de protestas por las duras condiciones que recoge el nuevo plan de rescate a Grecia. Serán 130.000 millones de euros (con posibilidad de aumentarlo hasta cerca de 150.000) los que Europa, con Francia y Alemania a la cabeza, inyectará en la economía helena. Con eso, se evitaría una suspensión de pagos en el país que se hace efectiva el 20 marzo, la prioridad más urgente de evitar para los dirigentes griegos.

El conflicto está en las condiciones del rescate y en una situación que se hace insostenible. Al primer rescate que se aprobó en mayo de 2010 incluía un importe de 110.000 euros hasta 2013, a cambio el gobierno heleno tuvo que hacer frente a una reducción de las pensiones, una prolongación de la edad de jubilación hasta los 65 años (antes estaba en los 60 años) y a las creación de diversos impuestos con los que incrementar rápidamente las arcas.

Tan solo dos años después, Grecia ha solicitado un segundo rescate, este mucho más duro, ya que las medidas impuestas desde Europa se suman a la larga listas de ajustes realizados, primero, por el Gobierno de Yorgos Papandréu y luego por Lukás Papadimos, el actual primer ministro. Ahora el Parlamento decide sobre tres cuestiones: la quita de casi el 50% de la deuda griega (100.000 millones de euros) –a cambio de un mayor control por parte de la Unión Europea de la política fiscal griega-, la recapitalización de los bancos griegos y un nuevo plan de ajustes que incluye, entre otras medidas, el despido de 15.000 funcionarios públicos, una rebaja del 22% en el salario mínimo (que estaría rondando los 580 euros), recortes en las pensiones y reducciones de las partidas presupuestarias en materias como Educación y Sanidad.

Bajo esta amalgama de datos, se esconde una realidad: miles de griegos no quieren ser rescatados por bancos alemanes ni quieren seguir sufriendo las consecuencias de una crisis financiera –en torno al 80% de la población rechaza el nuevo plan de ajustes, según la televisión privada Skai y el diario Kathimerini-. La sombra de la salida del Euro ronda al país heleno lo que provocaría un “caos social” que conduciría al “desastre”, según el primer ministro Papadimos.

Lo cierto es que no hay seguridad de que este segundo plan funcione. Es otro intento –uno de los últimos- de la Unión Europea para evitar que las agencias de calificación engullan la deuda griega y los indicadores financieros se tiñan de rojo púrpura. La pregunta que salta ante esta perspectiva es muy clara: ¿por qué se somete y se restringen los derechos de la población griega para mantener una situación financiera extremadamente delicada que no posee las garantías necesarias para pervivir en la Zona Euro? Desde 2009, se han recrudecido las condiciones socioeconómicas de los griegos hasta alcanzar una tasa de paro cercana al 21% y aún así, los dirigentes solicitan comprensión para seguir prolongando la agonía.

En esta situación entra en juego el principio de la proporcionalidad y la equidad, principios claves que rigen el Estado de Bienestar. ¿Es proporcional tensar la cuerda tanto del lado de los ciudadanos –recordemos que el plan de rescate conlleva una recapitalización de los bancos que luego, difícilmente se traducirá en la concesión de créditos para las familias- sin garantías solventes de mejora? ¿Se está gravando equitativamente a todos los sectores públicos?

Todo esto lleva a plantear si la única alternativa es romper el Status Quo imperante a través de un plante a la Unión Europea –una situación insólita que ningún gobierno parece contemplar hasta el momento- o una hipotética salida del Euro. Siguiendo los criterios de los expertos financieros, esto supondría un contagio a países como Italia, Portugal y España, que serían atacados por especuladores y agencias y afectaría gravemente la economía europea hasta niveles insospechados.  A tenor de las previsiones de la tan famosa troika (los comisarios del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea) se ocasionaría el desastre.

Un discurso manido que inyecta aún más miedo a una población aletargada que no sabe qué hacer para frenar una pérdida de la soberanía y una vulneración de la tan aclamada democracia en la que nos encontramos. La espera pasiva ha traído infinidad de recortes a los griegos, las movilizaciones, se están castigando con fuertes dosis de violencia y las voces discordantes no parecen tener cabida en este sistema. ¿Hasta cuándo se prolongará esta agonía?

La experiencia griega puede ofrecer una solución. Grecia es un espejo donde España se siente cada vez más reflejado. El nuevo plan de ajustes que saldrá elegido esta noche pondrá al límite la paciencia de una población agotada y asfixiada por unos recortes impuestos desde las élites. Un estallido social podría acabar con los planes de la Unión Europea y, en ese caso, ¿sería el fin de Grecia? ¿No existe alternativa a los recortes, la violación de derechos y la devaluación de la democracia que están rigiendo los designios de millones de personas? Prepare el chuvasquero porque la tomenta ha comenzado y es muy posible que le salpique.

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La mala educación

José Ignacio Wert, ministro de Educación

El Gobierno de España ha anunciado nuevas medidas educativas que, pese a no conocerse con exactitud, parecen generar unas expectativas contradictorias. Junto a ello, las últimas actuaciones del Ministerio con las oposiciones a profesor de Secundaria en Andalucía, hacen prever unas política educativa que tendrá un fuerte componente ideológico revanchista detrás de ella.

Hace meses que dejé de escribir el blog por falta de tiempo al comenzar otros proyectos. Sin embargo, las nuevas circunstancias que están sucediendo han provocado que el que suscribe estas líneas, alcance un nivel de hartazgo que sólo tiene una salida positiva: la opinión a través de la palabra escrita. Y he considerado que este blog es el vehículo perfecto para ello. No determinaré días ni plazos, un blog es un cuaderno de bitácora muy personal, y a él acudiré para expresar mi indignación y mis emociones con todo lo que nos rodea. Alegría para mis seguidores, pesadumbre para mis detractores.

La película realizada por el fructífero cineasta español, Pedro Almodóvar en 2004, ilustra muy bien el asunto que me ha traído de vuelta aquí. Un ámbito que me atrae desde hace tiempo y que considero el baluarte indispensable de cualquier civilización. La Educación, eso que en España, se pisotea, se manipula, se adoctrina y se destruye para generar una sociedad más aburguesada, menos crítica y más gilipollas, hablemos claro.

El anuncio del Gobierno de España de la modificación de la Ley Orgánica de Educación no supone ninguna novedad. Gobierno nuevo, ley nueva, es la tónica en este país desde la implantación de la LOGSE en 1990. Y, con los nuevos rumbos que ha tomado el país, era cuestión de tiempo un anuncio de estas características. Sin embargo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sin concretar las nuevas medidas que recogerá la futura ley de educación (ya se verá si será orgánica) avanzó algunas pinceladas a modo de globo sonda para ir comprobando la reacción de la ciudadanía en un ámbito que puede generar una fuerte impopularidad en cuestión de segundos a través de las redes sociales (como así ha sido).

La ampliación del Bachillerato a tres años, sorprende, por ser una medida que retoma los viejos estudios secundarios, pero da un giro con aires renovadores, y los europeíza. Al estilo alemán, el Gobierno del Partido Popular, pretende adelantar la edad de decisión de los jóvenes a los 15 años, donde ya se decidirá si seguir estudiando Bachillerato u optar por la Formación Profesional. Aunque, siendo los 16 años, la edad mínima obligatoria para abandonar los estudios, este avance adolece de cierta consistencia práctica y jurídica, a la vez que genera no pocas duda, entre ellas: ¿será 1º de Bachillerato o el primer curso de FP obligatorio? ¿Se acortará la edad legal para dejar de estudiar?

Otra de las medidas avanzadas ha sido el futuro de becas. Con un recorte estimado en el Ministerio de Educación de más de 400 millones de euros, el ministro ha asegurado que este logro social, no se resentirá. Eso sí, ha avanzado cambios en las becas tal y como las conocemos. Sin querer profundizar más (quizás por miedo a introducirse en un fangoso charco), Wert afirmó que se intentará dotar a las becas de un criterio de excelencia. Es decir, considerar el currículum del estudiante y las calificaciones como eje para su concesión, unas declaraciones que suenan a un recorte velado de la partida para becas escudadas en el lema "privilegios para los mejores".

Pero ni el Bachillerato de tres años, ni el recorte en becas, ni siquiera  la sustitución de la adoctrinadora asignatura Educación para la Ciudadanía por otra similar, Educación Cívica y Constitucional, (ECC) pero con la carga ideológica a la diestra, ha generado tanta polémica como el anuncio del cambio de materias en las oposiciones a Secundaria en Andalucía. 

Se trata de una muestra más del fuerte componente ideológico que está impregnando este nuevo Gobierno. Su compromiso por desmarcarse a velocidad de vértigo de todo lo que huele a socialista, es tal, que se están tomando medidas improvisadas e ilógicas de todo punto por parte de un gobierno recién elegido. El cambio en los temarios a las oposiciones no obedece a criterios de calidad como argumenta el ministro, es imposible mantener este discurso cuando se vuelve a unos contenidos aprobados entre 1993 y 1996. No porque la educación de antes fuera mala, sino porque el cambio social que se produce desde entonces obliga a afrontar los contenidos educativos a través de formas más innovadoras.

La pregunta es saber los motivos del castigo de Wert. ¿Se trata de un zarpazo al Gobierno de la Junta de Andalucía para debiliarlo de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo? ¿Es una vendetta del Gobierno central, amparándose en que las Comunidades Autónomas (14 de las 19 autonomías están gobernadas por el PP) decidieron no convocar oposiciones hasta 2013 para mantener los compromisos de déficit y fiscales estipulados por el Gobierno, mientras el Gobierno andaluz les retó ofertando más de 2.000 plazas?

Es evidente que el PP no ha comenzado su andadura con actitud conciliadora y pactista, sino todo lo contrario. Esta actitud revanchista, encuentra a la Educación como una arma arrojadiza para castigar fallos ajenos y elogiar aciertos propios. Pero desde la ciudadanía, en este ámbito se reclama lo que se espera de los dirigentes políticos: compromiso y conciliación para generar un diálogo constructivo que permita unificar criterios y estabilizar a la Educación, alejándola de la inseguridad jurídica y política que la cobija. Las ideologías, para los mítines, la verdadera actitud que se reclama al Gobierno es un comportamiento que garantice un pacto de estado definitivo que permita incrementar los niveles de calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los jóvenes españoles. ¿Es mucho pedir, señor Wert?

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28-F: arroz y copla

El conmemorado Día de Andalucía es celebrado en todos los municipios andaluces con ritmos de sevillanas, flamenco y breves recuerdos al himno. Es un día donde las verbenas restan enteros a su trascendencia y las implicaciones que tuvo el 28 de febrero para la región. ¿Qué queda hoy del espíritu de 1980?

Todos los que viven en Andalucía habrán podido observar que el 28 de febrero no es un día más. En primer lugar, es festivo, con todos los efectos que ello conlleva, más si el calendario permite que coincida después de un domingo. E indudablemente es festejado en todas las localidades andaluzas donde las celebraciones cobran diferentes formas, aunque todas mantienen una nexos comunes: espectáculos de sevillanas, flamenco, banderas de Andalucía engalanando el lugar, familias enteras contemplando la ceremonia y, como plato fuerte, el equipo de gobierno del lugar saludando al populacho concentrado.

El 28-F se ha convertido en una verbena. Una velada donde entre platos de comida –el arroz es muy recurrente en este día- y vasos de cerveza –más o menos en función del calor- la gente se amontona en los lugares establecidos por el ayuntamiento para disfrutar de un buen día entre compases típicos del sur. Una fiesta que puede pasar por cualquier otra si se despojan las banderas andaluzas colgadas de balcones y farolas.

Pero para eliminar el espíritu inocuo e inocente de esta celebración, el ayuntamiento de turno se encarga de politizar el evento situando la verbena en un barrio leal al partido - previamente maquillado ¿con fines electorales?- donde la corporación municipal recibe las arengas de los vecinos. No es, ni mucho menos, una radiografía de todos los pueblos de Andalucía, pero sí es una situación frecuente en muchas localidades andaluzas.

La fiesta se alarga hasta la tarde tras lo cual, se recogen los bártulos y a casa. La vida sigue. ¿Qué ha sido del 28-F? Un día más, una especie de domingo entre semana que parece un homenaje más a la copla que a la autonomía andaluza. No es cuestión de criticar la celebración del día. Es un día para la Historia de Andalucía y así se ha reflejado con el paso del tiempo. Sin embargo, -y sin la intención de caer en un romanticismo exacerbado- se ha perdido el espíritu del 28-F y, lo más alarmante, tampoco existe intención mínima de recuperarlo.

Relatos, citas, cuentos, recreaciones, o teatros. De mil formas posibles se puede acercar la Historia de este día al pueblo para disfrutarlo al igual que ahora, pero con un mayor sentido y un conocimiento más profundo de lo que significó. Y no como una verbena de barrio con fines recaudatorios. El que escribe no vivió en 1980 pero, intentando no pecar de pretencioso, puede afirmar con toda seguridad que aquellos que lucharon para alcanzar la autonomía andaluza no esperaban que el 28-F se transformara en lo que hoy es.

Pero aquel espíritu revolucionario, luchador e idealista no casa con el sistema actual. Es mejor apagarlo y reforzar los tópicos populares porque así se logra entretener y no pensar. Con perdón de la expresión y haciendo una traslación del dicho latino, el 28-F se reduce a arroz y coplas. Y que no falten los gritos de ¡Viva Andalucía libre! ¿Libertad? Creo que se quedó con el referéndum de 1980.

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Hablando de trajes, ERES, borreguismo y políticos

Hace 36 años, España reclamaba una revolución, una caída del régimen establecido. La dictadura de Franco había sometido a millones de españoles durante casi cuarenta años e, inconscientemente, había dotado a muchos españoles de un arma que, finalmente, conseguiría acabar con el franquismo: el pensamiento crítico. La movilización ciudadana era sorprendentemente alta –lo ocurrido en Egipto y en otras partes del mundo árabe recuerdan las ansias de cambio que buscaba la población en España- y, dejando de un lado sus diferencias económicas o políticas, luchaban de un lado para cambiar la realidad.

Sin querer pecar de una visión romántica, es cierto que de la España del 75 poco queda más que los recuerdos. Ni siquiera la sociedad es la misma. Es más, podemos decir que la sociedad es otra radicalmente distinta a la de entonces. Muchos cambios, algunos buenos otros mucho peores. Pero en general, la ciudadanía de hoy ha dejado de lado la lucha por el cambio. Pero ¿qué cambio? ¿No es España un país democrático, medianamente rico, que posee paz social y ofrece un buen nivel de vida a los ciudadanos? Indudablemente sí. Entonces, ¿ya se ha acabado el control y la necesidad de mejora? Tajantemente no.

Y la actualidad nos muestra continuos ejemplos de ello. Observamos tramas urdidas desde el poder que generan situaciones de corrupción, tráfico de influencias y abusos de poder. Ahora, en Andalucía, los Expedientes de Regulación de Empleo concedidos de manera irregular a ex-miembros socialistas. Antes, en Valencia, una supuesta red de financiación ilegal del Partido Popular. A nivel nacional, Gobierno y oposición se fusilan desde sus tribunas a cuenta de un chivatazo de la Policía a miembros de ETA. Y así, un sinfín de casos en las administraciones locales, autonómicas y estatales. Fuera de las fronteras, mencionar a Berlusconi, ofrece una visión de los representantes políticos de difícil calificación. 

Son razones más que de sobra para generar un movimiento social a favor de la transparencia y el cambio en países democráticos y desarrollados. Pero no ocurre. El pueblo, que debe liderar esa revolución, está cansado, ha perdido su espíritu crítico y emprendedor. Se ha perdido la cohesión social y la unión como ejes impulsores de los cambios. El ciudadano de a pie, cuando llega de trabajar, acude a casa y cree informarse de lo que hacen sus representantes. Critica cuando no le gusta algo. Pero pronto se va a dormir porque dentro de escasas horas tendrá que acudir de nuevo a su puesto laboral –si lo tiene-.

La sociedad está aburguesada y cansada. Existe un nivel de vida lo suficientemente alto para que el conservadurismo innato de las personas evite la incertidumbre de los cambios. A esto, se une un individualismo cada vez más exacerbado, alimentado por las entrañas del sistema capitalista, y un pesimismo resignado de que, a estas alturas, nada puede cambiar. Por todo ello se genera un hastío que favorece que la clase política actúe, cada vez, con mayor permisividad y menor diligencia profesional. Mirar a izquierda o derecha es, a día de hoy, elegir por tendencias similares. Los colores se han difuminado. La sociedad no sabe qué hacer.

Como si se tratara de un pacto no escrito, los ciudadanos observan cómo sus representantes adoptan medidas erróneas o contrarias a sus intereses e intentan, resignadamente, que tengan las menores consecuencias posibles. Se ha confeccionado un sistema donde la soberanía popular no existe, puesto que el pueblo no decide en absoluto sus designios. Sólo puede elegir qué tipo de personaje aplicará las reglas ya impuestas. 

Echar la vista atrás no es un ejercicio romántico, sino necesario para intentar resucitar el espíritu optimista de las reformas. Es necesario criticar y alzar la voz de la sociedad. Aún queda mucho por cambiar. Pero es vital recuperar las fuerzas para utilizar los instrumentos adecuados con los que reformar los aspectos más calamitosos del sistema. Ahora se hace más necesario que nunca el lema de “luz y taquígrafos”. El periodismo debe descontaminarse, dejar de ofrecer pseduoinformaciones y apostar por un ejercicio sano. La época de las grandes revoluciones políticas ha pasado. Pero puede comenzar otra.

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¿Revolución en Egipto?

La caída de Mubarak en Egipto se ha ensalzado en la mayoría de medios como un ejercicio de democracia puro. Una modélica revolución donde el pueblo ha aniquilado al tirano corrupto para conseguir un estado democrático -o algo parecido a ello- con el que alcanzar el bienestar occidental. Si las democracias occidentales son el ejemplo a seguir, ¿sirven realmente las revoluciones?

Tras dieciocho días de intensa lucha entre el pueblo y sus gobernantes, la sociedad egipcia ha conseguido destronar al rais. Las movilizaciones multitudinarias, los enfrentamientos con la policía y la muerte de trescientos civiles –una cifra extraordinariamente elevada que ha pasado de puntillas por las cabeceras- han tenido la recompensa esperada. Hosni Mubarak, el presidente de Egipto desde 1981, dimitió del cargo casi por sorpresa, horas después de anunciar que seguiría al frente del país.

Casi todos los actores internacionales se apuntaron a tiempo al cambio en Egipto. Desde la Unión Europea hasta Estados Unidos, todos defendían una transición ordenada cuando comprobaron que no había marcha atrás. Un oportunismo del que poco se ha hablado en los medios, curiosamente.

Portadas, reportajes, seguimientos en vivo, enviados especiales, ríos de tinta están corriendo informando de un acontecimiento que, indudablemente, se convertirá en una de las noticias más importantes del año. El País llegó a crear en su versión digital una portadilla con el lema “Oleada de cambio en el mundo árabe”, bajo la cual se insertan todas las noticias sobre las movilizaciones de países como Túnez, Egipto y, más recientemente, Argelia.

Al estilo del ‘happy end’ de Hollywood, el villano ha caído y ahora se debe imponer un estado que vele por los derechos de los ciudadanos, un estado del bienestar a imagen y semejanza de los padres occidentales. Los Hermanos Musulmanes –principal oposición del partido de Mubarak- estiman que el destronamiento del rais perjudica a Estados Unidos y a Israel. Pero es muy ingenuo pensar que el futuro líder egipcio no disfrutará de la complacencia de la Administración Obama.

El futuro estado egipcio pasa por ser una avanzadilla en el mundo árabe. Un experimento que profundizará en la occidentalización del país y que tendrá réplicas en muchos otros estados. Los propios Hermanos Musulmanes declararon recientemente que no entra en sus planes crear un estado religioso musulmán. Las grandes potencias de occidente son los espejos donde miran los ciudadanos de países “menos desarrollados”. Son los ejemplos a seguir.

Occidente ha sabido exportar las bondades del sistema de economía de mercado y de las democracias como la panacea a los problemas de los estados. Pero oculta, hábilmente, que es el mismo sistema que genera la situación de dependencia y desigualdad mundial. Si las democracias occidentales son las metas a lograr, ¿se ha desvirtuado el concepto de revolución? Si aludimos a Marx, la revolución es el medio de alcanzar la síntesis, el resultado de enfrentar la tesis y la antítesis. Pero en la actualidad sólo tenemos la tesis: el capitalismo occidental cada vez más globalizado y aceptado como el modo de vida idóneo. No existe una antítesis al capitalismo. Por tanto, las revoluciones pierden el sentido originario de alterar el orden establecido y generar el cambio deseado.

Los tratamientos mediáticos que ensalzan las revueltas en Egipto y otras zonas del mundo árabe son un mecanismo más de propaganda del sistema occidental. Panfletos que elogian cómo se lleva a cabo una revolución ficticia que aspira a conseguir un estado democrático que conseguirá exterminar las dificultades del país. Es innegable el avance en algunos ámbitos –los derechos humanos son el mejor ejemplo- que supondrá la creación de un estado no regido por el Corán. Pero, un rápido análisis, enumera decenas de contradicciones del sistema: lacayos de la banca disfrazados de políticos, demagogia populista electoral, libertades recortadas…

Las revueltas en Egipto han conseguido acabar con un líder autoritario que no gozaba con el apoyo del pueblo. El tirano ha caído. El bien se ha alzado: la democratización ha llegado. Egipto se incorporará ahora al carro de los estados occidentales. En unas décadas sería interesante escuchar la opinión de los egipcios a la pregunta: ¿ha existido realmente una revolución?

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El mundo sigue igual para Israel

Aparecen las primeras conclusiones de la comisión encargada de investigar el asalto a la Flotilla de la Libertad con un dictamen esperado: Israel ha actuado conforme a la legalidad del Derecho Internacional. El asalto se saldó con la muerte de nueve activistas turcos y decenas de civiles heridos por las tropas israelíes.

Es obvio que una comisión de investigación promovida por el Estado de Israel no va a cuestionar las actuaciones de su gobierno. Es ilógico pensar que el comité de investigación declarara que las maniobras efectuadas por los soldadores israelíes eran ilegales conforme al Derecho Internacional consuetudinario. Por ello, los hechos conocidos, sólo siguen la lógica aplastante de los países más poderosos.

Israel ha dado a conocer las conclusiones del comité de investigación que la ONU estableció después de los incidentes ocasionados el 31 de mayo de 2010. Ese día, una flota de nueve barcos cargados con 10.000 kilos de ayuda humanitaria pretendía romper el bloqueo que el Gobierno israelí somete a la franja de Gaza desde hace más de cuatro años. Pero no era una acción humanitaria sino una acción política y de presión internacional: hacer ver a la comunidad internacional la actuación dominante de Israel en la región.

Esa noche, el Gobierno israelí autorizó la intervención del Ejército, que se saldó con la muerte de nueve civiles. Según la versión israelí, muchos de los embarcados tenían vinculación con grupos terroristas y mostraron una oposición violenta a la intervención. Por lo tanto, según el informe del comité de investigación, las víctimas “perdieron la protección que otorga su estatus de civiles al participar directamente en las hostilidades".

Es importante resaltar que la actuación debe conservar los principios de necesidad y proporcionalidad, según las normas del Derecho Internacional. Ambos se cuestionan rápidamente con las propias informaciones del Gobierno israelí. Según recogen las agencias de prensa, el informe del comité acusa a los activistas de utilizar "una amplia gama de armas tales como barras de hierro, hachas, garrotes, tirachinas, cuchillos y objetos de metal", todas ellas "capaces de causar la muerte o heridas graves". Además, sostiene que también emplearon armas de fuego contra las fuerzas especiales israelíes que participaron en el abordaje.

La diferencia es que el uso de la fuerza fue desproporcionado por parte de las autoridades israelíes que en todo momento portaban un arma de fuego y estaban respaldadas por helicópteros de combate. Un arsenal armamentístico muy superior al que portaban los integrantes de la ‘Flotilla de la Libertad’. Por ello se produjeron nueve muertos de nacionalidad turca entre los embarcados y ni una víctima mortal entre las fuerzas de intervención israelíes. Pero la versión oficial asegura que los soldados sólo abrieron fuego cuando no tenían otra posibilidad de supervivencia. Por ello, califican de legal la intervención.

Ahora la comisión de investigación que la ONU declinó realizar y dejó en manos del Gobierno israelí, casualmente, ratifica la versión oficial. Muchas casualidades que benefician a un mismo protagonista: el Estado de Israel. Nada cambia para el Gobierno de Israel, el bloqueo a Gaza persiste y pese a las críticas de Turquía por las conclusiones de la comisión de investigación, su estatus internacional continúa sin peligrar entre las primeras potencias mundiales, al estar avalado por Estados Unidos. Todo sigue igual.

Fuentes

Europa Press 1 y 2

El Mundo

Diagonal

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La nueva estrategia de ETA: palabras en lugar de armas

La última declaración de ETA advirtiendo de un alto el fuego general, permanente y verificable no ha sido acogido desde Madrid con las pretensiones que solicitaba la izquierda abertzale. Para el Gobierno, se trata de una estrategia más de ETA y no aceptan otra condición que no sea el abandono de las armas. En el entorno de la izquierda nacionalista vasca, es una declaración sin precedentes que evidencia un compromiso de ETA por construir un futuro democrático de Euskadi.

Había rumores, pareceres, corrillos e infinidad de teorías que tenían el mismo interrogante. ¿Cuándo ofrecerá ETA un alto al fuego y qué condiciones presentaría para ello? Ya hay respuesta: la organización realizó una declaración pública difundida por el diario GARA, de la que rápidamente se hicieron ecos la mayoría de medios nacionales e internacionales.

ETA anunció un alto el fuego permanente, general y verificable. El comunicado difundido por la banda se parece al emitido en 2006 cuando anunciaba “un alto al fuego permanente” a partir del 24 de marzo. Sin embargo, ETA rompió su palabra cuando en diciembre de ese mismo año, provocó un atentado en los aparcamientos de la T-4 del aeropuerto de Barajas, que se saldó con la muerte de dos personas.

De este modo, el término “permanente” es difícilmente creíble si se atiende a los antecedentes. Pero es esta ocasión, la organización añade los términos “general” y “verificable”. Esto quiere decir, por un lado, que ETA abandonará toda actividad relacionada con la lucha armada, lo que incluye atentados, robos o extorsiones. Además, este compromiso podría ser verificado por observadores internacionales que aseguraran que el proceso se está cumpliendo con plenas garantías.

Un nuevo paso, sin duda, en la desarticulación de la banda terrorista que no ha sido tomado en consideración por la mayoría de partidos políticos. Comenzando por el Gobierno, el ministro de Interior y portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, valoró ayer el comunicado con una frase lapidaria: “es una buena noticia, pero no es la noticia”. Rubalcaba consideró que no era la respuesta que desde Moncloa estaban esperando, resaltó que la banda pretendía “que el fin de la violencia tuviera precio” y rechazó la internacionalización del proceso, que daría una perspectiva mucho mayor al conflicto y restaría créditos al maltrecho gobierno socialista.

Las mayoría de reacciones fueron similares. La misma línea siguió la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal que avisó que el único comunicado aceptado por el PP sería el que anuncie la disolución de ETA. Cayo Lara, coordinador general de Izquiera Unida, declaró que lo único aceptable sería el compromiso de “irreversibilidad” de la violencia por parte de ETA. Y el lehendakari vasco, Paxti López, lamentó que la banda no hubiera decidido acabar con su actividad.

Un sinfín de reacciones que tienen un denominador común: que no se repita el optimismo general y la disposición a la negociación cuando ETA declaró el alto el fuego en 2006. Por entonces, muchos anunciaban el fin de la banda, de ahí las buenas intenciones y los acercamientos del Gobierno para dar una salida más o menos consensuada al conflicto. Sin embargo, la ruptura unilateral de la tregua en diciembre por parte de ETA con el atentado de Barajas, demostró que detrás de la intención de cesar la lucha armada había una estrategia de revitalización.

Fue un duro golpe para todos los estamentos políticos ya que sólo un día antes del atentado que acabó con la vida de dos personas en la T-4 de Barajas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró convencido de que la negociación política con ETA daría sus frutos. “Hoy estamos mejor que hace un año pero dentro de un año estaremos mejor”, declaró el 29 de diciembre de 2006 en una comparecencia de un Consejo de Ministros. El atentado demostró que con la estrategia de diálogo había sido una hábil artimaña de la banda terrorista.

ABANDONO PROGRESIVO DE LAS ARMAS, CAMBIO DE ESTRATEGIA

Ahora la situación se repite aunque con matices. La organización ha hecho un nuevo anuncio de intenciones pero el diálogo de 2006 se ha traducido en un escepticismo generalizado y un rechazo frontal a todo comunicado que no sea el abandono de las armas. Es lo que solicitan y esperan desde todos los estamentos políticos y las asociaciones de víctimas del terrorismo. Aunque desde el entorno de la izquierda abertzale, la postura del Gobierno es incomprensible porque aseguran que el comunicado de la banda ha cumplido con las expectativas recogidas en la Declaración de Bruselas y el Acuerdo de Gernika –un pacto entre agentes sociales y fuerzas políticas vascas para dar una salida consensuada al conflicto-.

El comunicado responde a una nueva estrategia de ETA. Los últimos mensajes de la banda van suavizando sus actividades terroristas y abogan por el fin de la lucha y el diálogo con interlocutores políticos. La asfixia a la que ha sido sometida la organización – gracias a la desarticulación de los principales mandos- ha podido motivar la nueva actitud de ETA. Junto a ello, la ilegalización de las facciones más radicales de la izquierda abertzale –que comenzó con Batasuna y siguió con nuevas firmas como Acción Nacionalista Vasca o EHAK- han restado créditos a la actividad violenta y ha generado un debate interno en el que la negociación política va sustituyendo al terrorismo. Por eso, la actitud de ETA parece encaminarse más bien a contentar a su brazo político –contando con la proximidad de las futuras elecciones municipales- con un mensaje más pacificador que le permita obtener más adeptos y más votos en los próximos meses.

Por eso, desde el sector aberzale, solicitan al Gobierno una respuesta que muestre un compromiso de negociación al igual que el realizado por ETA. La autorización de verificación a observadores internacionales o la legalización de la izquierda abertzale son algunos de los gestos que exigen a Zapatero. Pero para el Ejecutivo es una petición demasiado elevada que no ofrece las suficientes garantías de cumplimiento. Aceptar el texto de la organización supondría otorgar a ETA la condición de interlocutor principal, con capacidad para iniciar y guiar el proceso de abandono de la lucha armada. Un coste inasumible en la actualidad.

Fuentes

El País 

Gara 1 y 2

El Mundo 1 y 2

Público

ABC

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La ‘ley antitabaco’ convierte a España en uno de los países más restrictivos del mundo

El 2011 ha comenzado con una excelente noticia para los no fumadores: la aplicación desde el 2 de enero de la famosa ‘Ley Antitabaco’, a la que se le tacha de ser una de las más restrictivas del mundo. Desde los sectores opositores al Gobierno, califican de doble moral la actuación del Ejecutivo que, por un lado sube los impuestos del tabaco mientras, por el otro, aplica una ley para reducir el número de adictos al tabaco. Sea como fuere, lo que es cierto es que hacía falta una ley de esas características. España se incorpora – en esta materia – al carro de las mayores potencias mundiales.

El 2011 comienza dando un fuerte impulso a la política de Salud Pública de España. Desde el 2 de enero, está prácticamente prohibido fumar en todos los lugares cerrados e incluso en algunos al aire libre destinados a niños o enfermos. Con esta medida España se convierte en uno de los países más restrictivos con el tabaco, superando a Irlanda o Gran Bretaña donde está prohibido fumar en los lugares públicos pero no en aquellos al aire libre. Cinco años han pasado para que el Ejecutivo de Zapatero, el mismo que aprobó la anterior ley antitabaco, se diera cuenta de que la ley anterior había sido infructuosa.

En 2006, el Gobierno socialista aprobó una 'ley antitabaco' que algunos medios calificaron como “la más dura contra el tabaco”. Pero lo cierto es que sólo era un primer paso para censurar al cigarrillo y dejaba multitud de espacios para el humo. De hecho, sólo obligaba a los hosteleros a decidir qué tipo de público querían mantener (fumador o no fumador) o, en los casos de los locales de más de 100 metros cuadrados, acondicionar salas separadas físicamente para fumadores y no fumadores.

El resultado, la mayoría de los locales apostaron por tener un público fumador y no adaptaron sus instalaciones. La ley no había conseguido los efectos deseados en el público: dejar de fumar. Con esta legislación, España se incorporó al grupo de países como Alemania, Dinamarca, Austria o Bélgica, que ofrecían una protección parcial a los no fumadores. Un pequeño paso, pero aún no suficiente.

Por eso, en 2010, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció una modificación de la ley existente contra el tabaquismo. La nueva propuesta suponía un importante cambio cualitativo al prohibir fumar en la inmensa mayoría de espacios públicos cerrados –sólo Irlanda, Reino Unido y Chipre tienen en Europa esta legislación-. Una importante modificación que, rápidamente provocó multitud de críticas, sobre todo de la hostelería.

El Instituto de Estudios Económicos augura que la nueva ley dejará sin trabajo a entre 50.000 y 140.000 empleados y sus ventas registrarán una caída del 10%, unos datos que toman como referencia los países antes citados, donde la ley antitabaco es total. Según los hosteleros, el 24% de los bares y el 8,7% de los restaurantes cerraron sus puertas en Irlanda tras la aplicación de la ley, mientras que en Gran Bretaña los cierres de los pubs superaron el 7%. Algunos grupos políticos –PP y Grupo Mixto- quisieron suavizar la norma al presentar enmiendas que permitían ‘zonas de fumadores’ en los espacios de restauración cerrados (una propuesta de la propia Federación Española de Hostería), pero fueron rechazadas en la tramitación final de la ley.

El Gobierno considera que las pérdidas que estima el sector hostelero no serán tales porque se trata de una medida igualitaria para todos los locales. Al contrario de lo que ocurría en 2006, ahora no existirán lugares que acojan a los fumadores por lo que es presumible que, de producirse pérdidas, sólo sean de forma coyuntural, hasta que el nuevo hábito sin tabaco se generalice en todos los sectores de población. No obstante, los locales que adaptaron sus instalaciones en 2006 con la nueva normativa, no recuperarán el importe de sus inversiones porque según Concepción Sanz, portavoz socialista en el Congreso, "es casi imposible saber quiénes hicieron las obras y cuantificarlas". En cualquier caso, el Gobierno ha querido paliar la hipotética caída de ventas manteniendo la venta –aunque no el consumo- de tabaco en bares y restaurantes.

¿PERSECUCIÓN A LOS FUMADORES?

El ejecutivo se ha dado prisa en atribuir que la justificación de la normativa radica en la necesidad de luchar contra el tabaquismo y proteger a los no fumadores. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria calcula que tres millones de fumadores intentarán dejar el hábito en los cuatro primeros meses del años. La ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, ha explicado que la nueva ley “no prohíbe fumar a los fumadores” sino que está encaminada a proteger a los que no fuman en España, "un 70% de la población", porcentaje que espera que crezca.

DOBLE MORAL

Hace justo un mes, el Consejo de Ministros aprobó un incremento de los impuestos al tabaco del 24%, el segundo en poco más de un año, con el fin de recaudar unos 780 millones más al año. Unas cifras calculadas con el nivel actual de consumo que podría descender en este año si tiene efecto la nueva norma antitabaco. Por eso, la subida de impuestos responde más a una necesidad de reducción de déficit que a un plan de control y reducción del tabaquismo.

El gobierno por un lado pretende gravar al sector tabacalero porque con ello obtiene más de 9.000 millones de euros anuales pero fomenta leyes restrictivas en esta materia, en la línea de un gobierno protector de las garantías y libertades sociales. Por eso, desde los sectores opositores califican que es una estrategia de doble moral la que sigue el Ejecutivo de Zapatero en relación al tabaco.

Fuentes

El País

El Mundo 1 y 2

Federación Española de Hostelería

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